por Cristina de la Torre | Ago 29, 2020 | Agosto 2020, Conflicto armado, Corrupción, Impunidad, Paramilitarismo, Tierras
No es un incapaz; el presidente Duque es eficiente ejemplar de un proyecto de extrema derecha. Con su paciente inacción contra el paramilitarismo y todos sus émulos, logró el regreso de la más espeluznante seguidilla de masacres: 47 en los 8 primeros meses del año. Masacres de antaño reverdecidas hoy, en cuya historia ofreció abundar Mancuso; pero acaso pueda más el laborioso sabotaje de su extradición a Colombia por el propio Gobierno. Se llevaría el homicida para Italia verdades sobre la matanza de El Aro, en la cual habría tenido velas Álvaro Uribe. Por providencia de la Corte Suprema, deberá rendir el exsenador versión libre sobre “conductas que fueron declaradas crímenes de lesa humanidad” en las masacres de San Roque, La Granja y El Aro, y en el homicidio de Jesús María Valle en 1998. Tras la sindicación de soborno a testigos, un delito común, yacería la pulpa de un delito de lesa humanidad: la creación del Bloque Metro, protagonista de los hechos de El Aro, denuncia el exfiscal Montealegre.
Si bien han renacido, no son idénticas las masacres de ayer a las de hoy. Su función era entonces aterrorizar para arrebatarle al campesino su tierra; para imponer una hegemonía de vencedor armado mediante el control del territorio, de la población, de los corredores del narcotráfico. Dos fuerzas nítidamente demarcadas se enfrentaban: la guerrilla, por un lado; y por el otro, el paramilitarismo con ayuda de la Fuerza Pública, de autoridades locales y de particulares con poder. Hoy, la masacre busca aterrorizar para retener las tierras usurpadas; para prevalecer entre una polvareda de grupos armados asociados a negocios ilegales, narcotráfico comprendido; para bloquear los programas de implementación de la paz, sabotear la verdad de la guerra, liquidar el liderazgo social y frustrar todo amago de democracia en la Colombia profunda.
Pero la ferocidad, la sevicia del matar y rematar inocentes perdura y no se sacia. 150 paramilitares se toman el Aro, saquean, violan mujeres, torturan, asesinan a 17 personas en jornada de horror que culmina con el robo del ganado, de las tierras, el desplazamiento de los pobladores y el incendio del poblado. A Elvia Barrera la violan los paras en cuadrilla; la arrastran por las calles, cara al suelo, y la amarran a un árbol para que muera lentamente. También a un palo termina amarrado Jorge Areiza, después de sacarle los ojos y el corazón, cortarle la lengua y los genitales y levantarle la piel.
En Samaniego, el verdugo obliga a la víctima que yace boca abajo en el piso a volverse para mirarlo a los ojos, y descarga el tiro a diez centímetros de su rostro. Once largos días después veremos al presidente desfilar altivo, corazón de piedra, por sus calles, respondiendo con equívoco saludo de reina Isabel al abucheo de sus gentes. El Gobierno atribuye ésta –y todas las masacres– a vendettas entre mafias, llamadas a desaparecer por obra del glifosato. Grosera simplificación que pretende ocultar su criminal omisión, pues sabía de antemano lo que vendría.
Negligencia que raya en lo penal, fallaría el Tribunal de Medellín sobre la omisión del entonces gobernador Uribe, quien también sabía por el alcalde del pueblo lo que corría pierna arriba de El Aro y, sin embargo, lo abandonó a la tragedia que debió evitar. ¿Será que ya desde entonces obraba en Uribe –como parece obrar ahora en sus validos– la fría escuela que justifica “masacres con sentido social”? (“Si la autoridad serena, firme y con autoridad implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”, escribió Él). ¿Será cada víctima de las masacres que vuelven al país “un buen muerto”, que deba pagar por veleidades de terrorista? ¿Lo son también para Duque?
por Cristina de la Torre | Jul 15, 2020 | Cuarentena, Julio 2020, Modelo Económico en Colombia, Reforma Agraria
Claro que el mandato de Duque sí tiene norte. Bajo sus puerilidades como presentador del programa Aló Presidente, los Álvaro Uribe, los Sarmiento Angulo toman todos los días decisiones de gobierno: un batido de precariedades para apagar el incendio de la pandemia y preparativos para volver a la normalidad económica que es, precisamente, el combustible de la conflagración. Ni plan de choque para crear empleo de emergencia, ni previsiones para revisar el modelo que al primer papirotazo de un virus exhibe sus vergüenzas, el hambre y la pobreza sobre los cuales se edificó. Ni salarios y protección para los médicos en la crisis, ni en el horizonte cambio del régimen de salud-negocio. Ni apoyo valedero al campesino, que ha respondido a las exigencias de la hora, ni la reforma rural que asegura la paz.
Antes bien, como en diabólica celebración del cincuentenario de la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), debuta un ministro del sector repitiendo el programa de subsidios que mandó a la cárcel a un antecesor suyo: créditos con destino a pequeños y medianos campesinos desviados a los aviones de siempre; a grandes negociantes en todo, menos en agricultura. Sinvergüenzas. Que corrijan sobre la marcha, no mata el síntoma. Ni oculta la venganza de la caverna contra el campesinado que en los años 70 y 80 se movilizó como nunca en nuestra historia. Tampoco reconoce el hecho comprobado de que la economía campesina es más productiva y crea más empleo que la gran explotación. Realidad que da fundamento a la Reforma Rural del Acuerdo de Paz, minuciosamente saboteado por este Gobierno.
Violencia, despojo, desplazamiento condensan la guerra librada contra los indefensos del campo en estos años —que son también los años de la Anuc— tras la derrota a sangre y fuego de ese movimiento y el entierro de la reforma agraria en Chicoral. Si durante la violencia liberal-conservadora se enfrentaron los labriegos en partidos, en los 70 lucharon por lo suyo: la tierra. Creada por Carlos Lleras para suministrarles servicios del Estado y titulación de tierras sin mediación del clientelismo, fue Anuc protagonista de esas luchas, acompañadas a menudo de invasión de baldíos y latifundios. Respondieron los terratenientes con expulsión masiva de arrendatarios y aparceros y, el gobierno de Misael Pastrana, con la división del movimiento y con la decapitación del ala más beligerante de la organización. A la división ayudó la impaciencia de la izquierda que lo penetró.
Dos razones explicarían, según León Zamosc, aquella derrota: Primero, sólo el 10% de los beneficiarios potenciales de reforma agraria tuvo acceso a la tierra. Segundo, una paradoja: las luchas campesinas catapultaron la gran explotación, que se extendió a expensas de la pequeña propiedad. El narcoparamilitarismo recrudecería la tragedia del campesinado, que sigue reclamando tierra, paz, vida y participación política.
A este reclamo centenario responde el Acuerdo de Paz, con una reforma rural que neutralice el conflicto por la tierra, causa y motor de la guerra. Propone, por enésima vez, dar tierra a quien la necesita, subsidiarlo, modernizar el agro y promover el desarrollo rural mediante planificación concertada entre las comunidades y el Estado. ¿Mucho pedir? Sí, para la derecha sedienta de sangre que se congratula en el ostracismo del campesinado. No, para el movimiento que renace siempre de sus cenizas, siempre con fuerza insospechada.
Coda. A la indolencia de Duque frente a la masacre de líderes sociales, Monseñor Darío Monsalve la llamó, en castellano impecable, venganza genocida contra las comunidades y la paz. Blandiendo espada inquisitorial, se le vino encima el Nuncio Apostólico. ¿Qué dirá el Papa?
por Cristina de la Torre | Sep 15, 2019 | Modelo Económico, Política agraria, Reforma Agraria, Septiembre 2019, Tierras
Mientras la crema del establecimiento económico se dispone en Estados Unidos a volver al capitalismo social, legiones de nuestros empresarios perseveran en la pasión primaria de la ganancia particular, a costa de los más. En el país de Trump, 181 potentados revisan la práctica del beneficio exclusivo para los dueños de la empresa y proponen extenderlo a sus trabajadores, a la clientela y a la comunidad. Por instinto de conservación, sin duda, para salvar el capitalismo (como lo salvaron hace 75 años en Europa y Norteamérica con el Estado de bienestar), apuntan otra vez a una más justa distribución del ingreso y la riqueza.
En Colombia, gruesas franjas del empresariado se acomodaron, sin lucha, a la apertura que sacrificó la industrialización. Y medran piponchas en el rentismo, en la especulación y el asalto al erario. Según Transparencia, 69% de los hechos de corrupción corresponden al sector privado. Pero, manes de la glotonería, se muestran siempre insatisfechas. Les regalan los gobiernos, de oficio, tributos y ventajas para que abran puestos de trabajo. No los crean; antes bien, suprimen plazas.
Y se aferran a lo suyo: terratenientes improductivos; industriales que lo fueron y hoy depositan su dinero en paraísos fiscales y construyen, no fábricas, sino cientos de centros comerciales para llenarlos de mercaderías extranjeras, o lavan dólares; banqueros y usurpadores del ahorro pensional, todos a una, haciendo su agosto, mientras exigen y protestan sin cesar en su muro de lamentaciones. Dicen clamar por la diversificación de exportaciones, pero ni ellos ni el Gobierno se preguntan cómo hacerlo sin un modelo de desarrollo industrial. En 1960, la industria registraba 39% de participación en el PIB; hoy representa el 16,3%.
Se queja la exministra Cecilia López de nuestra modorra para desarrollar la agroindustria, transformación industrial del campo tan prometedora para este país en el mercado mundial. Y es, apunta ella, porque latifundistas, ganaderos y señores feudales se le atraviesan a la reforma rural que lo permita. Prefieren ellos especular con la tierra. Así, ni se diversifican exportaciones ni florece el trabajo. Se diría que seguiremos, como en un sino fatal, condenados a exportar petróleo, carbón y productos agrícolas sin valor agregado, y a importar bienes de alta tecnología de los países ricos. Coartada de la primigenia doctrina liberal sobre división mundial del trabajo que nos condena sin remedio al subdesarrollo. Paraíso de banqueros e importadores, nuestro modelo será el del crecimiento sin empleo.
Versión doméstica —a caballo entre el atraso y audacias financieras de última generación— de la fórmula neoliberal que, víctima de sus excesos, hace agua. 50 personas controlan el 80% de los activos financieros del mundo; y sólo mil empresas, el 73% del PIB global. Y es en sus entrañas donde se gesta el manifiesto de la Business Roundtable que clama por el viraje de marras, “para salvar el capitalismo, no para destruirlo”; antes de verse suplantado por su contrario: el 44% de los llamados millennials dice preferir el socialismo al capitalismo.
La suplantación podrá irradiar al patio trasero del imperio. Si nuestra élite empresarial no ejecuta aquel timonazo hacia el capitalismo social. Si no se allana a la libre competencia en condiciones de igualdad. Si no trueca el enriquecimiento ilícito, el abuso de poder y su democracia de mentirijillas por el respeto a la ley y la decencia. Si no potencia el desarrollo y asume como dirigencia con sentido de patria, al paso que el empresariado gringo se pellizca, el nuestro pasará a la historia signado con el mote que el analista Hernán Suárez le adjudica: lumpenburguesía.
por Cristina de la Torre | Sep 15, 2019 | Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Política agraria, Posconflicto, Septiembre 2019, Tierras
Un dramático llamado a defender la paz, hoy sometida a su más grave crisis por el regreso a las armas de “Márquez y su banda”, emitió esta semana Sergio Jaramillo. El camino, una tregua política para la paz. Fortín (con Humberto de la Calle) del acuerdo con las Farc que clausuró una guerra de medio siglo, para Jaramillo la crisis podrá revertirse si se adoptan con serenidad, rapidez, inteligencia y determinación medidas concretas que nos convoquen a todos: a funcionarios del Gobierno, congresistas, estudiantes, gobernadores y alcaldes; a víctimas, empresarios, sindicatos e iglesias; a periodistas, organizaciones de la sociedad civil, agricultores, excombatientes, comunidades en los territorios y ciudadanos del común. El ligamento, un rechazo sin atenuantes a las armas en la vida pública. Las cartas están sobre la mesa, escribe: si el Gobierno sabe jugarlas, todos lo apoyaremos; la paz y la seguridad saldrán fortalecidas.
Pese a precedentes como el de la acción unificada contra la corrupción que el presidente recogió tras pronunciamiento de casi 12 millones de colombianos y dejó escapar entre sus dedos. Pese a la jubilosa reanimación del extremismo de derechas a la sola idea de volver a la guerra, propone Jaramillo poner en salmuera divergencias ideológicas y electorales para concentrarse en obras tangibles de posconflicto, algunas en marcha.
En su sentir, el foco de la paz debe orientarse hacia tres conglomerados. Primero, hacia los reincorporados de la guerrilla. Urge un plan de choque de acompañamiento y apoyo activo a los proyectos productivos. Que los rodeen los empresarios con asistencia técnica y canales de comercialización de productos. El suministro de tierra para reinsertados no da espera. El segundo foco son las víctimas. De todas las traiciones de Márquez y Santrich, afirma, esta es “la más repugnante”. Los deudos de la guerra deben movilizarse para exigir sus derechos. Y la justicia transicional, fortalecerse en los territorios. En tercer lugar, las comunidades. Gracias a que el Gobierno finalizó ya el proceso de planeación participativa en los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, se trata ahora de formular los programas concretos. El ministro de Hacienda habrá de tratar esta crisis como el equivalente de un enorme desastre natural: no podrá mezquinar los recursos.
Es en los territorios, concluye, donde se va a jugar el futuro de la paz y de la seguridad. Si a la población le cumplen, ésta se convierte en formidable muro de contención contra la violencia. Para el analista Alejandro Reyes, cuidar el Acuerdo de Paz es el mejor antídoto contra la guerra. Y la responsabilidad primera recae en el Estado.
Escollos abundan. ¿Cómo conquistar a la derecha ultramontana, no digamos todavía para la modernización democrática del campo todo y de la política, sino para que no sabotee este programa mínimo de paz? ¿Cómo conseguir que embozale, o atenúe su vocinglería de guerra, savia del neolaureanismo renaciente que la anima y da sentido a su proyecto estratégico? ¿Cómo lograr que los empresarios saquen un duro de su obesa faltriquera para el desarrollo territorial? ¿Cómo alinear a la Fuerza Pública en el respeto a los Derechos Humanos y al tratado de paz inscrito en la Constitución? ¿Cómo neutralizar la pertinaz ofensiva legislativa del Gobierno y su partido contra el Acuerdo? Con movilización en masa por la paz. Movilización de los partidos independientes y de oposición; de las organizaciones sociales y populares; de la ciudadanía, que adoptó la paz como derecho. Movilización de las comunidades que llevan lustros reconstruyéndose solas, enjugando una lágrima aquí, abrazando a un niño allá. Las primeras en poner manos a la obra de la paz.
por Cristina de la Torre | Jul 21, 2019 | Impunidad, Julio 2019, Paramilitarismo, Política agraria, Tierras
No cabe duda: se despliega en Colombia una campaña de terror calculada para exterminar a los líderes naturales del pueblo, savia de la democracia, y volver al régimen de fuerza que a cada víctima pide pista. Son reclamantes de tierras usurpadas, promotores de la sustitución de cultivos, líderes de Acción Comunal, aspirantes a cargos de representación política y portavoces de comunidades étnicas. Contra ellos disparan guerrilleros del ELN, disidentes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y, por abrumadora mayoría, el narcoparamilitarismo y sus aliados en política y negocios. Fuerzas vivas del poder local en los territorios.
Los que apuestan a que nada cambie, porque es en el abuso de poder, en la tradición de inequidad y violencia como medran ellos y se enriquecen. El 72% de estos asesinatos tiene lugar allí donde despuntan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Y el Gobierno apenas si actúa. No le alcanza el faraónico poder militar y jurisdiccional para neutralizar a los paramilitares, a sus brazos político y económico. No se atreve contra los incitadores, inspirados arquitectos de la matanza, conocidos de autos cuyo señalamiento le costaría la vida al ciudadano inerme. Y desdén a la valiente Defensoría del Pueblo, cuando no grosera desnaturalización de sus alertas tempranas. ¿A qué tanta cobardía del poder público frente a estos matones? ¿A qué el irresponsable diagnóstico del Gobierno que revictimiza a los sacrificados mezclándolos en el caldo del narcotráfico? ¿Ineptitud? ¿Secreta complacencia entre entusiastas del partido de Gobierno?
Partidos, organizaciones sociales, gremios, iglesias, sindicatos, académicos, la más diversa convergencia reunida en Defendamos la Paz (DLP) invita a protestar este viernes en calles y veredas contra esta carnicería. Contra el asesinato de “cientos de personas que defienden los derechos de las comunidades rurales a la vida digna, a la preservación de sus territorios, a la protección de los ecosistemas y del agua, al cumplimiento del Acuerdo de Paz y a la restitución de tierras. Este baño de sangre debe terminar”. La CUT y Fecode suscriben el llamado y abogan, además, por la restitución de tierras, la sustitución de cultivos y la participación política de las víctimas. Emplazan al Gobierno a proteger a los líderes, a frenar el régimen de terror que se instaura nuevamente.
Y es que, al parecer, no ve el Gobierno lo que no quiere ver. O lo ve al revés. El Consejero para el Posconflicto insiste en atribuir la masacre de líderes a enfrentamiento entre sujetos dedicados al delito. Y el Comisionado de Paz los asocia a cultivos ilícitos. A un pronunciamiento de Ceballos en esa dirección el 11 de julio en Córdoba respondió José Daniel Ortega, vocero de la Asociación Campesina de ese departamento, adjudicando la matanza a la incapacidad de la Fuerza Pública para controlar a las organizaciones ilegales, no a la existencia de cultivos ilícitos. “El territorio se lo están peleando porque es un corredor estratégico (para el narcotráfico) que el Gobierno no ha podido controlar”, precisó. Andrés Chica, líder social en Tierralta, explica que tras los asesinatos se juntan paramilitarismo, conflictos por la tierra y poder político.
El ministro Botero, en quien lo desangelado no quita lo siniestro, niega el regreso del paramilitarismo, y matiza su versión, a la Pambelé: “(Yo) diría que hay gente mala matando gente buena”. En todo caso, parar la matanza pasa por soluciones integrales acordadas con organizaciones sociales como la Acción Comunal. Y por identificar a sus autores intelectuales. Mauricio Cabrera escribe: “La cuestión relevante no es quién está matando a los líderes sociales sino quién los manda matar”. Pregunta consorte del grito que resonará este viernes 26 de julio: “¡Ni uno más!”
