por Cristina de la Torre | Ago 8, 2017 | Agosto 2017, Clientelismo, Corrupción, Posconflicto, Régimen político, Tierras
Como luchando contra el tiempo y el olvido, en Colombia parecería reinventarse a cada paso la figura del señor del siglo XIX. Por lo general un hacendado-militar que disponía de la peonada para librar sus guerras, como fuerza de trabajo y cauda electoral, rasgos suyos perviven en “el Patrón” que hoy prevalece como autoridad política: a veces dirigente de partido; otras, capo de mafia o socio de paramilitar y, no pocas, todo ello a la vez. No es gemelo de su antecesor, pero sí pariente en un sistema de poder que el más acendrado conservadurismo preservó, ahogando en sangre las reformas liberales que rompían con el pasado y se extendían por doquier. No hubo aquí ruptura sino solución de continuidad entre el siglo XIX y el XXI. A Rafael Núñez, a Laureano Gómez, a monseñor Builes, a Nacho Vives, a Salvatore Mancuso, a Álvaro Uribe y Viviane Morales les debemos el humillante honor de fungir como el país más conservador del continente.
Pero el paradigma de hacienda decimonónica, paternalista y despótica no se contentó con mangonear a la clientela. Se proyectó como estructura del Estado, y éste fue patrimonio privado de la dirigencia que se hacía con el poder. Poco ha cambiado. También hoy se ganan elecciones para saquear el erario. Ayer, como derecho natural de una casta cargada de privilegios; hoy, como derecho natural de la misma casta que deglute la pulpa de la contratación pública, y de élites emergentes que reclaman su parte. Una y otras sobreenriquecidas, por añadidura, en la economía del narcotráfico. Y todas ellas (la clase gobernante) catapultadas por la misma red de caciques que siglo y medio atrás cultivaba los feudos electorales que persisten como cimiento y nervio del poder político en Colombia. Mañana debate el Congreso una reforma que quisiéramos capaz de cambiar la manera de hacer política. Que a lo menos disuelva el matrimonio entre políticos y contratistas del Estado, factor que ha trocado la corrupción en ADN del sistema.
En busca de nuestra idiosincrasia política, se remonta Fernando Guillén a la hacienda del siglo XIX, edificada sobre la adhesión servil y hereditaria de peones y arrendatarios a un patrón. El cacique que se rindió al encomendero y después al hacendado obró como intermediario que aseguraba la lealtad del grupo. Salvo en Antioquia y Santander, encomienda y hacienda funcionaron consecutivamente como sistema de adhesión autoritaria y sumisión paternalista al patrón. Términos de Guillén que definirían con exactitud el clientelismo que así campeó, hasta cuando el narcotráfico, la crisis de los partidos y su atomización minaron la obediencia en la base de la clientela electoral. Entonces se concedió ésta la autonomía necesaria para empezar a negociar su propio ascenso en política, sus mordidas y contratos con el Estado. Sin alterar la estructura del vetusto modelo de poder ni desafiar el espíritu de casta, se democratiza por los laditos la corrupción. El sistema político. Aunque sólo para quienes profesan las ideas más conservadoras y lealtad al viejo-nuevo patrón.
Turbios atavismos se divulgan ahora por Tweeter. Otra paradoja en un país de leyes con 95% de impunidad; en la democracia admirable de América que ingresa apenas en la extravagancia de respetar la vida del adversario y vive en régimen agrario colonial. Donde la caverna se disputa el poder para instaurar un régimen de fuerza bajo la égida de Dios. Pero es también el país de hombres sin par, como Sergio Jaramillo, estratega del proceso que clausuró una guerra de medio siglo y trazó las líneas del cambio que traerá la paz. Y ese cambio principiará por enterrar herencias que nos encadenan al atraso y la violencia. La primera, esta saga exasperante del Patrón.
por Cristina de la Torre | Ago 1, 2017 | Agosto 2017, Posconflicto, Reforma Agraria, Tierras
Tuvieron que pasar cincuenta años y una guerra para que el problema de la tierra volviera a escena. No ya como redistribución de la propiedad sino, al contrario, para darle formalidad legal; para devolver los predios robados, y entregar tierra pública al campesino. Pero, honrando una tradición de siglos, han exhibido ya las élites sus fierros contra la reforma rural que entra a debate en el Congreso. Quieren ellas preservar lo suyo, habido tantas veces a la brava; y, más aún, invalidar la función social de la propiedad, cuya letra rige desde 1936. Boicot tras boicot a manos de una oligarquía troquelada en granito, el último intento de reforma agraria se ahogó en Chicoral. Corría 1972. Se venía de una agreste ofensiva contra la política repartidora de Carlos Lleras, cuya punta de lanza fue la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC). Si modesta, volvió a resultarle intolerable al latifundismo, que rugió esta vez en las catilinarias de Nacho Vives. Y en la metralla que decapitó al movimiento campesino.
Conflicto armado y narcotráfico andaban entonces en pañales. Pero hoy le sirven al Consejo Gremial (el poder económico en pleno) como coartada para “concertar” con el Gobierno el proyecto de Ley de Tierras, apuntando a dejarlo mueco, inane. De hecho, logró ya despojar al Ejecutivo de su prerrogativa para declarar extinción de dominio en tierras ociosas y expropiación con indemnización por razones de utilidad pública e interés social. Por emular a José Félix Lafaurie, el Nacho Vives de la hora, y a los terratenientes del Valle que al primer amago de expropiación en Jamundí amenazaron con alzarse en armas contra el Gobierno de Lleras R., Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, declara sin sonrojarse: “nos oponemos a cualquier ley de tierras que contemple posibilidad de expropiar a través de la extinción de dominio”.
Y Jorge Humberto Botero, Presidente de Fasecolda y flamante negociador del TLC que terminó de arruinar el campo, violenta toda evidencia cuando califica de arcaico el Acuerdo Rural; siendo éste una propuesta que lo mismo moderniza la gran explotación que la agricultura campesina. Pero él lo considera “…más bien socialista, basado en pequeñas unidades productivas (?), en proteccionismo y en subsidios…” Comprensible, por otra parte, que Álvaro Uribe se oponga frenéticamente a la actualización del catastro rural: su Ley 1152 y la de Agro Ingreso Seguro dieron el golpe de gracia a todo intento de reforma agraria.
En su último libro, El problema de la Tierra, demuestra Absalón Machado que nuestra estructura agraria, empotrada en la concentración de la propiedad, frenó el desarrollo del campo. Allí donde el campesinado no accede a la tierra ni a los bienes públicos, la producción apenas crece y arroja ingresos franciscanos. De otro lado, la informalidad en la propiedad bloquea el crédito, la asistencia técnica, los subsidios y margina del mercado de tierras. Tal desigualdad impide la formación de una clase media rural que desconcentra la propiedad, equilibra las cargas y, si propende al uso adecuado del suelo, catapulta el desarrollo. Sostiene Machado que aquí se ha desarrollado la agricultura campesina con sobreexplotación de tierras en montañas y laderas, mientras las tierras feraces, planas, se destinan a ganadería extensiva. Para bajar a los agricultores de montaña a tierras ubérrimas, se imponen una política de repoblamiento y nuevos polos de desarrollo.
Abecé de cualquier reforma que se respete, la del Acuerdo de Paz le resulta enana. Pero la caverna de antaño se repite ahora: en tiempos de Chicoral, contra la redistribución de tierra; en2017, contra la restitución de la usurpada. La misma consigna ayer y hoy: ¿tierra? ¡Nanay!
por Cristina de la Torre | May 16, 2016 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, La paz, Mayo 2016, Proceso de paz, Uribismo
A la inminente finalización del conflicto armado opone Álvaro Uribe una resistencia que, librada a su suerte, podría derivar en baño de sangre. En tan extrema reacción contra la paz menos imperfecta negociada en 20 años en el mundo, parecen presionar, sobre todo, tres factores no cantados. Primero, sin guerra se marchita el poder del notablato más beligerante en las regiones, autoproclamado uribista. Segundo, la reforma rural pactada daría tierra y apoyos al campesinado, restitución comprendida. Anatema para especuladores con tierras, despojadores de predios, latifundistas y ganaderos improductivos, impetuosa avanzada de la extrema derecha. Tercero, el Acuerdo Especial que brinda seguridad y estabilidad a la agenda pactada en La Habana descarta la convocatoria de una constituyente y, con ello, la posibilidad de revivir la reelección del expresidente. Golpe cruel al delirio de poder.
El llamado del uribismo a resistencia civil ―primera en la historia concebida contra un anhelo mayoritario de paz después de 300 mil muertos y 30 mil desaparecidos en la guerra más prolongada de Occidente― interpela a una gama variada de colombianos. A una porción sustantiva de la sociedad que sigue con fervor las tesis ultraconservadoras del senador y su versión infantilizada -manes de la propaganda- del proceso de paz: éste sería la entrega de la patria a la guerrilla. Convoca a las víctimas de las Farc que cabalgan todavía en el odio legítimo del caudillo hacia ese grupo armado. Mas, si no circunscribe con celo sus acciones a la legalidad, podría esa resistencia interpelar también al neoparamilitarismo, brazo armado de las mafias de narcotraficantes, ganaderos, empresarios, funcionarios y políticos que medran en la guerra, no en la paz. Aguerridos conmilitones de la ultraderecha, extienden ahora su apoyo a los ejércitos antirrestitución de tierras.
El alegato contra el margen de impunidad que la justicia transicional concede pinta más como pretexto movilizador del que siendo presidente se excedió en larguezas con los miles de paramilitares “desmovilizados”. Si extraditó a sus jefes fue porque empezaban éstos a comprometer en sus confesiones a prestantes autores intelectuales y responsables políticos de sus crímenes. Tampoco convence su coartada de fungir como enemigo de la negociación de paz, mas no de la paz: querer imponerle rendición a una guerrilla con la que se negocia justamente porque no fue derrotada es dinamitar la mesa de diálogo; y lograr, por esta vía, que vuelvan todos a las andadas de la guerra.
Empotrado en el infundio de la entrega del país a las Farc, escribe el ganadero y dirigente uribista Lafaurie: “La reforma Rural Integral de La Habana deja ver las expectativas de control territorial político de las Farc en el posconflicto, que dé continuidad al control territorial armado que hoy ostentan. La restitución ha sido permeada por esas expectativas” (El Tiempo, 4, 25). Pero sabe, como lo recuerda el exministro Juan Camilo Restrepo, que el acuerdo rural busca profundizar el desarrollo agrario y los mecanismos de acceso a la tierra; que “no entraña peligro para la propiedad privada, el Estado de derecho o las tierras bien habidas”. ¿Habrá también resistencia contra un cambio mínimo en el campo? ¿Será cívica, desarmada?
Uribe está en su derecho de oponerse a la paz. Pero también en el deber de preservar su resistencia civil de cualquier incursión en ella de la derecha armada, chispa que podrá encender la pradera. Y ojalá entienda que la mayoría de colombianos reivindica el derecho a la paz que la Constitución consagra y ya reclama a voz en cuello: ¡no más secuestrados, no más desplazados, no más desaparecidos, no más muertos, no más guerra!
