por Cristina de la Torre | Jul 5, 2017 | Conflicto interno, Julio 2017, La paz, Política agraria, Posconflicto, Uribismo
La tienen menos fácil cada día. Ganada la paz política en un país donde cohabitaron siempre el poder y la violencia, tendrán que batirse ahora las extremas en un escenario menos auspicioso que el de la guerra: el escenario del posconflicto. El de las reformas que apuntan hacia un país mejor. A la voz de reforma rural y más democracia suscritas por acuerdo de paz, y desacreditado el recurso al miedo, terminarán todas las fuerzas por pelar el cobre. Allí donde la ambición desmedida se fermenta desde la eternidad, querrá la derecha exaltada defender hasta su última hectárea de engorde, habida por graciosa concesión del destino, de la trampa o del fusil; defender hasta su último concejal elegido a razón de $30.000 el voto.
Y la otra extrema, diga usted el ELN reintegrado como partido legal, podrá caer en altisonancias de neófito educado en guerra santa, pródiga que fue en secuestro y destrucción de la riqueza nacional. Un misterio, también, cómo podrán las Farc desvanecer el odio que la mayoría de colombianos les profesan, si resultan verosímiles como organización política. Será cuestión de tiempo. Pero será, sobre todo, un logro sin precedentes, que todo radicalismo y la gama entera de opciones políticas puedan expresarse sin matarse y con respeto a las reglas de la democracia. No será la rosada aurora de los soñadores –que lo somos casi todos– pero sí un empezar a sacudirse el atraso, la miseria, la humillación. Ni más ni menos.
En la antesala del posconflicto grita el imperativo de propiciar una reintegración en regla de las Farc y su conversión en partido, para evitar que se reciclen ellas en violencia. Pasado el umbral, reconocerles a las regiones olvidadas, epicentro del conflicto, el poder electoral y de gestión siempre monopolizado por la política tradicional: llámanse curules para las víctimas y sus comunidades en Circunscripciones Especiales de Paz, y participación en la planificación y el desarrollo propios. En segundo lugar, financiación de los programas sociales y de infraestructura que el posconflicto apareja. En $130 billones estima el Gobierno la inversión a 15 años; la Misión Rural, en $200 billones; y Claudia López, en $330 billones. Sólo el 3% de los cuales iría a reintegración, seguridad, educación y oportunidades de trabajo para los desmovilizados; 11% a Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y 86% a cubrir las necesidades básicas de los 15 millones de colombianos olvidados en esas regiones. Es la paz territorial.
Empoderar a las comunidades, se dice, ahorrándoles el aterrizaje paternalista del Estado Central, con su bonhomía de ocasión. De la mano con los pobladores, con sus autoridades legítimas en departamentos y municipios, echar a andar la sustitución de cultivos con proyectos de desarrollo productivo y todos los apoyos del Estado. Será comienzo del desarrollo rural integral con enfoque territorial, que contempla formalización de la propiedad en el campo, creación de un fondo de tierras para agricultura campesina e impulso a la agroindustria. El catastro multipropósito no sólo se traducirá en pago justo de impuestos sino que será base técnica de la descentralización.
En el origen del conflicto armado que termina obra, como pocos factores, la desigualdad. Demuestra Consuelo Corredor que, mientras en Uruguay la minoría que constituye el grupo de los más ricos recibe 5 veces lo que el grupo más pobre, en Colombia recibe 22 veces más. Sin embargo, el uribismo propondrá el 20 de julio derogar el decreto que crea los programas con enfoque territorial del posconflicto y el plan de construcción de vivienda social en el campo. ¿Otra incursión de la minoría ruin que acapara privilegios haciendo trizas la paz?
por Cristina de la Torre | May 9, 2017 | Mayo 2017, Política agraria, Proceso de paz, Uribismo
Tras la oferta uribista de volver añicos el “maldito” Acuerdo de Paz podrá escudarse la oposición armada a la reforma rural que buscaría formalizar la propiedad en el campo, dar tierra pública al campesino y forzar la producción en tierras inexplotadas. Tímido intento liberal que asoma periódicamente desde hace 80 años, para desfallecer con la misma regularidad aplastado por una derecha cerril y violenta empotrada desde la edad de piedra en el poder. En la intrincada rebatiña de ELN, paramilitares, Bacrim, mafias y una disidencia de las Farc por territorios y negocios que fueron de esa guerrilla, se refocilan también los enemigos más bravíos de la devolución de tierras, ejércitos anti restitución comprendidos. Y acaso terminen estos por disparar asimismo contra la ley agraria que será avenida principal hacia la paz.
Ni alarmismo ni retórica, que el embate podrá escalar a genocidio. Defensoría del Pueblo y ONU cifran en centenares los dirigentes sociales, de derechos humanos y de izquierda asesinados o amenazados de muerte en el último año. El Cinep confirma la expansión del paramilitarismo, autor en ese año de 550 víctimas de asesinato o amenaza; de 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 heridos, 9 desaparecidos y 12 torturados. Y centenares de casos permanecen en la sombra. 72 son los líderes de restitución de tierras asesinados.
Como ambientando acciones ejemplarizantes, avasalla la caverna el debate razonado sobre la ley rural, para potenciarlo como táctica de la mentira, cuya eficacia probó el 2 de octubre pasado. En impecable contravía de la realidad, le atribuye al proyecto el propósito de colectivizar la tierra y de entregársela a las Farc. Un editorial de La República lo señala como “venezolanización del campo”. Tanto crédulo dispuesto a comulgar con ruedas de molino; tan desangelada batalla del Gobierno por la estrategia madre del posconflicto podrán hasta salvar a la ultraderecha del ridículo.
Despojada la controversia de sus deformaciones más groseras, una idea nuclear se saca en limpio: el proyecto de ley armoniza la entrega de tierra al campesino con garantías jurídicas al empresario del campo. Aunque en el proceso de conciliación reparos van, reparos vienen, desde la izquierda, desde la academia, desde los gremios de empresarios. Para unos, el proyecto legaliza el despojo y favorece una mayor concentración de la propiedad, en detrimento del campesino. Para los empresarios, la ley pone en riesgo la propiedad privada. Según Yamile Salinas, el proyecto permite la acumulación ilegal de baldíos y menoscaba el derecho de la sociedad a conocer la magnitud del despojo. Otros resintieron falta de garantías de indemnización en procesos de expropiación; y objetaron el poder que el Gobierno se daba para expropiar y decretar extinción de dominio. Éste modificó el proyecto en función de esa crítica.
Pero la ultraderecha presenta por su anverso la verdad. Desde el podio de pastor en auditorio de iglesia, preside Uribe la convención de su partido; y, en delirio de dios y patria, insta al rebaño a seguirlo en su carrera ciega contra el tratado de paz; en marcha de vencedores contra el enemigo de la sacrosanta propiedad. Evocan Ordóñez y Lafaurie su concentración de un año atrás en apoyo de los llamados compradores de buena fe de tierras arrebatadas a sus dueños. Interpelado se sintió a su vez Aníbal Guerra, falso propietario de predio ajeno quien, a una con alias El Patriota, juró defender con su vida hasta el último centímetro de esa tierra. Merodeaban hombres con leyendas contra la restitución de tierras. Cómo destruirán éstos los acuerdos; como defenderán la tierra usurpada: ¿argumentando? ¿orando? ¿disparando?
por Cristina de la Torre | May 2, 2017 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Mayo 2017, Proceso de paz
No, no hay que devolverse hasta la Colonia. Si le reconocemos a la verdad histórica poder esclarecedor sobre la guerra, debemos seguir el hilo de la madeja hasta su raíz más próxima y reveladora: la violencia desatada por las dictaduras conservadoras de mediados del siglo XX contra el partido rival. Víctima suya –y del abandono del notablato liberal– fue Pedro Antonio Marín, jefe a la sazón de autodefensas liberales a las que debió convertir después en Farc, al mando del ahora apodado Tirofijo. La Violencia fue cuna del conflicto que se reeditó más adelante en clave de Guerra Fría. Despojo de tierras, desigualdad o exclusión política, violencia oficial, expulsión del campesinado y terror contra la población inerme sobrevivieron casi inalterados hasta hoy, tras breve hibernación a comienzos del Frente Nacional. Verdad es que el narcotráfico y la modalidad de guerra contrainsurgente le imprimieron nuevo sello a la vieja contienda. Pero ello no impidió que el exaltado de derechas y promotor insigne de la Violencia, Laureano Gómez, reencarnara en Uribe Vélez. Compromiso primero de la verdad histórica será descorrer el velo que se cierne sobre la Violencia. Y no callar esta vez, pues el silencio humilla la las víctimas, alimenta el odio y el deseo de venganza.
La mayor ferocidad de la Violencia tuvo lugar en el Gobierno de Gómez; en él, la política toda se resolvió a tiros, a corte de franela y a llamados de Monseñor Builes a matar liberales, pues pertenecer a esa bandería era pecado mortal. Ya Ospina había trocado a Ejército y Policía en fuerzas al servicio de su mandato, con la sibilina misión de reducir, por física sustracción de materia, el contingente electoral del liberalismo. Se acogieron los jefes de las primeras a la amnistía de Rojas, para caer asesinados, uno a uno, tras entregar las armas. No así Marín, quien fortaleció su autodefensa contra la dictadura. Lo movía también el resentimiento hacia la propia dirigencia liberal que, en pacto con la élite conservadora abandonaba a su resistencia armada. Lo movía, sobre todo, la lucha por la tierra para el campesino. Pepa del que fuera después programa agrario de las Farc, emparentado con las propuestas de reforma agraria de López Pumarejo y Carlos Lleras. No vivió Tirofijo para ver plasmada esa bandera en el Acuerdo de paz suscrito por las Farc con el Gobierno de Santos. Ni el sometimiento de sus huestes a una justicia que también a esta guerrilla le exigirá verdad sobre las atrocidades cometidas.
Allende la verdad judicial que podrá imponer penas individuales acá y allá, cuenta la verdad histórica. Memoria de acontecimientos protuberantes que ridiculizan nuestra rosada historia de Colombia, amasada con héroes de barro, con fanfarrias a purpurados y valentones, con silencios interesados en la autocomplacencia de los verdugos-vencedores. Y no es de caer en el anverso moralista de los Henao y Arrubla para volver buenos a los malos y malos a los buenos, que de bueno y de malo tiene a un tiempo la condición humana. Muchos victimarios lo fueron arrastrados por imperativos de necesidad o de legítima defensa. No fue lo mismo pagar a paramilitares para defenderse del secuestro que asociarse con ellos para masacrar campesinos y quedarse con sus tierras. Pero la verdad histórica apunta a identificar a los responsables políticos de la carnicería, y sus medios de acción. Llámense directorio de partido, trama de prelados, orden de Gobierno, conjura de generales o de jefes guerrilleros. Verdad sobre la guerra de hoy y sobre su hermana carnal, la Violencia. Condición inescapable de paz que podrá traducirse en acuerdo civilizatorio de todos los colombianos: nunca más un pacto de silencio.
por Cristina de la Torre | Abr 10, 2017 | Abril 2017, La paz, Posconflicto
Se sale Álvaro Uribe de la ropa ante las víctimas, como ocurrió este domingo en el Congreso. Y denigra de la Verdad que atisba, porque ésta derrumba su historia oficial del conflicto: le arroja toda el agua sucia a las Farc y salva de responsabilidad a uniformados, a mafiosos y políticos, a empresarios que lo financiaron voluntariamente. No para defenderse del secuestro y la extorsión —como sucedió a la mayoría de ellos— sino para forrarse de oro y poder, al calor de una guerra que cobró la mar de muertos, desapareció por la fuerza a 60.630 civiles (¡!), desintegró la vida de millones de colombianos y les rompió el alma. Para paliar las secuelas del sufrimiento extremo y darle veracidad a nuestra historia, no basta con rescatar la memoria de las víctimas; se impone además la verdad narrada y reconocida por sus victimarios de todos los colores.
Al lado de Justicia y Reparación, dos decretos dan vida plena a la Jurisdicción Especial de Paz que tortura al expresidente. Uno, crea la Comisión de la Verdad; otro, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Se propone la primera conocer los crímenes de la guerra, registrar los estragos causados a la democracia, desentrañar las raíces del conflicto y reconocer la responsabilidad de sus actores. Si capotea a quienes quieran convertirla en instrumento de venganza, la Comisión de Paz será receptáculo de las voces acalladas de la guerra; y de las desinhibidas que reconozcan las infamias perpetradas por mano propia. Con alarde de sevicia que duele describir, menudearon aquí masacres, secuestros, desapariciones, mujeres convertidas en arma de guerra por violencia sexual y actos de terror contra la población civil, a la que todos los contendientes convirtieron en prolongación del enemigo.
La mayoría de masacres corrió por cuenta de paramilitares, a menudo con el solapado consentimiento de miembros del Ejército. Cuando no andaban éstos en faena de falsos positivos. Montaron los paras en la finca La 35, Antioquia, una de sus “escuelas de descuartizamiento” de personas vivas. A las Farc y el ELN se atribuye el 90% de los 29.879 secuestros habidos entre 1970 y 2010. El secuestro obró también como arma contra rivales políticos. De estas víctimas 50,8% fueron liberales; 29,8% conservadores; 15% de otros partidos, y 4,5% de izquierda. Entre los actos de terrorismo de las guerrillas, horrorizan los 80 incinerados de Machuca, localidad que estalló en llamas cuando el ELN dinamitó allí el oleoducto.
Soldados y paras cargan con casi todos los desaparecidos, cuya cifra más que duplica en esta democracia la habida en todas las dictaduras del Cono Sur. Copia de los nazis, la práctica nos llegó como estrategia contrainsurgente, y todos los actores del conflicto la cooptaron después. Arrojaron los paras miles de sus desaparecidos a fosas comunes, a los ríos, a hornos crematorios. En San Carlos, municipio de 25.000 habitantes reducido por la huida a 5.000, una mujer expresó: “Se sabía que cuando uno [de nosotros] desaparecía, iba muriendo despacitico toda la familia”.
Las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad serán escenario de catarsis colectiva. Muchas víctimas lograrán, por fin, elaborar su duelo petrificado en el olvido; vencer el silencio impuesto por el que disparó o por el que ordenó disparar. Terminado el conflicto, llegó la hora de las víctimas: suyo es ahora el derecho de hablar, de reclamar y exigir la verdad. Y la suprema libertad de perdonar. En los tres años que se avecinan, la Comisión permitirá no sólo conocer la Verdad sino reconocerla. A partir de la gama entera de verdades que emitan todos los implicados, su informe final será vital para una historia no oficial de la guerra.
por Cristina de la Torre | Feb 28, 2017 | Acuerdos de paz, Conflicto interno, Febrero 2017, Posconflicto, Proceso de paz
Dos consecuencias nefandas sobrevendrán si Álvaro Uribe, Germán Vargas y el Fiscal Martínez le ganan la partida a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Primero, quedarán las víctimas de las Farc sin la reparación material que esta guerrilla deberá procurarles, extraída de una fortuna de fábula representada sobre todo en infinidad de guacas con billetes enterradas en la selva. Segundo, sin garantías de vida y libertad política (cuando siete mil hombres se disponen a entregar las armas y sus jefes a rendir cuenta de lo atesorado en décadas de secuestro, extorsión y narcotráfico) volverán al monte las Farc. Volverá la guerra. Entonces podrá el extremismo de derecha nadar de nuevo en su salsa. En una guerra cruel para casi todos, pero rentable hasta el delirio para grupos selectos de guerrilleros, militares y civiles, para el narcoparamilitarismo y su brazo de parapolíticos.
No deja duda la ofensiva contra la JEP, pepa de los acuerdos de paz diseñada para investigar y sancionar atrocidades de tirios y troyanos en el conflicto. La semana pasada anunció Uribe que recogerá firmas para “reversarla”; y sugirió en twitter instaurar la pena de muerte para narcoterroristas. Al mismo blanco de la JEP apunta Cambio Radical. Y el Fiscal la ataca en arrebatos dignos de mejor causa: antes de que las Farc puedan inventariar y entregar bienes dentro de los plazos acordados, pretende Martínez hacer borrón y cuenta nueva para entregar los desmovilizados a la justicia ordinaria y mandarlos a prisión. Reto que las Farc enfrentarán, por supuesto, regresando a la selva con sus morrales, sus fusiles, sus cananas y en busca de sus guacas.
Que serían incontables, según investigación de los reputados periodistas Camilo Chaparro y Eccehomo Cetina, vertida en su libro El Dorado de las Farc. Al lado de la máquina de guerra, escriben, esa guerrilla montó negocios legales financiados con el delito; así costeó su guerra y reservó ahorros. El flujo de recursos que no se situaba en el extranjero o en inversiones con testaferros llegaba en efectivo, por costalados, desde todos los rincones del país. El conteo de miles de millones en fajos de billetes, su almacenaje y encaletamiento descentralizado demandaban un esfuerzo supremo de logística y seguridad. Lo que no les impidió a 147 soldados contraguerrilla toparse a boquejarro con una caleta de 70 millones de dólares, que se repartieron tras cuatro días y sus noches de escarbar a machete y uñas y dedos, bañados en sudor, barro e ilusión. Pobres de nación, hambrientos, abandonados al latigazo de la selva, la dicha fue flor de un día: terminaron casi todos tras las rejas.
Fue gracias a la zona de distensión de 42.000 kilómetros que Andrés Pastrana cedió a las Farc, como el grupo armado disparó su fortuna, tras convertirse en Estado paralelo mientras “negociaba” la paz. Para los autores, las Farc convirtieron el Caguán en su fortín de guerra y sede financiera. Desde allí controlaron el negocio del narcotráfico y allí concentraron a sus secuestrados, cuyo número no conoció par en el mundo. Producto del delito, miles de millones de dólares se habrían encaletado allí y permanecerían todavía bajo tierra. Todo un paraíso fiscal.
Tendrán de sobra las Farc con qué reparar a sus víctimas. Si las dejan. Queda pendiente, no obstante, la tarea de desentrañar emporios financieros de otros que también se enriquecieron pescando en el río de la guerra. Que a lo menos devuelvan las tierras usurpadas o compradas a huevo a propietarios que huían de la muerte. Acepten los enemigos de la JEP que la justicia ordinaria se hizo para la guerra; y la justicia transicional, para la paz. Que la paz no es embeleco, es un derecho irrenunciable.
