por Cristina de la Torre | May 26, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2015, Proceso de paz
Es como el tic siniestro de una fatalidad que hizo de la crueldad una fiesta contra la población del campo. En Urabá, epicentro del despojo de tierras por el paramilitarismo, empresarios que de buena o de mala fe las compraron después amenazan con desencadenar allí una nueva ola de violencia. Esperan amparar así el rico fruto de la contrarreforma agraria que arrojó millones de desplazados y de víctimas. Dizque para defenderse de la “hecatombe” del Gobierno que “induce otra guerra en Urabá”, anuncian la creación de una asociación de víctimas de la Ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Autodefensa armada contra el ejercicio de la ley? Se reivindican como propietarios de buena fe –lo serán algunos, cómo no. Mas ninguno reconoce el historial de despojo de la zona. Ni la nueva organización intenta diferenciarse de los llamados ejércitos antirrestitución que han cobrado la vida a cinco líderes de campesinos que retornan por lo suyo a la región: su propiedad individual o colectiva, ahora escriturada a ganaderos y bananeros. En documentado informe, La Silla Vacía sitúa los hechos en La Larga-Tumarandó, entre Riosucio (Chocó) y Turbo (Antioquia), un corredor expedito para sacar droga al mar. Razón potísima que despertara el apetito de narcotraficantes, fueran ellos guerrilleros o paramilitares y sus aliados.
Pero el Gobierno enfrenta también a grupos de campesinos a los que el supernotariado Jorge Enrique Vélez tiene por carteles de falsos reclamantes o que invaden propiedad ajena, si bien éstos exhiben sus escrituras de origen. Para Alejandro Reyes -mano derecha del entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, autor del compacto proyecto de reforma rural integral- Vélez embolata la clarificación de la propiedad agraria, “en una verdadera operación de blanqueamiento de la alcantarilla de los títulos fraudulentos”. La Silla reproduce trino del expresidente Uribe en favor de los ganaderos de La Larga y contra líderes de restitución que propiciarían invasiones. Pero el Tribunal Administrativo de Restitución de Tierras de Antioquia declaró a uno de sus defendidos, Adriano Palacios, poseedor de mala fe. Ya éste había sido capturado por concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
En pos del plan de narcotraficantes, ganaderos y paramilitares para apoderarse de un corredor de 7.000 hectáreas en Urabá, la Fiscalía ha propinado duros golpes. Detuvo a 32 civiles presuntos implicados en ese empeño, entre ellos al alcalde de Turbo, asesor del entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. El 3 de febrero, una fiscal acusó por supuesto despojo de tierras a cuatro empresarios de Córdoba, viejos directivos del Fondo Ganadero de ese departamento y cuyo gerente, Benito Osorio, acaba de ser condenado por aliarse con los Castaño para consolidar el despojo de tierras en Tulapas. ¿Tras la oferta de sometimiento a la justicia de los Urabeños yace la reciente detención de 72 miembros de esa banda?
El ciclo de expropiación va del paramilitar al notario y de éste al empresario. Su caldo de cultivo, la guerra. Retardatarios de nación, estos amigos de la violencia aborrecen cualquier reforma de fondo. Pero es hora de que a lo menos expliquen si quieren eternizar el conflicto para subvertir a su amparo el orden que rige la propiedad privada en el campo. ¿Quieren tumbar las disposiciones que desde hace 81 años consagran la función social de la propiedad rural? ¿Quieren defender por las armas el nuevo orden de expropiación violenta revestida de legalidad a cientos de miles de propietarios rurales? ¿Se suman los poseedores de buena fe a la insubordinación de la ilegalidad y el crimen contra el anhelo de un país que se ha ganado a pulso el derecho a la paz?
por Cristina de la Torre | May 18, 2015 | Conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2015, Proceso de paz
En Venezuela y Ecuador el gobierno amordaza a la prensa no oficial; en Colombia, donde el terror silencia a menudo la verdad en provincia, grupos particulares emparentados con el crimen le imponen autocensura al periodista, o lo asesinan por responder a los deberes del oficio. Así perdieron la vida 56 comunicadores en los últimos tres lustros. Pero la censura y la amenaza de muerte operan también en ciudades principales. En Medellín, los hermanos Hernández de la Cuesta, accionistas de El Colombiano, intimidaron a periodistas de ese diario por informar sobre restitución de tierras en Urabá, donde aquellos tienen predios que víctimas de desalojo les disputan.
A la publicación de una primera nota en febrero pasado, Jorge Andrés Hernández habría hecho comparecer al reportero en su despacho para advertirle que él era “su patrón” e indicarle cuáles fuentes consultar y cuáles no. A poco, el periodista recibió de manos de un motociclista sendos sufragios de pésame para él y su camarógrafo. (¿Acaso de la Oficina de Envigado, que amenazaba por esos días a la escritora y columnista Ana Cristina Restrepo?). La directora del periódico, Marta Ortiz, denunció al punto la amenaza contra sus comunicadores y gestionó protección para ellos. Mas, como consecuencia de los hechos, éstos renunciaron. Uno de ellos declaró ante la Fundación por la Libertad de Prensa (Flip) que lo hacía porque le habían ordenado “no publicar ni comentar información concerniente al tema de restitución de tierras”.
Concluyó la Flip que en ese diario terminaron por prevalecer los intereses empresariales sobre los periodísticos, censura y amenaza de grupo no identificado de por medio. Que se quiso obstruir información que podía afectar a propietarios del periódico. Insistió en que los medios no debían traslapar los intereses comerciales, personales o corporativos de los dueños con la información o la opinión que sus redactores generan.
Los hermanos Hernández son dueños de la hacienda Flor del Monte en disputa, y grandes accionistas a la vez de los diarios El Colombiano y La República. Diana Carolina Durán reconstruye en El Espectador la historia comercial del predio que en 1997 llegó a manos de sus actuales propietarios, formado casi todo por tierras baldías ya adjudicadas por el Incora a campesinos. En 2011, la Superintendencia de Notariado registró una denuncia por presunto despojo del predio. Juan Carlos Hernández, gerente de La República, le explicó a la periodista que la compra se hizo en regla y que ellos no eran conscientes de la llamada expansión paramilitar en la región. Sin embargo, señala Durán, la mitad de los 10.227 asesinatos perpetrados allí entre 1990 y 2007 se registraron entre 1994 y 1998. Según el Tribunal Superior de Antioquia, el desplazamiento en Urabá alcanzó su pico precisamente en 1997, cuando 221.302 personas se declararon desterradas.
En la región Caribe y el Urabá antioqueño, meca del paramilitarismo, la hostilidad hacia el periodismo libre se encadena sobre todo con el conflicto por la tierra, que es matriz de nuestra guerra despiadada. Último indicio, el ataque a mano armada en Valledupar a la periodista Laura Ardila de La Silla Vacía, disfrazado de atraco, pues sólo se quedaron con su cuaderno de notas y con toda la información de sus contactos profesionales. Por salvar el honor de su periódico, los Hernández de la Cuesta deberán esclarecer sin atenuantes este entuerto. Hoy la libertad de expresión ha de batirse no sólo contra la arbitrariedad de los gobiernos sino contra los dueños de medios que la conculcan. Y peor aún si los flamantes propietarios de periódicos condescienden, sabiéndolo o sin saberlo, con los actores más sanguinarios del conflicto.
por Cristina de la Torre | Abr 20, 2015 | Abril 2015, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, La paz, Proceso de paz, Uribismo
Si hubiesen buscado un efecto más útil para la extrema derecha, no lo habrían logrado. La masacre de once uniformados por las Farc le ofreció a Álvaro Uribe ocasión privilegiada para convertir parte de la indignación nacional hacia esa guerrilla en impugnación del proceso mismo de paz. Pescando en el odio que el país le profesa al grupo armado, a medias fruto de sus crímenes y de su arrogancia, a medias inducido por el exmandatario que las acorraló en su hora, a éste le vino el hecho como anillo al dedo. Justo en el momento más amargo de su movimiento. Cuando la Corte Suprema mandaba a la cárcel a dos de sus exministros por delitos que –según ese tribunal– involucran a la persona del entonces presidente. Y los recluidos completan la cifra de 20 figuras, entre las 30 del círculo más estrecho del uribato, condenadas o investigadas por delitos penales.
Maestro de la oportunidad, Uribe evoca ahora el imaginario de su seguridad democrática –mano dura, corazón duro– para tratar de ocultar con esa bandera de humo las secuelas malolientes de su mandato. Mientras ve desplomarse su popularidad del 80% que otrora lo acompañó al 50% de hoy. Pero aparecen nuevos colombianos que vacilan entre la paz y la guerra. Acaso no Uribe, sabedor de que sin subversivos no hay guerra, y sin guerra pierde él su razón de ser histórica. Su coco es la paz, su coartada, las Farc. Sus supuestas propuestas de paz no aportan a la terminación del conflicto. Antes bien, parecen enderezadas a abortar el proceso de negociación. No otra cosa sugiere su obsesión en negarles a los jefes de las Farc toda forma de privación de libertad distinta de la cárcel, y su posibilidad de hacer política una vez reinsertados. Pretender acantonar a las Farc prematuramente, sin haber suscrito acuerdo final, equivale a imponerle rendición a una guerrilla no derrotada por las armas, y dinamitar el proceso.
Sus dardos más afilados, contra Santos, a quien culpa por el asesinato de los soldados. En reciprocidad con las Farc, les regala Uribe esta prenda contra el Estado de derecho que el Presidente encarna. Y aquellas, acostumbradas a reclamarse víctimas, no victimarios, endilgan al primer mandatario la misma responsabilidad. Moñona.
Pero la justicia no es siempre para los de ruana. Última prueba, el desenlace del juicio a Yidis Medina y a sus pares Pretelt y Palacio en el cohecho que aseguró la reelección de Uribe. Para no mencionar los 60 parapolíticos y altos exfuncionarios que pagan cárcel. Todos los días ve el expresidente un nuevo miembro de su aparato de poder ir a prisión o huir. Entonces vuelve por los fueros del movimiento de opinión diluida en fe de carbonero, y en tácita invocación de tierra arrasada para todo el que atente contra Dios y la Patria. Como las Farc –dirá– y su compinche Santos, que propagan el castro-chavismo y les caen a mansalva a los héroes de la patria. Todo, servido en bandeja por las Farc.
Joaquín Villalobos, excomandante del Frente Farabundo Martí de El Salvador, calificó la matanza de los soldados como “militarmente cobarde” y “políticamente torpe”. Un autogolpe de las Farc. Insistir en las armas convierte a las guerrillas colombianas en “fuerzas reaccionarias que sirven para encarnar el miedo a la izquierda, y en el principal lastre para que ésta avance en Colombia”. Ahora lo que se impone es la política, no los tiros. El proceso de paz le parece irreversible. Pero, diríamos nosotros, requiere un timonazo que concite autocrítica de las Farc, sometimiento a la justicia transicional, reconocimiento de sus víctimas y genuino compromiso de ingresar lealmente en la legalidad. Única manera de extinguir la última chispa que enciende el fuego de la caverna.
por Cristina de la Torre | Abr 12, 2015 | Abril 2015, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Proceso de paz
Registrados a la fecha, son 7’243.000 ancianos, mujeres, hombres, niños que reviven todos los días, como una puñalada, el asesinato o la desaparición de sus seres amados; víctimas que, en la desbandada, abandonaron casa y parcela y paisaje y vida en comunidad. Pero, como lo mostró la vibrante movilización del 9 de abril, lejos de masa amorfa –trato que se le dio al campesinado sacrificado en la violencia liberal-conservadora– las víctimas de hoy han conquistado estatus de sujeto político y son razón suprema de la paz. En reconocimiento de su heroísmo y su dolor, se lanzó el Museo Nacional de Memoria Histórica: para retratar la historia de esta guerra, devolver la dignidad a sus víctimas y difundir la verdad de lo ocurrido.
El Museo favorecerá el duelo de los dolientes y dará testimonio de la brutalidad que recayó sobre la población inerme, desplegada, sin excepción, por todos los actores de esta guerra. Bajo modalidades diversas de violencia que el sociólogo Álvaro Camacho (q.e.p.d.) distinguió, en propuesta pionera para mejor entender la complejidad del fenómeno, matizar, identificar sus variadas causas y actores, y la intrincada telaraña de violencias cruzadas. El Museo mostrará cómo se vivió lo que pasó. Pocos estudios como los de Camacho dirán –demostración al canto– por qué pasó y cómo pasó. Así, su obra más reciente en la materia, el texto sobre la masacre de Trujillo, con su saldo macabro de 300 muertos.
Un hito ha marcado esta obra en la historiografía reciente de Colombia. No sólo por el cuadro de horror que patentiza la insania del conflicto armado, sino por la originalidad del análisis. En ella desenreda el autor una madeja de conflictos cruzados, raíz de la violencia en esa localidad, y dice a su vez del fenómeno a escala del país. Convergen en Trujillo reminiscencias de la vieja violencia –allí, en el seno del Partido Conservador–, limpieza social, enfrentamientos entre paramilitares, narcotraficantes y guerrillas, entre los grupos armados y la población civil. Y en el centro de toda consideración coloca Camacho a las víctimas. Asesinatos, desapariciones, torturas, militarización, emboscadas y desplazamientos menudearon. El río Cauca se pobló de cadáveres. Entre ellos el del cura párroco, Tiberio Fernández, que pagó con la vida su valerosa defensa de la comunidad contra el fuego cruzado de conflictos distintos y sus particulares modalidades de violencia.
De su exhaustivo trabajo de campo extrae Camacho el sentido de la memoria. Esta es recuerdo, testimonio, pero también campo de batalla donde víctimas y victimarios, vencedores y vencidos se disputan su singular pretensión de verdad y la interpretación política de los hechos. Buscando la memoria de aquellas víctimas, comprobó “esa extraña y compleja relación entre el duelo, la dignificación y la culpa”. Al comunicar su trágica experiencia, podía la víctima exorcizar sus pesares, dignificarse y reclamarse como sujeto inocente. Rememorar producía efectos terapéuticos, compartir recuerdos vertía un bálsamo sobre las heridas.
Permitir el olvido es echarle tierra a una historia de horror que el país debe encarar, si ha de reconciliarse consigo mismo y evitar que esta vergüenza se repita. Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para las Víctimas, les dice a los enemigos de la paz: “después de 7 millones de víctimas no nos queda más que mirar hacia adelante, por una nueva generación que no conozca la guerra”.
Coda. Además de la violencia, Álvaro Camacho aborda problemas de la sociedad y la política colombianas, el narcotráfico y teoría y método en las ciencias sociales. Compilada su obra en cuatro tomos por las universidades del Valle y Los Andes, ésta podrá adquirirse en la feria del libro de Bogotá.
por Cristina de la Torre | Mar 10, 2015 | Conflicto interno, La paz, Marzo 2015, Proceso de paz
No han pasado las Farc incólumes por nuestra historia: el tránsito de la dictablanda del Frente Nacional a la república del narcotráfico trastornó también el ADN de esa guerrilla. Es que en el nuevo escenario aparecieron nuevas razones del conflicto, nuevos actores, nuevos móviles en sus protagonistas. Y hoy cobra todo su vigor la discusión sobre las causas de la guerra. Identificarlas es caminar hacia la paz, pues implica señalar las transformaciones que ésta impone. Ya remitan ellas a los años 60 y 70, ya a las tres últimas décadas.
Dos interpretaciones descuellan en el informe de los historiadores a la mesa de La Habana. Una, sitúa el origen de la contienda en la “cerrazón” del Frente Nacional que, temiendo a la democracia, habría empujado a muchos a empuñar las armas, en medio de la Guerra Fría que enfrentaba a capitalismo y comunismo. Otra, no cree que el conflicto obedeciera al choque de concepciones de sociedad sino al duelo de élites regionales y paramilitares contra guerrilleros, por hacerse con los recursos de poder en la periferia del país. Con cooptación a la brava de la gente por narcotraficantes y por guerrillas a la vez, en este frenesí de crimen y violencia fue la población civil la que puso casi todos los muertos. Por otra parte, han desenfundado las Farc su argumento fundacional para justificar el alzamiento armado: el legítimo derecho de rebelión contra el tirano; contra un Estado terrorista, dicen, al servicio de la oligarquía y del imperialismo norteamericano.
Pero, ya lo decíamos, las Farc de hoy no son las de ayer. Ni las circunstancias son las mismas. Ni podrá entonces su discurso ser unívoco. La Colombia del Frente Nacional que vio nacer a las Farc en 1964 no podía asimilarse a dictaduras latinoamericanas que bien merecían aquel señalamiento. Aunque el grupo guerrillero –y otros más– sí era denuncia viviente de un régimen que excluía de la política legal a fuerzas distintas de las tradicionales; que abusaba del estado de excepción para cercenar libertades y criminalizar al movimiento popular, que preservaba la injusticia esencial del modelo social y económico. Pero estaba lejos de ejercer terrorismo de Estado. Tampoco representaban las Farc vanguardia alguna de levantamiento popular, por más que la pepa de su programa fuera la lucha centenaria por la tierra. Otras son las Farc que desde los años 80 se reinventaron al calor del narcotráfico, se entregaron a la guerra sucia y, en su disputa con narcos y paras por el poder regional, violentaron a los civiles inermes. Así, en su segunda etapa, pareció el ideal político del grupo armado desaparecer tras la nube negra del crimen, para disiparse sólo ahora con su disposición a la paz y sus acuerdos de reforma.
El Frente Nacional no fue un bloque homogéneo. Mucho dice que un reformador como Carlos Lleras se midiera con la caverna, precisamente en aquellos tiempos. Así resultara su propuesta agraria derrotada por la misma derecha ventajosa y violenta que abatió en su hora la de López Pumarejo. La misma que vocifera hoy contra la paz porque ella dizque amenaza su ubérrima –¿robada?– propiedad privada. Lecciones deja Lleras que bien podrían retomarse con beneficio de inventario. Y no solo en materia agraria, también en perspectiva de industrialización como estrategia orientada desde el Estado.
El elemento que da solución de continuidad a los dos estadios descritos es el anhelo de una reforma rural. Está pactada. También lo está la apertura de la democracia a todas las tendencias políticas, tan tacaña que lo fuera en el FN. Y el compromiso de las Farc de renunciar al narcotráfico, combustible del horror en estos 30 años. Nunca hubo tantas razones para la esperanza.
