por Cristina de la Torre | Mar 3, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Marzo 2015, Proceso de paz
Tiene razón el senador Álvaro Uribe: con impunidad, no habrá paz. Pero no podrán ser las Farc el único blanco de castigo, pues quedarían exonerados los otros tres implicados en la guerra: el paramilitarismo, la Fuerza Pública y los civiles que la promovieron, la financiaron y se lucraron de ella. Tampoco procede una amnistía general y gratuita. Virtud de la propuesta de César Gaviria es que extiende la autoría del conflicto a los civiles que lo cohonestaron, y los cobija como beneficiarios de justicia transicional. Mas, su alternativa de ley de punto final –pacto autoexculpatorio entre los máximos responsables– será germen de nuevas guerras si no acarrea sindicación penal, juicio, condena y sanción. Sea ésta blanda, dura o intercambiable por sustitutos de cárcel. Pero aplicable a todos, y desde un mismo parámetro de justicia. Sin olvidar que una justicia plena comporta verdad, reparación a las víctimas, medidas y reformas que conjuren definitivamente el conflicto.
La verdad es que esta guerra de medio siglo deja 220.000 muertos y 7 millones de víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Felonías comunes a todos los bandos, aunque los paras se especializaron en masacres; las guerrillas, en secuestro; la Fuerza Pública, en desaparición forzada y falsos positivos; mientras poderosos núcleos de empresarios, terratenientes, ganaderos, jueces y notarios, patrocinaban masacres, desplazamientos, robo de tierras y se lucraban de todo ello. A 13.000 de éstos investiga la Fiscalía. Verificaría, entre otros, presuntos vínculos con paramilitares de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán (La FM,11,2,14). En la “reconquista” de Urabá, años 90, se aliaron militares, políticos, paramilitares y empresarios. Por esos días, ejecutaban las Farc la estrategia de “territorios liberados”, con la eliminación o expulsión de autoridades locales y rivales políticos. Acaso en réplica al exterminio de la UP, entre 1985 y 2005 cobraron las Farc tres veces más vidas de liberales en el Caquetá que las sufriera aquel partido de izquierda. En 1988, la mitad de los políticos desaparecidos eran de la UP; la otra mitad, de los partidos tradicionales.
Es en la economía del campo donde descuella el amancebamiento de civiles y paramilitares. Tras prolija investigación, concluye Ariel Ávila que en gran parte del país no quedó la tierra en manos de la mafia ni de los ejércitos ilegales; ella revirtió a políticos y empresarios que actuaron tangencialmente en el conflicto. En Montes de María, los grandes usufructuarios de la contrarreforma agraria fueron paramilitares, empresarios palmeros y ganaderos. En la Costa Atlántica, la guerra consolidó a las viejas élites. Allí debieron los campesinos vender a huevo sus predios; o abandonarlos, para verlos anexarse a latifundios aledaños que luego se llenarían de ganado o de palma. La parapolítica es cosa baladí, concluye Ávila, si se la compara con lo que ocurrió en el campo: una verdadera reconfiguración del territorio.
Tres urgencias del proceso de paz: que todos los determinadores del horror rindan cuentas, que no se aventure una impunidad selectiva y que sea la verdad el camino para balancear justicia y paz. Las garantías de no repetición remiten a las causas del conflicto: el problema de la tierra y la costumbre generalizada de hacer política a tiros. En gesto de concordia y tras su reunión con Kofi Annan, se mostró Uribe dispuesto a aceptar la mediación del Nobel de paz ante el Gobierno de Santos. Elocuente gesto de concordia que, de paso, redimiría al expresidente de pasar a la historia como el hombre que frustró la paz. Claro, si no insiste en forzar castigo sólo para la guerrilla e impunidad para sus amigos.
por Cristina de la Torre | Nov 18, 2014 | Educación, Noviembre 2014, Proceso de paz
En su afán por malograr toda idea buena de ciudad, cree Petro eliminar el apartheid social de Bogotá sembrando enclaves de desplazados en el odiado norte. Sin precaver soluciones de empleo, transporte, educación y espacios de convivencia que aterricen el derecho a la ciudad en medios tangibles de integración social, el alcalde aborta ese anhelo en propuesta tan onerosa para los beneficiarios como para las finanzas de la capital. Por el valor de los terrenos, bien pudieran quintuplicarse esas viviendas en el centro ampliado de la ciudad, con todos los recursos a la mano. Que son la garantía de equidad. Pero no. La Alcaldía obra como si todo se cifrara en el ladrillo. Y, no contenta con ello, en el frente educativo se dispone a cortarle la financiación al Instituto Cerros del Sur, Ciudad Bolívar, un modelo de educación integral que tiende lazos hacia la comunidad y desarrolla en los alumnos sentido de pertenencia a su territorio. Ahora los reubicarán en megacolegios, moles de cemento a tres horas de bus, ida y regreso. Se sumarán al mar de receptores pasivos de datos sin ton ni son, sin horizonte para crear y soñar; para echar al vuelo la imaginación en respuesta a los retos de su entorno. Como si todo se cifrara en el ladrillo. Allá y acá, desdeña la construcción de comunidad.
Rompiendo el aula, no es el estudiante el referente único de este colegio; lo es también su medio. El Instituto liga el conocimiento a la acción solidaria y proyecta las materias del currículo a la realidad social. Cada profesor es a un tiempo jefe de área académica y líder de los proyectos que de allí derivan. De Sociales, verbigracia, se desprenden trabajos sobre vivienda, entorno, servicios públicos y convivencia, mediante asambleas comunitarias que se apropian de la vida pública. Parte medular del potencial artístico del estudiantado, insospechado en música, danza y teatro, se frustra por falta de recursos. En deportes, el profesor Giovanni Castro, director del área, logró enviar participantes a los Olímpicos de Londres y de Beijin.
Más que en acartonado formalismo, se pone el acento en la formación crítica del estudiante y se desarrolla en él sentido de responsabilidad con los problemas del país, en perspectiva de justicia y democracia. No es su finalidad alcanzar buen puntaje en el examen del Icfes –aunque lo logran- sino la calidad y el proyecto de vida de los niños. En lucha sin cuartel por preservar a sus muchachos de la violencia y el delito, merman los reclutados por las Farc, las Águilas Negras o el Bloque Capital. A lo cual contribuye la escuela nocturna del Instituto, educación para 400 adultos desplazados y reinsertados que los mismos profesores imparten en forma gratuita. Estirando el centavo y robando horas al sueño.
Para ninguno de los dos casos piensa Petro en el llamado tejido social, que es telaraña de comunidad sin la cual resulta imposible la convivencia. En el norte, porque levantar islotes de edificios no genera por sí solo integración social. Sin planificación, tal solución de vivienda podría segregar aún más a los ya segregados: los encerraría en nichos para “otros”. En Ciudad Bolívar, porque destruye la laboriosa construcción de comunidad desde el colegio Cerros del Sur. Más grave aun cuando se avecina la edificación de un país nuevo, que comienza con la reconstrucción de las comunidades tras la guerra. Como lo hacen ya las mujeres en Montes de María. Nada tan vergonzoso como la segmentación espacial de Bogotá por clases sociales. Nada tan democrático como atacarla. Pero nada tan irresponsable como confiar semejante empeño a la demagogia y la improvisación. O desmantelar los Cerros del Sur, un esforzado antídoto al conflicto y modelo para el posconflicto. Anda Petro descaminado.
por Cristina de la Torre | Nov 3, 2014 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Noviembre 2014, Proceso de paz
Por primera vez en su historia reconocen las Farc haber afectado a la población civil y se declaran dispuestas a asumir responsabilidad frente a sus víctimas. Brusco timonazo desde su discurso de hace dos años en Oslo, donde se reivindicaron como víctimas, hoy se reconocen victimarios. Paso trascendental hacia la paz, este pronunciamiento se suma a la presencia casi plena del estado mayor de las Farc en la mesa y a la conjunción de jefes militares de ambos bandos para acordar el cese definitivo de la confrontación. El proceso parece irreversible. Mas, temiendo una dura calificación de sus delitos contra civiles inermes, y penas inescapables, las Farc invocan “particularidades” del conflicto colombiano y la “juridicidad guerrillera”. Pero, ni el Marco Jurídico para la Paz ni el derecho internacional humanitario amnistían crímenes de lesa humanidad. Tampoco reconocer la existencia de conflicto armado en Colombia erige en Estado a esa guerrilla. Podrá su “juridicidad” darle un código interno de conducta, pero no la exime de la norma del Estado de derecho bajo cuya égida se ha negociado en La Habana. Ni podrán aceptarse como accidentes o excesos esporádicos de la guerra prácticas deliberadas y sistemáticas como el secuestro (26.800 le atribuyó Clara Rojas a ese grupo armado), minado de campos, reclutamiento de menores, ataques indiscriminados contra la población y desplazamiento.
En esto de querer blindarse contra los rigores de la justicia no andan solas las Farc. También se acorazan los militares con un estatuto que amplía su fuero hasta garantizar impunidad por delitos atroces cometidos o por cometer. Como el de falsos positivos. Más de 2.000 casos de uniformados sindicados de este delito se transferirían de la justicia ordinaria a la militar. A tribunales que juzgan con vara de “yo con yo”. Se favorecerían además crímenes de violencia sexual, trato inhumano y mutilación, terrorismo, tráfico de armas y concierto para delinquir. Aun si el concierto es con paras y se resuelve en tortura, desaparición forzada y narcotráfico. Blindados o no, acaso la comisión Histórica del conflicto permita identificar a los máximos responsables en todos los bandos de esta guerra.
A ese blanco apunta fallo que el Tribunal Superior de Bogotá acaba de proferir contra el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Se argumenta allí que el apoyo de miembros de la Fuerza Pública, entre otros, le permitió a aquel criminal asentar sus huestes en Norte de Santander. Que elementos de la Fiscalía, del DAS, de la Policía y el Ejército convirtieron ese apoyo en “política de Estado”. Mancuso declaró que “las AUC fueron apoyadas militarmente por la Fuerza Pública”, de la que recibieron ayuda, protección y armas. Que recibieron fondos de ganaderos, hacendados y aspirantes al Congreso y a las gobernaciones en la Costa Norte. El fallo aboga por juzgar en adelante a miembros de la Fuerza Pública, funcionarios del Estado, comerciantes y empresarios por los crímenes de paras contra civiles: si ellos formaban parte orgánica de esa estructura, resultarán igualmente responsables de los delitos cometidos por su ala militar.
Aquí el secuestro fue invento de las guerrillas, atrocidad que obró como palanca de polarización y escalamiento de la barbarie. De monstruosidades como descuartizamiento con motosierra dan cuenta los paramilitares, tantas veces a sabiendas de militares, empresarios y políticos. En la difícil búsqueda de un consenso mínimo de verdad, de equilibrio entre justicia y paz, mucho enseña la justicia transicional aplicada dondequiera se superó el conflicto. Como tratar con el mismo rasero a sindicados de ambas partes. Y siempre en vista del bien supremo: la paz.
por Cristina de la Torre | Jun 17, 2014 | Junio 2014, La paz, Proceso de paz, Sin categoría
En plebiscito clamoroso por la paz, una mayoría de colombianos ratificó su respaldo a un hito de nuestra política en décadas: la solución negociada del conflicto que avanza en La Habana. El reelegido Presidente Santos declara no reconocer enemigos y convoca a la unidad de todos alrededor de aquel propósito supremo, el de una paz justa, duradera, sin impunidad, que acometa las “profundas reformas” que el país demanda. Hace bien pues, por otra parte, siete millones de sufragantes preferirían la solución militar del conflicto, o bien, endurecer las negociaciones en Cuba. Hecho de bulto que ningún demócrata podrá ignorar. Con más veras si se trata de la paz, finalidad moral del Estado de derecho que prevalece sobre todo interés de persona o de partido, pues apunta a evitar más muerte y destrucción. El nuevo Gobierno deberá tender la mano al Centro Democrático, fuerza primera de oposición, crear instancias de participación para que pueda oírse su voz y la de todas las colectividades políticas, y conciliar sobre lo fundamental -dirían los ingleses. Podrá ser una mesa de diálogo y negociación pluripartidista. Sin lo cual un eventual acuerdo con las guerrillas estaría cojo, pues quedarían en la contraparte cabos sueltos de violencia.
También Clara López, candidata de la izquierda, reivindica la paz como política de Estado, de interés nacional, y ata el reconocimiento de la oposición a su participación en la confección de esa política. De donde desprende la propuesta de llevar a la mesa de La Habana no sólo al uribismo sino a la izquierda y a las organizaciones sociales. Lance que podría diluir el poder decisorio de la comisión del Gobierno -presidida con lujo de inteligencia y energía por Humberto de la Calle-, anarquizar las negociaciones de paz y liquidar todo lo logrado a la fecha.
Es que el presidente Santos es a la vez cabeza del Estado y jefe del Gobierno. En su iniciativa de paz traduce ya una decisión de Estado y, como Gobierno, la ejecuta. Además, lo pactado se someterá a referendo, de modo que puedan pronunciarse amigos y enemigos de los acuerdos de paz. Y, por si fuera poco, en el Congreso debatirán lo mismo Jorge Enrique Robledo y representantes del vetusto poder de los señores de la tierra… y de la guerra. Cosa distinta, aunque no menos eficaz, sería esta mesa multipartidista, cuyas deliberaciones tendrán que iluminar las negociaciones de La Habana. Y un complemento crucial, siempre postergado, será el estatuto de oposición. Sin garantías de igualdad para todos los partidos en la competencia política, la democracia es un decir. Así lo reclaman López, Ramírez, Zuluaga y Uribe, voceros señalados de los partidos de oposición en Colombia.
En su discurso de victoria, no ocultó el Presidente el talante reformista que animará su nuevo Gobierno, enderezado a “construir un país más justo e igualitario”, Paz con Justicia Social. Obligante ha de resultarle esta perspectiva, visto el aporte decisivo de izquierdas e independientes en la ratificación de su mandato. Y previsible también pues, no hipotecado ya a una segunda reelección, sin nada que perder y todo por ganar, podrá Santos salvar ambigüedades y vacilaciones para pasar a la historia como el reformador liberal que lo fueron sus ancestros. Aunque nada será fácil, a lo menos volverá el país a la deliberación libre entre ideologías y propuestas diferenciadas. Precondición ideal de democracia.
Si de edificar la paz se trata, el nuevo Santos tendrá que pasar de las palabras a los hechos: emprender las reformas que las elites colombianas le birlaron siempre a su pueblo, llámense reforma agraria, o salud como derecho ciudadano hoy convertido en negocio de EPS. Que se vea.
por Cristina de la Torre | May 27, 2014 | La paz, Mayo 2014, Proceso de paz
Paso decisivo hacia la paz, un acuerdo con las guerrillas en La Habana será, no obstante, la mitad de la faena. Si se quiere conjurar todo factor de violencia política y propiciar el advenimiento de un país más justo, será preciso acometer la segunda fase de la tarea: negociar con la ultraderecha, representada en el uribismo duro. Se habrá encarado así a los dos extremismos del conflicto armado. A las Farc, por un lado, trocada su infinita capacidad de daño (en particular con el secuestro) por el derecho de ingresar en la política. A la derecha impenitente, por el otro, a donde vinieron a parar narcotraficantes, paramilitares autores de masacres sin fin y sus aliados militares y políticos. Fuerza no menos perniciosa que las Farc, rebosa el uribismo indulgencia con el delito; pero su ascendiente en sectores considerables de la sociedad no siempre lleva esa impronta. De otro lado, sin el debilitamiento militar que su líder causó a la guerrilla, no estaría ella sentada a la mesa de diálogo.
Se empezaría por dar trato simétrico de justicia transicional a todos los actores de esta guerra: a guerrilleros, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, incursos en crímenes asociados al conflicto. Para no repetir la afrenta de favorecer a unos y a otros no. Como sucedió con el Palacio de Justicia, por cuyos excesos pagan cárcel oficiales del Ejército y ningún jefe del M19. Por lo que hace a reformas sociales y políticas, se impone respetar la movilización popular que las demanda, y garantizar la plural concurrencia de propuestas en el Congreso, escenario natural del proceso que da al cambio figura de ley.
Desde luego, si fuera el Centro Democrático el agraciado en segunda vuelta, resultaría superflua una negociación de “yo con yo”. Entonces deberá permitirse y responder con eficacia a la expresión libre, plena de partidos y movimientos sociales en procura del derecho a la paz, a la reconciliación, a la recuperación de la tierra arrebatada y la satisfacción de las víctimas, como lo dicta la ley. Al derecho de edificar una Colombia nueva. Cosecha que en otro escenario hubiera resultado de una mesa de diálogo con el uribismo. Y, en todo caso, entregar al pueblo la decisión última de la paz, pues ésta no podrá ser prerrogativa exclusiva de las minorías beligerantes.
El acuerdo de La Habana no concede amnistía general. Pero ofrecería elasticidad en ciertas penas, siempre al tenor del derecho internacional, con trato igual para todos los señores de la guerra. A muchos financiadores forzosos del paramilitarismo podría exonerárseles de culpa. Piensa Gustavo Duncan que en zonas azotadas por la guerrilla sólo se legitimaría el proceso de paz si las concesiones judiciales que se le den a la guerrilla se extienden a los ganaderos, empresarios, políticos y población civil víctimas de la guerra. No se trataría de legitimar a los paras o a las Farc, sino al proceso de paz.
Gane quien gane la Presidencia, sin una voluntad titánica de concertación que salve abismos entre elites, no podrá el elegido gobernar. Peor aún, podrá redoblarse esta guerra demencial, aupada desde la cumbre uribista por el odio, el revanchismo y la ciega determinación de prevalecer demoliendo las instituciones democráticas. Ya reaparecen síntomas de involución a un pasado reciente que parecía superado. El anónimo comentarista de una columna donde Andrés Hoyos le pide con argumentos a Zuluaga renunciar, escribe un libelo de vivas a Uribe, el “salvador de Colombia”, y remata: “que mueran todos los guerrilleros y asquerosos perros comunistas de la izquierda”. Es hora de diversificar el diálogo. De devolverles a los enemigos su noble condición de adversarios políticos.
