por Cristina de la Torre | Sep 24, 2013 | Uribismo, Corrupción, Septiembre 2013
Una cosa es capitanear a las derechas, opción que la democracia respeta; otra, mofarse del dolor de un país agobiado por el peso de sus muertos a manos, sobre todo, del narcotráfico con anuencia de políticos. La lista de Uribe al senado, anunciada como renovación de la patria es, por el contrario, perpetuación del viejo con sabor a país en clave de parapolítica. Mascarada desafiante, rehabilita en la parentela del gamonalismo sus lazos con mafias y exfuncionarios públicos sindicados de corrupción. Todo ello, cuando Colombia y la Corte Penal Internacional esperaban respuesta de Uribe a la sindicación del Tribunal Superior de Antioquia sobre supuestos vínculos suyos con el paramilitarismo. Y registran con alarma las amenazas de muerte que desde entonces se ciernen sobre el autor del pliego, magistrado Rubén Darío Pinilla. Esperaban también claridad sobre acusaciones de asociación con paramilitares que llevaron a la cárcel a Luis Alfredo Ramos, exgobernador de ese departamento y el más seguro candidato del uribismo a la presidencia. Por gracia del destino aparece en la lista de Uribe el hijito de este cacique, sin más mérito que el de llevar el nombre del sindicado, y dudosas posibilidades de devolverle el honor al apellido.
En esta comparsa que sólo innova extendiendo el nepotismo del Ejecutivo al Parlamento, descuella la exministra Maria del Rosario Guerra. Sucesora de su clan cuasifeudal en Sucre, es esposa del presidente de Fedepalma e hija del senador perpetuo José Guerra Tulena; su tío Julio César, gobernador del departamento, acababa de ratificarle a La Gata negocios teñidos de sangre. A su lado, José Obdulio Gaviria, ideólogo de cabecera del entonces presidente Uribe, no obstante haber recibido regularmente estipendios de su primo, Pablo Escobar, si hemos de creer a su hermano, Roberto Escobar. Dos hermanos de José Obdulio fueron a la cárcel por narcotráfico y a un tercero, Carlos Alberto, se le asocia con el asesinato de Guillermo Cano. No existe en Colombia el delito de sangre. Pero sí avergüenza la desfachatez de Uribe para concederle al narcotráfico el más elevado poder simbólico en los cargos que dio a su amigo.
Mas no es todo. En la lista figura también Honorio Henríquez Pinedo, sobrino del condenado por parapolítica Miguel Pinedo Vidal. Y la esposa de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, elementos de cuya organización tuvieron trato y negocios con los Castaño en Urabá. Y Susana Correa, cercana al PIN y miembro de familia poderosa del Valle que resultó beneficiaria de AIS. Y Fernando Araújo, en gracia de ser hijito del excanciller de Uribe. Y Paloma Valencia, ficha de Fernando Londoño. Nieta del expresidente Valencia e hija de congresista, eleva a categoría de “teorizante” su habilidad para distorsionar hechos y argumentos hasta dar por verdad un absurdo. ¿Se arrepentirá de haber militado en Alas Equipo Colombia, emporio de la parapolítica? Y Alfredo Rangel, que exhibe don retórico parecido al de Paloma. Serán estos dos, parlamentarios aguerridos. Y Ana Mercedes Gómez, parte del notablato conservador en Antioquia exdirectora de El Colombiano y ficha de Fabio Valencia Cossio, cuyo hermano, el exfiscal, anda preso por vínculos con la mafia. Y…
Con bancada tan pobre y de oscura condición, no dará el uribismo la talla en los debates que el posconflicto imponga. Quizá tampoco el propio Uribe, más proclive al agravio personal que a la razonada confrontación de ideas: rezará la oración de los tres huevitos y sus nostalgias de guerra, mientras el país estalla hacia horizontes que desbordaron a Uribe hace rato. Como anacrónica y afrentosa resulta su selección al Senado, cándido remedo de la Lista Clinton.
por Cristina de la Torre | Ago 27, 2013 | Uribismo, Corrupción, Agosto 2013
Crece con los días el asombro. Conforme se acercan las elecciones, una faceta esquiva de su carácter va suplantando en Uribe la reputada franqueza: una fría disposición a la doblez. Debutante en la privatización de Isagén, ahora simula escandalizarse porque quieran vender las acciones que al Estado le quedan en esta empresa. Ardoroso promotor del TLC con Estados Unidos y protector de su entonces ministro Uribito cuando se lo pilló regalando los subsidios de AIS a los ricos, hoy el expresidente dizque apoya a los campesinos, que son víctima de aquellas políticas. Y, poniendo sordina a su frustrado intento de convertir en rebeldes políticos a miles de narcos y paramilitares, le indigna que este Gobierno negocie con terroristas en La Habana. Santos empolla, sí, el huevo neoliberal que Uribe le legó; pero rompe, valiente, el de la “seguridad” que asfixia el anhelo más sentido de Colombia en 60 años, la paz. Afrenta intolerable para quien ganó fama y gloria y votos botando fuego y en ello cifra su suerte electoral. Como cifra su prestigio Santos en la finalización del conflicto, aunque por otro lado entrega el remanente de lo público al capital privado, y con los TLC le inflige al agro estocada de muerte.
“Los políticos fueron los que vendieron la patria con los TLC, y ahora resultan haciéndose los `buenecitos´”, declaró el dirigente campesino César Pachón. Por efecto de la apertura económica, dice, producir una carga de cebolla cuesta $65.000 y se vende en $10.000. Guante a la cara de presidente y expresidente. Mas en punto al despojo de tierras, unas son manzanas y otras, peras. Tras apropiarse a la brava de 4 millones de hectáreas, nada devolvieron a sus víctimas los paras “desmovilizados” en el pasado gobierno. La Ley de Restitución de Tierras que Santos logró contra la férrea oposición del uribismo, ha debido arrancar con otros predios. Poco o nada dijo Uribe contra aquellos despojadores o sus aliados políticos, la tajada más robusta y mimada de su bancada parlamentaria. Poco o nada, su precandidato Francisco Santos, a quien señalaron algunos como presunto animador del Bloque Capital de los paras. Poco o nada, Luis Alfredo Ramos, otro de la baraja uribista, que reconoció haber tratado con jefes paramilitares; incidentes de la especie que a otros políticos pusieron tras las rejas. Tan elásticos ellos en tratándose del paramilitarismo, tan rígidos con la justicia de transición hacia la paz.
Al lado de la imprevisiva apertura comercial y del reordenamiento violento del campo, lleva el país dos décadas desmantelando el Estado. Isagén, uno de sus últimos tesoros, ya está en venta. El pasado gobierno concentró el proceso privatizador: Ecopetrol, Telecom, Ecogas, Isagén, electrificadoras, aeropuertos, hospitales públicos que el entonces ministro Palacios declaraba “no rentables”. En 2007 se vendió el 10% de Isagén, a razón de $1.300 la acción; quince días después, ésta valía $2.000. El detrimento patrimonial subió a $500.000 millones. También con Uribe despegó la privatización de Ecopetrol: se vendió la acción a $1.330 y hoy ronda los $4.000. Antecedente dramático del desmonte del Estado empresario, la venta de Carbocol en el gobierno de Andrés Pastrana, por 400 millones de dólares; a las dos semanas, la empresa valía US1.200 millones. Ahora Santos remata con la venta total de Isagén.
Si a Uribe y Santos los hermana el modelo de apertura y privatización, en política los separa el abismo que media entre la guerra y la paz. Si el presidente reconsiderara la insensatez de feriar el Estado; si se decidiera a renegociar el TLC, quedaría Uribe reducido a solazarse en su imagen propia, en la autocomplacencia de sus pueriles dobleces.
por Cristina de la Torre | Jun 1, 2010 | Uribismo, Corrupción, Junio 2010
El director del DAS, Felipe Muñoz, me dirige carta para discrepar de mi afirmación aparecida en este espacio el 11 de mayo, según la cual cerrar esa entidad en este momento sería “ahogar la investigación de crímenes que conducen a la Casa de Nariño”. Estima el funcionario que tal aseveración “dista de la realidad”. Que forma parte de ideas erróneas que el proyecto de crear una nueva agencia civil de inteligencia ha suscitado, como ésta de atribuirle la intención de “tapar” o afectar la investigación de la Fiscalía por las interceptaciones ilegales. Al contrario, dice, “hemos prestado la máxima colaboración a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido e individualizar las responsabilidades; corresponderá a la justicia fallar en derecho”. Por otra parte, Muñoz propende a la creación de una nueva entidad que, despojada de funciones que no le competen, se concentre en su misión real de inteligencia y contrainteligencia.
Loable propósito el suyo, dice de la buena fe que lo anima e informa la diligencia del alto funcionario en su colaboración con la justicia que adelanta las pesquisas del caso. Pero mi afirmación no dista de la realidad. Es conclusión inevitable de hechos revelados por la propia Fiscalía y que, al lado de la parapolítica y los falsos positivos, configuran el mayor escándalo que haya convulsionado a Colombia en décadas. Porque la cadena de implicados no se contrae a mandos medios o a dos exdirectores del DAS sino que penetra hasta la casa de Gobierno. En el último debate de Caracol con los candidatos presidenciales, Vargas Lleras habló de “una organización criminal orquestada desde la Presidencia”. Rafael Pardo señaló que la conspiración montada contra otro poder público, la Justicia, congregaba al DAS, la UIAF y la Presidencia, en un abuso inaudito de poder. Mockus señaló “una responsabilidad que la sociedad no le ha cobrado al Presidente”.
El último hecho conocido es la declaración de Germán Ospina, exdirector del Goni en la entidad, para indicar que se filtró información contra la Corte para neutralizarla, “por orden de Presidencia”. El fiscal delegado ante la Corte declaró que el alto Gobierno recibía informes contra ella y “los direccionaba”. Según la Fiscalía, el DAS sustrajo expedientes reservados e información personal de los magistrados y grabó ilegalmente sesiones de la Sala Plena con destino al Gobierno. Informó que en 2008 hubo dos reuniones en la Casa de Nariño para discutir estos pormenores con funcionarios de Palacio.
Se sabe de autos que en los últimos años el DAS derivó en policía política y funcionarios suyos resultaron asociados con paramilitares. La entidad destinada a velar por la seguridad del Estado se consagró a espiar y perseguir a quienes en ejercicio de la ley o de las libertades ciudadanas se apartaban de los intereses políticos de un gobernante en particular. El asedio tendido sobre jueces, periodistas y opositores rubricó el renacimiento de la politización de la Inteligencia del Estado, cuyo clímax tuvo lugar en tiempos aciagos de la Violencia.
Si, razón le asiste a Felipe Muñoz: hay que convertir al DAS en una entidad de carácter civil, profesional y apolítico que produzca información y análisis enderezados a garantizar la seguridad del Estado y la democracia. Pero darle ahora “cristiana sepultura”, de sopetón, como lo propone Santos, pondría en riesgo la existencia de expedientes y pruebas que desaparecerían en el remolino de la disolución. Antes ha de aparecer el director de esta orquesta, el que daba las órdenes, el responsable político. Así lo pide el Presidente de la Corte. Y el país, que se ha alzado contra la tropelía. Y quiere elegir a Mockus Presidente, para que ningún Job vuelva jamás a conspirar desde la Casa de Nari contra el poder Judicial.
por Cristina de la Torre | May 11, 2010 | Uribismo, Corrupción, Mayo 2010
Cerrar el DAS, como lo propone su director, sería ahogar la investigación de crímenes que conducen a la Casa de Nariño. La contundencia de documentos y testimonios en poder de la Fiscalía sobre tropelías de este organismo en los últimos años, confirma una realidad de espanto: en la guerra política contra magistrados de las altas Cortes, opositores, sindicalistas, periodistas y organismos de derechos humanos, el paramilitarismo actuó como aliado funcional de la cúpula del DAS, no como infiltrado de ocasión. Y todo indica que con conocimiento de Palacio. Ingrediente terrorífico, el gatillo de la mafia disparó la brutalidad del órgano de seguridad del Estado que degeneró en policía política y cometió delitos de lesa humanidad. Hostigamientos, chantajes, tortura sicológica, sabotajes, montajes, autoatentados, uso de explosivos y asesinatos alcanzaron su mayor ferocidad cuando se puso en riesgo el poder absoluto y arbitrario del Gobierno. Se persiguió a magistrados tibios con la reelección de Uribe y a los que llevaban procesos por parapolítica. Mientras el DAS hostilizaba al senador Petro, el Presidente lo señalaba como terrorista vestido de civil. “Mi pecado fue mostrar las vísceras del poder político (asociado) con la fracción más salvaje del narcotráfico, el paramilitarismo”, explicaría el candidato de oposición.
Con el rigor que la distingue, Maria del Rosario Arrázola desenreda en El Espectador (mayo 2) el hilo grueso de esta madeja siniestra: hoy se sabe que los paramilitares se enlazaron con el órgano de seguridad dirigido por el Presidente, para infiltrar a la Corte Suprema mediante una empresa de seguridad privada llamada Control Total. Su gerente, Juan Felipe Sierra, asiduo de los consejos comunales de Uribe en Antioquia, resultó conectado con la banda de “don Mario”; también lo estuvo Guillermo Valencia Cossio cuando fungía como director de Fiscalías en ese departamento. Seleccionada en 2003 por el Departamento Administrativo de Presidencia para brindar seguridad a jefes desmovilizados de las AUC, Mancuso comprendido, Control Total trabajó también con Victoria Restrepo, funcionaria de Acción Social de la Presidencia. Según Arrázola, en 2005 se supo que Jorge 40 conocía los operativos del DAS y las “listas de personas por asesinar”. El exfuncionario del DAS Rafael García probó que autodefensas de la Costa seguían delinquiendo amparadas por información del DAS y reveló que hubo listas de asesinados que salieron de ese organismo. “El paramilitarismo hizo de las suyas –escribe la investigadora- uniendo sus tentáculos a quienes le dieron el privilegio de escoltar a sus jefes, es decir, a Control Total”. Mancuso acaba de confirmar el montaje de Tasmania que se urdió contra el magistrado de la Suprema, Iván Velásquez, cabeza del proceso contra la parapolítica. Agregó que dos hombres suyos (de Mancuso) habían hecho el puente con el entonces director del DAS, Noguera. Y que Control Total había participado en la infiltración y seguimientos a la Corte Suprema.
Por su parte, El Alemán declara que Narváez, exsubdirector de la entidad y creador del G3, instaba a los paras a exterminar a opositores, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Entre tanto, Uribe los trataba como “traficantes de derechos humanos”. En reciente debate parlamentario, el senador Avellaneda denunció que 124 educadores asesinados en los últimos tres años figuraron en listas negras del DAS. Acaso en un último intento por ocultar la fea verdad, el Presidente presiona el nombramiento del Fiscal de sus afectos y la extradición de otros dos jefes paramilitares que se llevarían el secreto de quiénes eran sus compinches en la cumbre del poder político, empresarial y militar. Con la clausura del DAS sellaría su homenaje críptico a la impunidad.
por Cristina de la Torre | Abr 20, 2010 | Uribismo, Corrupción, Abril 2010
Las chuzadas son lo menos. Emulando prácticas de la GESTAPO, el DAS ha ejecutado un plan criminal envolvente contra la Corte Suprema y contra la oposición. Conspiración de Estado lo llamó Jaime Arrubla, Presidente de la Corte, no bien la Fiscalía reveló pruebas –no ya indicios- de un complot activado al parecer con beneplácito de la Casa de Nariño. La celada comprende infiltración en el máximo tribunal de justicia, espionaje, amenazas y chantajes, campañas de descrédito, guerra jurídica, auscultación de patrimonios privados, sabotaje, terrorismo (con explosivos o incendio)… y asesinatos.
Lo que ayer era sospecha hoy es evidencia. Las declaraciones de la cúpula del DAS ante la Fiscalía desnudan el complot de cuerpo entero y comprometen por vez primera a funcionarios del alto Gobierno. Su ex directora confesó que el organismo desarrollaba esas tareas “por requerimiento de la Casa de Nariño”. El ex director de Inteligencia reconoció que dos veces se reunieron sus hombres con otros tantos de Palacio, entre ellos, César Mauricio Velásquez y Bernardo Moreno, quienes alistan maletas para ocupar las embajadas de Italia y España. Fernando Ovalle, entonces directivo del DAS, había declarado que tal información se acopiaba “para asesorar al alto Gobierno”. Otra reunión entre cúpulas hubo con Job, emisario de don Berna en Palacio, para complotar contra la Corte. A ella concurrió Martha Leal, segunda de la Directora del DAS. Según Semana, la detective Nancy Romero confesó que a ella se le había ordenado transcribir un CD con conversaciones privadas entre magistrados, cuyo destino final era el Presidente. Y en el episodio del paramilitar Tasmania, montado para desprestigiar al magistrado Iván Velásquez, estrella del proceso contra la parapolítica, se vieron involucrados el secretario de Presidencia, el hermano y el primo del Primer Mandatario. De donde la Fiscalía concluye que el DAS no actuaba solo: el fiscal delegado ante la Corte expresó que el alto Gobierno recibía esos informes y, además, los “direccionaba”. Ya no es dable, pues, ocultar a los promotores o encubridores de la conspiración, sus responsables políticos.
En epílogo melancólico de su gobierno, el Presidente defiende atropelladamente a sus hombres: pongo las manos en el fuego por ellos, dijo. También las puso larga, apasionadamente, por su primer director del DAS, Jorge Noguera, un “buen muchacho” que resultó sin embargo implicado en tres asesinatos –el del profesor Correa D·Andreis entre ellos- y acusado de poner la entidad al servicio del paramilitarismo.
El DAS se convirtió en policía política contra la masonería y el comunismo, como reza el catecismo Astete, y trabajó de la mano con los paras. Se politizó el órgano encargado de la seguridad del Estado y devino en antro del crimen, donde detectives y mafiosos conviven ante la mirada impávida del Gobierno que lo preside. Para muestra un botón del tamaño de una catedral: informa El Espectador (18-4-10) que Rodrigo García, hermano del paramilitar Doble Cero, declaró haber visto a José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, de visita en la finca de Carlos Castaño dos días después del asesinato de Jaime Garzón.
Imposible seguir reduciendo esta cruzada siniestra a “choque de trenes” entre jueces y Gobierno, a riña de niños responsables por igual de sus intemperancias. Vana pretensión que hoy naufraga en una ola de hartazgo con este régimen de corrupción, demagogia, crimen, arbitrariedad y abuso de poder. El destape anuncia un terremoto: aunque Petro o Mockus no alcanzaran la Presidencia, ya media Colombia se muestra dispuesta a cambiar el rumbo. A conquistar lo que en cualquier democracia es pan del diario vivir, no un lujo: erradicar la corrupción y el crimen. Y juzgar a sus responsables.
