Cerrar el DAS, como lo propone su director, sería ahogar la investigación de crímenes que conducen a la Casa de Nariño. La contundencia de documentos y testimonios en poder de la Fiscalía sobre tropelías de este organismo en los últimos años, confirma una realidad de espanto: en la guerra política contra magistrados de las altas Cortes, opositores, sindicalistas, periodistas y organismos de derechos humanos, el paramilitarismo actuó como aliado funcional de la cúpula del DAS, no como infiltrado de ocasión. Y todo indica que con conocimiento de Palacio. Ingrediente terrorífico, el gatillo de la mafia disparó la brutalidad del órgano de seguridad del Estado que degeneró en policía política y cometió delitos de lesa humanidad. Hostigamientos, chantajes, tortura sicológica, sabotajes, montajes, autoatentados, uso de explosivos y asesinatos alcanzaron su mayor ferocidad cuando se puso en riesgo el poder absoluto y arbitrario del Gobierno. Se persiguió a magistrados tibios con la reelección de Uribe y a los que llevaban procesos por parapolítica. Mientras el DAS hostilizaba al senador Petro, el Presidente lo señalaba como terrorista vestido de civil. “Mi pecado fue mostrar las vísceras del poder político (asociado) con la fracción más salvaje del narcotráfico, el paramilitarismo”, explicaría el candidato de oposición.
Con el rigor que la distingue, Maria del Rosario Arrázola desenreda en El Espectador (mayo 2) el hilo grueso de esta madeja siniestra: hoy se sabe que los paramilitares se enlazaron con el órgano de seguridad dirigido por el Presidente, para infiltrar a la Corte Suprema mediante una empresa de seguridad privada llamada Control Total. Su gerente, Juan Felipe Sierra, asiduo de los consejos comunales de Uribe en Antioquia, resultó conectado con la banda de “don Mario”; también lo estuvo Guillermo Valencia Cossio cuando fungía como director de Fiscalías en ese departamento. Seleccionada en 2003 por el Departamento Administrativo de Presidencia para brindar seguridad a jefes desmovilizados de las AUC, Mancuso comprendido, Control Total trabajó también con Victoria Restrepo, funcionaria de Acción Social de la Presidencia. Según Arrázola, en 2005 se supo que Jorge 40 conocía los operativos del DAS y las “listas de personas por asesinar”. El exfuncionario del DAS Rafael García probó que autodefensas de la Costa seguían delinquiendo amparadas por información del DAS y reveló que hubo listas de asesinados que salieron de ese organismo. “El paramilitarismo hizo de las suyas –escribe la investigadora- uniendo sus tentáculos a quienes le dieron el privilegio de escoltar a sus jefes, es decir, a Control Total”. Mancuso acaba de confirmar el montaje de Tasmania que se urdió contra el magistrado de la Suprema, Iván Velásquez, cabeza del proceso contra la parapolítica. Agregó que dos hombres suyos (de Mancuso) habían hecho el puente con el entonces director del DAS, Noguera. Y que Control Total había participado en la infiltración y seguimientos a la Corte Suprema.
Por su parte, El Alemán declara que Narváez, exsubdirector de la entidad y creador del G3, instaba a los paras a exterminar a opositores, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Entre tanto, Uribe los trataba como “traficantes de derechos humanos”. En reciente debate parlamentario, el senador Avellaneda denunció que 124 educadores asesinados en los últimos tres años figuraron en listas negras del DAS. Acaso en un último intento por ocultar la fea verdad, el Presidente presiona el nombramiento del Fiscal de sus afectos y la extradición de otros dos jefes paramilitares que se llevarían el secreto de quiénes eran sus compinches en la cumbre del poder político, empresarial y militar. Con la clausura del DAS sellaría su homenaje críptico a la impunidad.