ALARMA, POSCONFLICTO A LA VISTA

Siente la ultraderecha pasos de animal grande: a cada nueva señal de paz, toca a rebato. Como las visitas de Timochenko a La Habana acercan el acuerdo final con las Farc, el ministro de Defensa ensancha la tronera del boicot a las negociaciones con esa guerrilla. Si fuera infiltrado del uribismo en el Gobierno, no lo haría mejor. Esta vez hasta superó al vociferante Ordóñez. Y Álvaro Uribe, en insólito alarde de moralidad, protesta y acusa y amenaza, mientras pretende todavía echarle tierra a la largueza inaudita que informó su negociación con el paramilitarismo. Que en su gobierno buscara conversar de paz con las Farc mientras las apaleaba, es revelación que lo enaltece. De no haberlas acorralado militarmente, no estarían ellas hoy en diálogo para trocar armas por votos. Lo que ofende es la hipocresía de sabotear el proceso que su sucesor asumió, con eficacia y respeto por la Constitución, incendiando a la galería por mucho menos de lo que él intentó. Santos ni siquiera contempló la zona de despeje que Uribe había ofrecido. No está claro, sin embargo, si tal obsesión responde a celos o envidias inconfesables, o a un diseño más enjundioso que le impide saludar el advenimiento de una Colombia en paz. Es que la paz despoja a la reacción de su razón de ser. Sin padre a la vez protector y terrorífico, sin recurso al miedo, se evapora el elan que transforma a los seguidores de su líder en rebaño; sin parapolíticos ni señores de la guerra, periclita su aparato de poder.

Debe de exasperarle también a esta derecha montaraz que el posconflicto llegue a traducirse en plan concreto de rescate y desarrollo de la Colombia profunda, la más atormentada por la guerra. Propuesta a diez años modulada con rigor, conocimiento de causa y previsión de costos por la senadora Claudia López. Convocatoria a construir paz que debería concitar en las elites el mismo entusiasmo con que contribuyeron ellas a financiar la guerra. Más, siendo beneficiarias del despertar económico de un país sin conflicto. Será coyuntura ideal para limar desigualdades, en particular entre regiones. El posconflicto exige estrategias territoriales de paz capaces de redimir a los 15 millones de colombianos que habitan los 368 municipios abandonados a las peores crueldades de la guerra. Víctimas inermes de la dictadura que allí les montaron guerrilleros y paramilitares. Se trata ahora de reemplazar aquellos poderes de facto por los titulares de la legalidad: el alcalde, el juez, el concejal, el personero, el comandante de policía. Y la comunidad organizada.

En su jerarquía de prioridades inmediatas, propone López tres ejes de inversión que sumarían $93 billones en la década. El primero, para construir ciudadanía y Estado, creando instituciones al lado de las autoridades locales, de modo que participe la comunidad en el trazado del desarrollo y vigile su ejecución. Segundo, para “reemplazar a los bandidos”, construyendo Estado con la propia gente, in situ. Fortalecer sus fuentes de recursos actualizando el catastro y formalizando la propiedad rural. Y, por fin, el destino principal de la inversión, en función de la equidad y la inclusión: salud, educación, vivienda, vías, asistencia técnica.

¿Tímida esta propuesta? ¿Confiscatoria? El debate está servido. Venga la controversia entre la gama entera de fuerzas políticas, ahora remitida a desafíos que desbordan la política menuda. El presidente Santos será responsable de honor del posconflicto, porque una mayoría de colombianos lo eligió para que hiciera la paz. Del uribismo se esperan iniciativa creadora, imaginación y compromiso con el pueblo que sigue a su líder y no se conforma ya con dianas de alarma cuando se avanza hacia la paz.

URIBE: SU PALABRA ES LA LEY

Si el recién creado partido uribista deriva en organización moderna y ejerce oposición creadora, será una contribución sustantiva a la democracia. Pero poco en su natural lo promete. El que se anuncia como partido de cuadros –de militantes informados y con carnet- probablemente expire antes de ver la luz, bajo la bota del caudillo cuya palabra es la ley. Su destino parece trazado ya por la pasión populista, proclive a la masa crédula que el nuevo partido seguirá cultivando en talleres democráticos como extensión de los eficacísimos consejos comunales del entonces Presidente Uribe y por medio de emisoras locales. Asambleas y arengas por radio que potencian el llamado Estado de opinión, matriz común a Uribe, Chávez y Fujimori. Tal vez por eso publicita el expresidente a su colectividad, no sólo como partido de cuadros, sino de opinión.

Por otra parte, tendrá el uribismo que buscar con lupa autoridad moral y política para librar sus debates como fuerza de oposición. Contra la mermelada, habiendo sido el uribato el experimento político más corrupto en la historia reciente de Colombia. Contra la supuesta impunidad que favorecería a las Farc, desde un uribismo que persiguió con saña a la Corte que juzgaba a su bancada de parapolíticos, favoreció como desmovilizados a miles de narcotraficantes que pasaron por autodefensas, y propició la fuga de dignatarios de su Gobierno reclamados por la justicia. Anuncia el senador uribista Alfredo Rangel la oposición de su partido a una “paz con impunidad… queremos que los responsables de los crímenes de la guerrilla paguen cárcel”. Mas Iván Cepeda, senador del Polo, hará debate “por la responsabilidad que le cabe a Uribe en el tema del paramilitarismo”; y otro, Claudia López, para que se defina cuáles expedientes del ahora senador deben pasar a la Corte Suprema. Cosa distinta podrán ser las iniciativas legislativas del Centro Democrático como gabinete en la sombra, por el rigor y la calidad del debate que cada contrapropuesta de gobierno exige.

Emulando a los partidos comunistas del siglo pasado, la nueva organización impone representación de mandato imperativo y disciplina de voto a su bancada parlamentaria. Pero ni el mandato ni el voto de los congresistas obedecen aquí a programa dictado por las bases del partido sino por un jefe todopoderoso. Sometido a disciplina rigurosa, ningún parlamentario del CD podrá votar por convicción propia, ni dialogar con ministro o agente de organismo de control sin visto bueno del partido-jefe. A la manera de todos los autoritarismos que en el mundo han sido. Será Uribe sol, norte y guante de hierro para ellos. Como lo ha sido desde el nacimiento del CD, en la convención que prefabricó la candidatura de Zuluaga y en la más reciente, donde se apoderó del micrófono y ofició de maestro de ceremonias durante cinco largas horas, en ejercicio redivivo de consejo comunal.

Personalismo obsesivo reorganizado sobre los poderes regionales más violentos y retardatarios que fueron bastión del uribismo.  Así desvirtúa este líder carismático al partido y su programa que dijo fundar, lo reduce al humor de sus carnitas y sus huesitos. A su acomodaticio Estado de opinión, que se resuelve en adulación plebiscitaria de una celebridad que aspira a vivir siempre de la democracia del aplauso. Aunque merma en Colombia la audiencia de quienes entregan su libertad al anhelo de obedecer sin mirar a quién, y terminan por rendirse al poder único, tutelar, terrible de un demagogo, de un patriarca, de un tirano. De algún egócrata. Y en el trasfondo, como escribe Michels, “entre las ruinas del viejo mundo moral de las masas queda intacta la columna triunfal de la necesidad religiosa”.

EQUILIBRISMO DE PATRIA BOBA

Le llegó a Santos el momento de las definiciones ineludibles. Entró en crisis su equilibrismo paralizante que, por dar gusto a todos, borra siempre con el codo cada letra escrita con la mano. Si se la jugó por acabar la guerra, tendrá ahora que apostar todos sus reales a las reformas que conducen a la paz. Se impone el diálogo con el uribismo, claro. Y tendrá que gobernar con los partidos de la Unidad Nacional, a los que habrá de comprometer con el cambio. No sacrificar a precio de Ñoño las reformas que las mayorías reclaman hoy  por boca de la izquierda, del movimiento  social, de vastos sectores de opinión. Fuerzas decisivas en la reelección, harán ellas sentir su peso político y electoral. Desde la independencia o desde la oposición creadora, procederán ya para defender los acuerdos de La Habana; ya para batallar por un estatuto de oposición; ya para impugnar el adefesio de la reforma tributaria en ciernes que, lejos de afectar a terratenientes y banqueros o gravar las rentas del capital, reducirá el impuesto al patrimonio y elevará el IVA.

Dato inesperado del nuevo cuadro político: nace la izquierda como fuerza decisoria. Como Frente Amplio por la Paz y en perspectiva de coalición electoral para los comicios regionales de 2015 y los presidenciales de 2018. Las organizaciones de izquierda apuntan, por fin, a convertirse en alternativa de poder. Marchan hacia un frente social y político, la mira puesta también en campesinos, indígenas, afros, trabajadores, mujeres y población LGBTI.

Al extremo derecho del escenario se dibuja el otro hecho extraordinario: por vez primera en casi un siglo un conservadurismo hirsuto preside la oposición. Porfía Uribe en protagonizar aquella oposición, en ser destinatario único de cualquier avenimiento con el poder, y gratuito beneficiario de los siete millones de votos que Zuluaga recibió. No bien reconoció gallardo este candidato el triunfo de su rival, lo desautorizó Uribe descalificando la elección. Y cuando se adivinó en Zuluaga disposición a conversar con Santos sobre la paz, corrió Uribe a nombrarlo presidente del Centro Democrático mientras se arrogaba la jefatura inapelable del movimiento. Tenía que cooptarlo antes de aquel desliz, que confinaría a Uribe por descarte en el corral solitario de sus odios y terrores.

Hasta razón tendrá. Tras la obsesión punitiva y vengativa contra las Farc parece agazaparse su propio pánico al castigo por crímenes  semejantes a los prohijados por los jefes de la guerrilla. Según Noticias UNO, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara cursan 276 demandas contra Uribe, 17 de ellas por vínculos con el paramilitarismo. Más allá de ajustes de procedimiento en los diálogos de paz que pudieran convenirse con la derecha, la pepa de un acuerdo posible apunta a la supervivencia de los jefes en ambos bandos. Los comandantes de las Farc esperan que no los maten. Y la contraparte podrá reivindicar trato simétrico de justicia transicional, con iguales prerrogativas judiciales y políticas para todos.

No se sabe si se perfila Zuluaga como mediador entre Santos y Uribe, o si, en tratándose de supervivencia, pretenda el expresidente capitalizar cualquier interlocución posible.  El alcance transformador del posconflicto bien podrá encauzarse como lucha partidista y popular en el Congreso y en las calles. Ojalá no reincida Santos en sus ambivalencias y responda con valor a las exigencias de la hora. Que reconozca en la izquierda y el movimiento popular  protagonistas de primer orden en la búsqueda de un país nuevo. Y en la ultraderecha, la oposición conservadora, interlocutor válido para alcanzar una paz sin fisuras. Es tiempo de desterrar ambigüedades y equilibrismos de patria boba.

DOMESTICAR EL ODIO

Las heridas que esta guerra ha abierto en el alma de millones de colombianos no ofrecen el rojo espectáculo del puñal hendido en la carne del sacrificado; pero pueden doler más. Son laceraciones infligidas por una violencia que arrebata los seres amados, humilla en el dolor, desarraiga, puede aniquilar la identidad y matar toda ilusión. Violencia sin pausa ni distingos que, en los apremios de la huída, les hurtó a padres, madres, hermanos, hijos hasta el tiempo para la tristeza. Pero todo se envolvió en silencio, en indiferencia o en aplauso a quienes desde la cima del poder permitieron que el deber anti-insurreccional del Estado derivara en masacre de un pueblo inerme. Y los insurrectos respondieron con moneda parecida.

En el sur del país, la tercera parte de la población sufre de angustia y depresión. En Montes de María, 90 por ciento de las víctimas padecen el mismo mal. El duelo de las víctimas se ha congelado en el tiempo, escribe la sicóloga y representante a la Cámara Ángela María Robledo. Aquel mutismo, aquel ocultamiento intencional de lo vivido terminaron por sumirlas en la melancolía, en la culpa absurda de sentirse sobrevivientes, en la rabia. Rabia humillada, rabia ansiosa, rabia triste. Rabia de quienes, desaparecida su familia, no pueden elaborar el duelo, reconocer la pérdida para volver a ser los mismos. De no encararse a derechas, tal sentimiento podría reeditarse en odio y venganza y potencia recargada para la barbarie, advierte Robledo. Las víctimas piden condiciones para elaborar el duelo, verdad, reparación y justicia: justicia retributiva, vecina del castigo; justicia restaurativa, vecina del perdón; justicia transicional, para pasar de la guerra a la paz.

 Datos de espanto trae el Informe Basta ya del Centro de Memoria Histórica: entre 1958 y 2012, 220.000 personas murieron a causa del conflicto, casi todas civiles. Hubo 1.982 masacres, 27.000 secuestros, casi 30.000 desaparecidos (el doble de las dictaduras latinoamericanas juntas), 6 millones de desplazados, 5 millones de víctimas, y medio millón de mujeres y menores sometidos a violencia sexual. Marta Nubia Bello, coordinadora del trabajo, explica que tantas vivencias de terror y de barbarie han provocado miedo, tristeza, angustia y alteraciones en las víctimas que comprometen la integridad de su ser. El sufrimiento no atendido por profesionales preparados para otra Colombia, puede derivar en locura o en suicidio. Y acota: “el fin del conflicto armado es una condición para que las víctimas puedan sentirse seguras y reconocidas; para que puedan hablar, elaborar sus duelos, reclamar y retomar los proyectos que los armados destruyeron”.

 Ángela Robledo, por su parte, apunta que el mal sufrido ha de inscribirse en la memoria colectiva “para darle una nueva oportunidad al porvenir”. Oportunidad rubricada por la paz. Pero no una paz de vencedores, sino una negociada desde la política, que asigne responsabilidades a todos por igual.  Reconciliación habrá cuando guerrilleros, paramilitares y uniformados sin honor reconozcan sus culpas y pidan perdón.  Cuando también los vengadores hagan lo propio. Éstos, que se presentan como justicieros inocentes, deberán reconocerse como víctimas trocadas a su vez en victimarios.

 ¿Comprenderán Uribe y sus candidatos confesos –Ramírez y Zuluaga- que su boicot al proceso de paz es un llamado a perpetuar esta guerra atroz? En la disyuntiva inescapable que se ha abierto entre la guerra y la paz, ¿asumirán ellos la responsabilidad política por otros 220 mil muertos y otros 5 millones de almas desgarradas, o bien, aceptarán que a la paz  se llega por el perdón, y que su camino es la domesticación del odio?

NEOGOLPISMO

Cuando se ve la paz más cerca que nunca en medio siglo, una constituyente de Uribe y las Farc destruiría esta oportunidad irrepetible; peor aún, podría la ultraderecha soñar con trocar esa asamblea en instrumento del golpe de Estado que se estila hoy: el poder por asalto, guardando formas de legalidad. El poder que anhela Uribe para repetirse en él indefinidamente, cada vez más sometidos los poderes públicos a su égida personal y, derrotada toda idea de cambio, dar nuevas alas a la guerra. Y las Farc, ilusas, creyéndose con respaldo suficiente para neutralizar al contendor, se prestarían al juego marchando con los ojos vendados a liquidarlo todo. Primero, los acuerdos sudados en La Habana. La constituyente no sería entonces medio de refrendación de lo firmado sino escenario de nueva deliberación, librada ahora a lobos de la guerra para quienes dialogar y concertar es anatema. Como no sea dialogar y concertar y perdonar sin fórmula de juicio a los paramilitares.

 El uribismo es divisa política por antonomasia del nuevo país que emergió a la sombra del narcotráfico y sus ejércitos; de sus aliados en los partidos, en el notablato regional, en la Fuerza Pública. El haber gobernado con ellos ocho años menoscabó la legitimidad que hubiera asistido a la exitosa cruzada del entonces mandatario contra una guerrilla que sacrificaba sus ideales a la guerra sucia. La llamada seguridad democrática terminó al servicio de sórdidos núcleos de criminales. Como el DAS. Siendo política pública, derivó no obstante en aparato armado de la caverna contra la subversión, que lo eran todos: opositores, cortes que juzgaban a parapolíticos, sindicalistas y, claro, guerrilleros. Endosó el Estado su neutralidad al interés particular de fuerzas emergentes que se sintieron representadas en el propio Presidente. Éste recibió sus votos y los dejó cogobernar.

 El otro fundamentalista de la hipotética constituyente son las Farc. Ellas nacieron, es verdad, pidiendo la tierra que se le sigue negando al campesino, pidiendo reconocimiento político para los marginados y los perseguidos desde la Violencia y el Frente Nacional. Y hoy se allanan a negociar una salida política al conflicto. Enhorabuena. Mas la salida implica no sólo destapar verdades, orígenes y responsables del conflicto armado. Obliga también a las Farc a reconocer sus crímenes contra el pueblo al que dijeron defender y que las emparejan con el paramilitarismo.

 La menguada representación parlamentaria que el uribismo obtuvo el 9 de marzo lo moverá, sin duda, a buscar una constituyente de bolsillo. Y acaso a trocarla en medio para un proyecto autoritario que ya Laureano había intentado, por imitación del corporativismo fascista. Pero hoy el golpe de Estado convencional, sangriento, ha cedido el paso a la estocada que se camufla de legal y, en nombre de la democracia, se propone  instaurar un orden nuevo. Neogolpismo llama Juan Gabriel Tokatlián a esta modalidad de golpe “institucional” encabezado por civiles, que se ofrece como solución providencial a una crisis calificada de insufrible. Caos prefabricado por un uso intensivo de propaganda negra contra el régimen establecido. Hasta justificar la convocatoria de una constituyente.

 El escenario de ingreso al posconflicto no podrá ser esta constituyente de Uribe cortejada por las Farc. Porque no se convocará para suscribir acuerdos moderando antagonismos sino para prolongar el conflicto entre rivales que querrán dar, cada uno, su propio golpe de mano contra una democracia “tan precaria que bien cabe disolverla”. Pero saben que la norma vigente albergaría hasta el cambio más audaz. Tal vez por eso quisiera Uribe remplazarla por un estatuto de extrema derecha.