por Cristina de la Torre | Abr 20, 2015 | Abril 2015, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, La paz, Proceso de paz, Uribismo
Si hubiesen buscado un efecto más útil para la extrema derecha, no lo habrían logrado. La masacre de once uniformados por las Farc le ofreció a Álvaro Uribe ocasión privilegiada para convertir parte de la indignación nacional hacia esa guerrilla en impugnación del proceso mismo de paz. Pescando en el odio que el país le profesa al grupo armado, a medias fruto de sus crímenes y de su arrogancia, a medias inducido por el exmandatario que las acorraló en su hora, a éste le vino el hecho como anillo al dedo. Justo en el momento más amargo de su movimiento. Cuando la Corte Suprema mandaba a la cárcel a dos de sus exministros por delitos que –según ese tribunal– involucran a la persona del entonces presidente. Y los recluidos completan la cifra de 20 figuras, entre las 30 del círculo más estrecho del uribato, condenadas o investigadas por delitos penales.
Maestro de la oportunidad, Uribe evoca ahora el imaginario de su seguridad democrática –mano dura, corazón duro– para tratar de ocultar con esa bandera de humo las secuelas malolientes de su mandato. Mientras ve desplomarse su popularidad del 80% que otrora lo acompañó al 50% de hoy. Pero aparecen nuevos colombianos que vacilan entre la paz y la guerra. Acaso no Uribe, sabedor de que sin subversivos no hay guerra, y sin guerra pierde él su razón de ser histórica. Su coco es la paz, su coartada, las Farc. Sus supuestas propuestas de paz no aportan a la terminación del conflicto. Antes bien, parecen enderezadas a abortar el proceso de negociación. No otra cosa sugiere su obsesión en negarles a los jefes de las Farc toda forma de privación de libertad distinta de la cárcel, y su posibilidad de hacer política una vez reinsertados. Pretender acantonar a las Farc prematuramente, sin haber suscrito acuerdo final, equivale a imponerle rendición a una guerrilla no derrotada por las armas, y dinamitar el proceso.
Sus dardos más afilados, contra Santos, a quien culpa por el asesinato de los soldados. En reciprocidad con las Farc, les regala Uribe esta prenda contra el Estado de derecho que el Presidente encarna. Y aquellas, acostumbradas a reclamarse víctimas, no victimarios, endilgan al primer mandatario la misma responsabilidad. Moñona.
Pero la justicia no es siempre para los de ruana. Última prueba, el desenlace del juicio a Yidis Medina y a sus pares Pretelt y Palacio en el cohecho que aseguró la reelección de Uribe. Para no mencionar los 60 parapolíticos y altos exfuncionarios que pagan cárcel. Todos los días ve el expresidente un nuevo miembro de su aparato de poder ir a prisión o huir. Entonces vuelve por los fueros del movimiento de opinión diluida en fe de carbonero, y en tácita invocación de tierra arrasada para todo el que atente contra Dios y la Patria. Como las Farc –dirá– y su compinche Santos, que propagan el castro-chavismo y les caen a mansalva a los héroes de la patria. Todo, servido en bandeja por las Farc.
Joaquín Villalobos, excomandante del Frente Farabundo Martí de El Salvador, calificó la matanza de los soldados como “militarmente cobarde” y “políticamente torpe”. Un autogolpe de las Farc. Insistir en las armas convierte a las guerrillas colombianas en “fuerzas reaccionarias que sirven para encarnar el miedo a la izquierda, y en el principal lastre para que ésta avance en Colombia”. Ahora lo que se impone es la política, no los tiros. El proceso de paz le parece irreversible. Pero, diríamos nosotros, requiere un timonazo que concite autocrítica de las Farc, sometimiento a la justicia transicional, reconocimiento de sus víctimas y genuino compromiso de ingresar lealmente en la legalidad. Única manera de extinguir la última chispa que enciende el fuego de la caverna.
por Cristina de la Torre | Abr 7, 2015 | Abril 2015, Corrupción, Uribismo
Un abismo los separa. El mismo que hoy divorcia este aire irrespirable de corrupción, del ejemplo que ofrece el camino hacia un país honrado y libre. El contraste impacta con toda su fuerza, por una coincidencia dramática: la muerte de Carlos Gaviria, expresidente eximio de la Corte Constitucional, y el escándalo suscitado por sindicaciones de alto calibre contra Jorge Pretelt, hoy cabeza vergonzante de la misma institución. Ignora él que quien se eleva a esa dignidad deja de ser ciudadano del montón. A éste se le exige buena conducta. Pero de aquel se espera honorabilidad a toda prueba, sin resquicio de sospecha. Gaviria respondió con creces a ese imperativo de sabiduría y pundonor. A Pretelt se le investiga por presuntos tratos y negocios con sujetos de oscuro pedigrí.
Se acusa a Pretelt de cobrar comisión por una tutela. Pero, más grave, por despojo de tierras y desplazamiento, delitos de lesa humanidad. Habría comprado él predios de campesinos agredidos por hombres de Monoleche, paramilitar adscrito a la casa Castaño. Escribe Santiago Martínez (Espectador, III, 29) que Reinaldo Villalba, una de las víctimas, mencionaba en su denuncia de los hechos al citado paramilitar y a Pretelt. Reveló presiones de El Burro, y que éste le había entregado su finca a Teófilo Hernández, según él, representante legal del predio que es hoy del magistrado. Las operaciones de compra-venta se habrían formalizado ante el Notario Segundo de Montería, Lázaro de León, capturado el año pasado por vínculos con paramilitares. Según la Fiscalía, De León formalizó cientos de compras ilegales de tierras obtenidas a la brava. Y tendría relación con la cuñada de los Castaño, Sor Teresa Gómez, de Funpazcor, y con el Fondo Ganadero de Córdoba.
Certifica Notariado y Registro que este Fondo compró casi todos los predios adquiridos a huevo por empresarios y paramilitares. 46.000 hectáreas, dice el presidente Santos. Los ganaderos beneficiados habrían acudido a los buenos oficios de Sor Teresa, y muchas de esas tierras terminarían en manos de los Castaño y de Mancuso. Cuya hermana, Rossana, sería amiga personal de Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt. La troika que legalizó el despojo en Córdoba y Urabá se integró con Funpazcor, el Fondo Ganadero de Córdoba y la Notaría Segunda de Montería. La Fiscalía investiga posible relación de Pretelt con ese Fondo.
Muchas coincidencias en esta desapacible cadena de entuertos. Muchas preguntas deberá absolver Pretelt ante los jueces este jueves, sin burlar la asociación entre ética y derecho. Como lo postulara su antípoda intelectual y moral, Carlos Gaviria, a su paso por la Corte. De otro lado, sus sentencias sobre derechos fundamentales y de minorías oprimidas hicieron historia. Mentor de la democracia liberal, se congratulaba Gaviria de que el Estado de derecho hubiese derrotado el despotismo del monarca; de que el poder arbitrario quedara sometido a las reglas del derecho: es una de las grandes conquistas de la humanidad, escribió. Para él, libertad individual y autonomía plena de la persona eran una y misma cosa. Pero también proclamó que a la libertad no se llega de no vencerse la pobreza.
Si como jurista y maestro alcanzó Gaviria la cima, como mentor de los excluidos le dio a la izquierda la más alta votación en su historia. Aunque, confiado e inexperto en política menuda, en aras de la unidad del Polo se dejó arrastrar por su dirigencia hacia el error de condenar tardíamente al alcalde Moreno, puntal del nefasto carrusel de Bogotá. Mas queda el ejemplo de su vida toda, acicate para el país que se revuelve contra la carroña. Un consuelo, ante el desenlace abrumador de que nos dejara el humanista y se quedara el capataz.
por Cristina de la Torre | Mar 23, 2015 | Conflicto interno, Marzo 2015, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Política agraria, Uribismo
Nada más saludable. Que la crudeza de los hechos vaya venciendo a la demagogia y la impostura sugiere que Colombia podría empezar a soñar con labrarse un porvenir civilizado. Las guerrillas –con su reiterado desliz de rebelión en terrorismo– no son santas palomas. Ni Paloma Valencia consigue ocultar tras su propuesta de separar razas en el Cauca cierto asco atávico hacia los “nativos”. Repulsión que ha catalizado una historia de exclusión, de despojo, por élites de fusta y fusil adictas a la impronta esclavista. Ni podrá Jorge Pretelt escapar a su suerte: simbolizar (¿injustamente?) el brutal acumulado de corrupción y violencia de aquella otra oligarquía, la del norte, cuyos dominios expandió a menudo mediante desplazamiento o asesinato de campesinos, a manos de su aliado en esa gesta, el paramilitarismo. En buena hora brota la verdad desnuda. Bienvenida la contrapropuesta agraria de la derecha a la reforma rural integral que emana de La Habana. Porque en aquella resplandece, pura, la perla de su obsesión: en el Cauca, sacudirse a “los otros”, cuya sola presencia se percibe como amenaza a la minoría que acaparó las mejores tierras. Y esta verdad no da lugar a equívocos. Ni se camufla de Dios, Patria o Pueblo. El Centro Democrático promoverá referendo, no sólo para mantener el estado de cosas en el campo, sino para remacharlo con fierro de apartheid.
Dígalo, si no, el llamado primero de Valencia a crear “un departamento indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones; y un departamento con vocación de desarrollo, donde podamos tener vías, donde se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”. Ellos allá, en páramos inhóspitos, con su premodernidad; nosotros acá, en el desarrollo y la prosperidad. Pero acaso en vista del escándalo que semejante ultraje provocó, tomó la senadora las de Villadiego y barnizó después el cobre pelado con figuras de autonomía indígena que terminarían, no obstante, acantonando a los ya segregados en tierras deleznables.
Desde su idea original de formar guetos, saltó a la de Entidades Territoriales Indígenas, para “delimitar políticamente el territorio indígena”. Y sí, las ETI dan autonomía para designar gobierno y gestionar lo propio. Pero ya eso lo tienen los indígenas. La propuesta parece obrar más bien como coartada para salvar la cara. Porque la multiplicidad de etnias, su dispersión y la heterogénea disposición de sus asentamientos en el territorio no admiten simplificaciones. Utópico querer homogenizar pueblos, culturas y la singular relación de cada una con la tierra en una circunscripción hechiza por decreto. En la práctica, tal política terminaría por marginar definitivamente a la población indígena cuando, al contrario, se trataría de integrarla, respetando sus diferencias y la plenitud de sus derechos.
Si en el Cauca el conflicto agrario se besa con el racial, en la Costa revitalizó el latifundio muchas veces con ayuda de ejércitos del narcotráfico contra el campesinado. El ignominioso Pretelt funge hoy como notorio exponente de la estirpe que trocó los poderes públicos en fuente de enriquecimiento personal, al son de una ultraderecha militarista. Se le investiga, entre otras, por compra irregular de predios despojados por paramilitares, y por acumulación ilegal de baldíos. La justicia estudia si estos hechos se relacionan con el Fondo Ganadero de Córdoba, sindicado de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Bien aprovecharon los señores de la tierra las agresiones de las Farc para extender sus heredades a sangre y fuego. La ventaja es que su postura aparece hoy nítida, sin ambages. Sin el rosado distractor de la Patria, se abrirá paso un acuerdo de convivencia y territorio en el Cauca. Y en el Caribe, otro que principie por desactivar los ejércitos antirrestitución de tierras.
por Cristina de la Torre | Feb 10, 2015 | Corrupción, Febrero 2015, Uribismo
El DAS del uribato reunió ingredientes acusados de policía política en un régimen fascista. No hubo allí exceso de celo patriótico sino arrogancia de poder absoluto. Fue lo suyo persecución al tribunal supremo de justicia y a la oposición, presunta colaboración con el paramilitartismo y hasta asesinatos tolerados por la cúpula de la institución. No venga ahora el Centro Democrático, en la desesperada, a fungir de mártir, cuando toda Colombia sabe que ese organismo de seguridad dependía directamente de Presidencia de la República. En el tenebroso prontuario del DAS que el periodista Juan David Laverde reconstruye (El Espectador II, 4), lo menos parecería ser el espionaje a la Corte –aunque un delito más modesto de esta especie le costó a Nixon la primera magistratura en EE.UU.–. Lo diabólico, el supuesto amancebamiento del DAS con paramilitares y el involucramiento de directivos suyos en homicidios. El alud de crímenes que la entidad registró en el pasado Gobierno desnuda la picardía del uribismo que juega a la víctima para eludir explicaciones, cuando el país pide a gritos que se le revele la fuente última de autoridad en la infamia. Acaso para envalentonar a la caverna y despistar a ingenuos, escribió el expresidente Uribe que Hurtado “es víctima de un creciente matoneo, de una escalada de tortura por parte de Santos, de sectores cercanos a las Farc y del extremoizquierdismo que pretende apoderarse de la justicia”.
Pero William Romero, protagonista del “Plan Escalera” del DAS contra la Corte Suprema, le dijo a Laverde que el propósito era obtener información privilegiada “con destino al presidente para que tomara decisiones en relación con su gobernabilidad”. Y le pedían resultados “que está exigiendo ya el presidente Uribe”. Información, expedientes y grabaciones secretas de sesiones de la Corte se obtuvieron. En 2008 le habría manifestado Hurtado su alegría porque “el presidente había quedado muy satisfecho con los insumos del Plan Escalera”. El asedio se extendió a la vida privada de los magistrados, que investigaban la parapolítica. Y a cuanto opositor, sindicalista, periodista o defensor de derechos humanos le pareciera al caudillo “terrorista”. La consigna era “espiar a organizaciones y personas de tendencia opositora a las políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar” ¿La saga de un Videla?
Y el prontuario pasaba a mayores. Cuando al entonces director del DAS, Jorge Noguera, se le acusó de auspiciar la infiltración del paramilitarismo en la entidad, el presidente puso las manos en el fuego por él. A poco, resultaría Noguera sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa. Recuerda Laverde que en 2005 Rafael García lo había denunciado por poner el DAS al servicio del Bloque Norte de las autodefensas. Y el subdirector, José Miguel Narváez, denunció que allí se había instalado una central de chuzadas bajo control de alias Macaco.
Narváez habría pertenecido a la comisión de empalme del electo presidente Uribe en 2002, y habría sido después asesor de su Gobierno. Pero Salvatore Mancuso, don Berna, Ernesto Báez y El Iguano lo habrían señalado como ideólogo de las autodefensas. Y declarado que, en condición de tal, les dictaba conferencias para responder “por qué es lícito asesinar comunistas en Colombia”. A Narváez se le mezclaría en el asesinato de Jaime Garzón.
“Por la infamia de ver cómo mienten los que nos dieron las órdenes”, le dijo Romero al periodista, decidió armarse de valor y entregó a la Fiscalía toda la información del “Plan Escalera”. ¿Porfiará María del Pilar como cómplice inútil del “frentero” que se escabulle por sistema y le huye, cobarde, a la verdad?
por Cristina de la Torre | Oct 21, 2014 | La paz, Narcotráfico, Octubre 2014, Uribismo
Ya se habrán dado por notificados: la pesada de los ganaderos, latifundistas de todo pedigrí, parte sustantiva del poder local, narcotraficantes y bacrim andarán apuntalando sus ejércitos antirrestitución de tierras. En la exaltada campaña por perpetuar una guerra que sólo premia a esos señores, el uribismo les espolea la beligerancia allí donde más duele. Dizque descubre en los acuerdos de La Habana un atentado contra la inmaculada propiedad privada en el campo, habida tan a menudo a bala. Sabe, cómo no, que desde hace 80 años la ley permite extinción de dominio sobre tierras inexplotadas; y, desde hace 20, su expropiación por razón de interés social o utilidad pública. Pero tergiversa. Apuesta a dinamitar la paz con el fantasma confiscatorio del comunismo. Más aún, cuando se indigna porque lo convenido “pone en riesgo la democracia” y excusa a las Farc por sus vínculos con el narcotráfico.
Vaya, vaya. Cuánto patriotismo, cuánta integridad moral, cuánto sentido del honor. Como si no hubiera sido el propio gobierno de Uribe el que puso esta democracia al borde del abismo, bajo la bota de un Estado policivo. Como si entonces no hubieran alcanzado el Estado y sus socios paramilitares cotas inéditas de terror contra la población civil, expulsión en masa del pequeño campesinado y su expropiación violenta comprendidas. Como si el 88% de las 6.000 denuncias por falsos positivos en los últimos 16 años no correspondiera a ese período de gobierno.
Acaso en los intentos de Uribe por dialogar con las guerrillas pesara tanto la voluntad de acercarse al enemigo como el imperativo de encubrir su prodigalidad con el paramilitarismo. La negociación de Ralito se brincó a las víctimas, elevó los crímenes de paras y narcos a categoría de delito político y fue irónico colofón de la sangrienta contrarreforma agraria que ellos ejecutaban. Asociada al Estado, esta fuerza exterminadora colonizó áreas cardinales del poder público y ocupó el 35% de las sillas del Congreso. Se reclamó bancada parlamentaria del uribismo y su mentor, lejos de desdeñarla, la abrazó. En alarde autoritario que entronizaba en Colombia la democracia plebiscitaria de Chávez y Fujimori, Uribe persiguió a la Corte Suprema de Justicia y la llamó instrumento del terrorismo. Doble era su propósito: primero, debilitar la independencia de poderes, que es prenda de democracia; segundo, desconceptuar al tribunal supremo que juzgaba a sus congresistas, 60 de los cuales cayeron en manos de la justicia.
Por lo visto, no le asiste al uribismo autoridad para erigirse en heraldo de la democracia y las buenas costumbres. Pero la temeraria oposición del expresidente a la paz mientras se conocen sus esfuerzos por negociarla con la insurgencia, suscita interrogantes. Férreo defensor de un modelo anacrónico para el campo, en la inminencia de una reforma rural, ¿apunta Uribe a dar alas al rearme pleno de la ultraderecha violenta si decidiera ella jugársela por sus tierras inexplotadas o malhabidas? ¿Se insubordina contra la ley vigente y quiere revivir la Violencia con que respondió el latifundismo a la Ley de Tierras de López Pumarejo? O bien, sabedor de que paz con fisuras no será paz, ¿estará reclamando espacio decisorio en el proceso de negociación? Conjetura plausible si se recuerda la generosidad de sus ofertas a las Farc: despeje militar, cese bilateral del fuego, negociación de paz y reforma que le permita a la guerrilla llegar al Congreso.
La disyuntiva sigue siendo dramática: guerra o paz.; y su pepa, la tierra. Un paso de gigante se habrá dado si el uribismo comprende que ya ni la guerra evitará una mínima redistribución de la propiedad en el campo. Que ya no es dable la república de la motosierra.
