por Cristina de la Torre | Abr 3, 2017 | Abril 2017, Corrupción, Narcotráfico
No es casualidad. El protagonismo de Popeye en una marcha anticorrupción presidida por políticos con prontuario parece una charada; pero denuncia el último tentáculo de las castas de siempre (ampliadas con emergentes) para reinar, apropiarse de lo público y enriquecerse con la guerra: el narcotráfico y la impiedad de sus ejércitos. Instrumento de la hora para mantener el control sobre la tierra y suplantar a la Justicia, no brillan estos ejércitos privados por su originalidad; que pertenecen ellos a nuestra más rancia tradición. Lo nuevo es la “democratización” de la corrupción por la vía del narcotráfico. Sacudida que no disuelve del todo jerarquías pero convierte a los políticos de provincia en mediadores de las regiones con el poder central; y abre canales de ascenso a vastos sectores de marginados y excluidos en un país que moderniza su economía pero preserva relaciones con tufo a sociedad colonial. Mas la corrupción no sólo se democratiza. También se diversifica, a veces en las mismas manos. Un personaje de la entraña uribista como Otto Bula trata presuntamente con paramilitares para hacerse con 3.000 hectáreas; y a la vez habría entregado coima de la multinacional Odebrecht a la campaña del presidente.
De la anunciada confluencia entre líderes de la manifestación y el sicario de Pablo Escobar que carga con 3.000 asesinatos no puede inferirse sino afinidad de intereses y valores pues, salvo Marta Lucía Ramírez, ninguno de ellos lo objetó. Uribe, Ordóñez, Londoño, Pastrana, Henrique Gómez, el temible pastor Arrázola guardaron silencio. Y la senadora del CD Paola Holguín la justificó por ser aquel matón ciudadano con derechos. Crisol de extremistas, en el uribismo puede lo mismo un expresidente amenazar con romperle a otro la cara, marica, o manosear la idea de patria, que un ser abominable como Popeye armarse de “valor patriótico (contra la corrupción) y gritarle ladrón al ladrón y rata a la rata”. Uno y otro parecen gobernados por el mismo patrón de conducta, por el mismo lenguaje soez que naturalizó el discurso de la violencia.
Sostiene Eduardo Lindarte en Razón Pública que la raíz de la corrupción descansa en la jerarquía de castas y su exclusión racial y social que nos viene de la Colonia. En vez de una moral colectiva, solidaria, imperan entre nosotros relaciones de dependencia personal, con sus corolarios de elitismo y sentido de privilegio que les da a los estamentos superiores licencia para burlar la ley. En los estratos inferiores, la corrupción responde a la búsqueda de las oportunidades que la sociedad les niega. Diríase que mutó la lealtad y ahora se le profesó al nuevo patrón.
Sobre ese presupuesto floreció el fenómeno redistributivo del narcotráfico. Este sobornó a políticos, jueces, funcionarios y uniformados. Allí donde gobernó impuso seguridad y orden con puño de hierro, pero regó dinero entre los olvidados que tuvieron entonces moto y celular y negocio propio y, los más avisados, metra corta. Miles de muchachos se sintieron “gente” al acertar el tiro contra la víctima del día, tras encomendarse a la Virgen para no fallar. Se generalizó la mentalidad del todo-vale y un pragmatismo amoral disparó la convivencia con la ilegalidad y el crimen. Con el narcotráfico hicieron negocio las élites y salieron del purgatorio muchos excluidos. Su gran beneficiada, la clase política.
Nuestra derecha apunta al poder en 2018 con ardoroso apoyo del rey del sicariato, que así se la juega por culminar su ascenso en la política. Momento de transparencia involuntaria que la democracia agradece. Porque mueve a las mayorías hartas de narcotráfico, corrupción y violencia a unirse en el proyecto de construir un país distinto.
por Cristina de la Torre | Mar 13, 2017 | Corrupción, Marzo 2017, Uribismo
Arrastrado también él por una avalancha de opinión contra la clase política que ha escalado la cima de la corrupción, Álvaro Uribe induce la renuncia de Zuluaga a la candidatura de su partido, por hallarse este inmerso en el escándalo Odebrecht. Aspira el senador a ganar así legitimidad para batirse en la campaña electoral, que arrancó pasando cuenta a la ladronera de todos los partidos. Pero la audacia del lance se trocó al punto en mero gesto de ocasión. Porque erigió en su lugar a María del Rosario Guerra, honorable cabeza de su bancada en el Senado, pero símbolo trágico de un círculo familiar que condensa, como pocos, la corrupción en la élite. No existe, por ventura, el delito de sangre en Colombia. Mas pesa como una roca en la sociedad la carga de la parentela cuando de figuras públicas se trata. Por lo demás, no le resultará fácil a Uribe fungir ahora como paladín de la decencia sin reconocer antes la responsabilidad política que le cabe por la venalidad de su Gobierno, el más corrupto de los últimos tiempos en Colombia.
Tío de la nueva candidata es Julio César Guerra Tulena, exgobernador de Sucre en cuya administración se selló negocio del chance con La Gata; y se pagaron $5.000 millones por medicamentos para enfermos mentales ficticios. Su hermano José fue condenado a prisión por enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad agravada. A su otro hermano, Antonio, se le acusó de supuestos vínculos con paramilitares. Y su primo Miguel, firmante del pacto de Ralito, fue condenado a prisión por concierto para delinquir.
Del corazón de Uribe, la familia Guerra es apenas una partícula de la atmósfera que rodeó aquel mandato. Descolló su Incoder por la legalización del despojo de tierras; al posesionarse como Ministro de Agricultura en 2010, encontró Juan Camilo Restrepo que no se podía tomar allí ninguna decisión sin la venia tácita del paramilitarismo. Las cabezas de la Dirección Nacional de Estupefacientes y 13 parlamentarios feriaron entre familiares, amigos y testaferros centenares de bienes expropiados a las mafias del narcotráfico.
Caso aparte es el del DAS (adscrito a la Presidencia) por su presunta colaboración con el paramilitarismo auspiciada por el propio director, Jorge Noguera; y por promover asesinatos como el del profesor Correa D’Andreis, que al funcionario de marras le mereció 25 años de prisión. Pese a la ciega defensa del “buen muchacho” por el entonces presidente Uribe, y a su dramática declaración de que pondría por él las manos en el fuego. El DAS habría quedado al servicio del Bloque Norte de las Autodefensas. La cúpula del paramilitarismo tuvo a José Miguel Narváez, subdirector de la entidad y asesor del Gobierno Uribe, por ideólogo de cabecera.
También entran ahora a sala de maquillaje Germán Vargas y Monseñor Ordóñez. Preparan sendas diatribas contra la indecencia, en lanzamiento de sus campañas presidenciales: hoy el primero; el segundo en abril, cuando encabece con Uribe y con Maria Luisa Piraquive la gran manifestación de Dios, Patria y Familia contra la corrupción. Pero nada dirá Vargas de su sociedad con decenas de políticos metidos con el delito y el crimen, como Kiko Gómez condenado por asesinato a 53 años de prisión. Ni dirá cosa alguna el destituido procurador por haber dejado fenecer la investigación contra funcionarios del Gobierno Uribe sindicados de coimas y tratativas con Odebrecht. ¿Piensan Uribe, Vargas y Ordóñez que bastará con cambiar el empaque y ocultar la carroña debajo de la alfombra? ¿No temen castigo ejemplar del electorado, como el propinado al Polo? ¿Y qué dirá el presidente Santos si se prueba que su campaña de 2010 recibió $US400.000 en especie de la corrupta brasileña?
por Cristina de la Torre | Feb 7, 2017 | Corrupción, Febrero 2017, Uribismo
El espectáculo de casi 7.000 guerrilleros y guerrilleras —algunas de bebé en brazos— que arriban sonrientes a sus sitios de concentración para entregar las armas tras medio siglo de guerra, deshilacha la bandera contra la paz que el uribismo quería izar en campaña electoral. Y el estandarte anticorrupción, catapultado por el escándalo Odebrecht, llena el vacío de la propuesta bélica que ya no será. Además, promete ríos de votos. En acto de contrición que enaltece a Álvaro Uribe —aunque dice también de su sentido de oportunidad— le pide este al Centro Democrático investigar la conducta de su precandidato insignia, Óscar Iván Zuluaga, por contratar para la campaña de 2014 a un publicista pagado por la purulenta firma. E invita a su partido a encabezar la campaña contra la corrupción. No sea que ella les dé el triunfo a fuerzas independientes que no lucen rabo de paja: ni con la empresa de marras, ni con la clase empresarial y política que ensanchó sus arcas con el erario y su poder bajo la égida del paramilitarismo.
Dos retos de vida o muerte enfrenta hoy el uribismo. El primero, sobrevivir a la voluminosa visita del elefante en casa, capaz de sepultar a Zuluaga y de dejar en capilla a Duque, el otro precandidato comprometido en el lance con Odebrecht. Segundo reto, ganarse el derecho moral de alistarse en la cruzada contra la corrupción. Para lo cual deberá responder por el contrato de la Ruta del Sol suscrito por el Gobierno de la Seguridad Democrática, en cabeza del viceministro García Morales. Para comenzar. Y, luego, abstenerse de boicotear los procesos judiciales contra bananeros y ganaderos de sus afectos que, según estableció la Fiscalía el 2 de febrero, resulten incursos en delitos de lesa humanidad por haber financiado voluntariamente al paramilitarismo en Urabá, a través de las Convivir; ejército autor de mil crímenes y del robo de los recursos públicos, a dos manos con sus benefactores. Tan responsables como los financiadores de guerrillas que cometieron las mismas tropelías. Por supuesto, la guerrilla también tendrá que responder ante los jueces.
De arroparse ahora con la túnica de la ética, no podría el uribismo tornar al expediente del Gobierno que, por defender a su bancada de parapolíticos y al círculo íntimo del poder, persiguió sin clemencia a la corte que los juzgaba. Entonces alcanzaba la corrupción cotas sin precedentes, pues los políticos que ganaron curul con dinero del narcotráfico retribuyeron sin medida con leyes y contratos y posiciones de poder. Entre 2002 y 2010, ocho de cada diez parapolíticos fueron bancada del Gobierno. En 2007 declaró el fiscal Iguarán que fueron las élites regionales las que buscaron a los grupos armados: para defenderse del secuestro, expandir sus propiedades y eliminar a sus rivales políticos. Escribió Claudia López que del clientelismo, el cohecho y el soborno de las mafias armadas se pasó a la captura masiva de negocios y recursos públicos mediante cambios legales, exenciones tributarias, concesiones, contratos de estabilidad, zonas francas y carteles de contratación pública. Brilló como nunca la corrupción como modelo de doble vía: de tráfico entre un Estado que concede contratos a dedo, y criminales o delincuentes que financian a la clase política-intermediaria hasta colonizar el Estado y esquilmarlo. Mas, si por esas calendas llovía, no escampa todavía.
Nada más deseable que el expresidente Uribe se sumara a la cruzada contra la corrupción. Deber y derecho que habrá de ganarse en franca lid —como el resto de la dirigencia política— principiando por depurar las filas de su propio partido, y respetando los procesos y fallos de la justicia. Única manera de lograr legitimidad moral en cualquier colectividad política que se respete. ¿Será capaz Uribe?
por Cristina de la Torre | Nov 28, 2016 | Acuerdos de paz, Noviembre 2016, POR FECHA, POR TEMA
No bien debilitó la ultraderecha las reformas que el Acuerdo de La Habana contemplaba, cuando volvió aquella a sus andadas. Tras 40 días de papelón dialogante, se caló el uribismo dos preseas: cambió lo que quiso en el Acuerdo; y lo que no pudo, le quedó como bandera desempolvada para seguir buscando votos contra la paz. Peló el cobre: no era su objetivo la paz, sino la campaña electoral que –confiesa Paloma Valencia– le devuelva a Uribe la Presidencia. Conejo descomunal para quienes creyeron que esta vez sí se jugaba el expresidente por causa noble. Moñona, dirán. Mas, sólo si el hastío de los colombianos con la guerra y la esperanza de un país mejor no convierten esta dudosa victoria en bumerán. Pero el Centro Democrático recibió como maná del cielo la negativa de las Farc a cambiar sus armas por cárcel y ostracismo político. Línea roja de toda guerrilla que se desmoviliza, a ella apuntó el uribismo, precisamente por no ser negociable. Y respiró aliviado con el previsible rechazo a su propuesta de rendición por una guerrilla a la que tampoco él pudo derrotar en el campo de batalla. Necesitaba Uribe mantenerla en armas y recuperar, así, su razón de ser política: sin Farc no hay paraíso.
Pese a que el nuevo acuerdo cooptaba casi todas las modificaciones y precisiones que el No formuló, inesperadamente la derecha sólo vio en ello maquillaje y la misma impunidad que le adjudicara al pacto original. Nada le sirve a Uribe. Ni siquiera los logros adicionales que pudiera apuntarse en los debates que signarán la implementación de los acuerdos. Su intransigencia reabre camino a la guerra, a la que nunca renunció. Y a la reconquista del poder, desde donde podrá desmontar un pacto de paz jamás soñado; y limpiarle el prontuario a su gente: a familiares y amigos, a civiles y uniformados responsables de atrocidades, al compadrazgo comprometido en desplazamiento y usurpación de tierras. No alcanzó la ultraderecha a estirar la renegociación hasta reventar la delgada cuerda de cese el fuego en nuevos estallidos de guerra. Y miró para otro lado cuando una campaña de exterminio político renacía con el asesinato de 70 líderes populares este año, 7 de ellos en la última semana. Salvo para apoyar a Humberto Sánchez, Alcalde de San Vicente del Cagúan por el CD, señalado de ambientar el asesinato del líder agrario Monroy la semana pasada.
La renegociación golpeó la pepa de las reformas que podían rescatar de la premodernidad a este país. Menguadas quedaron. Se debilitaron los mecanismos de participación política en las regiones. Se limitó la sindicación de civiles y militares responsables de delitos atroces. Se multiplicaron concesiones a terratenientes y protagonistas de la contrarreforma agraria. Hoy se sienten ellos más equipados para torpedear la restitución de tierras. Y, gravísimo, no habrá nuevo catastro: seguirá la ambigüedad en la propiedad agraria, la impunidad en la apropiación de baldíos, el escamoteo al impuesto predial de los ricos del campo.
En la sala contigua a este escenario se dibuja, sin embargo, su contrapartida. La del país que registra maravillado la concentración de guerrilleros por miles listos a entregar las armas; los otros 300.000 muertos y 60.630 desaparecidos que ya no serán, la transformación del campo. Acontecimientos sin precedentes en largo periplo de nuestra historia, que otra concentración multitudinaria de síes y noes y abstencionistas saluda hoy desde la Plaza de Bolívar. Jubilosa premonición de la lucha que la sociedad civil prepara en democracia contra los amigos agazapados o confesos de la guerra. Sí, la paz está andando y nadie podrá detenerla, escribió Enrique Santos Molano. Ni siquiera el conejazo del uribismo.
por Cristina de la Torre | Oct 18, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, La paz, Octubre 2015, Uribismo
Se multiplican en la derecha las señales de alarma y desvarío. Y es porque el acuerdo de justicia especial aplicable a principales responsables de atrocidades en todos los bandos aprieta el paso hacia el fin del conflicto. El procurador perora agitadísimo su última mentira tamaño catedral medieval: que hay arreglo secreto entre Gobierno y Farc para meter a Uribe tras las rejas. Este cabalga sobre el infundio y declara que Santos es el único miembro de su Gobierno que debería estar en la cárcel. Y estudia la posibilidad de convocar referendo contra la paz, disfrazado de rechazo popular al que Uribe considera pacto de impunidad y entrega de la patria al castro-chavismo. Pronunciamiento en defensa también de su persona, cuando el Tribunal Superior de Antioquia pide investigar su posible responsabilidad en la masacre de El Aro y en la Operación Orión. Por “promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares… y concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”. Pero, en lugar de responder a los señalamientos, rebatir pruebas y despejar dudas, le pone lápida al magistrado Pinilla, ponente del fallo que lo incrimina, llamándolo subversivo (¿guerrillero vestido de toga?). Y reactiva la coartada de victimizarse, declarándose perseguido de la justicia. Recurso del que ha abusado durante cinco largos años, desde cuando empezó a emerger el denso entramado de tropelías y corrupción que signaron su Gobierno.
Si bien se ha recalcado que aquella jurisdicción de paz no busca judicializarlo, las sindicaciones del Tribunal le restan al senador legitimidad para exigir cárcel y veto a la finalidad misma del proceso, la participación de los jefes guerrilleros en política. Con todo, si resultan ellos responsables de delitos atroces, sólo accederían a corporaciones públicas si han llenado todas las exigencias de la justicia transicional: verdad, reparación, garantía de no repetición, restricción efectiva de la libertad hasta por 8 años, o por 20 de cárcel si su confesión es incompleta. La Jurisdicción Especial de Paz cobija a todo el que directa o indirectamente haya cometido o apoyado crímenes atroces. Su propósito es ayudar a desmontar las estructuras que reproducen la guerra, no montar un reino de impunidad. Podría incluso reconsiderar y hasta anular sentencias contra generales, parapolíticos y otros civiles que patrocinaron ejércitos ilegales.
Ofende la retórica solapada del Centro Democrático según la cual también ese partido quiere la paz, pero no la manera como ésta se negocia en La Habana. Otra cosa indica la tenacidad de su boicot a cada avance en las negociaciones, por encima de toda evidencia, de toda verdad, de todo derecho de los colombianos a la paz. El uribismo apunta al fracaso de un proceso que por vez primera en medio siglo se ofrece como paso decisivo hacia un país mejor. Pero no, no quiere la paz, no le duelen los muertos.
El de Álvaro Uribe es proyecto que sólo fructifica en la guerra. Atribulado andará con resultados de la última encuesta de Lemoine según la cual un 73% de colombianos cree en los beneficios del acuerdo de paz para el país y un 79% lo aprobaría. Mas, para el exmandatario la finalización del conflicto sería mentís a la “guerra justa” que para el uribismo ha de prevalecer sobre la vida y la paz. Con referendo o sin él, no dejará Uribe de fundir en un mismo mensaje las dos caras de su megalomanía: defender al caudillo es defender la única alternativa posible de derrotar al Maligno: la conflagración perpetua. Bien aconductados, sus fieles exclaman ya, iracundos, “lo que es con Uribe es conmigo”. Temible grito de guerra cuando hay paz a la vista.
