Manos a la obra de la paz

Un dramático llamado a defender la paz, hoy sometida a su más grave crisis por el regreso a las armas de “Márquez y su banda”, emitió esta semana Sergio Jaramillo. El camino, una tregua política para la paz. Fortín (con Humberto de la Calle) del acuerdo con las Farc que clausuró una guerra de medio siglo, para Jaramillo la crisis podrá revertirse si se adoptan con serenidad, rapidez, inteligencia y determinación medidas concretas que nos convoquen a todos: a funcionarios del Gobierno, congresistas, estudiantes, gobernadores y alcaldes; a víctimas, empresarios, sindicatos e iglesias; a periodistas, organizaciones de la sociedad civil, agricultores, excombatientes, comunidades en los territorios y ciudadanos del común. El ligamento, un rechazo sin atenuantes a las armas en la vida pública. Las cartas están sobre la mesa, escribe: si el Gobierno sabe jugarlas, todos lo apoyaremos; la paz y la seguridad saldrán fortalecidas.

Pese a precedentes como el de la acción unificada contra la corrupción que el presidente recogió tras pronunciamiento de casi 12 millones de colombianos y dejó escapar entre sus dedos. Pese a la jubilosa reanimación del extremismo de derechas a la sola idea de volver a la guerra, propone Jaramillo  poner en salmuera divergencias ideológicas y electorales para concentrarse en obras tangibles de posconflicto, algunas en marcha.

En su sentir, el foco de la paz debe orientarse hacia tres conglomerados. Primero, hacia los reincorporados de la guerrilla. Urge un plan de choque de acompañamiento y apoyo activo a los proyectos productivos. Que los rodeen los empresarios con asistencia técnica y canales de comercialización de productos. El suministro de tierra para reinsertados no da espera. El segundo foco son las víctimas. De todas las traiciones de Márquez y Santrich, afirma, esta es “la más repugnante”. Los deudos de la guerra deben movilizarse para exigir sus derechos. Y la justicia transicional, fortalecerse en los territorios. En tercer lugar, las comunidades. Gracias a que el Gobierno finalizó ya el proceso de planeación participativa en los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, se trata ahora de formular los programas concretos. El ministro de Hacienda habrá de tratar esta crisis como el equivalente de un enorme desastre natural: no podrá mezquinar los recursos.

Es en los territorios, concluye, donde se va a jugar el futuro de la paz y de la seguridad. Si a la población le cumplen, ésta se convierte en formidable muro de contención contra la violencia. Para el analista Alejandro Reyes, cuidar el Acuerdo de Paz es el mejor antídoto contra la guerra. Y la responsabilidad primera recae en el Estado.

Escollos abundan. ¿Cómo conquistar a la derecha ultramontana, no digamos todavía para la modernización democrática del campo todo y de la política, sino para que no sabotee este programa mínimo de  paz? ¿Cómo conseguir  que embozale, o atenúe su vocinglería de guerra, savia del neolaureanismo renaciente que la anima y da sentido a su proyecto estratégico? ¿Cómo lograr que los empresarios saquen un duro de su obesa faltriquera para el desarrollo territorial? ¿Cómo alinear a la Fuerza Pública en el respeto a los Derechos Humanos y al tratado de paz inscrito en la Constitución? ¿Cómo neutralizar la pertinaz ofensiva legislativa del Gobierno y su partido contra el Acuerdo? Con  movilización en masa por la paz. Movilización de los partidos independientes y de oposición; de las organizaciones sociales y populares; de la ciudadanía, que adoptó la paz como derecho. Movilización de las comunidades que llevan lustros reconstruyéndose solas, enjugando una lágrima aquí, abrazando a un niño allá. Las primeras en poner manos a la obra de la paz.

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Rebelión contra el glifosato

A todo Goliat le llega su David. Y ocurre a veces que, si al pequeño lo asisten buenas razones y voluntad de hierro, podría ganarle al gigante la partida. Este David es hoy Camilo Romero, el gobernador de Nariño que se declara en rebelión contra el descabellado plan de Duque de bañar en glifosato los sembradíos de coca, con grave riesgo para la salud del hombre y del ambiente. Y con pérdida de ingentes recursos públicos. Se la juega el mandatario regional contra la aplanadora de violencia física y económica dirigida al eslabón más frágil de la cadena del narcotráfico, los cultivadores de coca. Probado en mil batallas, lanza Romero en su tierra –primer productor de la planta– un plan piloto que suprimiría “hasta el último metro” del cultivo. Por concertación con las comunidades de cocaleros que, en lugar de erradicación forzosa y veneno, contemplarían cultivos alternativos avalados por el Gobierno. Tal como lo hizo el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, cuando eliminó, ofreciendo al cultivador otras opciones de vida, hasta la última hectárea de coca en ese departamento. Hazaña reconocida por la ONU.

Se la juega el nariñense también contra el alarde criminal y peregrino de que reduciendo al hambre a 300 mil familias dedicadas a cultivos ilícitos se conjura el narcotráfico. Mentira. Mentira interesada para ganar méritos con el patrón del Norte, que persigue la producción para disparar la rentabilidad del consumo. Hasta los menos avisados saben que de los 85.000 millones de dólares que el narcotráfico mueve, sólo 300 millones llegan a los cultivadores colombianos. El resto se enreda entre laboratorios de cocaína, exportadores y comercializadores para terminar, lavado todo, en las impolutas arcas de la banca mundial… y nacional.

Reafirma la Corte que sólo habrá aspersión si el Gobierno no logra concertación con las comunidades o sustituir cultivos. Pero éste no intenta una acción integral y quiere en cambio repetir la fracasada y costosísima aspersión  con glifosato, medio infalible para provocar una crisis humanitaria. Recuerda Romero que en 2005 había en su tierra 3.875 hectáreas de coca; se asperjó sin medida y hoy son 45.000 las hectáreas sembradas. De los 70.000 cultivadores nariñenses, apenas 16.000 reciben ayuda oficial.

Ebrio en los soñados efluvios  del glifosato, ignora el Gobierno experiencias que, de generalizarse, cortarían por lo sano. En 2013 se destruyeron en Caldas las últimas siembras de coca. El secreto: se pactó la solución con las comunidades, el Estado allegó bienes, servicios y abrió vías; convergieron   organizaciones públicas y sociales con los órganos de gobierno para crear alternativas a los cultivos ilícitos y se estimuló la natural asociatividad de la gente, hasta pergeñar el remedio: primero fue la erradicación manual y voluntaria; luego, la ejecución de proyectos productivos acordada con la comunidad.

Tampoco, en su infinita liviandad, registra el Gobierno el horizonte de industrialización que la coca ofrece. Científicos llevan años investigando sus múltiples aplicaciones médicas y farmacológicas, maravillados del potencial que los alcaloides ofrecen en Colombia. No. Anda Duque desvariando en la economía naranja, fantasía infantil para el hada Campanita de Peter Pan.

Pero un grupo variopinto de parlamentarios presenta proyecto de ley que replantea la política de drogas: prioriza la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos, con acceso a tierras y a activos productivos. Volvemos a la pepa del asunto: perseguir al narcotraficante, al lavador, no al cultivador. Ejecutar la Reforma Rural Integral, con sus componentes sustantivos de entrega de tierra al campesino y apoyos para cultivarla a derechas. Condición necesaria para ello, la rebelión contra el glifosato que ya nuestro David emprendió.

 

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Colombia grita ¡ni uno más!

No cabe duda: se despliega en Colombia una campaña de terror calculada para exterminar a los líderes naturales del pueblo, savia de la democracia, y volver al régimen de fuerza que a cada víctima pide pista. Son reclamantes de tierras usurpadas, promotores de la sustitución de cultivos, líderes de Acción Comunal, aspirantes a cargos de representación política y portavoces de comunidades étnicas. Contra ellos disparan guerrilleros del ELN, disidentes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y, por abrumadora mayoría, el narcoparamilitarismo y sus aliados en política y negocios. Fuerzas vivas del poder local en los territorios.

Los que apuestan a que nada cambie, porque es en el abuso de poder, en la tradición de inequidad y violencia como medran ellos y se enriquecen. El 72% de estos asesinatos tiene lugar allí donde despuntan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Y el Gobierno apenas si actúa. No le alcanza el faraónico poder militar y jurisdiccional para neutralizar a los paramilitares, a sus brazos político y económico. No se atreve contra los incitadores, inspirados arquitectos de la matanza, conocidos de autos cuyo señalamiento le costaría la vida al ciudadano inerme. Y desdén a la valiente Defensoría del Pueblo, cuando no grosera desnaturalización de sus alertas tempranas. ¿A qué tanta cobardía del poder público frente a estos matones? ¿A qué el irresponsable diagnóstico del Gobierno que revictimiza a los sacrificados mezclándolos en el caldo del narcotráfico? ¿Ineptitud? ¿Secreta complacencia entre entusiastas del partido de Gobierno?

Partidos, organizaciones sociales, gremios, iglesias, sindicatos, académicos, la más diversa convergencia reunida en Defendamos la Paz (DLP) invita a protestar este viernes en calles y veredas contra esta carnicería. Contra el asesinato de “cientos de personas que defienden los derechos de las comunidades rurales a la vida digna, a la preservación de sus territorios, a la protección de los ecosistemas y del agua, al cumplimiento del Acuerdo de Paz y a la restitución de tierras. Este baño de sangre debe terminar”. La CUT y Fecode suscriben el llamado y abogan, además, por la restitución de tierras, la sustitución de cultivos y la participación política de las víctimas. Emplazan al Gobierno a proteger a los líderes, a frenar el régimen de terror que se instaura nuevamente.

Y es que, al parecer, no ve el Gobierno lo que no quiere ver. O lo ve al revés. El Consejero para el Posconflicto insiste en atribuir la masacre de líderes a enfrentamiento entre sujetos dedicados al delito. Y el Comisionado de Paz los asocia a cultivos ilícitos. A un pronunciamiento de Ceballos en esa dirección el 11 de julio en Córdoba respondió José Daniel Ortega, vocero de la Asociación Campesina de ese departamento, adjudicando la matanza a la incapacidad de la Fuerza Pública para controlar a las organizaciones ilegales, no a la existencia de cultivos ilícitos. “El territorio se lo están peleando porque es un corredor estratégico (para el narcotráfico) que el Gobierno no ha podido controlar”, precisó. Andrés Chica, líder social en Tierralta, explica que tras los asesinatos se juntan paramilitarismo, conflictos por la tierra y poder político.

El ministro Botero, en quien lo desangelado no quita lo siniestro, niega el regreso del paramilitarismo, y matiza su versión, a la Pambelé: “(Yo) diría que hay gente mala matando gente buena”. En todo caso, parar la matanza pasa por soluciones integrales acordadas con organizaciones sociales como la Acción Comunal. Y por identificar a sus autores intelectuales. Mauricio Cabrera escribe: “La cuestión relevante no es quién está matando a los líderes sociales sino quién los manda matar”. Pregunta consorte del grito que resonará este viernes 26 de julio: “¡Ni uno más!”

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Colombia y USA: el legado de los años 30

Contra todo pronóstico, para capear la desigualdad que se adueña de Estados Unidos y se creía patrimonio exclusivo del Tercer Mundo, los demócratas gringos desentierran la socialdemocracia del New Deal. Y los colombianos, la divisa liberal de López Pumarejo que, apuñaleada en la cuna, ha sobrevivido a trompicones hasta hoy, cuando el laureanismo blande de nuevo su guadaña. Al unísono con el oscurantismo cavernario que vocifera allá y acá, el neoliberalismo desmontó en el país del norte el Estado de bienestar y, en el nuestro, le bloqueó la entrada. Encima, patrocina aquí una virulenta campaña contra las instituciones primigenias de la democracia liberal.

Contra la libertad de pensamiento y de cátedra; contra la diversidad sexual y de modelos de familia; contra la real separación de iglesias y Estado; contra la reforma agraria que nunca fue, mientras hervía en sangre el conflicto por la tierra; contra la independencia de los jueces; contra el impuesto progresivo que el Gobierno de Duque ha reducido al ridículo. Si Roosevelt sorteó la crisis de los años 30 implantando el Estado de bienestar, intervencionista, López se limitó a pintar un horizonte de modernidad dentro de los cánones del Estado liberal y del capitalismo social. Una revolución, para la hegemonía de capataces que regía. Y que rige. Después de casi 90 años, como si no hubiera corrido el río de la historia, habría que rescatar el programa de López Pumarejo.

Bajo el efecto de demostración de la Revolución Mexicana, con su reforma agraria y clerical que impactaba por doquier, el modelo de López apuntó a industrialización; a reforma agraria atada al principio de función social de la propiedad, para modernizar el campo y presionar la explotación de la tierra; a impuesto directo y progresivo para financiar la política social desde el Estado. Se batió por Estado y educación laicos, que el conservatismo filofranquista y la Iglesia tuvieron por asalto a la moral cristiana, por instrumento de la bestia liberal contra la familia en la heredad de Cristo-Rey y, en materia agraria y fiscal, por usurpación de la propiedad. Entonces fue la Violencia. María Fernanda Cabal no sólo niega hoy la opción de una reforma agraria sino la restitución de las tierras robadas.

Emulando a Monseñor Builes, les niega Vivian Morales derechos a la mujer y a los homosexuales. Otra audacia de su partido religioso, el ojo puesto en el Estado confesional que fuera meca y respuesta del  partido azul a la Carta del 36. Por el mismo sendero camina John Milton Rodríguez, con proyecto que mata la libertad de cátedra y de pensamiento. Y el senador del CD, Juan Carlos Wills, con el suyo de crear un ministerio para imponer la minoritaria familia patriarcal como modelo único. Se ha revitalizado en Colombia el discurso fascista presidido por los vocablos inapelables de dios, patria, familia, propiedad y orden enderezado a imponer una república autoritaria y cristiana.

Guardadas diferencias, mucho del elán del New Deal se respira en López Pumarejo. Para enfrentar la depresión de los años 30, intervino Roosevelt la banca. Reactivó la industria mediante planes gigantescos de obras públicas. Planificó la agricultura. Elevó salarios e ingresos para reactivar la demanda, y con ella, la producción. Configuró un Estado de bienestar, con fuerte impuesto progresivo para financiar políticas públicas en salud, pensiones y seguro de desempleo. En línea parecida van hoy Bernie Sanders y otros precandidatos demócratas.

En Estados Unidos y en Colombia, adquieren Roosevelt y López vigencia renovada como alternativa al modelo neoliberal de mercados sin control para engorde de los tiburones y extinción de las sardinas, tropelías del sistema financiero e impuestos en picada para los ricos. Bienvenido el legado de los años 30.

 

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¿Miedo en la derecha?

Sí, la conjetura es plausible: Porque tiene miedo la derecha, insulta, miente, manipula, persigue, atropella e incita a la violencia. No controvierte, patea. Y a cada coz destapa una nueva arista de la catadura que la emparenta con Bolsonaro, Maduro y el inefable Ortega de Nicaragua. Sorprendida por una oposición que se acercó a la presidencia el año pasado, que integra por vez primera una bancada que decide y saca inopinadamente casi doce millones de votos contra la corrupción, patalea la derecha. Acostumbrada a prevalecer por perrero, percibe el ascenso de la oposición y del movimiento social como amenaza de muerte. Afrentoso le resulta lo que en cualquier democracia es regla; y, desafiante, la depuración ideológica que rescata a los partidos del pantano donde todo se revuelve para mejor pesca de la suertuda derecha. Entonces echa mano de su recurso proverbial: el poder en bruto. Si no para segar la vida de un Leonardo Posada o un Carlos Pizarro en cruzada de exterminio de partidos enteros desafectos al sistema, para ponerles ahora  bozal, hurtarles el derecho de representación política y, al pueblo, el suyo de elegir.

Retornando a la senda de acoso y conculcación de derechos, cercena esta derecha la representación parlamentaria de sus adversarios. Tras despojar a Mockus de su curul mediante fallo contradictorio del Consejo de Estado y a resultas de demanda de personajes cercanos al partido PIN cuya cúpula resultó procesada por parapolítica, quiere alargar la uña hacia otras cinco del Partido Verde. La senadora Angélica Lozano revela que viene en camino la anulación de las curules indígenas del partido Mais, no bien le quitaron la suya a Ángela María Robledo, estrella de las fuerzas alternativas, con curul por derecho constitucional de oposición que ocho millones de votantes refrendaron. Se preguntan por qué juzga el tribunal con rasero distinto casos iguales como los de Robledo y Marta Lucía Ramírez. O por qué no sanciona la doble militancia que en su momento ostentaron Viviane Morales y Germán Vargas.

Tan artero ataque contra la oposición, defensora de la paz, denuncia el miedo que ésta suscita en el uribismo. Ya el partido de Gobierno lanza puñales contra la JEP, ya Álvaro Uribe quisiera que sus contradictores saltaran del debate público al fusil; de modo que pudiera él volver a regodearse en la guerra, a esconder tras el humo de los cañones la temida verdad y a velar porque nada cambie en el campo. Ejes de su programa, que se depura sin pausa. Con la desmovilización de las Farc vino el destape: perdió el uribismo el último centímetro de hoja de parra que mal disimulaba su predilección por la violencia y el gobierno arbitrario. A su vez, despertó la Colombia contestataria del prolongado letargo impuesto por alguna oligarquía cruel, provinciana y abusiva que, tal vez asustada, vuelve a dar palos, y no precisamente de ciego. Es tradición: al primer amago de pluralismo y participación social, sale del closet la caverna.

Dígalo, si no, el hundimiento de las 16 curules de paz para las víctimas, a manos del conservadurismo en pleno. O el exterminio de la UP: miles de cuadros asesinados allí donde ese partido vencía en las urnas. O la masacre de Segovia en 1988 que rubricó el horror con un aviso: “no vuelvan a votar por la UP; eso les causa la muerte”. O la brutal decapitación de la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc) en los 70. Con la terrible excepción de los líderes sociales en el campo, el asesinato físico de dirigentes se ve ahora desplazado por una estrategia que apunta a la abierta negación del pluralismo, del debate, del derecho de oposición y de la democracia. Ofensiva temeraria que no puede emanar sino del miedo.

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Agro: entre espinas, un tímido capullo

En la grosera obstinación de la caverna por acaparar más y más tierras y privilegios, sorprende como una flor exótica el proyecto de catastro. Si recortado, dirá en todo caso qué tierras hay, de quién son, cuánto valen y cómo se usan. Y suministrará fundamento técnico a la legalización de predios sin título de propiedad, y al diseño de modelos de desarrollo rural. Decisión sustantiva que el notablato del campo contemplará ahora con ojos menos inflamados, porque presenta dos vacíos de fondo: primero, elude una justa derivación del impuesto predial sobre el real valor de la tierra; segundo, margina de la elaboración del catastro a la comunidad, fuente inestimable de información sobre historia legal de predios. La iniciativa convive, empero, con proyectos de entraña uribista que extreman la ancestral concentración de la propiedad agraria, legalizando el despojo que hizo su agosto en la guerra. Un proyecto de María Fernanda Cabal contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras bendice la “inocente” adquisición de millones de hectáreas arrancadas a sus dueños. Otro proyecto, incorporado al Plan, legaliza el asalto masivo de baldíos con destino original a pequeños campesinos.

Cerezas del pastel de inequidad en el tercer país con mayor concentración de la tierra, donde 68% de la población campesina sufre pobreza aguda o miseria y sólo se explotan 7,6 de los 40 millones de hectáreas de tierra feraz. Arquetipo en el que, pese a la expansión de la agroindustria, el latifundista improductivo es rey, y paria, el campesino. Tierra sin hombres y hombres sin tierra, el modelo ha sido motor del conflicto. Pero los señores de la guerra se apertrechan de nuevo en lo “suyo”, contra la reforma rural que es eje del Acuerdo de Paz, y celebran la ausencia de partidas para restitución de tierras en el Plan de Desarrollo. Ya reorganizan ellos sus ejércitos antirrestitución.

La iniciativa de la senadora Cabal destruye el núcleo de la ley de restitución: la inversión de la carga de la prueba. No será ya el nuevo propietario quien deba demostrar que compró de buena fe, sino el dueño original quien deba demostrar que lo es y que fue despojado. Si de 6,5 millones de hectáreas usurpadas se han devuelto apenas 338.000, es de suponer que en este Gobierno caería la cifra dramáticamente. Y no sólo en virtud de aquel proyecto –si prospera– sino de los ejércitos antirrestitución. Mercenarios enganchados por la élite más reaccionaria del campo para “exterminar” a todo el que reclame tierra o verdad, reaparecieron el 11 de abril contra una comisión del Ministerio de Agricultura para dejar cuatro policías agonizantes. Por su parte, la invasión de baldíos quedaría amparada por la figura de prescripción adquisitiva, que suplanta a la legal de adjudicación por el Estado. En 25 años se habrían entregado 376.000 hectáreas por prescripción. Insólito.

Aunque limitado, el catastro marcharía en dirección de la paz: empezaría por los 170 municipios más flagelados por la guerra, que podrían así planificar su desarrollo. Además, avanzaría información para el ordenamiento social de la propiedad y resolución de conflictos por la tierra. Si es que la caverna y sus ejércitos no frenan este cambio, sin el cual no habrá paz. Si no se serena Álvaro Uribe, cuyos arrebatos crecen conforme se desploma su prestigio. Si sus prosélitos no asumen la dignidad del cargo que representan. Como Myriam Martínez, alta funcionaria oficial que se postra de hinojos ante una deshonrosa solicitud de su “presidente” Uribe. Ya se ve: espinas como puñales tendrá que sortear el cogollito de catastro que está por nacer. Sean los demócratas la partera que le permita florecer.

Coda. En la atmósfera neofascista que se respira, quieren matar al brillante escritor y periodista Juan José Hoyos. ¿Qué dice el Gobierno?

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