por Cristina de la Torre | Ago 21, 2012 | Agosto 2012, Izquierda, Personajes
La sindicación se repite, contraevidente, desde hace 50 años: quien ose señalar el peligro mortal de promover el ejercicio simultáneo de todas las formas de lucha será el responsable por las víctimas que ella pueda deparar; no el animador de la táctica que trueca al movimiento legal en escudo de la guerrilla. Aquel será, sin atenuantes, el aliado de la derecha. Al temor de que en la Marcha Patriótica se reproduzca carnicería semejante a la de la UP, o en las filas de las organizaciones populares que las Farc quisieran usar como base social en una negociación de paz, Néstor Miranda responde sin medirse. En carta dirigida este diario (15,8), acusa a “quienes (les indican) al paramilitarismo y a la extrema derecha civil las razones que tienen para un nuevo exterminio: ‘ellos se lo buscaron’”. Y, en hipérbole patética, avizora “otra matanza de miembros del Partido Comunista y de la Marcha Patriótica”, entre otros. Con cargo al crítico, claro, no al que –acaso de buena fe- allanó el camino de la tragedia.
Avaro en argumentos, no toca Miranda los motivos que condujeron a expulsar del Polo al Partido Comunista (PC). Decisión que por primera vez define sin lugar a equívocos la relación de las izquierdas con la lucha armada y su degradación en Colombia. Hace un mes declaró Carlos Gaviria que “si el Polo apoyara la Marcha, no siendo claros sus orígenes y propósitos, cometería el error histórico de arriesgar las vidas de sus integrantes en una posible reedición de lo sucedido en la UP”. A sabiendas de que las Farc buscan ahora, como en tiempos de la UP, consolidar un movimiento político; de que se proponen acompañar la confrontación militar con la social permeando el movimiento popular, la gran pregunta es si la Marcha sería su avanzada para la paz, o bien, mascarón de proa de su guerra. En uno y otro caso, aunque en distinto grado, se vería la organización civil entre dos fuegos. Lo demuestran los hechos.
En el empeño de combinar formas de lucha, los entonces comandantes de las Farc, Jacobo Arenas y Alfonso Cano, gestaron la UP como brazo político de esa guerrilla. En su célebre trabajo “Las fértiles cenizas de la izquierda” (Iepri, 90), William Ramírez asevera que la UP fue concebida como “el implante legitimador de una combinación de fuerzas legales e ilegales (pero) terminó siendo la vía para que un sector importante de la izquierda empezara a explotar el sentido único de las luchas legales”. Y cuando en 1989 se enrutó la UP decididamente por el sendero legal con una propuesta democrática, ya le habían matado a mil cuadros. Víctimas caídas en la indefensión –dice a la letra Ramírez- como macabra cuota de un movimiento que pese a rechazar la guerra se desangraba en la inevitable ambivalencia de su voluntad de paz, por un lado, y el oneroso fardo de la combinación de formas de lucha legales e ilegales que compartía con el PC, por el otro. Bernardo Jaramillo representó la tendencia legal de quienes querían diferenciarse nítidamente de las Farc y el PC. Le recordó a esa guerrilla que la UP no se prestaba para aventuras militares. A poco, fue asesinado. Entonces casi todos los dirigentes de la UP renunciaron alegando discrepancias de fondo con el PC. No son nuevas, pues, las disensiones.
La derecha lleva tantos años persiguiendo al movimiento popular, como la guerrilla dándole argumentos para satanizarlo. Y para disparar contra la izquierda desarmada que se vio acorralada entre el fuego cruzado de sus dos verdugos: la mano negra, acá, y la irresponsable sacralización de las “sieteluchas”, allá. Bienvenida la ruptura con quienes acolitan tan fatal ambivalencia y endilgan sin embargo a otros el fruto de su endeblez.
por Cristina de la Torre | Ago 14, 2012 | Agosto 2012, Izquierda, Partidos, Personajes
Dos hechos trascendentales invitan a imaginar una coalición de centro-izquierda e izquierda democrática en Colombia: La expulsión del Partido Comunista por el Polo, y el nacimiento del movimiento ciudadano “Pedimos la palabra” como genuina propuesta de tercera vía. Con lo primero, se libera la izquierda de ambigüedades frente a la insurgencia, de la táctica nefasta que mezcla lucha armada con elecciones y con movimiento popular. Combinación de formas de lucha que contribuyó a la destrucción del movimiento campesino organizado en Anuc en los años 70; y, en los 80, facilitó el exterminio de la UP: 5.000 muertos. Además, vence el chantaje con que el machismo de las guerrillas embozaló por medio siglo a la izquierda legal en este país. Y se guarece de la violencia indiscriminada de la mano negra, legitimada por la obsesión militarista de las Farc. Por su parte, la flor de la socialdemocracia se emancipa de la disyuntiva Uribe-Santos, anuncia acción enérgica para erigirse en alternativa de poder y expande el campo de alianzas posibles en el espectro de la democracia radical. Si las encuestas vaticinaban hace un mes 28% de intención de voto para la izquierda en 2014, con esta redefinición de fuerzas cabrían sorpresas mayores.
Tras el sablazo del Polo, presentado como castigo a la doble militancia del PC -que se ha integrado a la Marcha Patriótica- yacería el temor de que ésta terminara por tomarse la dirección del partido e impusiera candidatos a elecciones, cuando no parecen claras sus relaciones con las Farc. Aprehensión que el propio Carlos Gaviria expresó a Semana.com (8,10). Y no andaría descaminado, si se sigue la columna de Luis Sandoval en El Espectador (8,11). Defiende este dirigente del Polo al PC, y agrega: “Hay que comprender las ambigüedades de la transición. Cuando todavía no está en firme la decisión de abandonar las armas, no puede estar totalmente claro cómo se hace política. (Hay que entender la lucha embrionaria por la paz) en las indecisiones de los actores armados que saben que la guerra no va más pero no saben cómo bajarse de ella”. Es que hay indecisiones y transiciones que matan. No puede ya cohonestarse el vicio recurrente de mezclar lo legal con lo ilegal, porque el riesgo de muerte recae sobre pacifistas desarmados que terminan como carne de cañón de la guerrilla en una guerra cuyo final no se vislumbra aun. Abundan en nuestra historia reciente ejemplos que lo demuestran.
El nuevo movimiento de políticos e intelectuales reivindica el sentido público, ético y representativo de la política. Se propone enfrentar la corrupción y la captura criminal del Estado. Declara como su mayor aspiración la paz de Colombia, fundada en la política “al servicio del ciudadano, de la equidad, de la justicia y la inclusión”. Propone un modelo económico que garantice igualdad real. José Antonio Ocampo -uno de sus más señalados voceros- indica que reducir la desigualdad implica incorporar objetivos sociales en la política económica, e introducir estrategias de industrialización y de desarrollo en el campo. Con otras figuras de prestigio nacional como Antonio Navarro, político de ideas y de acción, no será tal iniciativa flor de un día.
por Cristina de la Torre | Jul 17, 2012 | Julio 2012, Partidos, Personajes
“Frente Antiterrorista” tendremos mientras haya en Colombia una derecha golpista, enemiga de la paz, que reciba callada votos habidos en alianza con paramilitares; mientras repiquen guerrillas cuya criminal estupidez legitime la beligerancia de aquellas fuerzas retardatarias que se reeditan una y otra vez en nuestra historia. Ahora quieren éstas organizarse para la reconquista del poder, sonsacando gente de la derecha desarmada que hoy se acomoda en el Gobierno. Uribistas de corazón pero aferrados a sus puestos y contratos, muchos conservadores y miembros de la U vacilarán entre dos amos. Acaso la acción antiterrorista que tras diez años de batallar se formalizó en El Nogal consiga fracturar el unanimismo de patria boba que respira la Unidad Nacional. Entonces se abriría el abanico de la política en las opciones que cualquier democracia reclama: ultraderecha, centro-derecha, izquierda. Modelo deseable si no fuera porque la primera se ha permitido aquí tentaciones tan subversivas como las de Farc-Eln. No otra cosa son las incitaciones del uribismo a la insubordinación del ejército contra el poder constituido, con sonoro aval de Fernando Londoño. Y la izquierda, pobre en propuestas de fondo, compite mal con el asistencialismo de los neoliberales. De no converger con el liberalismo socialdemócrata –si lo hay- dilapidaría su 28% de intención de voto para 2014.
En auxilio del proyecto uribista acude, cómo no, Fernando Londoño, el doctrinante mayor. Criado entre Leopardos y Azucenos cuando el debate en la Manizales de sus ancestros se libraba entre partidarios de uno u otro totalitarismo europeo, Londoño lleva la impronta de aquella cuna. Del Laureano Gómez que expulsó del conservatismo a los Leopardos porque su fascismo, como el de Mussolini, era laico; no católico como el de Franco, el alterego de Laureano. Verbo intrépido el de su discípulo, si de vetar devolución de tierras se trata. Con una fatal coincidencia: su defensa indistinta de toda propiedad agraria (vieja y nueva) corre parejas con la formación de ejércitos antirrestitución en el campo. Londoño le dará al Frente Antiterrorista la armadura ideológica que en tiempos del uribato le faltó. Todos los poderes que pelecharon y se consolidaron al abrigo del narcotráfico y que vieron en Uribe un redentor marcharán ahora al paso de hombres de pro, de figuras que darán brillo a las gestas por venir. Estaría por verse si Londoño pertenece a la derecha humanista que no suscribe la filosofía de un orden forjado con sangre.
En el divorcio de Uribe y Santos, de ultraderecha y centro-derecha, tendrá la izquierda democrática su oportunidad de oro. Pero sólo si rompe del todo con las sectas proclives a la lucha armada. Si abandona el populismo heredado del M19 en sus escarceos con la Anapo, que emula a tumbos el asistencialismo de Familias en Acción y casitas gratis para los más pobres, que son el destinatario natural de la izquierda. Si amplía el espectro de sus aliados en la arena de la socialdemocracia. Si es capaz de aterrizar una propuesta social como parte orgánica de una estrategia de desarrollo que dé empleo y no caridad.
La derecha dura llegó para quedarse. Uribe se propone salvar a sus amigos del acoso de la justicia. Cuidar su poderío en las regiones, bastión de su proyecto histórico. Defender los viejos y los nuevos poderes del campo. Y, sobre todo, impedir un acuerdo de paz antes de derrotar por las armas a la guerrilla. Es decir, jamás. Para todo ello ha lanzado su frente antiterrorista. Si la izquierda no da un vuelco, Colombia seguirá siendo el país más conservador de América, donde no se enfrentan izquierda y derecha sino azul fascista y rojo desteñido.
por Cristina de la Torre | Jun 19, 2012 | Conflicto interno, Junio 2012, La paz, Narcotráfico, Personajes
Tras bambalinas, sin ruido, va levantando Santos el andamiaje jurídico, institucional y político de la obra que lo consagraría en la historia: la paz. Contra viento y marea, ha dicho. Pero a cualquier precio. Se propone ganarle adeptos y neutralizarle enemigos, acá y allá, alternando sin escrúpulos políticas de todos los colores. Así, se la juega en el marco para la paz –redención de guerrilleros y militares que delinquieron en la guerra, y despedida al militarismo de la seguridad democrática. Desafía a la mano negra con una Ley de Víctimas que reconoce el conflicto armado, repara a los ofendidos y, en elocuente remembranza de la bandera agraria de las Farc, restituye tierras. Sin embargo, orquesta una reforma a la justicia que es sórdida componenda de poderes para comprar la benevolencia de magistrados y parlamentarios en vista de un eventual proceso de paz. En este gobierno o en el siguiente, que lo será de Santos también.
De paso, la tal reforma no le sirve al ciudadano: en vez de multiplicar los jueces para descongestionar la Justicia, cercena su autonomía, abre las puertas a su privatización y formaliza la segregación de las mayorías que, además, no tendrán con qué sufragar el servicio, como se dispuso ahora. Para este trocar en negocio los derechos fundamentales, ¿no bastaba con el ejemplo macabro de la salud? En ejercicio de “gobernabilidad”, el Gobierno reparte caramelos por doquier. A los magistrados de las altas cortes, aunque envenenados –según Jorge Iván Cuervo- pues extendiendo su período los coopta y mina su capacidad de reacción cuando a defender la independencia de la Rama toquen. A la mayoría de parlamentarios les destraba la locomotora de la corrupción y la parapolítica, y éstos retribuirán con creces: le aprobarán al Gobierno todas sus iniciativas, incluidas la ley estatutaria de paz y la que fortalece el fuero militar. Avance notable del gobierno de Unidad Nacional, si se recuerda que el entonces presidente Uribe se limitó a pedirle a su bancada parlamentaria votarle los proyectos “antes de ir a la cárcel”. Mucha gabela maloliente suplantó el cambio que no daba espera. Hay a la fecha tres millones de procesos judiciales pendientes. Seguirán pendientes y crecientes. Entre 1993 y 2011, el número de procesos creció 300%, y la nómina del sector, sólo 17%.
Como otro pilar del andamiaje de paz, el presidente ha integrado en un ente poderoso instituciones consagradas al asistencialismo, a la reconciliación y la integración regional. Si la semana pasada elevó Familias en Acción a política de Estado, es porque ya este programa era parte del billonario Departamento de la Prosperidad Social, conformado, entre otras entidades, por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad para la Reconciliación y la Unidad de Restitución de Tierras. Para La Silla Vacía, “lo que el Presidente creó fue toda una institucionalidad relacionada con la superación del conflicto”. Enhorabuena.
A falta de verdaderas simientes de paz, por ejemplo estrategias de industrialización y desarrollo (clausuradas para siempre con el TLC); mientras madura en el continente la idea de Santos de eliminar el narcotráfico –motor de la guerra- legalizando la droga, Colombia cifrará sus esperanzas en estos dispositivos institucionales. Le pedirá al Presidente, eso sí, no desnaturalizar políticas como la restitución de tierras con otras de signo contrario. Y en lugar de extraviar la paz en los vericuetos de la componenda con otros, movilizar a la sociedad toda en torno a aquella. Su garantía suprema serán los colombianos en pleno, no la versátil, a veces contradictoria personalidad del Presidente Santos.
por Cristina de la Torre | Jun 5, 2012 | Iglesias, Junio 2012, Personajes
Anacrónica, violenta, corrupta, la monarquía del Estado Vaticano perpetúa la sordidez de sus homólogas cardenalicias de la baja Edad Media y el Renacimiento. Desplegando nepotismo, simonía, conspiración, guerra, traición y venganza, sus intrigas palaciegas se resolvían a menudo en asesinato del sucesor al solio pontificio: al poder y las arcas del reino. No ha mucho, en 1978, el papa Juan Pablo I habría muerto envenenado. Como envenenados murieron tantos de ellos en el 900, llamado el siglo negro de los papas. Ahora, según David Yallop, una cofradía de mafiosos, estafadores y fascistas se unía al cardenal Villot, secretario de Estado del Vaticano y al obispo Marcinkus, director del Banco Vaticano, para desaparecer al pontífice que quería desmontar la corrupción en la Santa Sede y reivindicaba una iglesia “pobre para los pobres”. Hoy se huele el cardenal Castrillón un complot de asesinato contra Benedicto. El mundo descubre, atónito, documentos secretos que comprometen a la jerarquía de Roma en intrigas y negocios de calado siciliano; en una conspiración de purpurados que van por el poder cuando Ratzinger denuncia vejez y cansancio. Y se destituye a Ettore Tedeschi, presidente del banco de marras que no cesa de lavarle activos a la mafia. Ya en 2001 le estimaban la lavatija en 50 mil millones de dólares. El domingo 27 de mayo, por vez primera en siglos, el pueblo católico abucheó al papa Benedicto en plena Plaza de San Pedro. Síntoma alarmante de que la jerarquía vaticana –ciega, sorda, manca y muda ante una corrupción descomunal- se tambalea al borde del abismo.
La simonía, que hace cinco siglos dio lugar a la Reforma protestante, sigue intacta. Se compraban entonces con dinero dones sobrenaturales, puestos y dignidades eclesiásticas. Negocio redondo pues se accedía así al exuberante patrimonio de la Iglesia. Alejandro VI, padre de César Borgia, pagó dinerales por su nombramiento. Después se dio a multiplicar su riqueza, a envenenar cardenales, a concebir hijos y a abusar de la suya propia, la casta Lucrecia. Como si el tiempo no pasara, nuestro cardenal López Trujillo habría conquistado tal dignidad llevando al óbolo de San Pedro dinero que recibiera de la mafia. El Espectador (20-4-08), reproduce declaraciones del abogado Gustavo Salazar en el sentido de que el entonces obispo de Medellín habría recibido esos fondos de la mafia: “…salió (López) en limusina, pasó por el centro de la ciudad y llegó hasta el club Unión donde varios capos, además de besarle el anillo, le entregaron un maletín con dólares”. En 1984, el National Catholic Reporter acusó a López de presunta participación en el programa de Pablo Escobar “Medellín sin tugurios”. Discípulo amado de Juan Pablo II, en 2005 le pediría este papa a López prepararse para recibir la silla pontifical. A la preservación de las riquezas de Dios en la tierra sirvió también el celibato de los clérigos, que redundó a su turno en “nicolaísmo” o secreta incontinencia de los curas. Hoy los tonsurados no son polígamos sino pederastas. Como Marcial Marcel, obispo violador de niños, otro protegido del papa que subió a los altares por el flanco de la derecha.
Aún se oye el eco de la iglesia de los Borgia: la sangre fría de clérigos entregados a la realpolitik. Enfermos de ambición y de codicia, su opulencia y la hipocresía que los distingue ofenden a legiones de católicos que no truecan ya la doctrina de Jesús por el cetro y la chequera de sus cardenales. A 50 años del malogrado Concilio Vaticano II, de la “opción social por los pobres” de Juan XXIII, el papa campesino, será la indignación de sus fieles la encargada de arrastrarlos al depeñadero.
