por Cristina de la Torre | May 30, 2016 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Mayo 2016, Proceso de paz
Con el secuestro de los periodistas Salud Hernández, D’Pablos y Melo, parece hundirse sin remedio el ELN en la trampa de su torpeza. La sociedad en pleno le ha gritado a la cara que no tolera un plagio más. Pero se ignora si esa guerrilla pueda registrar, tras la coraza de su inmodestia, el repudio general. Si persista en la insultante justificación del secuestro como “política normal” para financiar su guerra, con la que zahirió hace dos meses el trascendental anuncio de dejar las armas, una invitación a soñar con la paz integral. O si entienda que renunciar al secuestro no es ya apenas condición del Gobierno para dialogar sino exigencia de un país que se levanta contra la infamia. El Centro de Memoria Histórica le adjudica al ELN la presunta comisión de 7.362 secuestros; otros la tasan en 10.411. Y el único que sufre no es el plagiado, a quien se deshumaniza con frecuencia hasta matarle el alma. Por víctimas directas asociadas al secuestro se tiene también a otras 200.000 personas, los familiares. Caso al canto, hace un mes debió entregarse Odín Sánchez a esa guerrilla, en canje por su hermano, el exgobernador del Chocó Patrocinio Sánchez, que llevaba dos años y medio secuestrado.
En doctrina y en programa, poco ha cambiado el grupo armado desde su creación. Contra el vértigo de la historia, porfía el ELN en el estatuto que lo vio nacer. Salvo en el referente ético. Si proclamó en la cuna el respeto a la libertad de pensamiento y de culto, fue su primer jefe quien entronizó la violación de ese principio, con el ajusticiamiento por “traición” de todos sus contradictores ideológicos. Y la saga siguió. El 3 de octubre de 1989, secuestró el ELN en Arauca a monseñor Jesús Emilio Jaramillo, de 72 años. Lo torturó y le incrustó cuatro balas en la cabeza. Fue “ajusticiado… por delitos contra la revolución; (por formar parte) del sector más reaccionario de la jerarquía eclesiástica”. Por pronunciarse contra la revolución y contra el comunismo.
Como si no bastara con el secuestro, otras señales levantan dudas sobre la viabilidad de paz con el ELN: el lenguaje de la agenda pactada con el Gobierno, abstracto, hiperbólico sugiere la pretensión de esa guerrilla de alcanzar en la mesa la revolución que no logró en su trasegar de medio siglo. A tono con su ideario, el punto de Transformaciones para la paz no augura concesiones al reformismo. Respira también aquella agenda la tácita ambición de oficiar como vocero legítimo de la sociedad civil. ¿De la sociedad que deplora sus métodos de guerra? ¿De alguna comunidad campesina –en Catatumbo o en Arauca– que resiente el puño de hierro con que el ELN le impone su dominación? Mas el grupo persevera en la ilusión de ser vanguardia político-militar del pueblo, el núcleo armado que “genera y canaliza la conciencia revolucionaria”. Así, el tercer punto invoca la Participación de la sociedad en la construcción de la paz (¿y la implícita autoproclamación del ELN como su líder y vocero?). Años de conversaciones, acaso décadas tendrían que pasar para que las condiciones del país se adaptaran al anhelo mesiánico de este grupo reducido de insurgentes.
Se impone lo contrario: que la agenda sea negociable, no sólo conversable; que aterrice sobre la realidad. Que se reconcilie el ELN con los colombianos devolviendo a los plagiados y renunciando públicamente al secuestro. Sólo así podrá revalorizar la esencia del viraje cardinal que tuvo la valentía de anunciar el 30 de marzo: pasar de la lucha armada a la política. He aquí el camino para que el ELN no tenga que inmolarse en su propia trampa. Para que derive, más bien, en artífice de la paz integral que Colombia reclama.
por Cristina de la Torre | Abr 18, 2016 | Abril 2016, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Proceso de paz, Uribismo
Aparece cada día un nuevo indicio de que la derecha violenta, paramilitar, se arrima a la ofensiva del uribismo por la reconquista del poder, cuando la paz y una reforma rural asoman la cabeza. En simultánea, ideólogos de esta corriente –Ordóñez y Lafaurie– defienden sin máscaras, sin eufemismos a los despojadores de tierras. Peroran acaloradamente en santuarios del paramilitarismo que ahora incorpora “asociaciones de víctimas de la restitución”; vale decir, ejércitos antirrestitución, autores de 72 asesinatos de líderes reclamantes de tierra en Urabá. Cazando votos sobre el sufrimiento de las víctimas, despliegan estos patriotas sin mácula energúmeno lenguaje que invitaría a disparar contra los despojados y sus apoderados. Táctica siniestra esta de poner lápida a la contraparte en el debate. De la cual abusó el régimen de la seguridad autocrática y hoy ensaya de nuevo el expresidente Uribe en la persona de dos de sus críticos: Moritz y Yohir Akerman, a quienes acusa, sin fundamento, de militar en el ELN.
Hay en esta incontinencia verbal del uribismo asombrosa afinidad con la terminología que Carlos Castaño empleaba para recubrir sus crímenes con barniz político. Al punto de no saberse quién copió a quién: si Uribe en su persecución a opositores, jueces y periodistas dizque por ser “guerrilleros vestidos de civil”; o el jefe paramilitar al asesinar civiles inermes rugiendo idéntica expresión: en 1997 le dijo Castaño a Cambio 16 que él mataba “guerrilleros fuera de combate, que no son campesinos sino guerrilleros vestidos de civil”. Y Aurelio Morantes, jefe de las autodefensas de Santander y el sur del Cesar, autor de la masacre de Barranca en 1988, declaró: “unos fueron incinerados y otros arrojados a las aguas del río Magdalena […]; hemos declarado objetivo militar a los guerrilleros vestidos de civil” (Espectador, 21, 9, 98).
Pero hay más. La coincidencia de términos parece enraizar en identidad política. En columna memorable (El Colombiano, 2006), abunda Fernando Londoño en elogios al “intelectual” Carlos Castaño, se duele de su muerte y hace votos por la resurrección de su ideario. Pero al temible jefe de las AUC y a sus hermanos se les atribuían ya, entre 1987 y 2002, 18 masacres con centenares de muertos y el asesinato de otros tantos dirigentes políticos. Lo que tampoco a Ordóñez le impidió escribir por esas calendas que “las autodefensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva”. Ni inhibió al espadachín del Señor de los Ejércitos para hacerse el distraído esta semana ante la presencia en sus concentraciones políticas de Tuto Castro, comandante del Bloque Norte de las AUC. Ni para patrocinar virtualmente a los victimarios que habían readjudicado a nuevos campesinos los predios arrebatados, “de listas elaboradas por Jorge 40 que ahora alegan su buena fe”, según revela Alejandro Reyes. Como todo el mundo sabe, a Jorge 40 se le atribuyen 80 masacres en el Magdalena. Mas Lafaurie coopta el argumento del masacrador y espeta: la restitución de tierras es la cuota inicial para que ciertos grupos armados recuperen el control del territorio; “y no se lo vamos a permitir”.
¿Toque a guerra civil, a la acción intrépida y el atentado personal, a hacer invivible la República, como en efecto lo logró Laureano, dios y mentor de los nuevos cruzados de la guerra? Tiempos aciagos de la Violencia que arrojó 300 mil muertos, seguidos de esta otra con otros 300 mil muertos, que el uribismo podría prolongar con el pavoroso efecto de su verbo intrépido sobre el gatillo de la derecha armada; y con su defensa a ultranza del modelo agrario en boga: el de tierra sin hombres y hombres sin tierra.
por Cristina de la Torre | Abr 4, 2016 | Abril 2016, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Proceso de paz
Pese a los pronunciamientos de la derecha armada y la derecha desarmada contra la paz, la apertura de negociaciones con el ELN podrá acercar dramáticamente un final sin fisuras del conflicto armado. Por vez primera en 25 años de aproximaciones sin fruto, se allana esa guerrilla a la pepa de la negociación: dejar las armas. Pero en desafortunada confluencia con nutridas manifestaciones del uribismo en Medellín y Bogotá, sembraron pánico los paramilitares en 36 municipios y asesinaron a 6 personas. Un atentado fallido se registró contra la senadora Piedad Córdoba en Quibdó, mientras el orador que animaba la movilización paisa exigía libertad para Jorge Noguera. Director del DAS en tiempos de la Seguridad Democrática, hoy paga él cárcel por asesinato y por poner ese organismo al servicio de narcotraficantes y sus ejércitos. Heredera de aquel paramilitarismo, la sola organización de los Urabeños controla 60% del narcotráfico y 70% de la minería ilegal; provoca todavía el desplazamiento anual de 300 mil campesinos; asesina dirigentes sociales y de izquierda; coloniza el Estado en provincia y se roba sus rentas; cultiva viejos vínculos con empresarios, con uniformados y con la parapolítica, hoy actuante desde las cárceles o por interpuesta parentela. Poder terrorífico capaz de malograr todo acuerdo con las guerrillas y la construcción de un país sin guerra, si no lo disuelve el Estado a tiempo. Que es al calor de la guerra como medran su embestida sobre el Estado y sus negocios.
Pero, torpe, arriesga el ELN borrar con el codo lo que ha escrito con la mano. Y debuta agregando sal a una de las heridas más lacerantes que ha infligido esta guerra a los colombianos: el secuestro. Delito abominable, del cual este grupo armado es campeón. A la condición del Presidente de liberar a todos los secuestrados para iniciar conversaciones, responden sus negociadores que no aceptan condiciones, que el secuestro es “una política normal” con la cual se financian, y que no piensan tratar el tema en la mesa. Vea usted.
No apenas porque el Gobierno lo imponga como condición, sino por ser exigencia clamorosa de la sociedad, el ELN debe liberar a los secuestrados, comprometerse públicamente a cesar esta práctica inhumana y pedir perdón por ella. Llamado insistente de Carlos Arturo Velandia, excomandante desmovilizado del ELN y vocero suyo en procesos de paz adelantados con los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe. Es que las cifras escandalizan. Según el Centro de Memoria Histórica, a las guerrillas se adjudica el 90% de los 27.023 secuestros documentados entre 1970 y 2010 y asociados al conflicto. La mitad de ellos, al ELN. Mancha infame que éste ha de borrar en el acto. No sólo para arribar a la mesa de negociación sino, sobre todo, por respeto a los colombianos.
Parece de suyo sospechar que violentos como los Urabeños puedan sentirse justificados en la procacidad de los ataques del uribismo a la paz. Y tal vez ese temor inspire a Luis Carlos Restrepo para pedirle al CD que apoye las negociaciones de paz. Que acepte públicamente “que es mejor culminar con un acuerdo el proceso en marcha, que exponernos a una ruptura que podría desatar nuevas dinámicas de violencia […] El CD debe complementar sus críticas válidas con una propuesta para manejar la continuidad del diálogo, tendiendo puentes hacia un sector importante de la ciudadanía que de buena fe quiere la paz”.
Apresúrese el Gobierno, por su parte, a parar en seco al monstruo renacido del paramilitarismo. Y el ELN, a entender que renunciar al secuestro no le es ya una opción voluntaria; es imperativo político sin cuya satisfacción podrá quemársele el pan en la puerta del horno. Responda al boicot con una esperanza cierta de paz integral.
por Cristina de la Torre | Nov 2, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Izquierda, La paz, Noviembre 2015, Proceso de paz
Hace treinta años, el 14 de noviembre de 1985, un comando del ELN asesinó en una calle de Barrancabermeja a Ricardo Lara Parada, cofundador, segundo al mando y disidente político de esa guerrilla. Dijeron haberlo ejecutado por traición. Pero su expediente judicial y testimonios como el del general Valencia Tovar, su archienemigo, probaron que a nadie delató cuando en 1973 cayó preso en manos del enemigo. A Lara lo mataron, como a otros dirigentes del ELN, por discrepar del militarismo que aislaba a esa guerrilla de las masas y la blindaba contra los desafíos de la realpolitik. Belicismo que, además, encubría la debilidad de un jefe por el poder absoluto, sólo dable allí sobre un grupo escurridizo en la selva. Lo liquidaron por abandonar las armas para convocar inconformes desde su Frente Amplio del Magdalena Medio (FAM) y como concejal de discursos memorables en Barranca. Guerrilla mesiánica autocalificada vanguardia del pueblo, en el ELN menudearon purgas y calladas rebeldías, acicateadas por el desencanto ante una revolución reducida a supervivencia en el monte. Se pronunció primero Ricardo Lara; a poco, Replanteamiento y, en 1994, la Corriente de Renovación Socialista.
Hoy se encuentra esa guerrilla a las puertas de una negociación de paz. Enhorabuena. La esperanza es llegar a buen puerto. Pero se agolpan signos que siembran dudas sobre su voluntad para lograrlo. Primero, el aval de su dirigencia a la masacre de doce soldados la semana pasada humilló a los colombianos. Segundo, su insistencia en imponer reformas estructurales en la mesa de diálogo, en forzar su “revolución por decreto”, puede malograr la negociación. Y el ELN lo sabe. ¿Quiere esa guerrilla el fin del conflicto, o sólo jugar a conversar como estrategia de guerra? ¿Su novel crítica de las armas responde a un genuino viraje y al propósito de conceder razón a los ajusticiados por discrepancia ideológica? ¿Renunciará al cínico aprovechamiento de la figura de Camilo como emblema y mártir de una guerrilla que no ha reconocido su parte de responsabilidad en el sacrificio inducido del gran líder de masas?
En entrevista concedida a esta periodista (Revista Trópicos, 1980), retirado ya del RLN, dice Lara que los referentes de su entrenamiento en Cuba en 1962 quedaron desvirtuados por los hechos: si el foco guerrillero incendió la pradera de Cuba, en el resto de América Latina fracasó. Colombia era distinta, no podía pelechar aquí el foco insurreccional. También el Che fracasó en Bolivia, Béjar en Perú, Cendic en Uruguay, Mariguella en Brasil, Lima en Guatemala… Balance contundente, se diría, que informó el desmoronamiento de todas las guerrillas del continente; menos de las nuestras. Revaluada la teoría del Che en el continente, remarca Lara, se impone la política de masas. ¿Querrá el ELN respirar por fin aquellos aires?
Aires que también Replanteamiento trajo, aquella disidencia que reivindicó la primacía de la política sobre la confrontación militar. Según Alonso Ojeda, su mentor más saliente, la nueva corriente abrevó en dos retos: el de sobreponerse a la desaparición de todo un frente guerrillero en Anorí, y el de sintonizarse con el movimiento social en alza de comienzos de los años setenta. Se extendió a toda la organización el imperativo de revisar métodos de organización y de lucha, para sentar la preeminencia de la política y apuntar a un Frente Político Amplio.
El país espera que el ELN se allane a la paz, a la reconciliación con la sociedad y con sus víctimas. Que preste oídos al llamado de Mónica Lara, la hija del sacrificado, a “luchar desde la no-violencia, a emprender el camino pionero que inició mi padre treinta años atrás con la creación del FAM”.
por Cristina de la Torre | Sep 27, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Izquierda, La paz, Proceso de paz, Septiembre 2015
Mientras Colombia respira por fin en la antesala de la paz, Álvaro Uribe hace maromas para no morder el polvo de la derrota. Que perder las armas es abocarse a perder la partida. El sometimiento de las Farc a la justicia burguesa le hurta al uribismo su recurso al apocalipsis del castro-chavismo. Y el ingreso de esa guerrilla en la legalidad desvanecerá el pretexto que a la derecha le ha permitido aplastar a los inconformes y prevalecer sin competencia posible en el poder. Se acabaría aquello de que todo contradictor es enemigo mortal, candidato a desaparecer a bala o motosierra. Caducaría la pretensión de defender la democracia aguzando la vista, marica, para desentrañar el terrorismo que anida en toda idea de cambio; en toda reivindicación de derechos.
Pero el acuerdo de justicia transicional, con investigación, juicio, condena, pena, verdad y reparación forzosas; con procedimiento simétrico para todos los responsables de atrocidades en esta guerra –políticos y empresarios incluidos– provoca efectos inesperados: desconcierta a quienes llevan tres años saboteando las conversaciones de paz con exigencias de rendición imposible de una guerrilla no derrotada siquiera por el adalid de la guerra en sus largos años de gobierno. Y, sin embargo, por encima del júbilo resonante ante la inminencia del acuerdo final; del 62% de ciudadanos que respaldaron al punto el modelo judicial adoptado; pese al aval de la comunidad internacional y del Papa, el Centro Democrático aspira, impúdico, a cosechar votos sobre los cadáveres de otros 220.000 colombianos. Víctimas inermes de una guerra sin fin, en la que no se batirá ningún Jerónimo, ningún Tomas.
Si ponderadas para hacer justicia sin comprometer la paz, las penas comportan a la vez privación de la libertad vigilada; restauración de lazos entre dolientes, agresores y sociedad; reparación a las víctimas y garantía de no reincidencia. Pero quien se acoja a este modelo judicial tendrá que haber dejado antes las armas. A más tardar en mayo del año entrante. Y si no dice toda la verdad, irá 20 años a la cárcel. No habrá indulto para crímenes de guerra y de lesa humanidad, aunque amnistía podrá concederse para delitos políticos y conexos. Muy a pesar de las Farc, el Gobierno impuso justicia con condena penal. Y aquellas debieron arrojarse desde el pedestal de sus autocomplacencias heroicas hasta reconocerse como victimarios, autores de delitos atroces.
Las víctimas, espina dorsal del acuerdo, han mostrado satisfacción. El general (r) Mendieta, 12 años secuestrado por las Farc, aceptó que a estas se les aplique pena distinta de prisión. Pero si reconocen a sus víctimas, ayudan a buscar desaparecidos, entregan a todos los secuestrados y dan garantía de no repetición. Así los gremios de la producción, con la significativa declaración de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, para quien “el acuerdo satisface los derechos de las víctimas”. Y el general Ruiz Barrera, líder de los oficiales retirados, sentenció que la paz ganó la partida.
A contrapelo de su vanidad, tendrá Uribe que allanarse al peso de los hechos: este acuerdo judicial y el apretón de manos entre el Presidente Santos y el jefe de las Farc abren desde ya las puertas del posconflicto. Reconocer que el sometimiento de esa guerrilla al Estado de derecho y el modesto alcance de los cambios pactados –reforma rural, apertura política, revisión de la política antinarcóticos– son triunfo del reformismo liberal no del chavismo. Pero el proceso comporta un ingrediente trascendental: terminar el conflicto armado es empezar a romper el vínculo entre política y armas. En la izquierda y en la derecha. ¿Será esto lo que saca de quicio a Uribe?
