por Cristina de la Torre | Oct 3, 2016 | Conflicto interno, Octubre 2016, POR FECHA, POR TEMA
Ganaron el odio a las Farc y la ficción aquella de que el voto por el Sí sentaría al punto a Timochenko en la silla presidencial, e implantaría el castrochavismo en Colombia. Ganó el expresidente Uribe silla primera en una eventual renegociación de paz. Ganó el Centro Democrático posibilidades ciertas de disputarse la presidencia en 2018. Ganó espacio la contrapropuesta de la ultraderecha al programa de cambio rural y ampliación de la democracia que el acuerdo de La Habana incorporaba. Reformas capaces de desactivar la bomba social que reverbera en la desigualdad sin esperanza y es caldo de cultivo para cualquier solución heterodoxa. Si logra esa fuerza política imponerse contra ellas, le habrá despejado el camino al castrochavismo. No son los Rodrigo Londoño, Timochenko ayer, quienes puedan encarnar esa amenaza. Esta se sazona es en la impaciencia del país vejado en la injusticia, hoy en rebeldía contra el miedo que lo paralizaba. Un proyecto tal en cabeza de su único doliente, el partido de las Farc con 4% de favorabilidad política, no tiene porvenir. Además, no pega aquí el castrochavismo que germinó en las particulares condiciones de Venezuela.
El No, opción que una dirigencia de extrema derecha vendió como panacea para la patria, niega el cambio democrático y gradual que Colombia pide a gritos, y propicia así un estallido social que desemboque en el régimen de marras. Con pretexto de amenaza marxista, exacerbó el uribismo el imaginario anticomunista de la Guerra Fría, en esta democracia de mentirijillas que lo mismo elige al brazo político del narcoparamilitarismo que le niega, inflexible, un espacio a la opción socialista que discurre en la legalidad.
Es que la sociedad se despabila. A la voz de paz y democracia, tras una vida de sufrimiento y rabia contenida, renace, verbigracia, el movimiento campesino, tras el aplastamiento de la ANUC. Y otra sacudida emblemática: la población LGBTI da la cara, conquista en pocos años todos sus derechos; y se deja representar en el coraje de dos parlamentarias y dos ministras que se presentan ante el mundo como pareja. Viene esta comunidad de ser blanco de limpieza social, vergonzoso método de profilaxis en sociedades enfermas. Logros impensables en un país donde un pastor cristiano denuncia la llegada del Anticristo vomitando desde La Habana lenguas de fuego para imponernos una dictadura gay; donde otros de su estirpe amenazan con cambiar la Biblia por el fusil, si gana el Sí a la paz.
Claro que las Farc ponen la mira en el castrochavismo; pero no hay con quién. La ventaja es que este reto forzará al resto de partidos a definir nítidamente sus propuestas. Para la izquierda democrática, una eventual alianza con el de las odiadas Farc podrá ser el abrazo del oso. Por otra parte, no podría replicarse a pie juntillas aquel modelo en Colombia, como lo señala Juanita León. No hay aquí mito fundacional en cabeza de un héroe histórico: Tirofijo no es Simón Bolívar. Ni cuenta nuestra izquierda con un caudillo capaz de llenar el vacío de la vieja política, ahogada en corrupción. Peor aún, más antipatía despiertan las Farc que los partidos tradicionales. Y con Cuba no se cuenta, como contó Chávez, porque ahora Raúl Castro liba mojitos con Obama. Para rematar, la imagen de una Venezuela que se desmorona no invita a suscribir su Socialismo del siglo XXI.
Pero si, envalentonado con el triunfo del No, concurre el uribismo al gran pacto nacional por la paz que el Presidente Santos convoca, para desmontar las reformas acordadas en La Habana, habrá creado esa derecha las condiciones para una deriva castrochavista. No está el palo para cucharas de ninguna iglesia, menos aún la de la nomenclatura venezolana
por Cristina de la Torre | Jul 26, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, Julio 2016
Dijo una dama de Medellín, llevándose la mano al corazón. Así se sumaba ella, entusiasta seguidora del expresidente Uribe, al contingente en expansión de colombianos sacudidos por el imperativo moral de ahorrarle a su país otros 300.000 muertos. Otros se inclinarán, aun desde orillas opuestas a la del Centro Democrático, por sacrificar esta oportunidad irrepetible de conjurar la contienda, en el altar de una paz perfecta, impracticable, sublimada en la propaganda de los paladines que no mandan a sus hijos al frente de batalla. Muchos en la base del uribismo se dejarán arrastrar de buena fe por el señuelo de una “paz sin impunidad”, fraguado en la aversión de la gente hacia las Farc. Pero hacen sus dirigentes maromas para tratar de ocultar lo inocultable: votar contra el acuerdo de paz es votar contra la desmovilización de las Farc; contra su renuncia a las armas y su incorporación a la vida civil. Es, en últimas, votar por la contrapartida inevitable de la paz posible: la continuidad de la guerra.
Guerra de crueldades y sevicia que desafían la imaginación. De escuelas paramilitares que enseñan a descuartizar hombres vivos, con motosierra o machete. De incinerados en el horror de Machuca, en incendio provocado por voladura del oleoducto por el ELN. De 27.000 secuestrados, casi todos a manos de guerrillas. De 25.000 desapariciones forzadas, más del doble de las que registraron las dictaduras del Cono Sur. De masacres selladas con huida de los que no alcanzaron a mirar atrás para dar un último adiós a sus muertos.
No se libra esta guerra entre combatientes, señala el Grupo de Memoria Histórica, en cuya obra nos apoyamos aquí: su blanco privilegiado fue el campesino inerme. En él se ensañaron los armados para sembrar el terror, subyugar a la población, provocar desplazamiento masivo, apropiarse la tierra y controlar el territorio. Debió ser guerra de exterminio, pues trataron a la población como prolongación del enemigo. Si paramilitares, masacre y tierra arrasada. Si guerrilleros, secuestro. Si miembros de la Fuerza Pública, asesinato selectivo. Degollamiento, descuartizamiento, decapitación, empalamiento fueron medios de violencia y crueldad extremas, especialidades del paramilitarismo.
A la masacre se acudió para causar terror y sufrimiento intenso; para fracturar relaciones y vínculos sociales, para destruir la identidad y la cultura de la comunidad. Doblemente dolorosa, cuando las víctimas fueron niños. Como los 48 que perecieron entre las 102 personas caídas en la iglesia de Bojayá. La desaparición forzada es delito atroz que oculta un asesinato; tortura sicológica para la familia, prolonga el padecimiento en la incertidumbre y la imposibilidad del duelo. Por su parte, el secuestro es barbaridad contra la libertad y la dignidad de la persona. De miles de secuestrados no volvió a saberse: se convirtieron en desaparecidos. La violencia sexual busca degradar a la mujer y humillar, en ella, al enemigo. De desplazamiento, ni hablar; en este rubro, es Colombia campeón mundial. En el peor momento de su tragedia, el pueblo de San Carlos, víctima de todas las violencias, vio reducir su población de 25.000 habitantes a 5.000.
Más allá de cualquier pretexto jurídico, espíritu de venganza o embuste, el plebiscito que se avecina podrá ser un grito de rebeldía contra el horror. Fiesta para congratularse por los muertos que ya no serán. Epifanía, si triunfa de la sinrazón; de la desvergonzada evocación por la bancada uribista del régimen ominoso que vistió de negro sus banderas. Cada día menos colombianos se sienten capaces de votar por la guerra. Y esta comprobación devuelve la esperanza.
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por Cristina de la Torre | Jun 27, 2016 | Conflicto interno, Junio 2016, La paz
A medio camino va la hazaña de La Habana. Hito de nuestra historia en un siglo, sí; saludado con lágrimas de felicidad, el fin de la guerra será flor de un día si no se empieza ya a forjar un país distinto del que dio lugar a la contienda. Y se manchará si no entienden las Farc que con su renuncia a las armas ganaron el derecho político de disputarse el poder, mas no todavía el derecho moral de pedir su voto a los millones de colombianos que repudian los crímenes de esa guerrilla y le exigen pedir perdón. Legítimo reclamo que no inhibió, sin embargo, un estallido de júbilo en el país, a la firma del cese el fuego definitivo. Era el cierre de un conflicto que cobraba casi 300.000 muertos y 100.000 desaparecidos.
Sueño convertido en realidad, la guerrilla más recalcitrante del hemisferio se comprometía ante el mundo a deponer las armas. Tras perseguir durante medio siglo el derrocamiento del Estado burgués, se allanaba ahora a las instituciones de la democracia liberal: a la decisión de la Corte Constitucional sobre refrendación de los acuerdos; a la exclusividad de la Hacienda Pública sobre los impuestos, es decir, renuncia a la extorsión; al monopolio de la fuerza en cabeza del Estado, al deponer ellas las armas. El pacto suscrito es proporcional a la fuerza de las partes: ni pudo la insurgencia imponer su revolución por decreto; ni el Estado, humillar con rendición a una guerrilla apaleada pero no derrotada. Exánime quedó la paz de la derecha extrema, perversamente magnificada como cárcel sin apelación y negación de la política para quienes ofrecían con lealtad las armas. Su calculado desenlace, la guerra perpetua. Modelo único entre todas las experiencias de negociación de paz en el orbe.
Ahora bien, construir la paz será desafío formidable para todos. Porque implica no sólo disponer los espíritus a la reconciliación y entronizar una genuina democracia, sino producir cambios sustanciales en la economía y en la sociedad. Ya los acuerdos de La Habana prometen, verbigracia, una reforma rural que nuestras élites, las más reaccionarias del continente, han represado a plomo durante un siglo. Anticipando el posconflicto, el renacido movimiento campesino reclama de nuevo reforma agraria integral, cambio de modelo económico en el campo y protección del Estado sobre la producción nacional. Hay también quienes puntualizan propuestas de reindustrialización y un viraje en el paradigma de apertura que la frustró en el huevo. En salud, proliferan alternativas a la ley 100 que convirtió en negocio la salud, y este Gobierno acolita.
Mientras se presiente el espectáculo de confrontación de ideas, sin fusiles, bien para reconstruir el país, bien para defender la sociedad del privilegio, Rafael Pardo, Ministro del Posconflicto, anuncia cambios sin precedentes en el campo. Para empezar, proyectos de estabilización socioeconómica inmediata, justicia y seguridad en los 100 municipios más afectados por la guerra. A diez años vista, se maduran contratos-plan con enfoque territorial en todos los departamentos, con énfasis en reconstrucción del tejido social. Enhorabuena.
Aquel hervidero de ideas, acicateado por el advenimiento de la paz, augura un nuevo amanecer. Al abrigo del siempre nuevo principio democrático. “He sido un implacable adversario de las Farc –dijo en su discurso de La Habana el presidente Santos– Pero defenderé con igual determinación su derecho a expresarse […] por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo”. Elocuente invitación a la recíproca de las Farc, no bien sanen ellas las heridas de sus víctimas. Y a la extrema derecha, cuando esta emplace de viva voz a quienes disparan en nombre de su corriente política.
por Cristina de la Torre | Jun 13, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, Junio 2016, Proceso de paz, Régimen político, Uribismo
Hasta en sus empresas menos heroicas, como esta de boicotear la paz, adopta Álvaro Uribe aires de dios tronante para diluir en ruido las flaquezas propias. Con firmatón rubrica sus delirios –siempre en tono de guerra– simulando indignación por las penas alternativas que se impondrán a las Farc; y exige cárcel para ellas, entre otros, por el delito de narcotráfico. Pero este estatuto de justicia transicional es pálido reflejo, y él lo sabe, de las concesiones y gabelas que pujó por concederles a los narco-paramilitares en su primer Gobierno. Cuando acaso esperaban ellos reciprocidad por los muchos votos que habían aportado a su elección; y porque la Ley de Justicia y Paz, concebida para regular la desmovilización de las AUC (que albergaban a los capos del narcotráfico) alcanzara en Ralito su primer hervor.
Pero, simulando honor ultrajado, pregona el expresidente que el de La Habana es “un pacto de total impunidad”. Inflama así la instintiva aversión de muchos colombianos hacia esta guerrilla arrogante, y la transforma en odio al enemigo supremo, “la far”. Además, se insubordina por anticipado contra un pronunciamiento de las mayorías por la paz. Y, presa de pánico ante el fin del conflicto armado, se fatiga en prefabricar un clima de catástrofe semejante al de 2002, cuando el fiasco del Caguán le despejó el camino hacia la presidencia de la república. Entonces devolvió a los subversivos selva adentro y se tomó la guerra a pecho como estrategia invariable, eterna de su proyecto político. Presumible que porfíe en ella mientras se asienta el ciclo de la violenta transición que el narcotráfico apareja, y cuyos beneficiarios, ricos y pobres, lo consideran su mentor. Voluntario o involuntario, pero mentor.
La Ley de Justicia y Paz terminó por reducir las culpas de los paramilitares a su mínima expresión. En 2003 debutó el Gobierno con la propuesta de conceder amnistía aún a los responsables de delitos atroces, sin pagar un día de cárcel, mientras aceptaran desmovilizarse. Llovieron críticas. Mas una segunda versión de 2005 contemplaba, entre otras prerrogativas, la de darle al paramilitarismo estatus político. Y podía la Ley favorecer a desmovilizados que vinieran del narcotráfico. La aplanadora uribista del Congreso aprobó la norma, aun violentando el procedimiento legal. Pero las Cortes la modularon después. Ahora quien rindiera versión libre por delitos de guerra y de lesa humanidad pagaría entre cinco y ocho años de prisión; y la Corte Suprema negó la posibilidad de elevar el paramilitarismo a delito político. En diez años de vigencia, sobre 32.000 desmovilizados y 900 judicializados, la Ley arroja míseras 22 condenas. Una vergüenza.
La uribista, entusiasta de esta Ley, no era cualquier bancada. Hasta 2009 se contaron 102 parlamentarios investigados por vínculos con paramilitares y 80% de estos parapolíticos pertenecía a la coalición de Gobierno. No es cosa baladí: la parapolítica es el brazo político de los ejércitos del narcotráfico, autores de masacres sin cuento y de asesinatos espeluznantes a motosierra batiente. ¿A qué tanto moralismo impostado del exmandatario que le pidió a esa bancada aprobarle sus proyectos antes de ir a la cárcel?
La inminencia del fin de la guerra con las Farc demuestra que el país no está condenado a la fatalidad de una violencia sin remedio. Que, por saber del sufrimiento extremo, desconfiarán los colombianos de simulaciones y mentiras que bien pueden costar otros 300.000 muertos. Hago votos por una refrendación masiva de los acuerdos de La Habana. Hago votos porque no prospere la resistencia del expresidente Uribe contra la paz que por vez primera en sesenta años asoma la cabeza.
por Cristina de la Torre | Jun 6, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Política agraria, Política económica, Proceso de paz
Gobierno tardo, desganado cuando de campesinos se trata, lo sorprende el posconflicto sin instrumentos acondicionados para saldar una deuda histórica con la población del campo sojuzgada, ahogada en sangre por cuarteleros de todos los colores. En la otra orilla, resucita la organización campesina que bajo la enseña de Anuc protagonizara hace cuarenta años la más pujante movilización por la tierra en América Latina. Y restaura ahora, como Cumbre Agraria, su estatura política: se impone como interlocutor legítimo del Gobierno para contraponerle –en la mesa de negociación o en la protesta– un modelo económico alternativo al del ignominioso privilegio del gran capital. Debuta, pues, con libre juego de ideas en un posconflicto que augura más democracia. Exige, sí, el cumplimiento de lo acordado en 2013. Como los fondos para vías, escuelas, acueductos y puestos de salud en zonas olvidadas. Pero han dicho los líderes que es la estructura del modelo rural la que concentra su interés. En perspectiva de reforma agraria integral y de participación política, cooptan, a su manera, los acuerdos de La Habana y apuntan a los problemas de tierra, territorio y soberanía; del modelo minero-energético, y de sustitución de cultivos.
Marcadas ayer y hoy por el despojo violento de la tierra, las luchas campesinas en Colombia sufrieron también el embate de la expansión guerrillera y paramilitar. Sobre todo a manos de esta última, el campesinado perdió la tierra y, sus dirigentes, la vida. La contrarreforma agraria arrojó ocho millones de víctimas. Hoy prevalece un agresivo modelo agroindustrial y de minería depredadora que podrá triturar la economía campesina, compromete la seguridad alimentaria del país y profundiza las inequidades. Resultado: hiperconcentración, sin par en el mundo, de la propiedad agraria. Duro patrón histórico de lucha por la tierra, adjudicación, violencia y despojo, en cadena siniestra integrada por grupos armados, notablato tradicional, funcionarios públicos, empresarios y políticos. Funesto conglomerado que hoy organiza ejércitos antirrestitución y promueve leyes que revictimizan a los despojados. Como la de María Fernanda Cabal.
De un cambio en la tenencia y uso de la tierra dependerá en gran medida el buen éxito del posconflicto. Con acceso a la tierra, entrega de baldíos a los campesinos, medidas para enfrentar la crisis de la producción agropecuaria, control de la minería, sustitución autónoma y concertada de cultivos ilícitos; amparo jurídico a territorios indígenas, a consejos comunitarios de los afros y a las zonas de reserva campesina; y respeto a los derechos políticos del campesinado, como lo postula la Minga Agraria.
Cuídese el movimiento campesino de los intentos del ELN por suplantarlo, en repetición de la trágica experiencia de la Anuc en los años 70, cuando a la brutal represión oficial se sumó el asedio de grupos guerrilleros. En su afán de “tomarse” lo ajeno, le dieron a la caverna y al Gobierno argumentos para liquidar a la Anuc y asesinar, uno tras otro, a sus líderes: “son guerrilleros vestidos de campesinos”. Con el tiempo, Carlos Castaño y algún expresidente ajustarían la expresión que era sentencia de muerte: “Son guerrilleros vestidos de civil”. Entre líderes populares y de restitución de tierras, hubo el año pasado 63 asesinados y 251 amenazados.
La clase dirigente no puede ya darse el lujo de trivializar el posconflicto con mohines y mediastintas que, a la hora de las definiciones, pueden significar aval a una guerra sin fin, tolerada o propiciada por aquella desde tiempos inmemoriales. Ni puede el Gobierno taparse ojos y oídos para no ver ni oír un viejo anhelo que se ha convertido en bandera inexpugnable del campesinado: “queremos pasar de sirvientes de los ricos a propietarios de tierra”.
