por Cristina de la Torre | Sep 10, 2017 | Acuerdos de paz, Izquierda, Modelo Político, Partidos, Posconflicto, Proceso de paz, Septiembre 2017
Por su estatura moral e intelectual, artífice de la Constitución del 91 y del fin de una guerra de 52 años, Humberto de la Calle se ofrece como el más seguro candidato de la paz y del cambio que ella demanda. Crece el número de quienes le auguran la candidatura presidencial en la amplia coalición que se cuece como alternativa a las extremas de izquierda y de derecha: al Centro Democrático y a la Farc. Aunque reñida será la competencia con Claudia López, batalladora implacable contra la corrupción, que coloniza cada día nuevos territorios de opinión.
En conversatorio con Natalia Orozco en Medellín, reafirmó De la Calle sus discrepancias con el Centro Democrático, por porfiar ese partido en hacer trizas los Acuerdos de Paz, abocándonos de nuevo a la guerra. Añicos lo haría por estocada letal, a la Londoño (diría yo); o bien, “corrigiendo” su esencia al negar la participación de los reinsertados en política y al desmontar la Justicia transicional. Censura el candidato la treta uribista de cambiar la reflexión por el insulto, la controversia razonada por la masificación del odio pues, a la manera de la Violencia, los insultos en la capital se convierten en bala en la periferia. Porque, recaba, la Mano Negra no ha muerto. Tampoco transige con amenazas contra la sociedad abierta desde el caudillismo y el populismo, ni con la malévola intención de arrastrarnos a una guerra religiosa. Objeta, además, la repulsa del uribismo a la reforma rural y su descabellada pretensión de sacrificar aun el principio de función social de la propiedad consagrado en Colombia desde 1936.
De la Calle se propone defender el Acuerdo de Paz contra aquella celada. Jugársela por las reformas pactadas, porque ellas atañen a la sociedad entera: estabilizar el campo, garantizar acceso a la tierra para los campesinos, limpiar la política, ampliar la democracia, integrar las comunidades olvidadas, son deudas históricas del Estado que la sociedad no perdona ya. Paso inicial en el camino de la equidad y la inclusión, hacia una sociedad abierta, de filosofía liberal, pluralista, que reconozca la diferencia, que propenda al diálogo y no a la violencia para dirimir contradicciones. Terminada la guerra, dice, en una sociedad tan desigual como la nuestra seguirán vivos elementos del conflicto. Y el paso a la modernidad consiste en tramitarlos por los canales de la democracia, sin apelar a la fuerza. Es la suya una propuesta de cambio que mira hacia el futuro; su antípoda, inmovilismo e involución al pasado.
Si se congratula de que las Farc ingresaran por fin en la política sin armas, guarda De la Calle toda su distancia ideológica frente a ellas. En entrevista concedida hace un mes a Juan Gabriel Vásquez, calificaba al grupo armado de “excrecencia del pasado”: una organización autoritaria en su seno, anacrónica inicialmente en su idea de propiedad agraria (condena a priori de la gran explotación y santificación del microfundio) e ineficaz para mejorar la vida en comunidad. El recurso a la violencia se sumó para convertirla en una carga retardataria. Mas reconoce que el proceso de paz “liquidó una fase anacrónica y superada en todas partes”: la fase del alzamiento en armas.
A la espera del programa de la Farc, acaso ablande el candidato en algo tan duro juicio a una colectividad con la cual habrá de competir en el ejercicio de la política. Política que será ahora “más ideológica y aún más radical: un desafío para los partidos tradicionales”, que deberán ofrecer soluciones de verdad. La apertura política permitirá una participación en aumento de la sociedad por sus derechos, signada por la disyuntiva que Humberto de la Calle ha planteado: reforma o estancamiento.
por Cristina de la Torre | Jun 20, 2017 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Junio 2017, La paz, Proceso de paz, Uribismo
Destilando bilis, envenenado de rencor asiste el uribismo al desarme de las Farc, mientras millones de dolientes celebran el milagro de una guerrilla poderosa que silencia sus fusiles para siempre. Es el fin de una guerra de medio siglo que cobró miles y miles de vidas inocentes. Como traicionado por la amante que halaga su hombría en el juego de la guerra, queda el Centro Democrático disparando al aire, reducido a la prosaica realidad: con la desaparición del enemigo armado se descorre el velo heroico de su gesta anticomunista, para desnudar ahora la crudeza de una propuesta ultraconservadora, por la que siempre se batió entre bastidores. Ni democracia, ni reforma rural, ni redención de la Colombia olvidada, ni castigo para responsables de atrocidades en el bando de terratenientes, uniformados y parapolíticos. Bien la definió, con contundencia digna de Laureano, Fernando Londoño: somos de derecha y volveremos trizas el Acuerdo de Paz. Verdad que ha brillado solitaria en la manigua de mentiras, hipérboles y eufemismos que signan la índole del uribismo. Y su objetivo estratégico.
Destruir el Acuerdo de Paz no es cosa baladí. Ni se contrae a suprimir las ventajas que la justicia transicional le ofrece a la guerrilla (y a todos los contendientes del conflicto). Concesiones enanas si se las compara con las que quiso Uribe darles a las AUC en la negociación secreta de Ralito: amnistía y cero cárcel aun para responsables de delitos atroces; y estatus político al narcopramilitarismo. A tiempo frenaron las Cortes semejante extravagancia. En 10 años, de 32.000 desmovilizados, La Ley de Justicia y Paz arrojó míseras 22 condenas. Una vergüenza. Hoy quiere el uribismo eludir la responsabilidad judicial y política que le cabe en el conflicto que termina. Pero volver añicos el Acuerdo es, sobre todo, sepultar la posibilidad de reconstruir la sociedad sobre cimientos de equidad y democracia.
Rapaz de nación, hoy se disputa el CD en el Senado las curules que en circunscripciones de paz corresponderían sólo a víctimas y campesinos que jamás se vieron representados en el Congreso. Así buscará el uribismo recomponer su hueste parlamentaria, tras la paliza de 80 congresistas suyos judicializados por parapolítica, cuando en los altos poderes menudeaban convites non-sanctos. Como aquella visita de jefes paramilitares todavía en armas al Salón Elíptico, para júbilo del pleno parlamentario que registró, ojos y boca muy abiertos, la erguida protesta de Gina Parody y Rafael Pardo. O los repetidos encuentros del paramilitar Job para conspirar con la plana mayor del Gobierno de Seguridad Democrática, en plena “casa de Nari”.
De reforma rural, ni hablar. Hostil a la devolución de predios arrebatados al campesino en la guerra y a la recuperación de baldíos malhabidos para dar tierra a quien la necesita, no se conforma esta derecha con promover el hundimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Apunta también a donde nadie se atrevió en 80 años: contra las leyes de expropiación con indemnización por razones de utilidad pública y necesidad social, y las de extinción de dominio en tierras ubérrimas sin explotar. Y es aquí donde más debe de dolerle el fin de la conflagración. Que fue al calor de la guerra, en la batahola de ejércitos de malhechores, como se consumó la más sangrienta reconcentración de la propiedad rural y el control del territorio en Colombia.
Llegada la hora de la verdad, las Farc responden con grandeza. Esta semana entregarán hasta el último fusil de su fuerza en armas. Uribe y su bancada de soldaditos de plomo tendrán que habérselas ahora sin la coartada de las Farc. Sin la hoja de parra que disimula sus vergüenzas.
por Cristina de la Torre | May 9, 2017 | Mayo 2017, Política agraria, Proceso de paz, Uribismo
Tras la oferta uribista de volver añicos el “maldito” Acuerdo de Paz podrá escudarse la oposición armada a la reforma rural que buscaría formalizar la propiedad en el campo, dar tierra pública al campesino y forzar la producción en tierras inexplotadas. Tímido intento liberal que asoma periódicamente desde hace 80 años, para desfallecer con la misma regularidad aplastado por una derecha cerril y violenta empotrada desde la edad de piedra en el poder. En la intrincada rebatiña de ELN, paramilitares, Bacrim, mafias y una disidencia de las Farc por territorios y negocios que fueron de esa guerrilla, se refocilan también los enemigos más bravíos de la devolución de tierras, ejércitos anti restitución comprendidos. Y acaso terminen estos por disparar asimismo contra la ley agraria que será avenida principal hacia la paz.
Ni alarmismo ni retórica, que el embate podrá escalar a genocidio. Defensoría del Pueblo y ONU cifran en centenares los dirigentes sociales, de derechos humanos y de izquierda asesinados o amenazados de muerte en el último año. El Cinep confirma la expansión del paramilitarismo, autor en ese año de 550 víctimas de asesinato o amenaza; de 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 heridos, 9 desaparecidos y 12 torturados. Y centenares de casos permanecen en la sombra. 72 son los líderes de restitución de tierras asesinados.
Como ambientando acciones ejemplarizantes, avasalla la caverna el debate razonado sobre la ley rural, para potenciarlo como táctica de la mentira, cuya eficacia probó el 2 de octubre pasado. En impecable contravía de la realidad, le atribuye al proyecto el propósito de colectivizar la tierra y de entregársela a las Farc. Un editorial de La República lo señala como “venezolanización del campo”. Tanto crédulo dispuesto a comulgar con ruedas de molino; tan desangelada batalla del Gobierno por la estrategia madre del posconflicto podrán hasta salvar a la ultraderecha del ridículo.
Despojada la controversia de sus deformaciones más groseras, una idea nuclear se saca en limpio: el proyecto de ley armoniza la entrega de tierra al campesino con garantías jurídicas al empresario del campo. Aunque en el proceso de conciliación reparos van, reparos vienen, desde la izquierda, desde la academia, desde los gremios de empresarios. Para unos, el proyecto legaliza el despojo y favorece una mayor concentración de la propiedad, en detrimento del campesino. Para los empresarios, la ley pone en riesgo la propiedad privada. Según Yamile Salinas, el proyecto permite la acumulación ilegal de baldíos y menoscaba el derecho de la sociedad a conocer la magnitud del despojo. Otros resintieron falta de garantías de indemnización en procesos de expropiación; y objetaron el poder que el Gobierno se daba para expropiar y decretar extinción de dominio. Éste modificó el proyecto en función de esa crítica.
Pero la ultraderecha presenta por su anverso la verdad. Desde el podio de pastor en auditorio de iglesia, preside Uribe la convención de su partido; y, en delirio de dios y patria, insta al rebaño a seguirlo en su carrera ciega contra el tratado de paz; en marcha de vencedores contra el enemigo de la sacrosanta propiedad. Evocan Ordóñez y Lafaurie su concentración de un año atrás en apoyo de los llamados compradores de buena fe de tierras arrebatadas a sus dueños. Interpelado se sintió a su vez Aníbal Guerra, falso propietario de predio ajeno quien, a una con alias El Patriota, juró defender con su vida hasta el último centímetro de esa tierra. Merodeaban hombres con leyendas contra la restitución de tierras. Cómo destruirán éstos los acuerdos; como defenderán la tierra usurpada: ¿argumentando? ¿orando? ¿disparando?
por Cristina de la Torre | May 2, 2017 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Mayo 2017, Proceso de paz
No, no hay que devolverse hasta la Colonia. Si le reconocemos a la verdad histórica poder esclarecedor sobre la guerra, debemos seguir el hilo de la madeja hasta su raíz más próxima y reveladora: la violencia desatada por las dictaduras conservadoras de mediados del siglo XX contra el partido rival. Víctima suya –y del abandono del notablato liberal– fue Pedro Antonio Marín, jefe a la sazón de autodefensas liberales a las que debió convertir después en Farc, al mando del ahora apodado Tirofijo. La Violencia fue cuna del conflicto que se reeditó más adelante en clave de Guerra Fría. Despojo de tierras, desigualdad o exclusión política, violencia oficial, expulsión del campesinado y terror contra la población inerme sobrevivieron casi inalterados hasta hoy, tras breve hibernación a comienzos del Frente Nacional. Verdad es que el narcotráfico y la modalidad de guerra contrainsurgente le imprimieron nuevo sello a la vieja contienda. Pero ello no impidió que el exaltado de derechas y promotor insigne de la Violencia, Laureano Gómez, reencarnara en Uribe Vélez. Compromiso primero de la verdad histórica será descorrer el velo que se cierne sobre la Violencia. Y no callar esta vez, pues el silencio humilla la las víctimas, alimenta el odio y el deseo de venganza.
La mayor ferocidad de la Violencia tuvo lugar en el Gobierno de Gómez; en él, la política toda se resolvió a tiros, a corte de franela y a llamados de Monseñor Builes a matar liberales, pues pertenecer a esa bandería era pecado mortal. Ya Ospina había trocado a Ejército y Policía en fuerzas al servicio de su mandato, con la sibilina misión de reducir, por física sustracción de materia, el contingente electoral del liberalismo. Se acogieron los jefes de las primeras a la amnistía de Rojas, para caer asesinados, uno a uno, tras entregar las armas. No así Marín, quien fortaleció su autodefensa contra la dictadura. Lo movía también el resentimiento hacia la propia dirigencia liberal que, en pacto con la élite conservadora abandonaba a su resistencia armada. Lo movía, sobre todo, la lucha por la tierra para el campesino. Pepa del que fuera después programa agrario de las Farc, emparentado con las propuestas de reforma agraria de López Pumarejo y Carlos Lleras. No vivió Tirofijo para ver plasmada esa bandera en el Acuerdo de paz suscrito por las Farc con el Gobierno de Santos. Ni el sometimiento de sus huestes a una justicia que también a esta guerrilla le exigirá verdad sobre las atrocidades cometidas.
Allende la verdad judicial que podrá imponer penas individuales acá y allá, cuenta la verdad histórica. Memoria de acontecimientos protuberantes que ridiculizan nuestra rosada historia de Colombia, amasada con héroes de barro, con fanfarrias a purpurados y valentones, con silencios interesados en la autocomplacencia de los verdugos-vencedores. Y no es de caer en el anverso moralista de los Henao y Arrubla para volver buenos a los malos y malos a los buenos, que de bueno y de malo tiene a un tiempo la condición humana. Muchos victimarios lo fueron arrastrados por imperativos de necesidad o de legítima defensa. No fue lo mismo pagar a paramilitares para defenderse del secuestro que asociarse con ellos para masacrar campesinos y quedarse con sus tierras. Pero la verdad histórica apunta a identificar a los responsables políticos de la carnicería, y sus medios de acción. Llámense directorio de partido, trama de prelados, orden de Gobierno, conjura de generales o de jefes guerrilleros. Verdad sobre la guerra de hoy y sobre su hermana carnal, la Violencia. Condición inescapable de paz que podrá traducirse en acuerdo civilizatorio de todos los colombianos: nunca más un pacto de silencio.
por Cristina de la Torre | Feb 28, 2017 | Acuerdos de paz, Conflicto interno, Febrero 2017, Posconflicto, Proceso de paz
Dos consecuencias nefandas sobrevendrán si Álvaro Uribe, Germán Vargas y el Fiscal Martínez le ganan la partida a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Primero, quedarán las víctimas de las Farc sin la reparación material que esta guerrilla deberá procurarles, extraída de una fortuna de fábula representada sobre todo en infinidad de guacas con billetes enterradas en la selva. Segundo, sin garantías de vida y libertad política (cuando siete mil hombres se disponen a entregar las armas y sus jefes a rendir cuenta de lo atesorado en décadas de secuestro, extorsión y narcotráfico) volverán al monte las Farc. Volverá la guerra. Entonces podrá el extremismo de derecha nadar de nuevo en su salsa. En una guerra cruel para casi todos, pero rentable hasta el delirio para grupos selectos de guerrilleros, militares y civiles, para el narcoparamilitarismo y su brazo de parapolíticos.
No deja duda la ofensiva contra la JEP, pepa de los acuerdos de paz diseñada para investigar y sancionar atrocidades de tirios y troyanos en el conflicto. La semana pasada anunció Uribe que recogerá firmas para “reversarla”; y sugirió en twitter instaurar la pena de muerte para narcoterroristas. Al mismo blanco de la JEP apunta Cambio Radical. Y el Fiscal la ataca en arrebatos dignos de mejor causa: antes de que las Farc puedan inventariar y entregar bienes dentro de los plazos acordados, pretende Martínez hacer borrón y cuenta nueva para entregar los desmovilizados a la justicia ordinaria y mandarlos a prisión. Reto que las Farc enfrentarán, por supuesto, regresando a la selva con sus morrales, sus fusiles, sus cananas y en busca de sus guacas.
Que serían incontables, según investigación de los reputados periodistas Camilo Chaparro y Eccehomo Cetina, vertida en su libro El Dorado de las Farc. Al lado de la máquina de guerra, escriben, esa guerrilla montó negocios legales financiados con el delito; así costeó su guerra y reservó ahorros. El flujo de recursos que no se situaba en el extranjero o en inversiones con testaferros llegaba en efectivo, por costalados, desde todos los rincones del país. El conteo de miles de millones en fajos de billetes, su almacenaje y encaletamiento descentralizado demandaban un esfuerzo supremo de logística y seguridad. Lo que no les impidió a 147 soldados contraguerrilla toparse a boquejarro con una caleta de 70 millones de dólares, que se repartieron tras cuatro días y sus noches de escarbar a machete y uñas y dedos, bañados en sudor, barro e ilusión. Pobres de nación, hambrientos, abandonados al latigazo de la selva, la dicha fue flor de un día: terminaron casi todos tras las rejas.
Fue gracias a la zona de distensión de 42.000 kilómetros que Andrés Pastrana cedió a las Farc, como el grupo armado disparó su fortuna, tras convertirse en Estado paralelo mientras “negociaba” la paz. Para los autores, las Farc convirtieron el Caguán en su fortín de guerra y sede financiera. Desde allí controlaron el negocio del narcotráfico y allí concentraron a sus secuestrados, cuyo número no conoció par en el mundo. Producto del delito, miles de millones de dólares se habrían encaletado allí y permanecerían todavía bajo tierra. Todo un paraíso fiscal.
Tendrán de sobra las Farc con qué reparar a sus víctimas. Si las dejan. Queda pendiente, no obstante, la tarea de desentrañar emporios financieros de otros que también se enriquecieron pescando en el río de la guerra. Que a lo menos devuelvan las tierras usurpadas o compradas a huevo a propietarios que huían de la muerte. Acepten los enemigos de la JEP que la justicia ordinaria se hizo para la guerra; y la justicia transicional, para la paz. Que la paz no es embeleco, es un derecho irrenunciable.
