por Cristina de la Torre | Dic 3, 2018 | Diciembre 2018, Iván Duque, Proceso de paz
No llegó el Presidente, no llegó la Vicepresidenta, no llegó el Comisionado de paz, y su ausencia se sintió como un latigazo en pleno rostro. Acto trascendental tras la firma del Acuerdo de Paz, la instalación de la Comisión de la Verdad discurrió como encuentro premonitorio, de emociones contenidas, entre el que disparó, el que secuestró, el que violó y masacró, con huérfanos y con madres que vieron asesinar a sus hijos. Acaso anduviera el primer mandatario ocupado en el nombramiento de Vicente Torrijos como director del Centro de Memoria Histórica (CNMH). Para reemplazar con este conserje de militares y entusiasta del fascista Bolsonaro a Gonzalo Sánchez, historiador respetado en Colombia y en el mundo por el rigor y la fecundidad de su trabajo de décadas. Por su honradez intelectual. Quedaría ahora engavetado este caudal de memoria histórica, decenas de libros que desdoblan los pliegues variopintos de la guerra; rica fuente documental y analítica para la Comisión de la Verdad, trocada por la particular versión de un solo actor del conflicto. Pero la verdad no es una. Son muchas, que habrán de contrastarse, si de asegurar la paz se trata. Pastora Mira, sobreviviente del municipio de San Carlos flagelado con 33 masacres, cuya familia murió a manos de las Farc, de los paramilitares y el Ejército, dijo que el trabajo encomendado a la Comisión de la Verdad es el más importante y reparador para todas las víctimas: “la construcción de una verdad con todas las voces”.
La verdad, expresó Francisco de Roux, presidente de la Comisión, ha sido ocultada por el miedo, los silencios, las mentiras y el terror. Vamos, dijo, por una verdad dolorosa pero necesaria; sin sesgos ni subordinación a intereses políticos, económicos o de prestigio. Único camino para alcanzar su cometido será esclarecer el impacto de la violencia en la sociedad, las responsabilidades en la guerra, sus causas y las razones de su persistencia durante medio siglo.
Para el empresario Henry Eder, hijo del primer secuestrado por las Farc y asesinado en cautiverio, sin la verdad será imposible un entendimiento entre los colombianos. Lo mismo piensan el ex coronel del Ejército, Carlos Eduardo Mora, denunciante de los falsos positivos; y Jaime Parra, excomandante de las Farc, quien asume la construcción de paz como un reto histórico. El evento alcanzó un clímax emotivo cuando Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, excomandante de las AUC, pidió perdón por las atrocidades cometidas. Dijo: “es hora de pasar la página del dolor. Sin la verdad es imposible reconciliarnos […] hago público reconocimiento del daño que hice, invoco el perdón de las víctimas […] Señores de las Farc, en el pasado fuimos enemigos, hoy somos amigos de la paz. Les doy mi mano”.
Entre las miles de personas y cientos de organizaciones que protestan por la designación en marcha de Torrijos como director del CNMH, descuella la investigadora Maria Emma Wills (El Tiempo, nov. 23). Según ella, el profesor Torrijos no ostenta la independencia académica necesaria para dirigir una institución cuya vocación no es hacer un relato militante. Un relato histórico no es un panfleto, o sólo lo es cuando el Estado acapara la investigación y la convierte en caja de resonancia de sus creencias. Es decir, cuando se desliza hacia el totalitarismo.
A tono con su arremetida para desvertebrar la JEP, desdeña el Gobierno a la Comisión de la Verdad y reduce su presupuesto a menos de la mitad. Pretende convertir la memoria del conflicto en credo político de uniformados y estrado de propaganda reaccionaria. ¿Por qué sacrifica el presidente la independencia del CNMH y su sindéresis? ¿A qué maltratar la Comisión de marras? ¿Teme su Gobierno a la verdad? ¿No son estas astucias otra manera taimada de hacer trizas la paz?
por Cristina de la Torre | Jul 9, 2018 | Impunidad, Julio 2018, Posconflicto, Proceso de paz, Uribismo
En exabrupto que ofendió al país, la cúpula del Centro Democrático descalificó la velatón que decenas de miles de colombianos protagonizaron para exigir el fin de la matanza de líderes sociales: 311 en los dos últimos años, 10 en los cuatro primeros días de este julio. Tras largo silencio que algún gatillero pudo tener por venia, abrió aquel por fin su boca. Mas no para tender una mano de consuelo a las víctimas, ni para examinar cuántos muertos produce la violencia en el lenguaje, ni cuántos arrojaría la reanudación de la guerra –proyecto que ese partido edifica con esmero. El senador Uribe declaró, indignado, que “la paz de Santos incendió al país”.
Lo que viene pierna arriba es última edición de nuestras miserias: no bien se amplía aquí el espacio de la democracia, hoy gracias al desarme de las Farc, caen con sus fierros los guardianes de la empalizada que la aprisiona. Se trata ahora de extirpar el embrión de nuevos espacios de participación política que el Acuerdo de Paz abrió: programas de desarrollo con enfoque territorial, curules transitorias para las víctimas de esas zonas olvidadas (ya enterradas por la prematura mayoría de derechas en el Congreso). Todo ello apuntaría a desatar dinámicas de integración del territorio y de democracia en las localidades más apartadas. Dinámicas que los autores intelectuales de la matanza querrán frenar en el huevo.
Matar a un líder en zonas huérfanas de Estado es quitarle su articulador y vocero a la comunidad, apalear sus organizaciones, provocar nuevos ciclos de desplazamiento; reinstalar el miedo a la masacre, no ya colectiva, sino graneada. Muerto el líder, desaparece la acción colectiva por el cambio que aquel promovía. Entre los que disparan, parece especialmente envalentonado el renacido paramilitarismo, que lee jubiloso el resultado de las elecciones como derrota del proceso de paz. Y va por lo suyo. Por líderes de derechos humanos, de restitución de tierras, y por miembros de organizaciones de base social como la Acción Comunal. La mitad de los asesinados pertenecía e esas Juntas y muchos de ellos preparaban candidatura para las elecciones del año entrante. Veinte de las víctimas eran activistas de Colombia Humana; la de este domingo, profesor Darío Rincón, asesinado en Pitalito. Crímenes de abierta intención partidista que evocan la espantosa aniquilación de la UP.
Pero también otros acuden al festín: Clan del Golfo, ELN, disidencia de las Farc se disputan corredores del narcotráfico y se sacuden a bala a críticos de economías ilegales o depredadoras. Y el Gobierno de Santos ahí. Impertérrito. Presenciando indolente la ocupación de las viejas zonas de las Farc por toda la criminalidad armada, mientras el ministro Villegas reduce la tragedia a líos de faldas.
No hay aquí plan de exterminio ideado por una sola cabeza. Son fuerzas que matan porque interpretan el silencio del partido de sus afectos como autorización para disparar. El ejecutor no es el mismo, pero sí es sistemático el perfil de las víctimas: reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y de la paz, cuadros con aspiraciones políticas. Ya les habían embolatado las 17 curules a las víctimas de esos territorios. Ahora les quitan la vida para que no puedan participar en sus escenarios naturales de acción política. Y la senadora Guerra del CD grita anatema contra la protesta social en las calles.
Hace 32 años escribía María Teresa Uribe que habíamos construido en Colombia una cultura de la violencia y “una resistencia casi delirante a los cambios y las reformas, por tímidos que sean [Le tenemos] horror al cambio, a la democracia, a la participación popular, a la paz”. Ahora estas pulsiones se contraen al flanco armado de la caverna. Y Colombia le grita ¡ni un muerto más!
por Cristina de la Torre | Jun 25, 2018 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Elecciones 2018, Impunidad, Izquierda, Junio 2018, Justicia, Modelo Político, Proceso de paz, Régimen político, Uribismo
Guerra civil en el siglo XIX, violencia liberal-conservadora, guerrilla comunista: fantasmas del pasado que moldearon la idea de oposición como amenaza contra la patria y la civilización cristiana occidental. Versión heroica sobre los demonios que la jerarquía católica y la ultraderecha ayudaron a crear, cuando arrojaban la oposición al ostracismo. Tal percepción campeó aun cuando la oposición pudo ser corolario civilizado del gobierno en períodos democráticos, y no lo fue. Experiencia al canto, la ciega beligerancia –desleal, obstruccionista– que el Centro Democrático desplegó desde su orilla contra el mandatario que alcanzaba la paz, mientras ignoraba aquel partido el reclamo de la sociedad por cinco mil “falsos positivos” habidos en su Gobierno. Claro que la oposición puede abusar de las prerrogativas que la democracia le brinda. Mas no impunemente. Parte sustancial de la variopinta votación de Petro sufragó por hastío con la intemperancia de la oposición uribista, con el irrespeto de su jefe a las instituciones, con el protagonismo del sicario de los 300 muertos como ululante opositor del CD, sin que ese partido dijera mu.
Con el viraje político registrado en estas elecciones, la depuración ideológica de las propuestas en liza y la entronización del estatuto de oposición este 20 de julio, un nuevo capítulo se abre en la política colombiana. Y no apenas por las garantías que aquella normativa ofrece a la oposición, sino porque el presidente electo, Iván Duque, trazó la pauta medular antes de asumir en propiedad. Le ordenó a su mayoría en el Congreso bloquear la reglamentación de la JEP, pieza angular de la paz. Su jefe, el senador Uribe, escaló la avanzada mediante instrucciones a Paloma Valencia para lograr sus objetivos cantados: prisión para los jefes de la Farc antes de hacer política, y crear dos instancias independientes de la justicia transicional encargadas de procesar a uniformados y a particulares responsables de delitos en el conflicto. En suma, crear las condiciones necesarias para volver a la guerra. Amenaza, esa sí, capaz de unificar la oposición de nueve millones de colombianos que se jugaron en las urnas por la paz y a los muchos que votaron por Duque creyéndolo inofensivo componedor del Acuerdo con las Farc.
Manes del binomio gobierno-oposición, dos caras de la democracia, que da tantas garantías al Gobierno para ventilar sus ideas y convertirlas en políticas, como a la oposición para defender las suyas, controlar al poder y erigirse en alternativa de cambio. Cobran aquí vigencia renovada los postulados de Virgilio Barco, genuino liberal, en vísperas de asumir la Presidencia: No le basta a la democracia con el voto, escribe; es de suyo también la existencia de un gobierno con una oposición que lo fiscaliza, serena, civilizadamente. “En una democracia, los derrotados en elecciones pierden el derecho a administrar el país; pero no el de expresar a través de sus voceros su inconformidad […]. Más que a los críticos le temo la ausencia de fiscalización. [Para mi Gobierno] pido una constante vigilancia política desde las Cámaras, desde los medios de comunicación y desde todos los foros donde se expresan libremente los colombianos”. (La oposición política, Patricia Pinzón de Lewin).
El tic frentenacionalista de la unidad idílica entre todos para salvar la patria es antidemocrático. Democracia no es falso consenso que disuelve el pluralismo en uniformidad, en ficción de concordia. Democracia es disenso, conflicto tramitado por la vía de las instituciones. Lo que no impide compartir ideales y proyectos que trascienden quereres particulares. Como el ideal de la paz y las reformas que le dan figura corporal.
Coda. ¡Divina la selección Colombia! Va para ella una lagrimita de emoción…
por Cristina de la Torre | May 6, 2018 | Acuerdos de paz, La paz, Mayo 2018, Personajes, Proceso de paz, Tierras
Si Santrich, el odiado provocador de sus víctimas, puso de papaya la paz con negocios de narcotráfico –lo cual está por verse-, los adictos a la guerra miden el salto para devorar la blanda fruta a tarascadas, aun antes de haberla desprendido del papayo. Ya el fiscal Martínez ha interpretado, rodilla en tierra ante su alteza real la DEA y a grandes voces, el primer acto de la tragicomedia escrita por aquella. Al aviso de luz-cámara-acción, acusa sin pruebas al exguerrillero de “intentar” un envío de cocaína a los impolutos jíbaros de Nueva York. Tras larga campaña contra la paz, pareciera la ultraderecha congratularse en la coronación de un sueño: extraditar ya al jefe de la Farc. Con consecuencias que podrán ser fatales.
La guerrillerada, abandonada a la incertidumbre por el Presidente que mató el tigre y se asustó con el cuero, insegura ante la ley, volvería al monte para empuñar las armas. Caído el Acuerdo de La Habana y, con él, la reforma rural, en el río revuelto de la guerra expandiría el latifundismo sus dominios contra el campesinado inerme, otra vez a instancias de los paramilitares. Fumigadores y negociantes de armas gringos harían un nuevo agosto. Y el jefe guerrillero, expulsado sin juicio en Colombia, se llevaría para siempre la verdad y la reparación que sus víctimas reclaman. Frutos apetitosos de lo que huele a conspiración urdida a cuatro manos entre la DEA y el fiscal Martínez; para contento y votos del azaroso candidato Duque, tan locuaz en exigir castigo ejemplar para Santrich en Estados Unidos. No aquí.
En pronunciamiento sin eufemismos ni mediastintas, Humberto de la Calle, el valiente, dijo que Uribe y Duque habían elaborado “un tejido de falacias y odios que fueron conduciendo a buena parte de la población a la nostalgia de la guerra”. Y la guerra frena en seco el futuro de Colombia como comunidad solidaria. Invita a Duque a anteponer el país a sus afanes electorales. El tema de la paz –dijo- desborda mi campaña electoral: es un problema de seguridad nacional. De la Calle no propone impunidad para Santrich: pide que se valoren aquí las pruebas, que lo juzgue la Corte Suprema, que pague su pena, si es el caso, y que el Presidente de Colombia decida al cabo si lo extradita o no. Propone, pues, lo que el honor dicta: que la Justicia colombiana se sacuda el yugo de la foránea, que recupere su independencia y dignidad, que sea ella la que juzgue a los ciudadanos de esta nación.
La ventolera uribista contra la paz viene de vieja data. Ya Sergio Jaramillo recordaba (El Tiempo, I,14) que el uribismo nunca reconoció la existencia de un conflicto armado y, en consecuencia, los líderes de la guerrilla no podían transitar a la política. Su propuesta sigue siendo la del sometimiento, no la de la negociación política. De allí que Iván Duque y su mentor se obstinen en negar el estatus de congresistas a los jefes de la Farc antes de que éstos paguen cárcel. Pero ninguna guerrilla en el mundo ha entregado las armas para que se le niegue el espacio de la política. Luego, la exigencia de la derecha hace trizas la paz.
Sobrecoge esta invitación a reanudar la guerra. Y su corolario natural: una autocracia que si en Nicaragua y Venezuela cobra la vida de cientos de jóvenes en las calles, en Colombia asesinó a 5.000 muchachos que no andaban cogiendo café ni merecían el horror de fungir como “falsos positivos”. Para el laureado escritor Sergio Ramírez, los jóvenes nicaragüenses protagonizaron un levantamiento ético: le devolvieron al país “la moral perdida o silenciada por el miedo”. Fustiga el poder arbitrario que divide, separa, enfrenta, atropella; que se impone con desmesura, cinismo y crueldad. Es el poder que también en Colombia nos espera si dejamos que se tiren la paz.
por Cristina de la Torre | Dic 8, 2017 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Diciembre 2017, Izquierda, Justicia, La paz, Narcotráfico, Paramilitarismo, Proceso de paz, Uribismo
A tono con el amparo que los poderosos brindan a delincuentes de cuello blanco, con su exaltación de criminales o su indulgencia hacia ellos, proliferan en este país sepelios apoteósicos de jefes paramilitares. Como marchando en la misma dirección, 5.000 lugareños acompañan entre vítores el féretro de alias Inglaterra; y el Congreso exonera virtualmente de culpa a empresarios y funcionarios que fueron sus aliados en atrocidades de la guerra. Reserva el juicio sólo para las Farc, el otro responsable del horror.
Con flores, bombas, narcocorridos, aguardiente, pólvora, lágrimas, disparos al aire, desfile de carros y motos e invitaciones a la venganza se honra en Carepa al homicida y violador de niñas, mando del Clan del Golfo. La mayoría parlamentaria, por su parte, celebra a carcajadas el estropicio que salva el pellejo a los señorones de la guerra: no a quienes debieron pagar para protegerse del secuestro de las Farc, sino a 57 empresas sindicadas por Tribunales de Justicia y Paz de coligarse con frentes de las AUC. Deja a las víctimas sin verdad ni representación política. Descuellan en este parlamento taimado Rodrigo Lara y Carlos Galán, hijos indignos de quienes se inmolaron por enfrentar al narcoparamilitarismo, cuyos socios ayudaron estos sinvergüenzas a salvar.
Coincidencia terrible que mueve a preguntarse si la desfachatez de las elites no estará proyectándose como mandato ético desde arriba hacia comunidades marginadas, que no se reconocen en su historia y su cultura; pasto seco para el primer incendiario que meta miedo y pase por benefactor de pobres. Mas el mensaje no es nuevo. A la voz que asimila librepensador con terrorista, levitando en la laxitud de las derechas frente al historial de la mafia, se sintió Popeye autorizado a fungir como estrella en manifestación uribista de abril. Cómo no, si el expresidente Pastrana, el exvicepresidente Francisco Santos y la exministra Martha Lucía Ramírez disculpaban blandamente la exhibición en el evento del sicario que se reclama autor de 300 asesinatos y auspiciador de otros 3.000. Fue Samuel Hoyos, congresista del Centro Democrático, el único de ese partido en rechazar la participación del matón, a quien calificó de sicario y criminal.
En la saga de condescendencia con los violentos, cuyo impacto deberá calibrarse en un país donde el protomacho es rey y la política procede a bala, viene a la memoria una célebre columna publicada en 2006 por el ideólogo del uribismo, Fernando Londoño. Argumenta él, con algo de razón, que las autodefensas nacieron como respuesta a la guerrilla. Y que Carlos Castaño, “intelectual hecho a pulso” cuyo ideario debería resucitar, hubo de plegarse al narcotráfico como fuente de financiación de las AUC; pero sin perder “su naturaleza política antisubversiva y anticomunista”. Dos omisiones graves: primera, el carácter “político” de las AUC pronto se reveló como fachada funcional del negocio maldito del narcotráfico. Segunda: ya desde 1988 y hasta 2002 a Castaño se le sindicaba de decenas de masacres y asesinatos individuales. Lo que no impedía que señoras “divinamente” suspiraran en sus clubes por el sujeto de marras. Pobres por necesidad, ricos por interés en el negocio compartido, simpatizaron (y simpatizan) con el paramilitarismo. Y acuden a los sepelios de sus jefes.
Escribe el editorialista de El Colombiano: no pueden ser los pabloescobares, carloscastaños, inglaterras y otrora timochenkos quienes nos sirvan de ejemplo. Pero Rafael Nieto anuncia que “estamos listos a asumir los costos de la continuación de la guerra con las Farc”. Quiénes: ¿sus hijos? ¿O seguirán las víctimas como carne de cañón de nuestros héroes de barro y sangre, y de sus socios?
