Mientras una campaña por el ateísmo anuncia el retorno al equilibrio tras la exaltación de la religiosidad de la era Bush, en Colombia un olor de santidad penetra todas las entretelas del poder. Y a veces convive, indiferente, con olores non-sanctos. En medio de falsos positivos, persecución a jueces y opositores, corrupción y abuso del poder, el ex ministro Arias, voz de hierro de una política de seguridad que terminó maltrecha, hace bendecir su sede de campaña. Cuenta Semana que el Ministro Carlos Uriel le habría recomendado a una funcionaria exorcizar su casa para conjurar los males que la acechan y que, en opinión de Gallego, serían obra del demonio. El procurador Ordóñez torpedea la despenalización del aborto haciendo prevalecer en el Ministerio Público su convicción religiosa, por encima de la ley: Myriam Hoyos, escritora antiabortista subalterna suya, clausura convenio con una ONG que instruye sobre la aplicación de la nueva ley. Ültimos indicios de que agoniza la episódica existencia de un Estado laico en el país.
El Procurador no anda solo. Si de fobia contra el aborto y la comunidad homosexual se trata, lo acompañan católicos e iglesias cristianas que cobraron ciudadanía en 1991 con la consagración del pluralismo religioso propio del Estado laico, liberal. El Movimiento de Unión Cristiana (MUC) logró imponer el principio de igualdad religiosa, la supresión de 16 artículos del Concordato y la aprobación de la ley 133 de 1994 que garantiza la libertad de cultos.
Pero pluralismo no siempre entraña liberalidad. Abonado el compromiso de algunas iglesias cristianas con los desheredados, en general ellas ostentan una moral sexual y familiar de tiempos idos. Tal atavismo no les impide militar con la Teología de la Prosperidad, que edifica el reino de Dios sobre el dinero y el poder político. Herederas del calvinismo, que fue coartada ideológica del capitalismo y a la vez mentor del Medioevo, estas iglesias han sabido ensamblar la tradición bíblica con el espectáculo mercantilista de su liturgia. Más aún, en su afán de volcar lo sobrenatural en lo terrenal, convirtieron sus iglesias en partidos, para desandar el camino hacia la fusión de religión y política. “Un fiel, un voto”, es la divisa. Muchos defienden en el MUC la idea de que el universalismo del Estado ha de subordinarse a los particularismos religiosos de las iglesias y que las políticas públicas deben traducir su moral religiosa.
Esta corriente considera enemigos de Cristo a quienes aceptan el aborto, el matrimonio gay, los derechos de la mujer. Tanto rigor le faltó, empero, al pastor Enrique Gómez cuando encabezó la lista de Colombia Viva, a cuya cúpula en pleno se le sindicaba de parapolítica. Ni inhibió al cristiano evangélico Edgar Espíndola para reemplazar en su curul al Luis Eduardo Vives, metido en el mismo saco. Mientras andaba su jefe tras las rejas, Espíndola proponía multar severamente el adulterio. Y Víctor Velásquez, senador de Colombia Viva en Unión Cristiana, quería prohibir el uso de prendas “exhibicionistas” a prostitutas y homosexuales. Sintonía con los pobres, sí. Pero también oscurantismo en moral, pragmatismo en el manejo de sus finanzas y laxitud en la práctica política de algunos pastores cristianos.
La consagración del pluralismo religioso, avance trascendental de nuestra democracia, parece insignificante frente a esta dinámica de tantas confesiones que, codo a codo con el catolicismo, mezclan religión y política y, acaso sin calibrar el nuevo protagonismo de las armas, le están abriendo el camino a una teocracia policiva.