TEMAS / Columnas sobre URIBISMO
ARTE Y DELITO DE OPINIÓN
El veto del General Naranjo a la serie de televisión “El Cartel” parece completar el cuadro que va configurando en Colombia el delito de opinión, propio de los Estados policivos. Equiparado el opositor al indeseable o al terrorista disfrazado, será fácil perseguir al escritor Alfredo Molano por apartarse de la ideología oficial y hacer crítica social. O producir desde Palacio un manual para periodistas que “sugerirá” acoger la noción de dios y patria de un Estado cada día más confesional. O convertir a los 200 mil vigilantes privados en “cooperantes” de los organismos de inteligencia, con la misión de sapear a los vecinos, con fundamento o sin él, pero en la patriótica divisa de la seguridad democrática.
LAS ASTUCIAS DEL PRESIDENTE
Más que una embestida contra el narcotráfico, la extradición de la cúpula paramilitar es un golpe de opinión. Acosado contra las cuerdas de la ilegitimidad por un voto comprado para aprobar su reelección y por tolerar el apoyo político de delincuentes, el presidente Uribe pretende desmarcarse de aliados que hoy le resultan incómodos. Pero no toca el poder de aquellas mafias en el Estado, ni su organización militar, ni sus negocios.
URIBE: SI, PERO NO
La política de seguridad democrática ha devuelto confianza, sí, pero nos está costando un ojo de la cara. Y la pobreza, factor prominente del conflicto que ha colocado a los secuestrados en el límite de su resistencia, no cede. Al Estado le cuesta 100 veces más reclutar un soldado, que a las FARC, un guerrillero. Más de 600 millones le representa capturar, dar de baja o desmovilizar a un insurgente. José Fernando Isaza y Diógenes Campos señalan que en 2007 el presupuesto militar llegó al 6.3% del Producto Interno Bruto, cuando en Estados Unidos no pasa del 4%, y en los países europeos de la Nato apenas bordea el 2%.
DE CLIENTELAS Y CAUDILLOS
Populismo y clientelismo millonario convergen en esta campaña para solaz del conservadurismo y de las mafias. La Constitución del 91 quiso neutralizar el clientelismo con la democracia directa, pero ésta derivó en populismo. Y el viejo sistema de favores y contraprestaciones, corazón de nuestra tradición política, se recompuso bajo la impronta del narcotráfico.
El nuevo modelo debilitó el poder público y desactivó a la sociedad. La política social no fue ya iniciativa del Estado a través de sus agencias e instituciones, sino respuesta personal del Príncipe a las necesidades de los más pobres.
LEY DE LA SELVA EN PALACIO
A la consolidación de estos poderes contribuyen la ausencia de una estrategia nacional de desarrollo y las leyes que descentralizan pero no integran ni controlan. El patrimonio público es festín de las viejas y las nuevas “fuerzas vivas” de la región. A este modelo aportó también la desarticulación de los partidos en baronías electorales. Sacrificada su unidad, aquellos perdieron la función integradora que habían desempeñado en la nación. Y la elección popular de gobernadores entregó el último bastión de cohesión del Estado unitario.
URIBE: EL MITO HERIDO
No contento el gobierno con querer silenciar a más y más colombianos, se insubordina contra la justicia, en el momento mismo en que ésta empieza a meter en cintura la parapolítica. El Presidente desprecia la división de poderes propia de las democracias y se convierte en el primer sedicioso. Acaso para salvar pactos secretos con personajes non-sanctos, puja por que las instituciones se acomoden a su personal interés y voluntad, en vez de someterse él a la legalidad. Con Uribe los principios jurídicos resultan ad hoc: cambian según las necesidades del mandatario y los altibajos de su temperamento.
EMPLEO NO, CARIDAD
El gobierno central vende patrimonio público y usurpa funciones y recursos de otras esferas del Estado para financiar su campaña incesante de propaganda, fuente de popularidad del Primer Mandatario. A propaganda parece reducirse la política social del gobierno. Monopolio de la oficina de Acción Social de Presidencia, “lo social” se ha vuelto dádiva del Jefe de Estado a los pobres. No evoca ya al Estado de bienestar, que funde en una misma estructura seguridad social y desarrollo económico.
«A la inminente finalización del conflicto armado opone Álvaro Uribe una resistencia que, librada a su suerte, podría derivar en baño de sangre.»
Cristina de la Torre.