Publicitó su boicot al matrimonio entre homosexuales como duelo entre el cielo y el infierno, como respuesta a mandato divino y defensa de su libertad religiosa. Pero fue a parar a la cárcel. Le sucedió la semana pasada a Kim Davis, funcionaria pública de Kentuky, Estados Unidos, por negar nupcias a dos parejas gay. Por brincarse la disposición constitucional que desde junio autoriza el matrimonio igualitario en ese país. Otra suerte corre aquí el procurador Ordóñez, cabeza del ministerio público, en ruidoso sabotaje al matrimonio igualitario y al aborto terapéutico que la Constitucional ordena. Ordóñez no pisa prisión. Antes bien, transforma su insubordinación en bandera de campaña por la presidencia de la república en el país más conservador de Occidente. Va por el mundo con sus tirantas y su sonrisa siniestra convirtiendo en votos la maldición de su dios contra el homosexual, contra la mujer, si aborta, si quiere libertad o ser persona. Contra la mitad del género humano. Pero dos lazos unen a Ordóñez y Davis: primero, una nostalgia de teocracia, con su atávico acomodo de la idea de dios al poder en la tierra; segundo, la búsqueda de nuevas audiencias allende el corral de los más crédulos, matizando la descarnada diatriba bíblica con argumentos de ley civil.
Sostiene la historiadora Julieta Lemaitre Ripoll que se pasa en América Latina de la desnuda apelación religiosa al argumento constitucional. Desde cuando Juan Pablo II y Benedicto ordenaron a los católicos oponerse a la legislación favorable al aborto y al matrimonio gay, aparecen menos Dios y la fe que el referente de norma civil. Diríase barniz de derecho positivo sobre la virulencia ancestral contra la laicidad. Y no anda sola en esto la iglesia Católica, ni sola la cruzada ultramontana de su lefebvrismo, de su Opus Dei, de sus Legionarios de María.
Tras los nuevos embates contra el Estado laico obra alianza de la Iglesia con sus pares cristianas y evangélicas; ahora en defensa de la dignidad humana –escribe Lemaitre– como parámetro del derecho a la vida (contra el aborto), a la libertad religiosa y por el matrimonio heterosexual. Renovada apelación al derecho natural, eterno e inmutable, obliga a desobedecer las leyes que violen un llamado orden moral objetivo. Reina en esta concepción el derecho de no aplicar leyes positivas, si ellas violentan la conciencia. Como las de aborto y matrimonio igualitario. Prevalece aquí la libertad religiosa sobre el derecho a la igualdad. Y, diríamos, aquella libertad religiosa podrá resolverse en imposición de un credo como gobierno divino sobre la sociedad civil. En teocracia.
Ícono de la subversión contra el matrimonio igualitario en Colombia, Ordóñez activó todos los dispositivos de la poderosa Procuraduría para impedirles a los jueces casar a parejas del mismo sexo. Le pidió a la Constitucional negarles este derecho, aduciendo que la Carta concibe este vínculo sólo entre hombre y mujer. Mas, tras la impostura legalista asoman la cabeza las catilinarias de su texto Hacia el libre desarrollo de la animalidad, donde Ordóñez aboga por refundar “el orden del derecho en la divinidad y en el orden natural que de ella dimana”. Y respira “la concepción deísta del orden público” que ventila en su tesis de grado. Nuestro cruzado repele la “ideología de género” y el laicismo que alimenta “la agresión a nuestras tradiciones cristianas”.
Davis no pagó cárcel por sus ideas religiosas, sino por subvertir la ley civil. Ordóñez pesca en el revoltillo de fanatismos renacidos por ver si impone su dogma apolillado desde el solio de Bolívar. Y para ello menea la idea de un dios terrible, el suyo, que impera si sacrifica a media humanidad.