MODELO ECONÓMICO EN COLOMBIA |
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Paz es empleo: Clara López
Sin violentar el capitalismo, como izquierda remozada en ejercicio de gobierno, apunta la ministra de Trabajo a la pepa del cambio que la reconstrucción del país apareja: el empleo, motor del desarrollo. Y, al rescate del modelo socialdemocrático cuyo embrión en Colombia mataron los filibusteros del mercado, Clara López anuncia un nuevo trato social entre trabajadores, empresarios y Gobierno. Objetivo, superar mediante políticas concertadas las hondas desigualdades que están en la base del conflicto armado. Espera convertir así su cartera en un verdadero laboratorio de paz.
Campesinos: posconflicto a la vista
Gobierno tardo, desganado cuando de campesinos se trata, lo sorprende el posconflicto sin instrumentos acondicionados para saldar una deuda histórica con la población del campo sojuzgada, ahogada en sangre por cuarteleros de todos los colores. En la otra orilla, resucita la organización campesina que bajo la enseña de Anuc protagonizara hace cuarenta años la más pujante movilización por la tierra en América Latina. Y restaura ahora, como Cumbre Agraria, su estatura política: se impone como interlocutor legítimo del Gobierno para contraponerle –en la mesa de negociación o en la protesta– un modelo económico alternativo al del ignominioso privilegio del gran capital.
Enigma tributario para el posconflicto
El 23 de marzo podría registrarse un timonazo memorable en la historia contemporánea de Colombia: el fin de una guerra de medio siglo que cobró 280 mil vidas, dejó siete millones de víctimas y una contrarreforma agraria que consagró al nuestro como el país de mayor concentración de la tierra en el mundo. Con todo, más dudas que certezas sugiere de momento el posconflicto. Firmado el armisticio, la paz demandará la construcción de un nuevo país, pero el Gobierno debutará con unas de cal y otras de arena. Con inversiones de emergencia en zonas de violencia aguda, bajo la experimentada batuta de Rafael Pardo; pero también con una reforma tributaria enderezada a preservar la estructura de las desigualdades, como puede inferirse de lo filtrado hasta ahora. Si cambios apremian en Colombia para eliminar las causas de la guerra, no serán los de una revolución socialista sino los del Estado social democrático y sus dos instrumentos distintivos.
¿Privatizar o estatizar?
Ni lo uno ni lo otro, cuando el dilema se abre como dogma universal e inapelable. Pero si a privatizar tocan, una cosa será vender la empresa de licores del Tolima, diga usted, y otra, sustancialmente distinta, feriar bienes estratégicos como Isagén o la ETB, según anuncia el alcalde de Bogotá. En este caso, más allá del imperativo de rentabilidad que le permite a la empresa –pública, privada o mixta– sobrevivir y competir, un criterio adicional entra en juego: no se subordina la rentabilidad social al lucro particular.
El uribismo embrollado
En su búsqueda incesante de pretextos para malograr la paz, va el uribismo saltando matones. El reto de la hora, preservar el barniz moralizante que encubre su predilección por la guerra, en un plebiscito que decidirá si pararla o prolongarla. Si promueve el No o la abstención y gana la partida, quedará en evidencia como adalid de la conflagración armada; si la pierde, será derrota letal para un partido en ciernes. Frente a tal fatalidad, querrá convertir la insensata venta de Isagén en comodín contra el mentor de la paz, como se insinúa ya en redes del Centro Democrático: que Santos, el “traidor”, no sólo entrega el país al terrorismo sino los bienes de la nación al extranjero. Mensaje subliminal: quien así vende la patria y sus bienes, no podrá engendrar sino una paz deforme. Mas este intento de apropiarse el descontento con la operación de marras se estrella contra las ejecutorias del propio Uribe, privatizador estrella entre todos los presidentes desde los años noventa y vendedor frustrado de la propia Isagén.
Isagén y Zidres, mentís a la paz
Espíritu tornadizo, ambivalente, el presidente Santos borra con el codo lo que firma con la mano. A dos meses de sellar el fin de un conflicto de sesenta años –hazaña que nadie podrá disputarle– reactiva la bomba de la rebelión social. Primero, les expropia a los colombianos Isagén, joya irrecuperable que mañana entrega, sin vergüenza, al extranjero. Segundo, con la ley Zidres ahonda las inequidades en el campo, causa suprema de la guerra. En su concepto de gobernabilidad –un talante de gobierno sacrificado al prurito de quedar bien con todos– corre Santos con su paradoja en las grandes ligas: lo mismo conjura la guerra interna más prolongada del mundo, que perpetúa, acentuándolo, el modelo de mayor concentración de la tierra en el mundo.
Ley Isagén: control a privatizaciones
Por primera vez en cinco lustros, una porción variopinta del Congreso le aplica agua fría a la fiebre privatizadora que desmanteló el Estado, entregó sus empresas a mercaderes sin escrúpulos y disparó así la corrupción hasta niveles de escándalo. Sacudiendo la modorra de un parlamento complaciente con el modelo que amplió la brecha de las inequidades, y en la inminencia de feriar acciones del Estado en Isagén, 80 parlamentarios censuraron hace un mes el descabellado propósito. Y 39 radicaron esta semana un proyecto de ley que le otorga al Legislativo poder para aprobar o negar iniciativas gubernamentales de enajenación de bienes públicos.
Entretelas de la constituyente uribista
No juega apenas la vanidad de disputarle a Santos protagonismo en el desenlace del proceso de La Habana; ni la exigencia de honrar su propio discurso vociferando todos los días contra la paz. La estrategia medular de Uribe es una constituyente que, so pretexto de reconsiderarlos, apunta a demoler los acuerdos de Cuba. A bloquear el tránsito hacia una democracia menos precaria, con su repulsa a concederle a la insurgencia desarmada el derecho de hacer política, paso primero hacia un genuino pluralismo. En contravía del acuerdo rural con las Farc, apunta también Uribe a mantener el estado de cosas en el campo.
Isagén, zarpazo de lesa patria
Caben preguntas. ¿Habrá intereses ocultos tras la extravagancia de querer feriar Isagén, empresa del Estado que descuella en eficiencia, rentabilidad y beneficio social? ¿Por qué expropiar a los colombianos un bien estratégico, fuente de riqueza y desarrollo, para entregarla a una firma extranjera que repatriará todas sus utilidades y terminará con domicilio en el exterior para brincarse los impuestos y las leyes de Colombia? ¿Por qué desviar los $ 5,2 billones que el Gobierno reciba por la venta de sus acciones en la empresa hacia concesionarios de vías, en forma de créditos prácticamente sin costos? ¿Habrán mediado drinks y viandas para sellar este pacto, donde los contratistas resultan mimados por el propio contratante? ¿Ruda la presunción, en un país donde la moderna alianza público-privada –de responsabilidades compartidas– es a menudo eufemismo para edulcorar el amancebamiento entre gobernantes y negociantes, o su simbiosis, que nos legó la colonia?
Latifundismo: a pagar predial
Mal actor. Si no fuera por la tragedia que evoca, daría risa el desapacible papelón de dignidad ofendida con que responde José Félix Lafaurie a la menor insinuación de reforma agraria. Pero se comprende este mecanismo de autodefensa en el mentor del estamento más abusivo del campo: el latifundismo ocioso de una res por hectárea feraz, en un país humillado en el modelo de tierra sin campesinos y campesinos sin tierra. Simboliza Lafaurie un poder secular afirmado sobre la concentración creciente de la tierra. La mayor en el mundo.
Cristina de la Torre