Sin violentar el capitalismo, como izquierda remozada en ejercicio de gobierno, apunta la ministra de Trabajo a la pepa del cambio que la reconstrucción del país apareja: el empleo, motor del desarrollo. Y, al rescate del modelo socialdemocrático cuyo embrión en Colombia mataron los filibusteros del mercado, Clara López anuncia un nuevo trato social entre trabajadores, empresarios y Gobierno. Objetivo, superar mediante políticas concertadas las hondas desigualdades que están en la base del conflicto armado. Espera convertir así su cartera en un verdadero laboratorio de paz.
Mas desigualdad no hay apenas entre empleados y desocupados; la hay también entre los trabajadores mismos: en virtud de la brecha salarial que remunera con 21% menos a la mujer por labor igual o de valor equivalente a la del hombre. En todos los oficios y profesiones. Pese a que la Constitución consagra igualdad de derechos; a que la ley 1496 de 2011 prohíbe discriminar por salario a la mujer y exige idénticas oportunidades para ambos sexos; a que desde 1951 rige convenio de la OIT sobre igualdad de remuneración. Para no mencionar la economía del cuidado en el hogar, no remunerada, que asumen casi en pleno las mujeres, y representa 19,3% del PIB. La discriminación sexista del salario hiere tanto como el desempleo y la informalidad laboral en el país. Demanda acción decidida de la Ministra que en buena hora se la juega por el empleo y ojalá, asimismo, por la equidad de género en el trabajo.
Alternando con oficios domésticos, en Colombia media población femenina trabaja fuera del hogar. Su aporte a la riqueza del país florece con la reducción de hijos por hogar: en los años cincuenta, cuando se acentuó la revolución silenciosa que significó el ingreso masivo de mujeres en aulas, fábricas y oficinas, nuestras mujeres tenían 6,8 hijos en promedio; hoy tienen 2,4. A su relativa autonomía ha contribuido también la multiplicación de modelos de familia, a distancia del ominoso paradigma patriarcal, que con tanto celo cultivan el machismo y la religión. Mas, pese a tan protuberante transformación, aquella liberación es en gran medida engañosa. Porque la discriminación salarial persiste. Y porque, mientras no se redistribuyan tareas domésticas y laborales equitativamente entre los miembros de la pareja, la anhelada emancipación femenina acaba por resolverse en doble jornada de trabajo para la mujer.
Se sabe: precondición medular contra la violencia de género es la independencia económica de la mujer y su libertad de decisión. A tal propósito deben apuntar las políticas del Estado, su energía para imponerse sobre la arbitrariedad y una educación enderezada a sacudir los estereotipos de género que justifican la sobreexplotación laboral de la mujer. Los empresarios, por su parte, han de nivelar salarios, no por condescendencia, sino en acatamiento de la norma. Irrita el hálito de caridad que rodea la llamada responsabilidad social empresarial, coartada de relaciones públicas que escamotea con frecuencia los derechos; y exime al Estado de velar por su respeto riguroso.
Otra dimensión ofrece el instrumento tripartito de negociación de políticas públicas entre los agentes de la economía: sindicatos y organizaciones sociales, gremios de la producción, y Gobierno. Grandes esperanzas despierta la audaz iniciativa de Clara López, prometedora contrapartida al modelo neoliberal que hace agua y tanto ha contribuido a caldear la guerra. De alcanzar sus propósitos en el ministerio, habría ella ofrecido experiencia aleccionadora para la izquierda que prefiere hibernar en su capilla de cristal antes que “contaminarse” con los que, en todo caso, lo arriesgan todo por la paz.