por Cristina de la Torre | Feb 23, 2021 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Febrero 2021, Impunidad, Posconflicto
Ya no cabe duda. El encarnizamiento de Álvaro Uribe contra la JEP denuncia pánico en el expresidente. Terror de ver imputado su Gobierno por la comisión del 78% de falsos positivos, una atrocidad sin paralelo en el Continente. Juego de niños parecerán los crímenes de las dictaduras latinoamericanas frente a estos 6.402 asesinatos certificados de civiles inocentes por soldados que ejecutaron una política de exterminio torpemente aupada desde la cima del poder entre 2002 y 2008. Que a ello condujo la Directiva No. 25 del entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, sobre pago de recompensas por captura o muerte de insurgentes. Ponerle precio a la muerte fue prefabricar éxitos militares con falsas bajas guerrilleras y hacer la vista gorda ante comandantes que exigían a la soldadesca “ríos de sangre”. Antioquia concentró la cuarta parte de los falsos positivos, y su Cuarta Brigada, el 73% de las víctimas habidas en el departamento.
A 10.000 podrían llegar estas ejecuciones extrajudiciales, como lo indican el creciente acopio de denuncias documentadas y testimonios de uniformados ante la JEP. Pese a las presiones que sobre ellos ejercen superiores suyos para que corrijan testimonios que comprometen a quienes dieron órdenes o a responsables últimos por cadena de mando. Por cadena de mando resultó sindicada la cúpula de las Farc en el auto del caso 01 sobre secuestro, a menudo con tortura y asesinato incorporados, y cuya responsabilidad acaban de reconocer los sindicados.
Estremecido en el horror, habla medio país por boca de Jacqueline Castillo, directora del colectivo Madres de Falsos Positivos. Las revelaciones de la JEP, afirma, “prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal […] Son evidencia contundente de que estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados, bajo el ala criminal de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros…”. A las primeras denuncias del crimen había declarado el expresidente que los desaparecidos de Soacha y reaparecidos muertos llevaban “propósitos delincuenciales… no iban a coger café”. La historia, la monstruosidad del genocidio se encargaría de sancionar la necedad de su cruel ironía.
La ojeriza de Uribe contra el tribunal de justicia transicional estalló desde el día mismo de su creación. Ni adictos a su persona ni bedeles del Ubérrimo, sabedor del peligro que la independencia de estos jueces acarreaba, los bautizó como izquierdistas sesgados, instrumentos de impunidad. Bloqueó cuanto pudo la expedición de la Ley estatutaria que daba vía libre al tribunal y le ordenó al presidente Duque interponer objeciones, en desapacible cruzada que Congreso y Corte Constitucional neutralizaron desnudando la ruindad de aquella aventura. A medias para renacer de las cenizas tras su detención y remontar el modestísimo 30% de popularidad, a medias para abrir campaña electoral, promueve Uribe referendo para derogar la JEP. Repite ahora que el pronunciamiento del tribunal es sesgado, hechura de oenegés enemigas de su gobierno: un atropello para desacreditarlo, a Él, ícono de transparencia y respeto a la justicia. Otra cosa dicen los hechos.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, exaltó la labor de la JEP en Colombia, modelo para el mundo de probidad y eficiencia en justicia transicional. Así lo demuestran sus autos contra crímenes horrendos del conflicto armado: el secuestro y los falsos positivos. La rendición de cuentas –declaró– y la protección de los derechos de las víctimas son esenciales para la consolidación de la paz y del Estado de derecho en Colombia. Sí. Sus autos sobre las violencias más lacerantes que descuajan a la sociedad traen una buena nueva: en este país sí puede haber justicia.
por Cristina de la Torre | Nov 10, 2020 | Conflicto armado, Conflicto interno, Iglesias, La paz, Noviembre 2020, Posconflicto, Proceso de paz
Intrépido defensor de su propia impunidad, vuelve al ataque Uribe contra la verdad que lo comprometería en delitos de marca mayor. Porfía en disolver la JEP, escenario de revelaciones sobre la guerra que cuestionan su inocencia y amenazan su libertad. En país donde la hipocresía ensotanada es ley, simula honor mancillado para salvar el pellejo. Se desenvuelve el expresidente con soltura en este reino de la mentira, en el hábito de disimulo y encubrimiento que, según el historiador Luis Alberto Restrepo, es en parte fruto del ejemplo y de la formación ética impartida durante seis siglos por la Iglesia Católica en Colombia. Por su parte, Eduardo Cifuentes, nuevo presidente de la JEP, adivina en quienes quieren derogarla el miedo a la verdad, justamente cuando este tribunal comienza a descubrir verdades completas y reconocimiento de responsabilidades.
Explorando en la Iglesia raíces de aquella doblez, se remonta el exsacerdote Restrepo a la Colonia, cuando los tonsurados cementaron mediante la educación el poder de la Corona, cuyo brazo político-religioso era la Iglesia. Piedra angular de su influencia, sin par en la América española. Tras el afán secularizador de los liberales en el siglo XIX, la Regeneración y el Concordato de 1887 restauraron la homogeneidad cultural que la Iglesia había impuesto. Le devolvieron la construcción de la nación sobre la trilogía cultural hispánica: la religión católica, la lengua castellana y la educación.
En su arista más abiertamente política, poderosos jerarcas del cuerpo de Cristo auparon con pasión la violencia: monseñor Ezequiel Rojas, canonizado por Juan Pablo II, exhortó a empuñar las armas contra los liberales en plena guerra de los Mil Días. Sugirió lo propio Monseñor Builes contra liberales y comunistas en tiempos de la Violencia. El cardenal López Trujillo, admirador del Medellín sin tugurios de Pablo Escobar, fue verdugo de curas y monjas comprometidos con los pobres. Y en el plebiscito de 2014, se sumó la jerarquía eclesiástica al sabotaje de la paz por la extrema derecha.
Colombia –escribe nuestro autor– se ahoga hoy en un pantano de mentiras, crímenes y violencias solapadas tras cuyos bastidores medran los poderosos, algunos obispos y clérigos incluidos: o son autores intelectuales del horror o lo legitiman. Casi todos ellos se excluyeron de la JEP y esquivan la Comisión de la Verdad. Pero una mayoría aplastante de sacerdotes y obispos trabaja por las comunidades olvidadas y por la paz, con frecuencia a despecho del Gobierno.
Un llamado trascendental formula Restrepo al episcopado católico: pedir perdón públicamente por los errores de la institución en el pasado y en el presente. Este reconocimiento, apunta, sería sanador para la sociedad colombiana y podría abrir la puerta a un sinceramiento nacional. Movería a altos oficiales, políticos, terratenientes y empresarios de toda laya a decir la verdad, a asumir su responsabilidad en el conflicto y a pedir perdón a las víctimas. El triunfo de la verdad acerca del conflicto sería paso decisivo hacia la paz y derrota del recurso a la simulación, ensotanada o no.
Coda. Decapitado el eje Trump-Duque-Bolsonaro, se impone ahora el desafío de reconstruir la democracia, atropellada en estos países por un caudillismo de fantoches; por el abuso de poder, la corrupción, la violencia, la exclusión, el neoliberalismo y la desigualdad. Llegó la hora de frenar la carrera que nos arrastraba por involución hacia el Eje fascista de entreguerras: el de Berlín-Roma-Tokio. Sirva también la epifanía que esta elección en Estados Unidos aparejó para recomponer las relaciones con ese país desde el respeto entre Estados y nunca más desde el complejo de bastardía con que el gobierno de Duque humilló a Colombia ante la Estrella Polar.
por Cristina de la Torre | Ago 12, 2020 | Agosto 2020, Cuarentena, Derecha, Izquierda
Pocos momentos como éste, tan exigente en definiciones políticas, ha enfrentado Colombia. La catástrofe social y económica que estrangula a millones de familias sin ingresos, sin empleo, sin compasión del gobierno que convirtió la pandemia en negocio de banqueros, acelera la recomposición del cuadro político que surgió con la firma de la paz. El caleidoscopio ideológico que ha florecido en estos años tiende a converger en dos tendencias gruesas. Una, de derecha impenitente, viuda del enemigo armado que por antinomia marcó su identidad; viuda ahora también de jefe, amenaza con despeñarse cuesta abajo. Otra, de centro-izquierda, toma la iniciativa en la tragedia y dibuja un horizonte de cambio.
Mientras descuella la derecha en el poder por su ineptitud para sortear la crisis y perseverar en el modelo que redobló el daño de la pandemia, abunda su contraparte en propuestas para la emergencia, los ojos puestos en un cambio estructural. Menos punzante sería el sufrimiento –y la rabia en ciernes– si hubiera sido Duque menos avaro y tardo con las masas de víctimas acosadas por el hambre. A anatema le saben las iniciativas de la oposición ampliada: renta básica por seis meses para los más necesitados; plan de choque para crear empleo; impuesto por una vez a los grandes patrimonios, en reciprocidad por las gabelas tributarias recibidas. Y, a mediano plazo, reforma tributaria progresiva para financiar aquella renta y el derecho real a salud y educación para todos, garantizado por el Estado; reforma rural; protección del ambiente; pasos decididos hacia la industrialización perdida y el pleno empleo. Y, claro, un pacto nacional actuante contra la corrupción, por la verdad, la democracia y la paz. Incapaz de soluciones, encogido en su espíritu de secta, prisionero del notablato que lo rodea, ¿cómo responderá Duque a la protesta callejera que se avecina?
A la par de aquel movimiento de fuerzas, ellas cambian. Derecha e izquierda no son las mismas del pasado. La primera es cada vez menos el tronante buldózer de la Seguridad Democrática en manos del bravucón de la comarca, si bien cientos de sus prosélitos amenazan hoy de muerte al senador Iván Cepeda y, por este camino esperan amedrentar a los magistrados de la Corte. Peligrosa patada de ahogado que el senador Uribe no desautorizará, y que aspira a perpetuar el modo de prevalecer por la violencia. La tara persiste, pero ya desdibujada sin remedio por saturación en la opinión y por el prontuario del caudillo.
Tampoco la izquierda es la misma. Con la desmovilización de las Farc, desapareció la paradoja de Charles Bergquist según la cual Colombia exhibía la izquierda más débil y, a la vez, la guerrilla marxista más fuerte del hemisferio. Para que la izquierda legal y democrática pudiera respirar, digo yo, fue preciso sacudirse el yugo de aquellos déspotas vociferantes que desconceptuaban, fusil en mano, a todo inconforme que no empuñara las armas. Y al lado de la jerarquía Católica, los partidos tradicionales: cohesionadores que fueron de la sociedad, oscilaron entre la ley y la violencia para prevalecer durante siglo y medio, pero entraron en barrena. Disidentes de toda laya –del centro, de la izquierda– disputan sus espacios electorales y llevan la iniciativa programática. Hace un año le propinaron a la derecha una colosal derrota electoral.
El acercamiento al centro político ha disuelto prejuicios en ambas partes. Urge ahora convertir afinidades en programa común de una coalición de corte socialdemócrata para las elecciones de 2022 y el gobierno que les siga. Acaba de revelar Invamer que la intención de voto sumada por Petro, Fajardo y De la Calle alcanzaría el 65% de sufragios. Es la hora del centro-izquierda.
por Cristina de la Torre | Ago 6, 2020 | Agosto 2020, Paramilitarismo
Ni nueve de abril, ni incendio del país como lo quería Pacho Santos, ni venia de la reserva activa al convite de alzamiento (¿autogolpe?, ¿guerra civil?) de Paola Holguín, ni disolución de la JEP, ni acogida a corte única, ni constituyente a la vista. Y sí, en cambio, 78% de colombianos conformes con la decisión de la Corte Suprema y sólo 17% en contra (Centro Nacional de Consultoría para CM&); corte a la que el senador inculpado no bajó de “aliada del terrorismo agónico”. Paloma Valencia retoma el insulto en su exaltación del jefe, patriota eximio poco menos que Bolívar. Y se postra de hinojos ante el hombre que decide candidatura presidencial en su partido. Mas el Centro Democrático elude, con rigor, la nuez del problema: qué dice el voluminoso expediente de Uribe. Delinquió él o no.
No se lo pregunta porque la verdad es su coco, y cree conjurar el fantasma cubriéndolo de sahumerios y de flores. El avestruz. Su objetivo estratégico es culminar el viejo anhelo de sepultar la verdad judicial y la verdad histórica. En la Corte Suprema y en la JEP, la primera; en la Comisión de la Verdad y en el Centro de Memoria Histórica, la segunda. Cerrar las cortes, desgarrar la Comisión de la Verdad y, desde la impunidad y la ignorancia de lo acontecido en la guerra, refundar la patria a la medida del Eterno, dios de los ejércitos. Proyecto políticamente improbable en un país donde las fuerzas del cambio arañaron la presidencia hace dos años, si bien con capacidad movilizadora en la campaña electoral que así relanza el uribismo: montada, otra vez, sobre el símbolo del protomacho a quien, por serlo, se le perdona el abultado expediente que lo acosa.
Con material probatorio de 7.000 páginas, halló la corte “prueba indiciaria clara, inequívoca y concluyente” de su condición de determinador, inductor y beneficiario de los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Testigos que lo implican en la presunta creación de grupos paramilitares. Pero, en indigno, desafiante desacato a la justicia, el mismísimo presidente de la república, su Gobierno y su partido descalifican la decisión de la Corte. Nos matriculan en la peor tradición de las dictaduras tropicales: las de Maduro, Somoza, Ortega, Pinochet, maestros en volver risas y trizas la separación de poderes, el Estado de derecho.
En renovada ofensiva contra la verdad, acusó Juan Carlos Pinzón a la Comisión de marras de tener nexos con la guerrilla. Mucho ha de dolerles cuanto ella registra: de 11.118 testimonios de víctimas, el 38% son de la guerrilla; 32%, de paramilitares, y 15% de la Fuerza Pública. Además, informes de organizaciones y comunidades. Como los acopiados en encuentro de diciembre pasado en Apartadó, cuya conclusión reza: Sin la verdad del modelo violento que despojó al Urabá y el Bajo Atrato, no habrá paz. Natalia Herrera recoge en El Espectador el sentir de comunidades víctimas del modelo empresarial de ganaderos, palmeros y bananeros que allí se montó. Su antesala, masacre, desplazamiento, desaparición forzada, asesinato; dinámica que se extendió por el país entero. Más de una investigación judicial le adjudica al senador Uribe velas en esos entierros.
Pero no es el uribismo el único en conspirar contra la verdad. La Farc aspira a decirla a medias en la JEP. Niega haber cometido reclutamiento de menores, no ha reparado a sus víctimas y sigue llamando “error” al horror del secuestro que practicó en masa. La verdad es de todos y todos los responsables deben cantarla. La enhiesta imagen de los magistrados que la revelan, aun afectando a un expresidente, devuelve la esperanza: demuestra que nadie puede torear la verdad indefinidamente, pues termina por estrellarse contra ella.
por Cristina de la Torre | Oct 8, 2019 | Modelo Político, Octubre 2019, Régimen político, Uribismo
No es ventolera de circunstancia, es una vocación. Pasión por la arbitrariedad y la fuerza administradas en provecho de un caudillo decadente en república bananera. Involución potenciada por la demagogia que florece en el miedo y la desesperanza, el uribismo se reedita como nostalgia del autoritarismo que dio cobijo a la Violencia. Y nada de cuanto este movimiento diga o haga debería sorprender. En iniciativa que huele a golpe de Estado, el parlamentario del Centro Democrático Álvaro Pava propone hundir por mayoría electoral los fallos de la Corte Constitucional sobre derechos fundamentales, participación política y funciones del Congreso. Ni más ni menos. Podrían así desaparecer las libertades de pensamiento, de cátedra y de prensa; los derechos al aborto y a la diversidad sexual. O volver al Estado de confesión religiosa. O consagrar la ubérrima transformación del Estado de derecho en república estamental de militares, latifundistas, curas, paramilitares, importadores de carros y el vulgo ignaro. La Edad Media en el siglo XXI. Sueño sujeto al desenlace del proceso penal que la Corte Suprema inicia hoy contra el expresidente Uribe.
Beneficiario sin par de la democracia directa que la Carta del 91 introdujo de buena fe, Álvaro Uribe puso referendo y consejos comunales al servicio de un despotismo deslustrado cuya alma bautizó José Obdulio como Estado de opinión. Golosina envenenada para embaucar a la masa, acorralar a las minorías y amancebarse con el gran capital. Con el mismo desdén de aquellos constituyentes hacia la “partidocracia” y la democracia representativa, se disfrazó Uribe de campesino pobre y aduló a la pobrecía mientras le reducía el ingreso y ensanchaba, entre otras, su hacienda de 1.479 hectáreas. Encarnó, con singular fidelidad, el neopopulismo que desde los años 90 se extendía en la región.
A distancia sideral del populismo de un Perón en Argentina, de un Vargas en Brasil (que pese a sus defectos industrializó, redistribuyó ingresos e integró las mayorías a la política) éste de Fujimori y Uribe fue paraíso de la derecha: en política, hijo bastardo del populismo latinoamericano; en economía fue su antípoda, pues suplantó el desarrollo por un capitalismo montaraz. El neopopulismo es eco de la desigualdad económica y política de las dictaduras del Cono Sur, primeras en adoptar el Consenso de Washington que sacrificó el Estado social en el altar del mercado. La diferencia será de grado, no de naturaleza, anotaba yo en 2005 (Álvaro Uribe o el Neopopulismo en Colombia).
Astro del nuevo arquetipo sería Fujimori, expresivo referente del mandatario colombiano, cuyos pasos éste siguió. Desde los consejos comunales hasta la cacería a los tribunales de justicia y la clausura del Congreso (que el peruano consumó y Uribe propuso en la primera versión de su referendo de 2003). Lleva el nuestro décadas persiguiendo a las Cortes que procesaron, primero, a su bancada de parapolíticos; ahora, a conmilitones suyos en la JEP y al mismísimo expresidente en la Suprema. Otros rasgos tomará Uribe prestados del archiconocido modelo de la personalidad autoritaria: intolerancia ante la opinión divergente, ansia patológica de poder personal y militarismo impenitente.
Con la economía de mercado vendría la democracia refrendaria, arma predilecta del uribismo. Democracia de mayorías confeccionadas para aplastar al disidente e imponerse como la voluntad general del buenazo de Rousseau. Voluntad única, indivisible y absoluta, como único, indivisible y absoluto será el poder que raya en dictadura, hoy ambientado en Estado de opinión. Se sabe: el uribismo no es pera en dulce; más parece tantico de cianuro filtrado entre jaculatorias y madrazos.
