por Cristina de la Torre | Oct 28, 2018 | Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Octubre 2018
Por vez primera en la historia de nuestros conflictos peligra el pacto de silencio que salvó de responsabilidad a los grandes promotores del horror. Y no por un alarde de honradez sacado del sombrero sino, en particular, porque las víctimas pueden ahora denunciar y reclamar ante instancias creadas para develar la verdad: la Justicia Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad. Casos al canto, los políticos secuestrados por las Farc cuyo testimonio sacudió al país esta semana; y los dolientes de los miles de “falsos positivos” que se cobró el Ejército. Pese a la ristra de trampas y emboscadas que en su frenesí por salvar el pellejo le ha tendido el uribismo a la paz, el alud de ataques no consigue frenar la afluencia de informes, testimonios y comparecientes ante la JEP. Aunque el partido de Gobierno apadrine proyecto de ley que le niega a la Comisión de la Verdad acceso a información reservada del Estado —vital como insumo para su trabajo— desde todas las orillas fluye ésta y ayudará a documentar responsabilidades en el alto mundo político, militar, empresarial y de la dirigencia guerrillera.
El mío, empezó Betancur ante la JEP, no es el relato de una detención ilegal sino el relato de mi descenso al infierno. Y agregó: “yo acuso a las Farc de tortura sicológica contra mí y contra mi familia”. Todos los miembros del Secretariado son culpables de la crueldad, el sufrimiento y los vejámenes a los que nos sometieron sus hombres, declaró. Por su parte, informes de la Fiscalía y de oficiales del Ejército señalan a miles de uniformados como incursos en la dantesca escalada de “falsos positivos”, por los cuales comparece ante la JEP el mismísimo excomandante de esa arma, general Montoya. Para Human Rights Watch, esas ejecuciones, “cometidas en gran escala (entre 2002 y 2008) constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas”.
Betancur afirma haber sufrido en carne propia la misoginia de las Farc, que cobró en ella su condición de mujer, de política y “enemiga de clase”. Tras una fuga, revela entre lágrimas, la tuvieron varios días encadenada a la intemperie. Para dormir, en las caletas, la obligaban a tender el plástico sobre nidos de congas, de garrapatas o sobre la letrina colectiva. Nos mantuvieron encadenados a un árbol durante años, dice. Enfermarse era una tortura: tenían los medicamentos pero no nos los daban. Me recuerdo “suplicando inútilmente de rodillas al enfermero que me facilitara las pastillas contra la malaria antes de cada ataque de convulsiones”. Le negaron a Luis Eladio Pérez una ampolla de insulina, estando a punto de un coma diabético. Ni alias Gafas lo socorrió cuando sufrió un infarto; antes bien, lo molió a patadas. Tras varios días de marcha en muletas, el general Mendieta no pudo ya levantarse y tuvo que arrastrarse en codos y manos. “Estoy convencida de que el Secretariado sabía de todo esto”.
Otros victimarios no son menos desalmados. Según el fiscal Jaime Camacho, se investiga si 2.429 casos de muerte en combate con el Ejército entre 2006 y 2008 eran falsos positivos, cuando comandaba el general Montoya, y estaba en su apogeo la valoración de resultados por número de cadáveres. 180 batallones en 41 brigadas resultaron involucrados en la práctica siniestra. El diario inglés The Guardian habló de 10.000 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2010, con base en investigación realizada por los excoroneles de la Policía Omar Rojas y Eduardo Benavídez.
Jesús Abad, soberbio retratista del conflicto, afirma: “aquí hay demasiados culpables que sólo ven el mal en el prójimo, y se lavan las manos en jabón Poncio Pilatos para evadir responsabilidades [Pero] no hay tinieblas que la luz no venza”.
por Cristina de la Torre | Ago 20, 2018 | Partidos, Uribismo, Izquierda, Conflicto armado, Conflicto interno, Régimen político, Modelo Económico en Colombia, Agosto 2018
Sí, vuelve la caverna con todos sus fierros al poder: con la estrategia bifronte de extremar la desigualdad en este país de pobres y excluídos y, por otro lado, apretar con mano de hierro la protesta social que de allí derive. Riesgo a la vista cuando ocho millones de colombianos repudiaron las miasmas de la politiquería y recelan del curubito empresarial. Símbolo ominoso de las componendas que sellaron alianzas en la cumbre cuandoquiera que el monolito del poder se vio amenazado, tres expresidentes -dos aparecidos y otro subjudice- dizque saltaron de la polarización a la reconciliación. Fue, sin duda, pacto de yo-con-yo para repartirse la torta que un incauto administra. Del Frente Nacional rescatarán las políticas de seguridad y orden público que atribuían al pueblo el carácter de enemigo interno. Y, en economía, coronarán el ponqué neoliberal que desde Gaviria todos ellos amasan, con la roja cereza de una reforma que eliminará casi el último tributo que pesaba sobre los ricos, y cargará contra las clases trabajadoras.
Reforma regresiva montada desde hace 30 años sobre la conveniente falacia de que regalarles impuestos a las empresas (¡a sus dueños!) dispara el empleo, esta vez podrá estancar el crecimiento y dejar al Estado con recursos franciscanos para educación y salud. Lo que eleva la productividad y el empleo, demostrado está, es la innovación que nuestros flamantes empresarios no abocan. Sostiene Fabio Arias (Las2orillas) que en cinco años los empresarios dejaron de pagar $46 billones por parafiscales, concesión del Gobierno en 2012. Por exenciones sobre patrimonio y renta de los últimos años, se habrían ganado $6 billones adicionales, a los que sumarán otro tanto por la reforma tributaria de Carrasquilla-Uribe-Duque. Pero la informalidad laboral sigue en 64% y el desempleo aun ronda el 10%.
No se sorprendan, pues, si la gente se toma las calles. Ni pretenda el ministro Botero, de Defensa, imponer la protesta asexuada de sus sueños, aconductada por el mazo con el que cree destripar la lucha de clases. El de protesta pacífica es derecho inherente a la democracia, no es subversión ni revuelta ni crimen. Sin él, no hubieran conquistado las mujeres su derecho al voto, ni los trabajadores el suyo a jornada laboral de ocho horas, ni los campesinos despojados podrían recuperar sus tierras.
Mas, mucho indica que la derecha montaraz de vuelta al poder acaricia la impronta contrainsurgente que marcó las políticas de seguridad y orden público en el último siglo. Bajo la capa anticomunista (del conservatismo y la Iglesia primero y, luego, de la Guerra Fría) se estigmatizó, persiguió o asesinó al que protestara o discrepara. Todo librepensador resultó sospechoso de profesar el bolchevismo en la República Conservadora, el comunismo en el Frente Nacional, el terrorismo vistiendo de civil en el Gobierno de la Seguridad Democrática, el castrochavismo como enseña de pánico para la retoma del poder. Al trato de insurgente que recibió el ciudadano inerme contribuyeron las guerrillas. Su táctica de lucha legal e ilegal redundó en el sacrificio de muchos demócratas que nunca dispararon. Y le dio a la derecha argumentos para violentar a la izquierda legal y al movimiento social, pretextando lucha antisubversiva.
No se visualiza la desaparición de tal legado: el ministro Botero evoca ahora símbolos de aquella tradición. Y el CD acaba de presentar proyecto de ley que niega acceso de la JEP y de la Comisión de la Verdad a información reservada sobre las vicisitudes del conflicto armado, con el argumento de que algunos de sus magistrados son “de tendencia de izquierda». Secta de extrema derecha en lo político y en lo económico, el partido de Gobierno rinde otra vez tributo a su lema: mano dura y corazón de piedra.
por Cristina de la Torre | Feb 12, 2018 | Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Febrero 2018
No le suplican. Decenas de intelectuales le exigen al ELN parar su “insensatez asesina, suicida”, y mostrar genuina voluntad de paz. Deploran en carta abierta que esta guerrilla volviera al terror tras un cese el fuego de cien días. Sordo al clamor de los colombianos –reza el texto– inmerso en su ensimismada imagen de vanguardia iluminada que sólo se escucha a sí misma, el ELN pretende a la vez hablar en nombre de ‘la sociedad’. Pero no es así como avanza la revolución social: lo prueba el medio siglo de su guerra costosa, sin gloria y contraproducente, que sólo ha dejado un rastro de sangre y de lágrimas. Que ha fortalecido a la reacción retrógrada y debilitado a la izquierda democrática. Exhortan los firmantes a esa guerrilla a volver a la mesa de conversaciones “con intención sincera de abandonar sus armas manifiestamente inútiles que hoy se han convertido en un estorbo para la construcción pacífica de la justicia social en Colombia”.
No son los únicos: Defensor del Pueblo, prelados, dirigentes políticos de centro izquierda, 28 organizaciones sociales de Antioquia y asociaciones populares sabedoras de que en la guerra son ellas las primeras víctimas, todos claman porque prime la cordura. Pero el ELN no se mosquea. Le llegan a Quito líderes de Derechos Humanos, de negritudes e indígenas que piden parar la violencia, y mira con desdén para otro lado.
Lleva esta guerrilla 26 años aprovechando conversaciones de paz como pausa táctica para tomar aliento militar y darse tono político reclamándose vocera de la sociedad. De organizaciones populares a las que ha infiltrado a la brava y pretendido representar. Siempre con la fatal consecuencia de exponerlas a la brutalidad de las derechas (armadas y desarmadas) y a la impiedad de la Fuerza Pública. Recuérdese la contribución de esta guerrilla precaria, torpe y sin pueblo al aniquilamiento de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) en los años 70. Haciendo gala de hombría prestada por la exhibición de un fusil, “heroicos” guerrilleros del ELN –entre otros– salpicaban movilizaciones de los que reclamaban tierra. Agregaron así eficiente pretexto para ahogar en sangre el más formidable movimiento campesino que Colombia registrara en mucho tiempo.
Y no dan los elenos su brazo a torcer. Señala Tatiana Acevedo “continuidades” que sugieren marcas de origen en ese grupo armado. Aparecen ellas, cobre sin barniz, en declaraciones recientes de la Asociación Campesina del Catatumbo que expresan, hoy como ayer, “desacuerdos entre movimientos sociales civiles y el ELN que pretende intervenir en sus luchas”. Esta organización le pide “mantenerse al margen de la discusión entre el campesinado y el pueblo de Bari”, no ha mucho violentado por el ELN.
En los años 80 libró esta guerrilla en Barrancabermeja bronca disputa por las bases del Movimiento Amplio del Magdalena Medio que dirigía el excomandante y disidente político del ELN, Ricardo Lara Parada. Pretextando traición a la revolución, sus viejos conmilitones lo asesinaron de seis balazos a la vera de su casa y a la vista de sus hijos, niños aún. Todos los barrios y veredas señalados como partidarios del ELN –escribe Acevedo- fueron arrasados en la arremetida policial, militar y paramilitar de mediados de los 90.
Con acciones de terror, huyéndole al combate con el enemigo, cree este grupo ganar fuerza para imponer condiciones en los diálogos de Quito y para eternizar su pantomima de negociación. Mientras tanto, devora la caverna el plato suculento que el ELN le ha servido, la población civil teme impotente una nueva escalada de violencia, y el ELN se solaza triunfal en su ley: sin política, sin pueblo, sin valor para sumarse a la paz, ¿dará su patada final a la mesa?
por Cristina de la Torre | Oct 4, 2017 | Conflicto armado, Conflicto interno, Justicia, Octubre 2017
Cuando ya todo se daba por perdido, envilecida la cúpula de la Justicia, asqueado el país en la imagen de su togado supremo tras las rejas, nos sorprende la creación de un órgano de justicia único en la historia de Colombia: un tribunal de paz integrado por personalidades de probada solvencia moral y profesional, seleccionadas entre miles de postulantes de todas las etnias, regiones e inclinaciones ideológicas, con predominio de mujeres y presidido por ellas. Por Patricia Linares en la presidencia y Luz Marina Monzón en la Búsqueda de Desaparecidos. Instancia de cierre del conflicto, este órgano será decisivo en la reconciliación. Su misión, hacer justicia para asegurar la paz; su meta, la verdad de lo ocurrido y la reparación integral de las víctimas. Juzgará a responsables de todos los bandos por los delitos más graves cometidos en la guerra, para que haya verdad, sanción y reparación.
Mas, no bien se enciende esta luz al final del túnel, saltan al ruedo, todos a una, picos y garras afilados, los que temen a la verdad, los nostálgicos de la violencia. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, declara que la Justicia Especial de Paz (JEP) es “indigna, una claudicación estatal”. La también uribista, Paloma Valencia, gestiona en nombre de su bancada referendo para derogar este instrumento expedito de paz y reconciliación. El Fiscal Martínez convierte imprecisiones salvables del proyecto de ley que la reglamenta en monstruo de siete cabezas; y teme que la ley desproteja a empresarios tenidos por protagonistas del conflicto y no por víctimas. Pero no aclara si habla de los que pagaron para protegerse del secuestro o de quienes financiaron a paramilitares para lucrarse de sus crímenes. En la misma vena, Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, anuncia que no votará la ley, por supuesto sesgo político en el recién creado Tribunal contra los mismos empresarios del corazón del Fiscal. Y, por si fuera poco, Jesús Santrich, vocero de la corriente más oscura de la Farc, se suma a la descalificación del Tribunal. Sesgo no habrá en un órgano cuyas decisiones se adoptan en colectivo, previa deliberación entre magistrados de todas las tendencias y sabedores de que el país entero ausculta, una a una, sus determinaciones.
Contraste agudo entre la violencia de estas reacciones y la sindéresis que respira la presidenta del Tribunal, su dominio de la materia y la fuerza de carácter que proyecta. Dijo ella: “hoy lo que concebí como un sueño es una realidad con la firma del Acuerdo de Paz; estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento; y, en la JEP, para administrar justicia restaurativa que sirva a la reconciliación y alivie el dolor de las víctimas (…) El compromiso de esta jurisdicción es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra”.
Guerra sucia, despiadada, que cobró su mayoría de víctimas entre la población inerme. Conflagración de crueldades inenarrables que hunde raíces en la exclusión, en el despojo, en la impunidad, en el terror de nuestro diario vivir. En el entramado social y político que la produce y retroalimenta. Es hora de que todos los comprometidos en el desastre asuman su responsabilidad, Estado incluido. La reconciliación, insiste Linares, no puede fundarse en el ocultamiento y la negación.
Madruga nuestra derecha a sacudirse la hoja de parra que disimulaba sus vergüenzas. En su íntimo propósito de hacer trizas la paz, acomete de frente contra la espina dorsal del Acuerdo y su Tribunal de Paz. Se dará contra el pueblo que ha padecido la guerra. Y contra el reclamo universal por haber querido reabrir la puerta del horror.
por Cristina de la Torre | Oct 4, 2017 | Conflicto armado, Conflicto interno, Justicia
Cuando ya todo se daba por perdido, envilecida la cúpula de la Justicia, asqueado el país en la imagen de su togado supremo tras las rejas, nos sorprende la creación de un órgano de justicia único en la historia de Colombia: un tribunal de paz integrado por personalidades de probada solvencia moral y profesional, seleccionadas entre miles de postulantes de todas las etnias, regiones e inclinaciones ideológicas, con predominio de mujeres y presidido por ellas. Por Patricia Linares en la presidencia y Luz Marina Monzón en la Búsqueda de Desaparecidos. Instancia de cierre del conflicto, este órgano será decisivo en la reconciliación. Su misión, hacer justicia para asegurar la paz; su meta, la verdad de lo ocurrido y la reparación integral de las víctimas. Juzgará a responsables de todos los bandos por los delitos más graves cometidos en la guerra, para que haya verdad, sanción y reparación.
Mas, no bien se enciende esta luz al final del túnel, saltan al ruedo, todos a una, picos y garras afilados, los que temen a la verdad, los nostálgicos de la violencia. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, declara que la Justicia Especial de Paz (JEP) es “indigna, una claudicación estatal”. La también uribista, Paloma Valencia, gestiona en nombre de su bancada referendo para derogar este instrumento expedito de paz y reconciliación. El Fiscal Martínez convierte imprecisiones salvables del proyecto de ley que la reglamenta en monstruo de siete cabezas; y teme que la ley desproteja a empresarios tenidos por protagonistas del conflicto y no por víctimas. Pero no aclara si habla de los que pagaron para protegerse del secuestro o de quienes financiaron a paramilitares para lucrarse de sus crímenes. En la misma vena, Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, anuncia que no votará la ley, por supuesto sesgo político en el recién creado Tribunal contra los mismos empresarios del corazón del Fiscal. Y, por si fuera poco, Jesús Santrich, vocero de la corriente más oscura de la Farc, se suma a la descalificación del Tribunal. Sesgo no habrá en un órgano cuyas decisiones se adoptan en colectivo, previa deliberación entre magistrados de todas las tendencias y sabedores de que el país entero ausculta, una a una, sus determinaciones.
Contraste agudo entre la violencia de estas reacciones y la sindéresis que respira la presidenta del Tribunal, su dominio de la materia y la fuerza de carácter que proyecta. Dijo ella: “hoy lo que concebí como un sueño es una realidad con la firma del Acuerdo de Paz; estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento; y, en la JEP, para administrar justicia restaurativa que sirva a la reconciliación y alivie el dolor de las víctimas (…) El compromiso de esta jurisdicción es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra”.
Guerra sucia, despiadada, que cobró su mayoría de víctimas entre la población inerme. Conflagración de crueldades inenarrables que hunde raíces en la exclusión, en el despojo, en la impunidad, en el terror de nuestro diario vivir. En el entramado social y político que la produce y retroalimenta. Es hora de que todos los comprometidos en el desastre asuman su responsabilidad, Estado incluido. La reconciliación, insiste Linares, no puede fundarse en el ocultamiento y la negación.
Madruga nuestra derecha a sacudirse la hoja de parra que disimulaba sus vergüenzas. En su íntimo propósito de hacer trizas la paz, acomete de frente contra la espina dorsal del Acuerdo y su Tribunal de Paz. Se dará contra el pueblo que ha padecido la guerra. Y contra el reclamo universal por haber querido reabrir la puerta del horror.
