por Cristina de la Torre | Mar 13, 2012 | Izquierda, Marzo 2012
Como si Petro marchara en la caverna y éstos en la izquierda heroica, dirigentes de lo que queda del Polo le declararon al alcalde guerra abierta. Tras cuatro años de mutismo frente a la mayor defraudación que esquilmara a Bogotá; habiendo avalado contratos que entregan a particulares casi todo el producido de Transmilenio, habrían promovido la jornada que colapsó el transporte, paralizó a la capital y degeneró en vandalismo. “El Moir terminó rodeado de ladrones que roban las cajas” del sistema, dijo Petro. Se propusieron ellos debilitar al burgomaestre justo cuando éste se dispone a apretar a los operadores privados, acaso guiado por el criterio de que servicios como el transporte público deben reposar en el Estado. Como se estila en las democracias maduras. O en fórmulas de economía mixta que protejan el derecho ciudadano de las fauces de los negociantes. El detonante fue este pequeño 9 de abril en 9 de marzo, que mezcló ingredientes explosivos: asonada, de un lado, y, del otro, señalamiento del alcalde contra el núcleo duro del Polo, al que le adjudicó responsabilidad en los hechos. Según él, detrás de ellos está “un grupo de la administración pasada que no dijo nada cuando firmaron a 23 años la concesión de zonas integradas de transporte público”. Y elevó la tarifa de los articulados la víspera misma de entregar el mando. Transmilenio se diseñó para 800 mil pasajeros diarios; pero hoy transporta más del doble, con la misma infraestructura. Y la sobrecarga no es responsabilidad de Petro. Resulta de la negligencia de una administración que, por andar en malos pasos, no abrió las nuevas troncales ni reparó las losas de la Caracas.
La semana anterior el alcalde reafirmó su plan de renegociar contratos con los operadores del sistema, bajar tarifas, aumentar la flota de buses y promover la organización de los usuarios del transporte, víctimas de un modelo que hizo agua. Es su idea reducir las utilidades de los privados, llegar a que los buses sean eléctricos, operados por el Distrito y de su propiedad. Se comprenderá por qué se había echado a andar un plan tortuga. Es que el contrato de concesión financia con dineros públicos a un puñado de privilegiados, mientras la ciudad sólo recibe 5% del recaudo. En últimas, Petro se orienta por el principio socialdemocrático de que los servicios públicos —derechos constitucionales de la ciudadanía— deben recaer en el Estado. O en un modelo público-privado sujeto a todos los controles.
Hostilizar al alcalde cuando éste prepara batalla contra los operadores privados es hacerles a éstos el favor. Magnificar con artificios los avatares de la restitución de tierras es hacerles el favor a los despojadores. La rabiosa radicalidad de estos dirigentes, ¿es resentimiento, es revancha, es el pánico que abraza al moribundo? Al garete, buscando a tientas la identidad perdida, rugen y cierran el puño y se reconfortan en el ejercicio de una oposición que exige lo imposible para no tener que habérselas con lo posible. Obstruir. Tal como lo hicieron con la Ley de Víctimas. Tanta altisonancia contra el reformismo radical de Progresistas encubre el más sutil conservadurismo. Corona la máxima de Lampedusa: que todo cambie para que nada cambie. Con exalcalde amigo tras las rejas y el desplome de su votación de 900 mil sufragios a 31 mil, difícil guardar compostura. Serénense los cardenales antes de romper lanzas contra el primer exguerrillero que depone las suyas para acceder por sufragio al gobierno de Bogotá. No sea que terminen por extraviarse sin remedio dando palos de ciego desde la catedral de su menguado poder.
por Cristina de la Torre | Feb 7, 2012 | Febrero 2012, Izquierda
Se veía venir. En mezcla explosiva de revanchismo (en unos) y fidelidad a su entraña de derechas (en casi todos), se sublevó el Concejo de Bogotá contra el alcalde Petro. Engolando la voz, el pecho henchido, despacharon los concejales con un leve movimiento de meñique la invitación del burgomaestre a cogobernar, programa y rendición de cuentas de por medio. ¡”Clientelismo”!, apostrofaron, y se negaron a participar en práctica tan ominosa. No mencionaron, claro, los fines de la coalición propuesta: erradicar la corrupción, moderar la discriminación social en la capital, defender el medio ambiente. Otras son sus ideas, tejidas para una Colombia cerrada, inmóvil y a menudo complacientes con la venalidad. Tampoco se quejaron –como lo hicieron algunos en privado- porque les hubieran ofrecido cargos de segunda (Semana, 2-5). (¿No se conformaban con chichiguas, querían clientelismo en forma?). Ni se mosquearon con el contraste entre ésta su dignidad de última hora y el prontuario que la mitad de ellos capotea ante la Fiscalía, por denuncias del propio Petro sobre la monumental defraudación de la ciudad. Y como presidente del Cabildo designaron a Darío Cepeda, investigado por presuntos nexos con el cartel de la salud. La U, líder de la derecha, promovió esta proyección de la Unidad Nacional en unidad distrital contra la nueva Administración. La misma coalición que fuera aliada de Samuel Moreno, hoy tras las rejas.
Víctima del maniqueísmo, se queda Petro con el pecado y sin el género. Pero recoge el guante. Ratifica su recurso al pueblo en cabildos abiertos donde la gente discuta y escoja entre proyectos del Gobierno distrital que obedezcan a criterios de desarrollo e inclusión social. Difícil le quedará al Concejo desconocer asignaciones del presupuesto adoptadas de consuno con la gente. Agualongo, comentarista de este espacio, apunta que si los partidos cobran por ventanilla la valentía de Petro al denunciar la corrupción, hay que acudir a la base, pues los problemas de Bogotá demandan solución colectiva. Dos peligros ofrece, con todo, este tipo de consulta popular. Primero, si la Alcaldía coopta los escenarios de participación popular, los deslegitima, pues aliena la vocería de otros igualmente interesados en ganancias de ciudad. Segundo, la consulta en montonera, sin organizaciones sociales que les den a las decisiones cauce y representatividad, puede derivar en populismo; en simple medio de figuración del gobernante que así quiera robustecer su imagen y ganar votos. Riesgo inminente en una ciudad como Bogotá, 95% de cuyos habitantes declara no pertenecer a asociación cívica alguna. El modelo de Porto Alegre, Brasil, que se ha extendido a 70 ciudades y al parecer inspira la iniciativa de los cabildos abiertos, se edificó sobre larga experiencia de resistencia popular a la dictadura; y sobre centenares de organizaciones y movimientos de masas que en Colombia no existen. Desafío mayúsculo: acudir al pueblo sin caer en un populismo empalagoso y disolvente como el del uribato.
No será Petro el primero en buscar respaldo del pueblo a sus políticas. Ya Carlos Lleras, bandera agraria en mano, había exclamado: “Se hará el cambio social, pase lo que pase. Saldré a buscar a las masas y veremos al fin quién gana”. Hoy cuenta Petro con 70% de apoyo. Mientras el Concejo no caiga en el boicot y respete la dinámica popular que se avecina, la democracia agradecerá el deslinde de ideas –y de aliados- que se perfila en la política de Bogotá. También agradecerá menos arengas del Alcalde y más disposición a medir cuanto va del discurso al acto administrativo y, de éste, a la ejecución. No basta con ser honrados; hay que saber gobernar. Para rescatar a Bogotá. Y para que a la izquierda, en jaque, no le den mate.
por Cristina de la Torre | Ene 31, 2012 | Enero 2012, Izquierda, Personajes, Régimen político, Uribismo
Usufructuario estelar de la democracia directa que la Constitución del 91 introdujo, Álvaro Uribe resolvió esta forma de participación en populismo de derecha. Ahora Gustavo Petro parece reivindicar el que algunos consideran sentido genuinamente participativo de la Carta Política. Protagonizaría un salto cualitativo del consejo comunal del ex presidente al cabildo abierto. Las asambleas de Uribe, integradas por delegados escogidos en Palacio de antemano con el fin repartir chequecitos acá y allá, catapultaron el proyecto de reelección para prolongar a doce años aquel gobierno arbitrario y corrupto. Petro, en cambio, corregiría los defectos del experimento dándoles a los concurrentes capacidad decisoria, previas campañas de información y discusión pública: prepara cabildos abiertos donde la gente se informa, delibera, define montos del presupuesto de Bogotá y decide las asignaciones levantando la mano. Apoteosis de democracia ateniense en sociedad de montoneras. “Se van a tomar decisiones vinculantes (y) la Alcaldía firmará compromisos públicos que serán llevados al Concejo”, anuncia Antonio Navarro. Serán cuatro billones cada año. ¡Cuatro billones! Tránsito notable del control personalista de los recursos públicos hacia la determinación popular de su inversión. Concedida la buena fe que anima esta iniciativa, ¿no entraña ella el peligro de diluir los dineros de la ciudad y tornar al populismo?
Inquieta la perspectiva de atomizar el presupuesto en mil proyectos de barrio para satisfacer la turbamulta de necesidades sentidas que, aún sumadas, desdeñan la jerarquía de necesidades que comprometen el bien común en una metrópoli de ocho millones de habitantes. Necesidades cuya solución reposa ahora en los expertos, en instituciones de envergadura y organización compleja, como complejos son los problemas grandes de la ciudad. Algo va de montar otra panadería en la esquina, o cincuenta más, a un programa de desarrollo industrial para crear empleo. Lo que no excusa, claro, el deber de consultar urgencias puntuales de cada localidad que emanen de los cabildos abiertos, las JAL sistematicen como proyectos y el gobierno central del distrito ejecute con una porción discreta del presupuesto distrital. Lo inexcusable será desinstitucionalizar en aras de consultas al pueblo, fuente de gobernabilidad y de votos, que derivan casi siempre en democracia plebiscitaria. Como la de Uribe.
Por otra parte, si, honrando la inquina de los constituyentes del 91 hacia los partidos, la convocatoria a cabildos se dirige en su lugar a asociaciones sociales, discutible resultará la representatividad de quienes voten en ellos plan de desarrollo y presupuesto de la capital. Es que 95% de los bogotanos declaran no pertenecer a ninguna organización social. Quienes levanten la mano, ¿serán, acaso, los activistas y los interesados de siempre que se autoproclaman “la sociedad civil”? ¿Podrán ellos encarnar el “gran salto en participación ciudadana”, el “Estado progresista que se pliega a la población misma”, en palabras del propio Petro?
El viraje hacia cabildos abiertos así concebidos persigue, sin duda, una democracia menos imperfecta. Pero despierta dudas sobre su conveniencia para acometer planes y presupuestos. Y evoca problemas de participación y representación política. Sin invocar la falsa disyuntiva entre democracia directa y democracia representativa, y en vista del efecto deplorable que la primera arrojó con Uribe, más se haría por una participación calificada depurando los partidos y revitalizándolos. Si ya Uribe era anacrónico por involucionar a tiempos idos del populismo, anacrónico resulta también negarles a los partidos su papel en la forma indirecta de participación política que hoy recupera su vigor en el mundo entero.
por Cristina de la Torre | Ene 17, 2012 | Conflicto interno, Enero 2012, Izquierda, Personajes
En esta Colombia conservadora y violenta, la elección popular de un exguerrillero como alcalde de la capital conmueve los cimientos de su tradición política. La Mano Negra y la Mano Roja parecen cerrarse en puño de hierro para golpear, una, al intruso; la otra, al hereje. Y es que Gustavo Petro encarna una fuerza que por vez primera gobernará a Bogotá con demócratas de izquierda decididos a operar el tránsito hacia otra idea de ciudad. No con Anapo ni con la U. Ni con carteles de ladrones que pasan por contratistas. Dos trazos gruesos empiezan a dibujar el perfil de su movimiento Progresistas. Primero, una vocación de paz que sepulta para siempre toda veleidad con la táctica comunista de la combinación de formas de lucha. Segundo, el rescate de la Constitución del 91 que Petro ha erigido en plataforma ideológica suya. En particular, de mecanismos de participación e inclusión social como el cabildo abierto para decidir porción sustancial del presupuesto de la ciudad de consuno con la gente. Sería ésta, según Navarro Wolf, una genuina marca de fábrica de la izquierda. Mas no será fácil diferenciar estas audiencias populares de los consejos comunales que Álvaro Uribe convirtió en punta de lanza de su “gobierno de opinión”, tributario de la democracia plebiscitaria que llevó a Colombia al borde la dictadura.
Ni fácil será suplantar con tales mecanismos de democracia directa la democracia representativa, donde el pueblo refrenda con su voto el programa que su candidato ofreció en campaña y lo autoriza a ejecutarlo. Si no, ¿para qué elegir, para qué la competencia de ideas y programas que se ventilan en campaña electoral? Papel distinto (y crucial) desempeñarían estos cabildos como escenario de rendición de cuentas del gobierno y medio de control político de partidos y organizaciones civiles. Pero empeñar la iniciativa y el poder decisorio del gobierno a la volubilidad de una ciudadanía sacralizada y sin norte puede ser camino expedito hacia la demagogia y el desmadre de las políticas públicas. Salvo que la experiencia demuestre lo contrario.
Un flanco que sí resulta decisivo para desahogar a la izquierda es la ruptura sin atenuantes con la combinación de formas de lucha. La glorificación excluyente de la lucha armada le había hurtado a la izquierda por décadas el derecho de hacer política, y cercenado el ya reducido espacio de la tolerancia. La táctica de marras contribuyó a su manera al exterminio de la Unión Patriótica en los años 80 y 90: muchos militantes de ese partido legal cayeron inermes como carne de cañón en una guerra ajena, mientras el grupo armado se refugiaba heroicamente con sus fierros monte adentro. Diablillo que se insinuaba de tanto en tanto en el seno del Polo, las “sieteluchas” pusieron su grano de arena en las disensiones que terminaron por polarizarlo en polos irreconciliables hasta la ruptura final.
Capítulo aparte merecerá la capacidad de Progresistas para retomar la disposición constitucional de trazar planes indicativos de desarrollo que armonicen crecimiento con política social y ambiental. Ya Petro lo sugiere con su apelación reiterada a las alianzas público-privadas. Perspectiva de verdadera intervención del Estado que le devolvería al Primer Mandatario la orientación del ahorro nacional, y podría moderar los poderes ilimitados que se le han otorgado a la Junta del Banco de la República. Cabrían entonces, otra vez, una estrategia de industrialización y mecanismos eficaces de inserción en la economía mundial sin caer en la miseria.
De la madurez y el coraje con que Petro y su equipo aborden asuntos de tanta enjundia dependerá que Bogotá salga del pantano. Y que Progresistas florezca como alternativa de izquierda democrática capaz de romper las cadenas con que los extremistas de todos los colores han querido siempre estrangularla.
por Cristina de la Torre | Dic 4, 2011 | Diciembre 2011, Izquierda, Personajes
Contra viento y marea. Contra los radicalismos de izquierda y de derecha, se hizo Gustavo Petro, exguerrillero, con la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo en importancia después de la Presidencia de la República. Acontecimiento sin precedentes en el país más conservatizado de América Latina, donde todos los fanatismos se conjugan para apuntalar una Colombia inmóvil. Y este hombre, ángel para unos, demonio para otros; a la vez azote del latifundismo y admirador del dirigente conservador Álvaro Gómez, se ofrece ahora como esperanza de una izquierda moderna, mentis viviente de las Farc y, para los poderes consagrados, el rufián. Tímido al contacto personal, en la controversia de auditorio puede triunfar con una idea incendiaria musitada con un hilo de voz, y en la plaza pública arrebata multitudes. Meses y meses de días y noches enteros siguiendo la letra menuda de expedientes judiciales y, luego, su temeridad en debates parlamentarios que hicieron historia, lo consagraron como el denunciante irrebatible de la parapolítica cuando empezaban a aparecer cientos de fosas comunes de víctimas del paramilitarismo. Cuestionó a parientes del entonces presidente Uribe, se convirtió en su antagonista y su fama creció conforme se extendía la devoción hacia el Primer Mandatario. La crítica sin atenuantes de Petro a las guerrillas consolidó su prestigio y lo catapultó a la candidatura presidencial. La denuncia del llamado cartel de la contratación en Bogotá precipitó la ruptura con su propio partido, el Polo Democrático, y le significó la Alcaldía de la capital.
No es nueva la censura de Petro a la lucha armada. Desde 1985, cinco años antes de que el M19 (su guerrilla) firmara la paz, se entregó a defender en ella la alternativa de la desmovilización. Había palpado en La Picota el sufrimiento inútil de decenas de compañeros, y el suyo propio. También él había padecido torturas en las caballerizas del Ejército y pagado dos años de cárcel por portar un arma que nunca disparó. “Me fui a la tortura sabiendo que iba a ser papá – le dijo a Alonso Sánchez-; en la cárcel conocí a mi hijo Nicolás de nueve meses de nacido”. Pero en el empeño de paz pesaron más experiencias que definieron el horizonte de su política: así, la construcción en minga del Barrio Bolívar en Zipaquirá, juntando brazos para darse techo en una comunidad olvidada de todos. Todavía recuerdan allá al muchacho que trocaba su acento costeño por el rolo. Que devoraba en sus ratos libres a los clásicos griegos y a Marx, núcleo duro de la biblioteca paterna.
El padre era laureanista y lloró la muerte del Ché. ¿Vendrá de allí la que algunos perciben como ambivalencia ideológica de Petro? ¿O fue deslumbramiento con la embestida de Gómez contra “el régimen” cuando le arrebataron a Anapo el triunfo electoral en 1970, un suceso que dio origen al M19? El hecho es que Petro lo mismo propone reforma agraria integral (anatema para el conservadurismo) y arriesga el pellejo encarando a las mafias, que exalta al dirigente con quien el M19 cocinó buena parte de la Carta del 91. Se pregunta la opinión si su voto para elegir procurador a Ordóñez, conmilitón del laureanismo, nació de convicción política o fue un desliz. Petro se propone desarrollar su movimiento Progresistas juntando amigos de acá y de allá. Piensan muchos que del criterio con que escoja aliados dependerá que este líder fogueado en mil batallas multiplique y organice la oposición democrática a los poderes consagrados. Fuerza que él encarna hoy en Colombia. Si no lo sacrifica todo, su orgullo comprendido, a demostrar que no era tal rufián.
