por Cristina de la Torre | Jun 8, 2021 | Corrupción, Impunidad, Junio 2021, Paramilitarismo
Verdugo de su pueblo, la Policía traiciona con ferocidad la misión de protegerlo que la democracia le dio; aunque uniformados hay dispuestos a honrar el encargo. Masa maleable en manos de partidos en el poder, más de una vez perdió la Policía su neutralidad de cuerpo civil destinado a la seguridad de la ciudadanía: desde los tiempos de los chulavitas se ha politizado para perseguir, y hasta liquidar a la oposición; para sofocar a tiros la protesta social, en gesta sangrienta de un gobierno como éste de Duque, cuya brutalidad hará historia en el continente. Pero no sólo se politizó. También se privatizó, a menudo como guardia pretoriana de hacendados y contrabandistas, de cofradías de negocios turbios, de “gentes de bien”. Además, oficiales habrían sido albaceas del paramilitarismo en crímenes de Estado, algunas de cuyas víctimas revela hoy Mancuso. Y miembros del Esmad acolitan a paras urbanos que disparan contra manifestantes.
La ambigüedad de sus fines, entre seguridad nacional y seguridad ciudadana, ha convertido a la Policía en virtual cuerpo paramilitar, en agente de represión política. Mutó ella de institución civil a aparato militar contra civiles. Y convirtió la solidaridad de cuerpo en encubrimiento del delito. Sobre la norma escrita –letra muerta- prevalece en la Policía el vetusto imaginario de Guerra Fría que educó a los uniformados en la religión del anticomunismo y trocó al manifestante en terrorista. En el enemigo interno, de probada rentabilidad electoral para la casta sin hígados que se vende como demócrata enfrentada al ruso comeniños. Pero las cosas han cambiado. Mientras no se replanteen en la Policía doctrina y organización, crecerá la grieta que ya la separa del pueblo ultrajado en la pobreza, en la exclusión, en la muerte que abate sus clamores en cualquier calle de Siloé, de Buga, de Facatativá.
Casi un siglo lleva la politización de la Policía. Pero fue en las dictaduras civiles de Ospina, Gómez y Urdaneta donde se configuró como política de Estado con el asesinato en masa de sus contradictores. Instrumentos, la Popol (Policía Política), el SIC (luego DAS) y los paramilitares de la época: chulavitas y pájaros, las águilas negras de la Violencia. Ospina sacrificó la imparcialidad de la Policía (y la del Ejército), destituyó a los agentes de filiación liberal, los reemplazó por conservadores y unificó a la Policía bajo el mando del Ministerio de Guerra.
Si durante el Frente Nacional proliferó la subordinación de comandos de policía a grupos locales de poder privado, en tiempos del narcotráfico y del conflicto armado se cotizaron muchos por lo más bajo: extendieron ahora su ala protectora sobre mafiosos y usurpadores de tierras, y tributaron con armas y logística al paramilitarismo. Ante el Tribunal de Medellín declaró Mancuso esta semana que entre paramilitares y la Policía, el Ejército y el DAS había “permanente comunicación” y de ellos recibían apoyo militar. Que las decisiones de matar, entre muchos otros, a Eduardo Umaña, Jaime Garzón y Jesús María Valle se tomaron por “pedidos que venían desde el Estado”.
Cobran vigencia renovada los principios de reforma a la Policía que Álvaro Camacho formuló como miembro de la Comisión que en 1993 se creó para ese efecto: a la Policía, cuerpo civil, compete la protección del ciudadano y la garantía de sus derechos; no la guerra, que es del fuero militar. No deberá pretextarse la alteración del orden público para convertirla en agente de represión política. Debe ella salir del Ministerio de Defensa, recibir sólida formación profesional y humanística, remuneración digna y vigilancia de los órganos de representación popular. La Policía se debe al ciudadano, no a grupos de interés ni a partidos políticos. Pregunta: ¿Acepta la Policía ser mero adminículo de crueles imitadores de dictador?
por Cristina de la Torre | May 17, 2021 | Centro, Impunidad, Izquierda, Mayo 2021, Modelo Económico, Modelo Político, Movimiento social, Paro Nacional
Bajo la rabia que anida en esta sociedad de castas montada sobre la pobreza y la exclusión; desde las lágrimas por tantos y tantos muertos en las calles florece, acá y allá —en el abigarrado tejido que se llama el pueblo— disposición para enfrentar la adversidad concertando un nuevo pacto social. Pues el que rige, pervertido en el privilegio, en la violencia, en una democracia quebradiza, es causa de la debacle. Y hace agua. Díganlo, si no, esquirlas tomadas al azar de las granadas que este Gobierno ha lanzado contra las multitudes que protestan.
Detenida y abusada sexualmente por agentes del Esmad, una adolecente “se suicida” en Popayán. En Cali, paramilitares estrato diez disparan contra indígenas, cuadro inmortal de los ancestros que exalta el puño de hierro del encomendero sobre el nativo. El alcalde de Pereira cohonesta alianza de civiles con veleidosas empresas de seguridad privada: de ocho tiros muere Lucas Villa. Álvaro Uribe insta a la Fuerza Pública a disparar contra terroristas que pueden ser cualquier manifestante, y acaricia la ilusión de volver a la guerra.
El nuevo pacto social principia por devolver al Estado su protagonismo, integrar los excluidos a la empresa reformista y rescatar las dinámicas de la paz. Proponen Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo “convocar a todos los partidos y movimientos sociales, a todas las fuerzas vivas a concertar un Gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”. La deliberación democrática tendría que aterrizar en el Congreso, su escenario natural, y traducirse en leyes. Hay que deliberar para reconciliar, señalan.
Para muchos, en el centro del acuerdo medran medidas de emergencia que empiezan y terminan en el eje del empleo. En la creación inmediata de puestos de trabajo desde el sector público y, a largo plazo, en una estrategia de pleno empleo que privilegie la economía real sobre la especulativa financiera. Otra medida urgente, de vida o muerte, la creación de una renta básica para 6 millones de hogares que oscile entre $320.000 y $480.000 mensuales, financiada —como en todo país civilizado— con impuestos directos sobre la renta y el patrimonio de los más pudientes.
La crema de los profesores universitarios sugiere alternativas en política económica y social distintas de la reducción de impuestos a los ricos. En estas décadas, afirma, ha operado una redistribución regresiva del ingreso que castiga los salarios, premia las ganancias y concentra sin pausa la propiedad y la riqueza. Se suprimió la función del Estado como prestador de servicios públicos y garante de los derechos económicos y sociales que culminen en educación y salud universales. Para los académicos, la redistribución del ingreso no se logra con mayor “libertad económica”. Lo prueba la historia de los países desarrollados, donde el Estado fue el gran responsable del desarrollo afirmado en la industrialización y en el impuesto progresivo.
Diríase que un rediseño de la fiscalidad debería comenzar por derogar la reforma tributaria de 2019, que otorgó gabelas por $14 billones a los ricos, a las cuales ha renunciado ya la Andi. Aconsejaría liquidar el adefesio de que los archimillonarios de Colombia paguen apenas entre 1 y 2% de impuesto sobre la renta. Y actualizar el catastro para que también los terratenientes paguen impuestos a derechas.
Otros signos de la crisis que abraza al pacto social y político agudizada por el uribismo en el poder: sólo 9% de los jóvenes confía en la Presidencia y 7% en el Congreso (Cifras y Conceptos). En perspectiva electoral, por la derecha votaría el 5%; por la izquierda, el 25%; y por el centro, 41%. Llegó la hora del cambio. Si el pacto se adopta democráticamente, hallaría su refrendación en las urnas el año entrante.
por Cristina de la Torre | Abr 2, 2021 | Abril 2021, Impunidad, Paramilitarismo
Si frente a Jineth Bedoya (ejemplo de pundonor y de valor civil) voceros del Estado lo convirtieron en planta rastrera, a planta carnívora lo degradaron en el conflicto muchos de sus uniformados. Ya como padre ausente, ya como máquina de guerra, ya como aliado del paramilitarismo, el Estado derivó a menudo en enemigo mortal de la población. A instancias de 176 organizaciones sociales y de derechos humanos, el Tribunal Permanente de los Pueblos emplazó esta semana al Estado colombiano por genocidio, crímenes contra la paz e impunidad de sus autores.
Este organismo de opinión de carácter internacional es reedición del Tribunal Russell que, apuntalado por el filósofo inglés y Jean Paul Sartre, puso en boca del mundo la deriva criminal de Estados Unidos en Viet Nam y las atrocidades de dictaduras como las del Cono Sur. Investiga, juzga y difunde sus sentencias sobre violencias que los Estados ignoran; y funda su autoridad en la aclamada prestancia de sus miembros. Fiscales de ésta su tercera sesión en Colombia, son Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema que presidió el proceso contra la parapolítica y la exfiscal Ángela María Buitrago. Sus sentencias llegarán a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la CPI.
Último botón de muestra en su recorrido de un siglo sobre exterminio político y de comunidades que luchan por los derechos humanos, por el cumplimiento de los acuerdos de paz, por la tierra despojada y por sustitución de cultivos en Colombia: en menos de tres meses de este año hubo 21 masacres, asesinaron a 35 líderes sociales y a 12 firmantes de paz. Sólo en 2020 las masacres fueron 85. Desde la firma de la paz, en cuatro años, los líderes asesinados pasan de 1.300.
Remontarse al pasado reciente es redescubrir con horror que la cooperación y la connivencia de la Fuerza Pública con los paramilitares no fueron episódicas sino costumbre. Tal el papel de miembros del Ejército y la Policía, agentes por antonomasia del Estado, fermentados en la ideología contrainsurgente de la Guerra Fría; y desfigurados por la cúpula del poder hasta producir a sangre fría 6.402 falsos positivos (que podrían llegar a 10.000). Fuente inagotable de ilustración y análisis de esta guerra será el Centro Nacional de Memoria Histórica, en mala hora entregado a un proyecto de historia oficial.
Según el CNMH, en esta guerra la violencia de la Fuerza Pública se centró en detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y uso desmedido de la fuerza. Si a ella se le adjudica el 17,3% de masacres, de muchas otras será corresponsable entre el 58.9% adjudicado a los paramilitares. Si soldados, policías y agentes de inteligencia del Estado perpetraron el 42,1% de desapariciones forzadas, corresponsables serán en gran medida de otro tanto atribuido a sus socios. Se pregunta un sobreviviente de San Carlos, Antioquia, municipio cuya población redujeron los violentos de 25.000 a 5.000 habitantes: “cómo se explica uno que aquí, en pleno parque, a media cuadra del comando (del Ejército) tengan una base los paramilitares, donde tienen gente detenida, gente torturando, donde le mochan la cabeza a una persona y juegan fútbol con ella”.
19 congresistas reclamaron presencia del alto Gobierno en las sesiones del Tribunal. Que no serán sus conclusiones un canto a la bandera lo sugiere el resultado de una investigación presidida por el reputado historiador Vincent Duclert, según la cual Francia “cerró los ojos” frente al genocidio de Ruanda en 1994 y tiene una “responsabilidad abrumadora” en las matanzas. El presidente Macron se comprometió a vencer la impunidad de los responsables. ¿Asumirá Iván Duque, jefe de Estado, responsabilidades, o seguirá contemplando impertérrito el baño de sangre y tratando con indulgencia a sus autores intelectuales?
por Cristina de la Torre | Mar 20, 2021 | Impunidad, Marzo 2021, Paramilitarismo
La presunta participación de Álvaro Uribe en la creación del Bloque Metro, a testigos de cuya formación habría manipulado el expresidente, no sorprende: es otro eslabón en la larga cadena de eventos comprometedores que ponen en entredicho su “repudio” al narcoparamilitarismo. El alud de pruebas contra Uribe que la Corte Suprema tuvo por “claras, inequívocas y concluyentes” vino a complementar una sentencia proferida en 2013 por Rubén Darío Pinilla, magistrado del Tribunal Superior de Medellín. Censura ella el papel del Estado en la organización expansión del paramilitarismo en Antioquia y Córdoba, con acción decidida de militares, agentes privados, políticos y narcotraficantes; y ordena investigar a Álvaro Uribe por presunta promoción y apoyo a grupos paramilitares. Se amplificaba por entonces el eco de las masacres de El Aro y La Granja.
Por el vigor de su liderazgo (ya como figura destacada del notablato regional o como personero del Estado), aquellos pecadillos de ética procaz pesan toneladas en la legitimación del delito que en la sociedad y en el poder público se expanden. Cómo no recelar de la honradez del jefe cuando innumerables amigos y funcionarios suyos pagan cárcel por narcoparamilitarismo. La pagan sus dos jefes de seguridad en Palacio, generales Buitrago y Santoyo; el general Rito Alejo del Río, a quien rindió Uribe homenaje público para elevarlo de homicida a héroe de la patria; su director del DAS, Jorge Noguera, quien puso la entidad al servicio de Jorge 40; los 89 congresistas procesados por parapolítica, miembros casi todos de su bancada parlamentaria.
El Gobierno de Uribe rediseñó las Convivir como aparato estatal de seguridad que terminó adscrito al paramilitarismo y encabezó la lucha contrainsurgente con la venia del Ejército. Lucha que éste debió librar sin aliados maleantes, sin atropellar a la población civil, en ejercicio de la legitimidad del Estado contra la arrogante criminalidad de las Farc. Guerrilla a la que no pudo Uribe vencer militarmente; pero sí en el terreno de la política, hasta dejarla sin opción distinta de la de negociar la paz.
La toma militar de la Comuna 13 de Medellín fue una masacre de pobladores urbanos planificada y ejecutada a dos manos entre la Fuerza Pública y el Bloque Cacique Nutibara. Organización criminal al mando de alias don Berna, a resultas de la cual pasó el poder en la Comuna, de milicianos y guerrilleros a la Oficina de Envigado. Con la operación Orión, la brutalidad hecha carne, debutó en octubre de 2002 el Gobierno de la Seguridad Democrática. Prueba de fuego y pauta del replanteamiento armado del conflicto, ahora en modo tierra arrasada, que cae sobre la población civil y registra escasas bajas de combatientes.
Si en Colombia dejó la guerra medio millón de muertos y desaparecidos, su experimento urbano de la Comuna arrojó decenas de asesinados, centenas de desaparecidos y miles de desplazados que deambulan por la ciudad en la indiferencia de su gente. Gente acaso complacida con el gobierno de don Berna en aquella colmena de inmigrantes abandonados a su suerte. Herencia macabra del modelo mixto Estado-paras: en media urbe suplantan al Estado pandillas de facinerosos, instrumento del narco, y la mitad de la gente las tolera. La cooptación mafiosa del Estado y de la política degradó sus referentes éticos, y a ello contribuyeron prohombres de la élite que se permitieron revolver todo con todo.
Hubo en el espectáculo de Orión miles de paras y soldados, ametralladoras, fusiles, francotiradores, tanques de guerra y helicópteros artillados. Teatro pánico. Recurso al miedo como eje del gobierno “de opinión” que así debutaba y alcanzó su clímax con los 6.402 falsos positivos. Este horror evoca la imagen de la tiranía que Valle-Inclán pinta: una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo.
por Cristina de la Torre | Mar 1, 2021 | Corrupción, Impunidad, Marzo 2021, Paramilitarismo
No es novedad, pero exaspera la complaciente liviandad de los mandamases para capear el fenómeno. El asedio al Estado en Colombia resulta del desgobierno, sí, pero procede desde flancos sociales opuestos, si bien signados por un propósito común: el asalto al poder. A él concurren el crimen organizado en combos y pandillas que suplantan las funciones del Estado en territorios remotos y en ciudades como Buenaventura y Medellín; y combos de grandes empresarios organizados en grupos económicos que colonizan el poder público y lo ordeñan para su propio peculio. En los de abajo se respira abiertamente la impronta de hegemonías mafiosas (de narcos y paras a menudo al servicio del notablato local, y de guerrillos) impuestas a sangre y fuego en medio siglo de guerra sucia, y de armados ilegales que llenaron el vacío del Estado ausente.
Por su parte, los grandes empresarios practican un capitalismo de compinches; arcaico, dirá el versátil profesor Diego Guevara: proclives al monopolio, desdeñan la sana competencia, no arriesgan un duro a la inversión y cifran su buena estrella en los favores del Gobierno; siempre dispuesto a privilegiar a los tiburones más voraces en desmedro de millones de sardinas desamparadas. Invaluable aquí la puerta giratoria para personajes que alternan puesto de mando en el Gobierno con sus negocios particulares. Que así se lucran con información privilegiada (del Estado) o, en voltereta olímpica, abrazan al compadre que vienen de vigilar. Combos de arriba que cogobiernan, la mira puesta sólo en la faltriquera, en veces a despecho del cuello blanco que podrá convivir con la corrupción y el abuso.
En este capitalismo de compinches, derivan los empresarios todas las ventajas y gabelas del poder público, las tributarias en particular. En 2020, el sector financiero pagó 1,9% de impuestos sobre $121 billones de utilidades, las petroleras 7% sobre $92 billones y las mineras 6%, cuando por ley debieron pagar el 33%. Por estos tres sectores, dejó el fisco de recibir $80 billones. Declara Hacienda que dará “tranquilidad a los mercados y a los inversionistas”, mientras prepara generalización del IVA; una puñalada al ya mísero ingreso de los pobres y vulnerables que suman 71,2% de la población. Logros del gran poder empresarial en el Ejecutivo que, gracias a una ley de Duque, se extenderá ahora al Legislativo: la norma exime a los congresistas de impedimentos para votar leyes en favor de las empresas que financian sus campañas electorales. Se redondea, pues, la captura corporativa del Estado.
Si exprimen al Estado los combos de arriba, los de abajo lo suplantan. Una investigación adelantada por las universidades de Chicago y EAFIT, en cabeza de Gustavo Duncan y Santiago Tobón, demuestra que las pandillas desempeñan las funciones del Estado, prácticamente en todos los barrios de ingreso medio y bajo de Medellín. En media ciudad. La delincuencia vigila, cobra impuestos, administra justicia, controla la disciplina social. En ella manda la sofisticada estructura criminal de 350 combos reagrupados en 15 o 20 pandillas y goza de alguna legitimidad. Aunque también presta servicios de sicariato y protección de su negocio al narcotráfico.
En amplias regiones del país se replica la acción de estos poderes fácticos. Muchas veces en el campo al tenor de empresarios que así perpetúan su vieja alianza con el paramilitarismo: combos de los dos niveles resultan cerrando aquí un círculo de cooperación. El Estado, por su parte, manoseando su propia legalidad, podrá cerrar otro círculo de cooperación con delincuentes, hasta consagrar, verbigracia, la dictadura de un don Berna en la Comuna 13 de Medellín. ¿No será la cooptación de este homicida por el Estado en la Operación Orión, referente legitimador de los combos criminales que mandan en Medellín?
