por Cristina de la Torre | Nov 6, 2012 | Corrupción, Izquierda, Noviembre 2012, Personajes
No contento con haber prohijado la más monstruosa defraudación que conociera Bogotá en su historia, Samuel Moreno nos legó el mamarracho colosal del parque Bicentenario, una puñalada contra el parque de la Independencia y su complejo cultural que es patrimonio de todos los bogotanos. No se cansa la ciudadanía de contemplar atónita esta mole de cemento, tan inútil para el transeúnte como lucrativa para el constructor. Si el Consejo de Estado confirma por estos días la suspensión de la obra que el Tribunal de Cundinamarca ordenó el 31 de enero, allanará el camino para ordenar su demolición. Razones de más: que este parque se encuentra en área de influencia de interés cultural para la nación; que las obras se emprendieron sin autorización; que el contrato, leonino, se adjudicó a dedo, sin concurso ni licitación. Pero acaso tamaña barbaridad se explique por la lógica del negocio que le subyace. Negocio montado sobre el sórdido andamiaje de la corrupción administrativa, a la cual tributan por igual el narcotráfico y la blandura de nuestras leyes de contratación pública, sin par en el mundo.
La tal legislación se cocina desde los años 90 en la olla de la privatización de empresas y funciones públicas en favor de cualquier particular agraciado del poder y generoso para la mordida. Las leyes 80 del 93 y 1150 de 2007 abrieron troneras al abuso de la contratación directa y al venal aprovechamiento de las licitaciones. Por los intersticios de aquella madriguera “legal” se coló la mano experta de los Nule y los Juliogómez; la de seis concejales contra quienes la Fiscalía prepara pliego de cargos; la del entonces alcalde Moreno y su hermano el senador, ambos tras las rejas por presunta defraudación habida en concierto con delincuentes y cuyos alcances revelará Emilio Tapia.
No despreció Confase, subsidiaria de Odinsa que suscribió contrato para el proyecto del Bicentenario, la laxitud de aquellas normas. Sabía que en Colombia el contratista puede ajustar en el camino el valor del contrato, hacer sus propios diseños y presupuestos, ampliar y modificar costos, alcances y especificaciones. Juan Luís Rodríguez estudió el contrato que le entregó a aquella firma la construcción de un tramo del Transmilenio por la calle 26. Su valor original ascendía a 213 mil millones; pero con las adiciones el costo de la Fase III montó a 334 mil millones. El contrato incluía el llamado parque Bicentenario, agresiva invasión de cemento sobre el parque de la Independencia. Calculado con tarifas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el diseño del proyecto no valdría más de 250 millones; su valor terminó en 1.300 millones. Con base en los precios unitarios del IDU para construcción de espacio público, la del parque no valdría más de 11 mil millones; mas con la adición al contrato en 2007, aquella terminaba costando 30 mil millones. El metro cuadrado de parque saldría a $2.500.00, cuando éste cuesta máximo $ 1.900.000. ¿Quién se embolsilla la diferencia? Angurria desmedida: a más del sobrecosto de la obra, Confase amenaza con cobrar otros cien mil millones por suspenderla. Una mirria, dirá, comparada con los 65 billones que según la contralora Morlli le costaron al Estado los contratos mal hechos, adiciones y vigencias futuras, sólo entre 2007 y 2010.
El Consejo de Patrimonio Distrital le pidió a la Secretaría de Planeación declarar el parque de la Independencia como bien de interés cultural. Espera respuesta. Y la ciudadanía, orden de demolición expedida por un juez. La suerte de este símbolo del grotesco en contratación y en urbanismo pende ahora del Consejo de Estado. Más le cuesta a Bogotá continuar la obra que demolerla.
por Cristina de la Torre | Oct 30, 2012 | Izquierda, Octubre 2012, Personajes
Entre los desafíos que Petro enfrenta para materializar su idea de ciudad incluyente y respetuosa del ambiente, tal vez ninguno tan representativo como el del Parque del Bicentenario que Moreno le heredó. Porque este proyecto pone en peligro la integridad y la calidad del entorno conformado por una trilogía emblemática de Bogotá y de su identidad urbana: el parque de la Independencia, las torres de Salmona y la plaza de Toros. El del Bicentenario abre sus fauces para devorar a tarascadas aquel patrimonio ambiental, histórico y cultural. Ya apuró su primer bocado, burlando la ley, y se engulló de postre 143 árboles centenarios. Un movimiento incontenible de protesta logró que el 2 de marzo ordenaran los jueces suspender las obras, porque se adelantaban sin autorización. Y en septiembre, el propio Alcalde se mostró dispuesto a intervenir la obra, sin afectar el paso de Transmilenio por la 26. Este pronunciamiento contra la ululante devastación de la zona evoca su bandera de campaña contra el modelo del cemento que deshumaniza y envilece el ambiente. Pero suscita controversia su recurso a la concepción de cultura que allí aplica para vencer la segregación social en la ciudad.
Nora Segura, vecina y estudiosa de la amenaza que se cierne sobre este complejo urbano, puntualiza: un dudoso parque del Bicentenario –monumento al cemento que depreda- mutiló este pulmón urbano y lo debilitó como espacio de recreación popular y de circulación peatonal privilegiada para habitantes del sector y transeúntes de toda laya. La gélida armadura del diseño de Transmilenio sobre la 26 y los puentes peatonales que le dan brazos sobre esta avenida y la carrera 5a malograron el paisaje y la relación del parque con su entorno. El arquitecto Rogelio Salmona había diseñado un espacio urbano articulado desde el parque Nacional y el Museo Nacional hasta el Planetario, el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca Nacional como territorio de la cultura para los bogotanos, en su mayoría gentes de otros rincones que habitamos la capital. El estudio se desconoció olímpicamente.
Por otra parte, la Alcaldía convierte la Santamaría en escenario para la cultura. Término volátil éste de cultura, apunta Segura, tan proclive al populismo y la demagogia. Recuérdese la extravagancia de alguna ministra de Cultura que contrajo su cartera a la promoción exclusiva del vallenato, pues que todo lo demás le resultaba clasista y extranjerizante. Ahora la cultura podría reducirse a espectáculo de masas entendido como explosión de ruido e inseguridad contra muchos. En las Torres del Parque resuenan, amplificadas, las estridencias que se emiten desde la plaza de Toros. Violando el límite de decibeles permitido, perturban la paz y la salud de sus habitantes: gentes de la más variada condición económica, social y cultural que nunca aceptaron autosegregarse ni excluir a otros encerrándose entre rejas, según costumbre. La abigarrada diversidad social y cultural de los pobladores de Bogotá dificulta una definición de oferta cultural satisfactoria para todos. Urge el debate.
En carta a las autoridades, Beatriz González, Doris Salcedo y Santiago Cárdenas –entre otros artistas- claman por preservar el Parque de la Independencia como Bien de Interés Cultural. Mientras en ciudades como Nueva York, dicen, demuelen manzanas enteras para hacer parques, aquí mutilan los pocos parques para hacer vías. Pruebas de fuego para Petro: enarbolar su bandera ecológica ante esta arremetida del “progreso” contra la naturaleza y el patrimonio histórico; y velar porque la cultura sea factor de integración social, no de segregación. El corazón del paisaje urbano somos todos.
por Cristina de la Torre | Ago 21, 2012 | Agosto 2012, Izquierda, Personajes
La sindicación se repite, contraevidente, desde hace 50 años: quien ose señalar el peligro mortal de promover el ejercicio simultáneo de todas las formas de lucha será el responsable por las víctimas que ella pueda deparar; no el animador de la táctica que trueca al movimiento legal en escudo de la guerrilla. Aquel será, sin atenuantes, el aliado de la derecha. Al temor de que en la Marcha Patriótica se reproduzca carnicería semejante a la de la UP, o en las filas de las organizaciones populares que las Farc quisieran usar como base social en una negociación de paz, Néstor Miranda responde sin medirse. En carta dirigida este diario (15,8), acusa a “quienes (les indican) al paramilitarismo y a la extrema derecha civil las razones que tienen para un nuevo exterminio: ‘ellos se lo buscaron’”. Y, en hipérbole patética, avizora “otra matanza de miembros del Partido Comunista y de la Marcha Patriótica”, entre otros. Con cargo al crítico, claro, no al que –acaso de buena fe- allanó el camino de la tragedia.
Avaro en argumentos, no toca Miranda los motivos que condujeron a expulsar del Polo al Partido Comunista (PC). Decisión que por primera vez define sin lugar a equívocos la relación de las izquierdas con la lucha armada y su degradación en Colombia. Hace un mes declaró Carlos Gaviria que “si el Polo apoyara la Marcha, no siendo claros sus orígenes y propósitos, cometería el error histórico de arriesgar las vidas de sus integrantes en una posible reedición de lo sucedido en la UP”. A sabiendas de que las Farc buscan ahora, como en tiempos de la UP, consolidar un movimiento político; de que se proponen acompañar la confrontación militar con la social permeando el movimiento popular, la gran pregunta es si la Marcha sería su avanzada para la paz, o bien, mascarón de proa de su guerra. En uno y otro caso, aunque en distinto grado, se vería la organización civil entre dos fuegos. Lo demuestran los hechos.
En el empeño de combinar formas de lucha, los entonces comandantes de las Farc, Jacobo Arenas y Alfonso Cano, gestaron la UP como brazo político de esa guerrilla. En su célebre trabajo “Las fértiles cenizas de la izquierda” (Iepri, 90), William Ramírez asevera que la UP fue concebida como “el implante legitimador de una combinación de fuerzas legales e ilegales (pero) terminó siendo la vía para que un sector importante de la izquierda empezara a explotar el sentido único de las luchas legales”. Y cuando en 1989 se enrutó la UP decididamente por el sendero legal con una propuesta democrática, ya le habían matado a mil cuadros. Víctimas caídas en la indefensión –dice a la letra Ramírez- como macabra cuota de un movimiento que pese a rechazar la guerra se desangraba en la inevitable ambivalencia de su voluntad de paz, por un lado, y el oneroso fardo de la combinación de formas de lucha legales e ilegales que compartía con el PC, por el otro. Bernardo Jaramillo representó la tendencia legal de quienes querían diferenciarse nítidamente de las Farc y el PC. Le recordó a esa guerrilla que la UP no se prestaba para aventuras militares. A poco, fue asesinado. Entonces casi todos los dirigentes de la UP renunciaron alegando discrepancias de fondo con el PC. No son nuevas, pues, las disensiones.
La derecha lleva tantos años persiguiendo al movimiento popular, como la guerrilla dándole argumentos para satanizarlo. Y para disparar contra la izquierda desarmada que se vio acorralada entre el fuego cruzado de sus dos verdugos: la mano negra, acá, y la irresponsable sacralización de las “sieteluchas”, allá. Bienvenida la ruptura con quienes acolitan tan fatal ambivalencia y endilgan sin embargo a otros el fruto de su endeblez.
por Cristina de la Torre | Ago 14, 2012 | Agosto 2012, Izquierda, Partidos, Personajes
Dos hechos trascendentales invitan a imaginar una coalición de centro-izquierda e izquierda democrática en Colombia: La expulsión del Partido Comunista por el Polo, y el nacimiento del movimiento ciudadano “Pedimos la palabra” como genuina propuesta de tercera vía. Con lo primero, se libera la izquierda de ambigüedades frente a la insurgencia, de la táctica nefasta que mezcla lucha armada con elecciones y con movimiento popular. Combinación de formas de lucha que contribuyó a la destrucción del movimiento campesino organizado en Anuc en los años 70; y, en los 80, facilitó el exterminio de la UP: 5.000 muertos. Además, vence el chantaje con que el machismo de las guerrillas embozaló por medio siglo a la izquierda legal en este país. Y se guarece de la violencia indiscriminada de la mano negra, legitimada por la obsesión militarista de las Farc. Por su parte, la flor de la socialdemocracia se emancipa de la disyuntiva Uribe-Santos, anuncia acción enérgica para erigirse en alternativa de poder y expande el campo de alianzas posibles en el espectro de la democracia radical. Si las encuestas vaticinaban hace un mes 28% de intención de voto para la izquierda en 2014, con esta redefinición de fuerzas cabrían sorpresas mayores.
Tras el sablazo del Polo, presentado como castigo a la doble militancia del PC -que se ha integrado a la Marcha Patriótica- yacería el temor de que ésta terminara por tomarse la dirección del partido e impusiera candidatos a elecciones, cuando no parecen claras sus relaciones con las Farc. Aprehensión que el propio Carlos Gaviria expresó a Semana.com (8,10). Y no andaría descaminado, si se sigue la columna de Luis Sandoval en El Espectador (8,11). Defiende este dirigente del Polo al PC, y agrega: “Hay que comprender las ambigüedades de la transición. Cuando todavía no está en firme la decisión de abandonar las armas, no puede estar totalmente claro cómo se hace política. (Hay que entender la lucha embrionaria por la paz) en las indecisiones de los actores armados que saben que la guerra no va más pero no saben cómo bajarse de ella”. Es que hay indecisiones y transiciones que matan. No puede ya cohonestarse el vicio recurrente de mezclar lo legal con lo ilegal, porque el riesgo de muerte recae sobre pacifistas desarmados que terminan como carne de cañón de la guerrilla en una guerra cuyo final no se vislumbra aun. Abundan en nuestra historia reciente ejemplos que lo demuestran.
El nuevo movimiento de políticos e intelectuales reivindica el sentido público, ético y representativo de la política. Se propone enfrentar la corrupción y la captura criminal del Estado. Declara como su mayor aspiración la paz de Colombia, fundada en la política “al servicio del ciudadano, de la equidad, de la justicia y la inclusión”. Propone un modelo económico que garantice igualdad real. José Antonio Ocampo -uno de sus más señalados voceros- indica que reducir la desigualdad implica incorporar objetivos sociales en la política económica, e introducir estrategias de industrialización y de desarrollo en el campo. Con otras figuras de prestigio nacional como Antonio Navarro, político de ideas y de acción, no será tal iniciativa flor de un día.
por Cristina de la Torre | Abr 3, 2012 | Abril 2012, Izquierda, Personajes
Incompetente. Improvisador. Necio. Contradictorio. Provocador de pánico económico. Izquierdista de dudoso color de piel y cuna sin pergaminos. Demonio empeñado en descalabrar la capital y destruir su joya, Transmilenio. Cantinflas. No ha faltado quien deslice solapadamente consejas de alcoba sobre este hombre que, “cosa rara, tiene tantos hijos”. Muestra al azar de la roña que señorones de postín arrojan a la cara de Gustavo Petro, alcalde elegido en franca lid. Ira santa de elites ofendidas por la mala pasada del destino que plantó en sus predios al intruso. No le perdonan el triunfo electoral y, habituadas al monopolio del poder, ven con horror en el futuro político de Petro una amenaza letal. Pero envilecen en el insulto el ejercicio legítimo de oposición. En la pretención de cobrarle lo ajeno. En sus silencios interesados.
No preguntan, verbigracia, por qué archivaron investigación de la Contraloría contra Enrique Peñalosa por omisión en la vigilancia de los contratos de Transmilenio que cambiaron las especificaciones técnicas de las losas, yerro que está en el origen mismo del desastre y, en inversión gratuita de responsabilidades, quieren endilgarle al nuevo burgomaestre. La Red de Veedurías Ciudadanas, cuyo estudio retoma Libardo Espitia (Razón Pública, 3-25), pone el dedo en la llaga. En 2003, a sólo tres años de inaugurado el Transmilenio, se abrieron las primeras grietas en las troncales. La sociedad Steer Davies & Gleave había optado a contrato con estudios que contemplaban relleno granular como material de nivelación en los carriles de los buses. Pero, ganada la licitación, se cambió este material por relleno fluido. A sabiendas, la resistencia se redujo a la mitad. Y la vida útil de las losas, calculada en 20 años, bajó en picada pues desde hace una década éstas muestran fauces cada vez más hondas. Además, como aquella Administración no le exigió al contratista el mantenimiento de las troncales, a marzo de 2011 el Distrito había tenido que invertir 57 mil millones en rehabilitación de losas; y deberá destinar 300 mil millones para reconstruir las 20 mil pendientes. La Contraloría abrió en 2004 procesos de responsabilidad fiscal por valor de 79 mil millones. Pero hoy duermen el sueño de los justos. ¿A son de qué?
No contentos con querer cobrarle a Petro lo que no debe, se han regodeado en la intemperancia verbal del Alcalde. Papaya caída del cielo para poder ocultar las razones verdaderas de su descontento: el Plan de Desarrollo del Distrito. Es que el nuevo modelo de ciudad busca reducir la segregación social, ordenar el desarrollo respetando el ambiente, ampliar la participación política de la ciudadanía. Ruptura no por modesta menos intolerable para una derecha que no se aviene con restablecer la preeminencia de lo público y combatir la corrupción, vale decir, con poner en riesgo sus negocios. Derecha complaciente con el entonces alcalde Moreno, hoy preso, porque gobernó con él y se lucró de la contratación dolosa que entonces imperó.
La sana crítica, siempre deseable, se ve aquí avasallada por el ataque soez a la persona. Por la arbitraria adjudicación de culpas ajenas. Como lo indicarían las omisiones (¿deliberadas?) de Peñalosa desde los orígenes mismos de Transmilenio, una de las causas gordas de la debacle en el transporte de Bogotá. Pero también Petro deberá sacrificar locuacidad en favor de la sindéresis: no dar pretextos de forma a una derecha que odia en él el proyecto de izquierda democrática. Y no confundir liberalidad política con venias a algún recóndito laureanismo del corazón. Reemplazar a Navarro Wolf con un vástago de aquella casa, como se especula, moderaría la vocinglería de la derecha. Pero enterraría la coherencia ideológica que su nuevo modelo de ciudad reclama
