por Cristina de la Torre | Ene 15, 2018 | Acuerdos de paz, Elecciones 2018, Enero 2018, Posconflicto, Proceso de paz
En vez de formar coaliciones, parece más probable que once candidatos concurran en solitario a primera vuelta presidencial. Hace unos meses se postulaban 49. Insólito. Mas no es éste el avispero de 2002, cuando hubo más partidos que curules en el Senado: 68 colectividades inscritas y 82 esperando personería jurídica. Polvareda de microempresas electorales que derivó, primero, de la pérdida de mando nacional en los partidos y, después, de la Constitución del 91. Hoy vuelve la dispersión, sí, pero ostentosa en la elección presidencial y con un ingrediente inesperado: hace coquitos la ideología, que se había extraviado en la politiquería y el delito. Terminados el conflicto y el señuelo electorero de las Farc, salen de su encierro los problemas que demandan a gritos solución, estrategias y programas de gobierno que ningún candidato podrá ya burlar. Laudable comienzo de repolitización de la política acicateado por adversarios de la otra orilla y por la sociedad que, tras el infierno de la guerra, se despabila.
La atomización de los partidos se gestó en los 80 con la decadencia de las casas políticas y la desaparición de las jefaturas nacionales que habían cohesionado a los partidos como identidades políticas tan potentes que suplantaron la ciudadanía: antes que ciudadano, se era liberal o conservador. Se instaló en su lugar una federación de barones que se hicieron con el poder en su región; rompieron las jerarquías de mando; se apoderaron del erario, muchos terminaron mezclados con el narcotráfico o cooptando a guerrilleros y paramilitares para consolidar su dominio. Turbay Ayala perfeccionó el clientelismo como sistema, desde la capital hasta las regiones más apartadas, donde imperaron los barones y su notablato local.
A la atomización de la política contribuyó, acaso sin buscarla, la Carta del 91. Quiso este admirable catálogo de derechos fomentar el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Pero la generosidad de la norma para crear partidos, la circunscripción nacional de Senado, una descentralización precipitada y sin salvaguardias y, sobre todo, la entronización de una democracia que, a fuer de lucha contra el clientelismo, se resolvía en destrucción de los partidos, produjo el efecto contrario. Se fueron los constituyentes del 91 lanza en ristre contra aquellos, hasta poner al país ante el peligro de saltar de un Estado de partidos a una sociedad sin partidos. Pasto para el primer demagogo con ínfulas de caudillo que instaurara por decreto su Estado de opinión. Como en efecto sucedió.
El reconocimiento de todo matiz personalista como partido sin desprenderse de su colectividad desinstitucionalizó la política y desintegró los verdaderos partidos. La circunscripción nacional para Senado, en lugar de ampliar el abanico, dejó a medio país sin representación en la Cámara Alta y prolongó el bipartidismo. El propio De la Calle diría que la diáspora de listas descuartizaba los partidos; y que la Constituyente no le había cerrado el paso a su disgregación.
También el personalismo fractura hoy proyectos políticos llamados a unirse por afinidad en coalición. ¿Acaso Ramírez, Duque y Ordóñez no comparten (de palabra y de obra) una misma vocación de derecha? ¿Acaso no comulgan De la Calle y Fajardo con un mismo principio ético y democrático? Pero éste discrimina a De la Calle. ¿Volará tan alto su ego que termine por cederle el triunfo a la caverna? Hoy repican otras campanas: Colombia merece al estadista capaz de sintonizarse con los grandes problemas del país y de ofrecer respuestas a la altura de las demandas sociales. ¿No será hora de definir candidaturas por voto temático; de premiar no a la avispa que más vuele sino a la que mejores propuestas ofrezca?
por Cristina de la Torre | Nov 22, 2017 | Actores del conflicto armado, Derecha, La paz, Noviembre 2017, Paramilitarismo, Posconflicto, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo
Primer acto: tras una campaña difamatoria de años que vendía el Acuerdo Agrario de La Habana como arremetida colectivizadora del campo, uribismo y varguismo cooptan al Consejo Gremial e intimidan al Gobierno para trocar la Ley de Tierras en la más agresiva contrarreforma agraria que el país conozca. Segundo acto: Corte Constitucional y Congreso saltan de la relativa impunidad concedida a las Farc a impunidad total para dos actores cruciales de la guerra: para civiles responsables de atrocidades y para mandos militares que las cohonestaron. Ni castigo para estos, ni verdad para las víctimas. Tercer acto: en las tinieblas de la noche, desenfunda el Senado su daga siciliana para tajar el cuello de medio Tribunal de Paz. Y de la Constitución. Lejos de catalogar como ventaja precisamente su solvencia en derechos humanos y delitos de guerra, ésta le parece, vea usted, una amenaza. Ya el senador Uribe había sindicado de terrorista al reconocido historiador Mauricio Archila, creyéndolo miembro de ese órgano. Epílogo: como no se discutía ya si la Farc podía o no hacer política, sino cuándo, los tres actos de la que pareciera comedia de equivocaciones podrán derivar en drama triunfal de la derecha. O en tragedia, si algún gatillero toma a pecho la acusación contra Archila.
Podrá vaticinarse que ninguno de los 15.000 civiles incursos en delitos graves del conflicto con prontuario en la Fiscalía, sea de izquierda o de derecha, abandonará ese cálido nido para presentarse voluntariamente ante la JEP. Por más que muchos de ellos emulen la conducta de un Jaime Alberto Angulo, o de un Gordo García. Terrateniente el primero, no fue paramilitar, pero participó en la masacre de El Aro en 1997, cuando 200 paramilitares incendiaron el poblado, asesinaron a 16 personas y desplazaron a otras 250. Angulo se sumó a la orgía de sangre y terminó acusado de crímenes de lesa humanidad. García, el segundo, gran elector de Sucre y parlamentario 24 años, tampoco fue paramilitar, pero participó en la masacre de Macayepo que las AUC perpetraron a machete y garrote contra campesinos indefensos. Detalla la sentencia de la Corte Suprema contra él sus reuniones con otros políticos, ganaderos, empresarios y el entonces gobernador del departamento para pactar negocios y “hasta asesinatos” con jefes paramilitares. ¿Cuántos entre los 15.000 habrá que menearan en encuentros de tal laya negocios de narcotráfico y de tierras?
El despojo de predios ha sido masivo, violento y asegurado por ejércitos anti restitución; y la usurpación de baldíos no cesa. Virtual contrarreforma agraria que deja al Estado sin tierra disponible para entregar a los labriegos que la necesitan, dar vitalidad a la economía campesina y eliminar la causa mayor del conflicto. A remediarla con tierras públicas apuntaba La Ley de Tierras. Pero entonces tronó unánime la voz de quienes llevan dos siglos apoderándose de todo en el campo. El proyecto de ley evolucionó de caricatura a afrenta: a instancias de los gremios, de los ricos y de la ultraderecha, terminará por legalizar el despojo y la acumulación ilegal de baldíos.
El Uribe-varguismo soñará con haber hecho moñona contra los dos pilares del Acuerdo de paz: la Reforma Rural y la JEP. Más se equivoca si no percibe a tiempo la oleada de rabia que crece día a día contra la clase parlamentaria que le reporta a esa derecha sus triunfos de ocasión. Contra la inequidad agudizada del campo que podrá estallar, de nuevo, en guerra. Contra la saga de la Violencia que pretendió cerrar ese conflicto mediante un pacto de silencio entre las élites responsables, y que hoy querría repetir el espejismo exonerando de la verdad a los Angulo y a los Guerra.
por Cristina de la Torre | Nov 6, 2017 | Noviembre 2017, Posconflicto
Chantajistas, vendedores de la paz por un plato de lentejas, prosélitos vergonzantes o aulladores de la guerra, pasarán a la historia por su pequeñez los parlamentarios que malograron el Acuerdo del Colón o lo redujeron a flecos. Si hubieran librado batalla de ideas, sería una victoria honrosa. Pero casi todo ha sido marrulla, trampa, patrasiada de lo acordado limpiamente y ya aprobado, cálculo sobre mermelada y puestos, y un mendigar acomodo en los altares de la caverna, el Centro Democrático y Cambio Radical. Razón tiene el 89% de los colombianos, que desprecia a esta clase parlamentaria hoy dispuesta a sepultar el proceso que desarmó a la mayor guerrilla de Occidente, la allanó a la democracia burguesa y a su justicia. Y que es modelo de negociación para el mundo.
Salvo por figuras como Angélica Lozano, Jorge Robledo y Claudia López que ocupan sistemáticamente el podio de senadores ejemplares, se echa de menos el brillo intelectual de un Laureano o un López Pumarejo; de un Álvaro Gómez, un Gaitán, de Alberto y Carlos Lleras o de un López Michelsen. Dieron ellos categoría a la política y a la controversia parlamentaria. Hoy, en cambio, se aglomeran en el Capitolio supérstites de parapolíticos que ovacionaron a Mancuso en “el estrado sublime de la democracia”. A donde se llegó el criminal de marras sin haber firmado paz alguna ni entregado las armas, para promover su causa: la del paramilitarismo, brazo armado del narcotráfico. El entonces Presidente Uribe, tan inflexible ahora contra las que estima excesivas concesiones a las Farc, declaró: “Desde que haya buena fe para avanzar en el proceso (de Ralito) no tengo objeción a que se les den estas pruebitas de democracia. Creo que se sienten más cómodos hablando en el Congreso que en la acción violenta en la selva”.
33 años después, en elocuente evocación de un pasado infame, un grupo de congresistas se ha bautizado Los Pepes. No ya Perseguidos Por Pablo Escobar, sino Perseguidos Por el Palacio Presidencial. Por mezquinarles puestos. Razón para sumarse al contingente de “señorías” que hundirán, en represalia, la Justicia Especial de Paz. Y es condición para ingresar en las toldas de Vargas Lleras, que pasará por pomposo acuerdo programático entre Cambio Radical y el Partido Conservador. Entre reuniones formales, cenas acompañadas de un “drink” y chocolatico con colaciones marcha en firme la alianza. Ya verá Santos qué hace con la Aerocivil, Fiduagrario y la Superintendencia de Notariado que le negó al Partido Conservador; y con los Centros de Integración Ciudadana que tampoco entregó a los alcaldes de su colectividad.
Vaticina Lorena Arboleda (El Espectador, 11,6) que, si el Gobierno no cede, Hernán Andrade, director de ese partido, seguirá pronunciándose contra la reglamentación de acuerdos de paz ya discutidos, acogidos por todos y aprobados mediante votación del Acto Legislativo de la JEP. Táctica diabólica que Efraín Cepeda aplica desde la presidencia del Senado, mientras Rodrigo Lara hace lo propio desde la presidencia de la Cámara. Alianza en los hechos que cristaliza en manipulación de la agenda parlamentaria, de las sesiones del Congreso y del quorum. Y apunta a una alianza electoral de derechas.
Lo que está en juego no es de poca monta. Y enfrenta dos retos. El primero, inmediato, cerrar el ciclo legislativo para la reincorporación plena de los desmovilizados y echar a andar la justicia transicional. El segundo, trazar el derrotero de los cambios que el país reclama, en un horizonte de largo plazo. Para lo cual será preciso ganar las elecciones. La alternativa sería inducir el regreso a la guerra y sembrarse en el status quo. Fácil adivinar qué camino tomará la clase parlamentaria.
por Cristina de la Torre | Oct 24, 2017 | Octubre 2017, Posconflicto
Antípoda de la clase política que medra en el delito, en la mentira, en el odio y la violencia, Humberto de la Calle conquista cada día nuevos sectores de opinión y va trocando el hastío en esperanza. Talla de estadista, cabeza de la hazaña que conjuró una guerra de medio siglo, este hombre presenta una rara particularidad en el escenario de la política colombiana: habla con la verdad. Y se le cree, porque su discurso respira el pundonor de una vida honrada. Tanto más, por el contraste que ofrece su contraparte a la derecha, Germán Vargas, lanzado esta semana a fanfarria batiente.
Mientras éste torna al redil uribista pujando por resucitar a las desaparecidas Farc –enemigo de rechupete que lo fuera allí para cosechar votos–; mientras se apertrecha de candidatos y jefes de debate con prontuario en 23 departamentos, según denuncia Claudia López, De la Calle invita a recorrer “el camino de la transformación más importante del país en su historia reciente”. Hacia una sociedad abierta ajena al fanatismo, al autoritarismo, al caudillismo, a las guerras de religión. Sociedad guiada por un liberalismo igualitario, reconciliada y dispuesta a dejar atrás el pasado. Esta campaña no es como las demás, ha dicho: demostraremos que es posible un proyecto político decente y honorable. Una rareza, un bálsamo inesperado, se diría, en esta Colombia atormentada, humillada en la improbidad de sus hombres públicos.
Pero sabe que no será fácil. Si en el pasado se dibujó la disyuntiva entre paz y guerra, hoy se debate entre paz y miedo. Si bien miedo empotrado en la mentira por Uribe y Vargas para malograr la paz. No le ve Vargas horizonte a ella, y pronostica que las Farc van por el poder en mayo, con beneplácito de sus supuestos corifeos, De la Calle, Fajardo y López. Con recurso al mismo infundio terrorífico del castrochavismo que hace un año les dio la victoria a los corifeos de la guerra, dizque hay ya decenas de cubanos capacitando campesinos en nuestro país, tal como en Venezuela. En entrevista concedida a María Isabel Rueda, insinúa el jefe de Cambio Radical que la desmovilización de las Farc no es plena, que sus disidencias son retaguardia armada de la misma guerrilla, que “hay acuerdo tácito entre los que pasaron a la legalidad y los que se quedaron en la ilegalidad”.
Tras la mentira, la ilusión de prolongar el conflicto. Avivada, sobre todo, por la celada de Vargas y su gente contra la JEP. Si ésta no se aprueba, quedan sus amigos civiles comprometido en graves delitos de guerra a salvo de verdad y de justicia. Y los desmovilizados de las Farc, sin garantías legales, a punto para diáspora, rearmada, rumbo al monte. Misión cumplida. Se habría disuelto el “embeleco” de la paz, se habría incendiado de nuevo la manoseada patria, para pescar más poder y dinero e impunidad en la conflagración. Todos los compadres reirían a carcajadas y recibirían, de ñapa, $20 billones cada año en nuevas gabelas tributarias.
Mas Humberto de la Calle dice sentirse “un seguro para la construcción de la paz […] Como liberal de corazón y de pensamiento creo tener la experiencia, la fuerza intelectual, la paciencia y el carácter necesarios para afrontar esa inminencia y llevar al país, de la mano de todos los colombianos, hacia una nueva era. (Mi objetivo como Presidente será) contar todos los días menos muertos y menos pobres”. Se le cree. Como se les creyó en su hora a Rodrigo Lara Bonilla y a Luis Carlos Galán. Víctimas magnas del narcoparamilitarismo al cual perteneció Martín Llanos, supuesto aliado de Vargas. Contemplarán ellas perplejas el extravío de sus hijos en un líder tan pobre de escrúpulos. Pero acaso complacidas de verificar que vuelve a germinar una buena simiente.
por Cristina de la Torre | Oct 15, 2017 | Modelo Económico, Octubre 2017, Política económica, Tierras
Volver a la industrialización, o bien, acabar de desindustrializar al amparo de un librecambio leonino podrá ser dilema crucial para la Colombia que se juega en mayo sus restos. O se imponen quienes paralizan al país en las desigualdades que engendran la violencia, o prevalecen quienes apuntan al cambio como camino de paz. Pero éstos no avanzan todavía de coalición electoral a alianza perdurable, y dilatan la definición de estrategias como ésta de reanimar la desfalleciente producción nacional. Pocos como Jorge Enrique Robledo abogan por ella cuando la pregunta acosa: “y bien, más allá de perseguir la corrupción, allende la paz vuelta retórica, ¿cómo transformar este país empujándolo de nuevo hacia la industrialización, según lo hicieron todos los países desarrollados?”.
Banqueros, importadores, especuladores, rentistas y no pocos constituyentes del 91 se llevarán las manos a la cabeza. Bien apadrinados por “los economistas” que completan tres décadas ululando a coro, en sí sostenido, el credo, no de un mercado en sana competencia, sino del que entrega al poderoso de afuera la parte del león y a nosotros nos reserva la cola del ratón. Nos invaden ellos de automóviles, computadores y hasta de maíz mientras aquí regresamos a las exportaciones de un siglo atrás: minerales y productos agrícolas en bruto. Más dura la tendría, sin sus genuflexiones, el rubio Coloso, adecentado ahora impostando business de tú a tú.
Cuna de la industrialización en Colombia fue la sustitución de importaciones, desde la posguerra hasta 1980. Si bien favoreció de preferencia a las élites que concentraron sus beneficios y se ahorró la reforma agraria, salud, educación y bienestar familiar se extendieron como no se viera antes. Mientras ella rigió creció la economía 3,5% en promedio, para descolgarse al 0,6% con el modelo neoliberal. Se lamenta el analista Álvaro Lobo de que la infraestructura manufacturera, creada con esfuerzo en el siglo XX, decayera en favor de la minería y la banca: de bienes primarios, sin valor agregado, y de la especulación financiera. Con el renacer del librecambio y la privatización del Estado por dictamen de Washington se desvanecieron los logros sociales y económicos alcanzados.
Como se sabe, la apertura de la economía que el Gobierno de Gaviria precipitó no dio lugar a defenderse de la avalancha de importaciones que se tomó el mercado. Vimos los colombianos cerrar, una tras otra, nuestras fábricas, a miles de trabajadores arrojados a la ya obesa informalidad, al exilio, o a recoger migajas envenenadas del narcotráfico. Coltejer y Fabricato tienen hoy la mitad de trabajadores que emplearon en los noventa. Mas, tampoco se crea que fueron nuestros empresarios víctima impotente del destino. En el frenesí de la riqueza fácil, terminaron muchos especulando con sus capitales de inversión.
Un estadio de desarrollo semejante compartían Colombia y Corea del Sur en los sesenta. Pero tomaron senderos diferentes: Colombia quedó sembrada en el subdesarrollo mientras su colega descolló entre las economías del Sudeste Asiático. Ésta decidió proteger su industria naciente, con aranceles, subsidios, financiación y apertura de mercados en el exterior. Una vez consolidada su industria, la desprotegieron. Pero podía ya lanzarse sola al mar bravío de la competencia mundial. Siguieron el ejemplo de Europa y Estados Unidos.
El crecimiento, por sí solo, no corrige las desigualdades, que ha de ser a un tiempo económico y social: se trata de crecer y repartir a la vez, y bajo la dirección del Estado. Principio socialdemocrático del desarrollo, que repugna a la envanecida, glotona cofradía neoliberal. Pero será el único principio que pueda dar consistencia al posconflicto.
