por Cristina de la Torre | Oct 2, 2018 | Ciencia, Educación, Modelo Económico en Colombia, Modelo Político, Octubre 2018, Posconflicto
Es un insulto. Mientras las 32 universidades públicas se declaran al borde del colapso por falta de recursos, este Gobierno estudia partida adicional de $3.4 billones en Defensa. Para que Pachito y el ministro Botero se diviertan jugando a soldaditos de plomo con Venezuela. Y con avioncitos F-16 que acaso le compremos a Trump –ferviente animador del negocio de la guerra- según decires a los que en brillante columna alude Maria Isabel Rueda. El déficit para funcionamiento en las universidades públicas asciende a cifra parecida, y el de infraestructura, a $15 billones. En ciencia, tecnología e innovación, aliadas naturales de la formación superior, Colombia invierte mísero 0.4% del PIB. Hoy cobra vigencia renovada la obsesión de Rodolfo Llinás: el futuro dependerá de nuestra capacidad para organizar la educación; la hija de la educación, la ciencia; y la hija de la ciencia, la tecnología. Pero, digo yo, nuestra clase dirigente resolvió proscribir toda estrategia nacional de desarrollo: por eso la ciencia marcha aquí a la deriva y vestida de harapos; por eso la universidad pública agoniza en la indigencia.
En manos de casta tan pueril, difícil le resultará a Colombia ostentar un sistema de educación superior sólido, bien financiado, integrado al aparato productivo, a la comunidad científica y sintonizado con las particulares necesidades de esta sociedad. En lo archisabido, seguimos dando palos de ciego: ni la enseñanza prioriza el pensamiento, el análisis, la interpretación, la crítica; ni se articula un sistema capaz de asociar la educación universitaria con la ciencia, la industria y políticas de Estado enderezadas al desarrollo y la democracia.
En deslumbrante seminario convocado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se insiste en pautas de las que un mandatario perspicaz debería echar mano. Porque el desarrollo se cifra en el conocimiento, dice, éste se erige en recurso principal de cualquier economía. El punto de partida del desarrollo es, pues, la educación; la generación de conocimiento a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Mas en ello resulta imprescindible la constitución de instituciones sólidas y financiamiento proporcional al desafío. Así lo entendió Corea, que en los años 60 compartía con Colombia nivel similar de desarrollo, y hoy ocupa posición de liderazgo en la economía mundial: el país asiático invierte diez veces lo que el nuestro en ciencia y tecnología. Tendríamos que empezar por revertir una tendencia vergonzosa: hace una década, la inversión anual por estudiante de universidad pública en Colombia era de $10.825.000; hoy es de $4.785.000.
Propone la Academia crear una instancia decisoria de políticas, donde tengan asiento el Estado, el sector productivo y la comunidad científica. Para promover proyectos de desarrollo e incorporar el conocimiento de frontera. De donde podrán surgir nuevas industrias que aprovechen y conserven los recursos y la riqueza natural del segundo país más biodiverso del mundo. Sin ciencia propia, reza una conclusión del seminario, queda el país condicionado a hallar soluciones en desarrollos de otras latitudes, sin poder alcanzar las suyas. Y con pérdida dramática de oportunidades, como la que se infiere de 1.769 patentes derivadas de estudios realizados por colombianos, pero en el extranjero.
En entrevista reciente (revista Bienestar, Colsánitas), puntualiza Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional: El conocimiento genera riqueza. No hemos entendido que son la ciencia, la tecnología y la innovación los motores del desarrollo. “Nosotros lo tenemos todo, sabemos cómo hacerlo… pero nos falta dinero”. Bueno, terminada la guerra, que se trasladen sus recursos a ciencia y educación. Así lo exigirá la marcha nacional estudiantil que se prepara para este 10 de octubre.
por Cristina de la Torre | Sep 2, 2018 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Corrupción, Impunidad, Iván Duque, La paz, Posconflicto, Septiembre 2018, Uribismo
Cuando a sólo tres semanas de gobierno se le escurre la opinión entre los dedos, en el imperativo de empezar por fin a ejercer para prevenir un hundimiento prematuro, el presidente Duque calibra fidelidades y rupturas con el hombre que lo elevó al poder. Y nada entre dos aguas. Entre la cooptación del resonante mandato anticorrupción que Uribe quiso boicotear, e inesperadas concesiones a la paz, por un lado; y por el otro, reeditar la política fiscal que el expresidente había aplicado fríamente mediante el mismo Carrasquilla: bajar más impuestos al capital y subírselos al trabajo.
Una seguidilla de retractaciones y reveces políticos de Uribe y, sobre todo, la inminencia de un juicio penal contra el caudillo que así desnuda sus flaquezas perjudican al pupilo. La desilusión con el superhombre que desdice de su renuncia al Senado, de la recusación a sus jueces, de su originario aval a la consulta contra la corrupción; que se hace derrotar en ella y en la elección del contralor, se proyecta sobre su protegido. Pero Duque parece revertir el daño en causa propia, convirtiéndose en líder de un pacto contra la corrupción –de hondas repercusiones, si prospera- que reúne en Palacio el abanico entero de la política, desde Timochenko hasta Paloma. En tácita refrendación del Acuerdo de Paz, le da el Presidente al exguerrillero bienvenida a la democracia y éste agradece la mano tendida a la reconciliación. Quién dijo miedo. Un alud de trinos se precipitó desde el uribismo contra Duque por sentarse a manteles con el “criminal”.
Mas el Presidente había ya moderado sus “ajustes” al Acuerdo de Paz, hasta volverlos inocuos para las Farc y efectivos sólo a futuros, para el ELN. Las propuestas no alteran la esencia de lo acordado. Que el narcotráfico no será amnistiable; que, de delinquir tras la firma del Acuerdo se perderán los beneficios, son letra escrita en él. Así como la de velar por la integración de la guerrillerada a la vida civil. En un futuro, no podrá elegirse para corporaciones públicas a responsables de delitos de lesa humanidad. Sobre la suerte de los hoy elegidos de las Farc decidirá la JEP, al tenor de lo acordado en La Habana y refrendado por el Congreso y la Corte Constitucional. Como prescribe la ley, la erradicación de cultivos ilícitos será forzosa, aunque este Gobierno respetará los acuerdos de erradicación voluntaria. Anatema. En el CD se secreta babaza.
Y lenguas de fuego para quemar la carta del Presidente a las Naciones Unidas en la que les pide extender un año más el trabajo de su Misión de Verificación de los Acuerdos con las Farc. Agradece Duque “el apoyo de las NU en el proceso de construcción de paz en Colombia, para lograr una implementación rápida del Acuerdo”. Viraje de 180 grados sobre la reiterada, descomedida hostilización del uribismo a ese organismo, al que ha llamado aliado de terroristas. Esta diferencia podrá ahondar grietas en el CD, pues toca puntos de honor tejidos en su guerra contra la paz y por asegurar la propia impunidad.
Si Duque tiene olfato y ojos para ver y oídos para oír el rumor que se avecina de marchantes en protesta contra la plutocracia que él quiere montar sobre los hombros de las clases trabajadoras, comprenderá que la cruzada anticorrupción no será suficiente salvavidas. Que pretender equidad agudizando la inequidad en un país donde ya el 1% más adinerado acapara el 40% de la riqueza es juego diabólico y mendaz. Tendrá que pensar en el flaco bolsillo de las mayorías, mayorías con más voz y voto desde cuando se estrena un nuevo mapa político en Colombia. ¿Querrá el novel presidente transitar de su dilema entre lealtades y fisuras con el jefe hacia una propuesta más igualitaria y justa, que demanda tanto o más valor que la lucha contra la corrupción?
por Cristina de la Torre | Jul 9, 2018 | Impunidad, Julio 2018, Posconflicto, Proceso de paz, Uribismo
En exabrupto que ofendió al país, la cúpula del Centro Democrático descalificó la velatón que decenas de miles de colombianos protagonizaron para exigir el fin de la matanza de líderes sociales: 311 en los dos últimos años, 10 en los cuatro primeros días de este julio. Tras largo silencio que algún gatillero pudo tener por venia, abrió aquel por fin su boca. Mas no para tender una mano de consuelo a las víctimas, ni para examinar cuántos muertos produce la violencia en el lenguaje, ni cuántos arrojaría la reanudación de la guerra –proyecto que ese partido edifica con esmero. El senador Uribe declaró, indignado, que “la paz de Santos incendió al país”.
Lo que viene pierna arriba es última edición de nuestras miserias: no bien se amplía aquí el espacio de la democracia, hoy gracias al desarme de las Farc, caen con sus fierros los guardianes de la empalizada que la aprisiona. Se trata ahora de extirpar el embrión de nuevos espacios de participación política que el Acuerdo de Paz abrió: programas de desarrollo con enfoque territorial, curules transitorias para las víctimas de esas zonas olvidadas (ya enterradas por la prematura mayoría de derechas en el Congreso). Todo ello apuntaría a desatar dinámicas de integración del territorio y de democracia en las localidades más apartadas. Dinámicas que los autores intelectuales de la matanza querrán frenar en el huevo.
Matar a un líder en zonas huérfanas de Estado es quitarle su articulador y vocero a la comunidad, apalear sus organizaciones, provocar nuevos ciclos de desplazamiento; reinstalar el miedo a la masacre, no ya colectiva, sino graneada. Muerto el líder, desaparece la acción colectiva por el cambio que aquel promovía. Entre los que disparan, parece especialmente envalentonado el renacido paramilitarismo, que lee jubiloso el resultado de las elecciones como derrota del proceso de paz. Y va por lo suyo. Por líderes de derechos humanos, de restitución de tierras, y por miembros de organizaciones de base social como la Acción Comunal. La mitad de los asesinados pertenecía e esas Juntas y muchos de ellos preparaban candidatura para las elecciones del año entrante. Veinte de las víctimas eran activistas de Colombia Humana; la de este domingo, profesor Darío Rincón, asesinado en Pitalito. Crímenes de abierta intención partidista que evocan la espantosa aniquilación de la UP.
Pero también otros acuden al festín: Clan del Golfo, ELN, disidencia de las Farc se disputan corredores del narcotráfico y se sacuden a bala a críticos de economías ilegales o depredadoras. Y el Gobierno de Santos ahí. Impertérrito. Presenciando indolente la ocupación de las viejas zonas de las Farc por toda la criminalidad armada, mientras el ministro Villegas reduce la tragedia a líos de faldas.
No hay aquí plan de exterminio ideado por una sola cabeza. Son fuerzas que matan porque interpretan el silencio del partido de sus afectos como autorización para disparar. El ejecutor no es el mismo, pero sí es sistemático el perfil de las víctimas: reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y de la paz, cuadros con aspiraciones políticas. Ya les habían embolatado las 17 curules a las víctimas de esos territorios. Ahora les quitan la vida para que no puedan participar en sus escenarios naturales de acción política. Y la senadora Guerra del CD grita anatema contra la protesta social en las calles.
Hace 32 años escribía María Teresa Uribe que habíamos construido en Colombia una cultura de la violencia y “una resistencia casi delirante a los cambios y las reformas, por tímidos que sean [Le tenemos] horror al cambio, a la democracia, a la participación popular, a la paz”. Ahora estas pulsiones se contraen al flanco armado de la caverna. Y Colombia le grita ¡ni un muerto más!
por Cristina de la Torre | Jul 2, 2018 | Iglesias, Julio 2018, Posconflicto, Proceso de paz
Si no fuera por la sangre derramada a causa, entre otras, de incitación a la guerra santa por Monseñor Builes, daría risa su canonización en marcha. Adalid del integrismo católico que se resolvió en persecución al liberalismo, al comunismo, al protestantismo, a la masonería, a la mujer, el misionero fundador de parroquias fue sobre todo desafiante animador de la Violencia que nos dejó 300.000 muertos. “Los obispos que no defenestran desde el púlpito la apostasía roja no son más que perros echados”, escribió. Y sí. Una legión de tonsurados tradujo su verbo incendiario en clarín de guerra contra toda aquella “bestia diabólica” que retaba la hegemonía –política y religiosa– de Cristo-Rey. Por su parte, cientos de curas encogidos bajo el estruendo de aquellas catilinarias se entregaban en voz baja al apostolado. Hoy recoge Monseñor Darío Monsalve este legado del Evangelio; pero en discrepancia con la jerarquía católica, que en la guerra sucesora de la Violencia se sumó al golpe asestado un 2 de octubre contra un tratado de paz.
Como ciudadano, le asiste a Builes el derecho de divulgar su pensamiento; mas no el de convertirlo en puñal para segar vidas, derecho primero de todos. De la libertad de cultos y de la libertad política no se sigue la de matar. Una secta satánica podrá escoger al diablo como dios, pero no sacrificar niños en su rito religioso.
Un recorrido por las pastorales del prelado mostrará su rápida asimilación entre metáfora de Biblia y conminación a la acción. A veces sutil, otras, brutal. Antes de cooptar la sentencia de san Ezequiel Moreno para quien el liberalismo es pecado, escribía Builes: “Si en las divinas Escrituras se os llama Señor de los ejércitos, contened las fuerzas del infierno […] burlad sus sacrílegos intentos, tronadles en vuestra ira, conturbadlos en vuestro furor […] quebrantadlos con vara de hierro y despedazadlos como artefacto de barro” (Pastoral 10, 9, 44). En lucha contra el protestantismo defendió la licitud de “repeler la fuerza con la fuerza”. Después, en arrebato contra el comunismo, inquirió si quienes “formamos los ejércitos de Cristo ¿no hemos de jurar la defensa de sus derechos, aun a costa de la sangre y de la vida?”. En manifiesto de los prelados al pueblo católico que Builes suscribió se leía: “Ni nosotros, ni nuestro clero, ni nuestros fieles permaneceremos inermes y pasivos”. Y fue Troya.
Si no todo pasado se parece al presente, hay soluciones de continuidad que dicen de fardos que sobreviven al tiempo. No hace dos años todavía, cientos de curas instaron desde el púlpito a votar contra la paz. Bien interpretaron el infundio de que ella comportaba una tal ideología de género enderezada a instaurar una dictadura comunista, atea y gay. Vociferó el pastor protestante Arrázola –vaya paradoja– contra el Acuerdo de La Habana, dizque por haberse pactado “con brujería… ¡fuera el enemigo! Decretamos juicio de Dios contra el comunismo”. Involución del castrochavismo a la Guerra Fría.
Todo, bajo la aséptica coartada de neutralidad ante el plebiscito que el Cardenal Rubén Salazar ordenó. Como si se pudiera permanecer impávidos, mudos, neutrales frente al hombre que amaga el paso, sin saberlo, hacia el precipicio. No contento el purpurado con su contribución al sabotaje de la reconciliación, descalificó al obispo Monsalve por apoyar la paz. Susana Correa, senadora del Centro Democrático, lo instó a cambiar la sotana por el camuflado de guerrillero. Reminiscencias de un pasado que se niega a desaparecer. Agua ha corrido bajo nuestros puentes, sí, pero volvemos a elegir civiles de paso marcial y charreteras. Ensotanados o no. Y, lo que faltaba, el Papa hace santo a un fanático que libra guerras en la era del computador con blasones del Medio Evo.
por Cristina de la Torre | Jun 18, 2018 | Conflicto armado, Corrupción, Derecha, Elecciones 2018, Impunidad, Izquierda, Junio 2018, Justicia, Modelo Económico, Modelo Político, Narcotráfico, Paramilitarismo, Partidos, Política agraria, Política económica, Posconflicto, Reforma Agraria, Régimen político, Seguridad social, Tierras, Uribismo
La pluralidad de fuerzas que, coligadas, arañaron el poder este domingo con 8 millones de votos augura una oposición tan vigorosa como abominable podrá ser un tercer mandato de Álvaro Uribe. Libertaria, reformista, pacifista, antípoda de la caverna que lo abriga, no le faltará a la oposición energía para hacerse respetar. Pero su eficacia dependerá de la disposición a converger en tareas comunes, ya en el Congreso; ya en las urnas; ya en las calles, arena primigenia de la democracia. Dependerá de su lealtad a la democracia liberal y a su corolario contemporáneo, el Estado social. Se fincará en la defensa de las libertades individuales y políticas cuando el DAS –órgano de seguridad del Estado– resurja como policía política del “presidente eterno” compartida con criminales para perseguir a las Cortes que lo juzgan, a la prensa libre y a sus contradictores. Dependerá, en fin, del ardor con que defienda al Estado que vuelve a respirar, tras décadas de asfixia bajo la tenaza neoliberal.
En campaña de ideas, esa sí política, menearon el centro-izquierda y la derecha concepciones divergentes del Estado y su relación con la economía y la sociedad. Dibujó cada uno la matriz de economía política que sustenta su propuesta de país. La reacción, Estado mínimo al servicio de latifundistas y banqueros. La Colombia contestataria que se despabila, Estado promotor del desarrollo y protector de los derechos sociales con recurso al impuesto progresivo sobre el ingreso.
Eje del capitalismo democrático que prevaleció en Europa y Estados Unidos entre 1930 y 1980 (en Colombia como intento malogrado del reformismo liberal), el Estado social busca redistribuir el ingreso en función del bien común, prestar servicios públicos y garantizar los derechos ciudadanos: derecho a educación, a pensión, a salud (ahora convertida en negocio de mercaderes). Derechos de la mujer, de la población LGBTI, de las comunidades étnicas. Derecho de propiedad, violado aquí mediante despojo masivo de tierras por el narcoparamilitarismo y su brazo político seguidor del uribismo. Una nueva oleada de expropiaciones a campesinos se avecina con el relanzamiento de las tenebrosas Convivir.
Correligionario del neoconservadurismo que hace agua por haber esquilmado a los más en provecho de los menos, Duque representa el anverso del Estado social que grava comparativamente más a los pudientes, para financiar la política social de beneficio común. El nuevo presidente rompe el cordón umbilical que une al Estado contemporáneo con el impuesto progresivo, siempre defenestrado por las élites colombianas. Y ahonda las desigualdades: multiplica beneficios a los acaparadores de la riqueza, en un país donde el 1% de los más ricos concentra el 20% de los ingresos.
Como si apoyo les faltara para llenar alforjas: con su ley, contra la ley o a bala, como es ya historia patria en Colombia. En el campo, donde el feudalismo de zurriago y sus ejércitos de matones guerrea sin pausa por preservar las tierras usurpadas y sus privilegios de casta. Duque los exime del impuesto predial y archivará la actualización del catastro. Y al empresariado todo, baluarte de su campaña, le concederá decenas de billones en exenciones tributarias.
No consiste la redistribución moderna en expropiar a los ricos para enriquecer a los pobres. Consiste en desarrollar la función social del Estado por referencia a un principio decoroso de igualdad. Y esto, que en otras latitudes es pan comido, a la oposición le plantea un reto colosal: entre las reformas por la paz, hacer de nuestro Estado social de derecho una realidad. Empresa descomunal, pero proporcional a la revolución operada el domingo: 46% del electorado gritó “no más” al grosero pavoneo de estas castas sin patria y con prontuario.
