por Cristina de la Torre | Jun 22, 2021 | elecciones 2022, Paro Nacional, Iván Duque, Derecha, Movimiento social, Junio 2021
Lo sabido: al pronunciamiento de las mayorías contra el hambre y la exclusión responde este Gobierno con un baño de sangre. Lo revelador: en su afirmación como autocracia con todas las letras, les niega el derecho a la política, a la disputa del poder. Lo niega, primero, reduciendo a vandalismo un estallido de entidad histórica y, a gremialismo asexuado, la justa de los trabajadores organizados. En segundo lugar, boicotea, deslegitima o ilegaliza diálogos y acuerdos alcanzados entre mandatarios locales y el movimiento popular, que se ha dado sobre la marcha formas novedosas de organización. Comenzando por la Primera Línea, generosa en entrega de vidas a la brutalidad sincronizada entre policías y paramilitares. En Cali, en Bogotá, en municipios apartados, la contraparte en la mesa los reconoce como actores políticos cuya condición ganaron por pelearse derechos ciudadanos y reclamar justicia. Entre otros, el derecho de elegir sin miedo y el de ser elegidos para decidir en favor de la comunidad, del barrio, de la vereda, por sí mismos o por el partido que los represente.
A este emplazamiento multitudinario por educación, empleo, democracia y dignidad contrapone el establecimiento uribista militarización y homicidio. Hace invivible la República esperando reverdecer la estrategia electorera del redentor que, bajado del cielo para conjurar el caos, repetiría presidencia en 2022. Y magnifica las minucias que concede: una manito de pintura en la fachada, cuando el reclamo apunta a los cimientos de la casa. En andanada pública contra el sindicalista que le señala al movimiento las elecciones para ganar voz y capacidad de decisión –para ganar poder político– el Presidente lo insulta en público, mancilla la dignidad del cargo y, haciéndose eco de Álvaro Uribe para quien el Comité de Paro “ha sido un propulsor de la violencia”, nos recuerda que también el ejercicio de la política es monopolio de las élites. Que no les basta a ellas su control de bancos, tierras, el erario, la verdad revelada y la distinción social, de gente de bien, tantas veces conquistada en asocio del delito.
En experimento feliz que se replica con frecuencia creciente en el país, cuando el movimiento vira hacia la discusión de sus anhelos, los depura y empieza a traducirlos en agendas de negociación, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, ha logrado lo impensable: le reconoció calidad de interlocutor político a la Red de Resistencias de Cali –organización horizontal, no jerárquica– para escuchar sus demandas y acordar soluciones con mediación de la Iglesia y de la ONU. Primer resultado, se levantaron los bloqueos, previa expedición de un decreto de garantías a la protesta pacífica. Un juez suspendió el decreto porque, argumentó, el manejo de la protesta correspondía al Presidente, no al alcalde. Mas el proceso sigue: pierde aval jurídico, pero gana dimensión política. Y proyección nacional.
“En Puerto Resistencia he encontrado liderazgos que enorgullecen por su valentía, por su capacidad política”, declara Ospina. Fiscalía y Policía, agrega, tendrán que habérselas con grupos de delincuentes que quieren afectar la institucionalidad creada sembrando caos. Plan de choque de empleo, tan urgente como el servicio público de salud y apoyo financiero a la comunidad serían un primer paso hacia la canalización institucional de la crisis.
Para desdicha de los mandamases en política, en la irrelevancia y la corrupción de partidos al servicio de una dirigencia negligente y sin hígados, la explosión de poderes en la base bien podrá expresarse en elecciones. Entonces el nuevo pacto social, que hoy naufraga en un mar de rencor y de miedo, será una posibilidad. Manes del poder popular que se exprese en las calles y como fuerza parlamentaria. La política dejaría de ser monopolio de la derecha.
por Cristina de la Torre | Jun 8, 2021 | Paramilitarismo, Impunidad, Corrupción, Junio 2021
Verdugo de su pueblo, la Policía traiciona con ferocidad la misión de protegerlo que la democracia le dio; aunque uniformados hay dispuestos a honrar el encargo. Masa maleable en manos de partidos en el poder, más de una vez perdió la Policía su neutralidad de cuerpo civil destinado a la seguridad de la ciudadanía: desde los tiempos de los chulavitas se ha politizado para perseguir, y hasta liquidar a la oposición; para sofocar a tiros la protesta social, en gesta sangrienta de un gobierno como éste de Duque, cuya brutalidad hará historia en el continente. Pero no sólo se politizó. También se privatizó, a menudo como guardia pretoriana de hacendados y contrabandistas, de cofradías de negocios turbios, de “gentes de bien”. Además, oficiales habrían sido albaceas del paramilitarismo en crímenes de Estado, algunas de cuyas víctimas revela hoy Mancuso. Y miembros del Esmad acolitan a paras urbanos que disparan contra manifestantes.
La ambigüedad de sus fines, entre seguridad nacional y seguridad ciudadana, ha convertido a la Policía en virtual cuerpo paramilitar, en agente de represión política. Mutó ella de institución civil a aparato militar contra civiles. Y convirtió la solidaridad de cuerpo en encubrimiento del delito. Sobre la norma escrita –letra muerta- prevalece en la Policía el vetusto imaginario de Guerra Fría que educó a los uniformados en la religión del anticomunismo y trocó al manifestante en terrorista. En el enemigo interno, de probada rentabilidad electoral para la casta sin hígados que se vende como demócrata enfrentada al ruso comeniños. Pero las cosas han cambiado. Mientras no se replanteen en la Policía doctrina y organización, crecerá la grieta que ya la separa del pueblo ultrajado en la pobreza, en la exclusión, en la muerte que abate sus clamores en cualquier calle de Siloé, de Buga, de Facatativá.
Casi un siglo lleva la politización de la Policía. Pero fue en las dictaduras civiles de Ospina, Gómez y Urdaneta donde se configuró como política de Estado con el asesinato en masa de sus contradictores. Instrumentos, la Popol (Policía Política), el SIC (luego DAS) y los paramilitares de la época: chulavitas y pájaros, las águilas negras de la Violencia. Ospina sacrificó la imparcialidad de la Policía (y la del Ejército), destituyó a los agentes de filiación liberal, los reemplazó por conservadores y unificó a la Policía bajo el mando del Ministerio de Guerra.
Si durante el Frente Nacional proliferó la subordinación de comandos de policía a grupos locales de poder privado, en tiempos del narcotráfico y del conflicto armado se cotizaron muchos por lo más bajo: extendieron ahora su ala protectora sobre mafiosos y usurpadores de tierras, y tributaron con armas y logística al paramilitarismo. Ante el Tribunal de Medellín declaró Mancuso esta semana que entre paramilitares y la Policía, el Ejército y el DAS había “permanente comunicación” y de ellos recibían apoyo militar. Que las decisiones de matar, entre muchos otros, a Eduardo Umaña, Jaime Garzón y Jesús María Valle se tomaron por “pedidos que venían desde el Estado”.
Cobran vigencia renovada los principios de reforma a la Policía que Álvaro Camacho formuló como miembro de la Comisión que en 1993 se creó para ese efecto: a la Policía, cuerpo civil, compete la protección del ciudadano y la garantía de sus derechos; no la guerra, que es del fuero militar. No deberá pretextarse la alteración del orden público para convertirla en agente de represión política. Debe ella salir del Ministerio de Defensa, recibir sólida formación profesional y humanística, remuneración digna y vigilancia de los órganos de representación popular. La Policía se debe al ciudadano, no a grupos de interés ni a partidos políticos. Pregunta: ¿Acepta la Policía ser mero adminículo de crueles imitadores de dictador?
por Cristina de la Torre | Mar 1, 2021 | Paramilitarismo, Impunidad, Corrupción, Marzo 2021
No es novedad, pero exaspera la complaciente liviandad de los mandamases para capear el fenómeno. El asedio al Estado en Colombia resulta del desgobierno, sí, pero procede desde flancos sociales opuestos, si bien signados por un propósito común: el asalto al poder. A él concurren el crimen organizado en combos y pandillas que suplantan las funciones del Estado en territorios remotos y en ciudades como Buenaventura y Medellín; y combos de grandes empresarios organizados en grupos económicos que colonizan el poder público y lo ordeñan para su propio peculio. En los de abajo se respira abiertamente la impronta de hegemonías mafiosas (de narcos y paras a menudo al servicio del notablato local, y de guerrillos) impuestas a sangre y fuego en medio siglo de guerra sucia, y de armados ilegales que llenaron el vacío del Estado ausente.
Por su parte, los grandes empresarios practican un capitalismo de compinches; arcaico, dirá el versátil profesor Diego Guevara: proclives al monopolio, desdeñan la sana competencia, no arriesgan un duro a la inversión y cifran su buena estrella en los favores del Gobierno; siempre dispuesto a privilegiar a los tiburones más voraces en desmedro de millones de sardinas desamparadas. Invaluable aquí la puerta giratoria para personajes que alternan puesto de mando en el Gobierno con sus negocios particulares. Que así se lucran con información privilegiada (del Estado) o, en voltereta olímpica, abrazan al compadre que vienen de vigilar. Combos de arriba que cogobiernan, la mira puesta sólo en la faltriquera, en veces a despecho del cuello blanco que podrá convivir con la corrupción y el abuso.
En este capitalismo de compinches, derivan los empresarios todas las ventajas y gabelas del poder público, las tributarias en particular. En 2020, el sector financiero pagó 1,9% de impuestos sobre $121 billones de utilidades, las petroleras 7% sobre $92 billones y las mineras 6%, cuando por ley debieron pagar el 33%. Por estos tres sectores, dejó el fisco de recibir $80 billones. Declara Hacienda que dará “tranquilidad a los mercados y a los inversionistas”, mientras prepara generalización del IVA; una puñalada al ya mísero ingreso de los pobres y vulnerables que suman 71,2% de la población. Logros del gran poder empresarial en el Ejecutivo que, gracias a una ley de Duque, se extenderá ahora al Legislativo: la norma exime a los congresistas de impedimentos para votar leyes en favor de las empresas que financian sus campañas electorales. Se redondea, pues, la captura corporativa del Estado.
Si exprimen al Estado los combos de arriba, los de abajo lo suplantan. Una investigación adelantada por las universidades de Chicago y EAFIT, en cabeza de Gustavo Duncan y Santiago Tobón, demuestra que las pandillas desempeñan las funciones del Estado, prácticamente en todos los barrios de ingreso medio y bajo de Medellín. En media ciudad. La delincuencia vigila, cobra impuestos, administra justicia, controla la disciplina social. En ella manda la sofisticada estructura criminal de 350 combos reagrupados en 15 o 20 pandillas y goza de alguna legitimidad. Aunque también presta servicios de sicariato y protección de su negocio al narcotráfico.
En amplias regiones del país se replica la acción de estos poderes fácticos. Muchas veces en el campo al tenor de empresarios que así perpetúan su vieja alianza con el paramilitarismo: combos de los dos niveles resultan cerrando aquí un círculo de cooperación. El Estado, por su parte, manoseando su propia legalidad, podrá cerrar otro círculo de cooperación con delincuentes, hasta consagrar, verbigracia, la dictadura de un don Berna en la Comuna 13 de Medellín. ¿No será la cooptación de este homicida por el Estado en la Operación Orión, referente legitimador de los combos criminales que mandan en Medellín?
por Cristina de la Torre | Feb 9, 2021 | Cuarentena, Iván Duque, Modelo Político, Modelo Económico, Uribismo, Política económica, Salud, Educación, Impunidad, Corrupción, Clientelismo, Febrero 2021
¿Qué pecado cometimos los colombianos para que se nos castigue con el peor gobierno en muchos años? Un rápido paneo sobre el estropicio mostrará que no lo es tanto por inepto como por trabajar con eficiencia admirable contra la mayoría de la población: la sitia, cuando no la condena al hambre, a la violencia, a miles de muertes evitables en la pandemia, al reino de la mediocridad en los puestos de mando. Todo ello, resultado de sus políticas en economía, en seguridad, en salud pública, en administración del Estado.
Cuando la crisis se enseñoreó del continente y se vistieron los barrios populares en Colombia de trapos rojos, nuestro país ocupó el primer puesto en desempleo y el último en inversión de emergencia para evitar que la tercera parte de su gente se redujera a una comida diaria. Y estará entre los pocos que porfíen en el modelo económico que la crisis destapó y profundizó. En vez de operar el golpe de timón que se impone por doquier, aquí se castigará con más ferocidad a las clases medias y trabajadoras, en favor de la camarilla de plutócratas que cogobierna con Duque, que vive y engorda de acaparar los recursos del Estado. Ya el decreto 1174 inició el camino de reforma laboral que castiga las garantías del trabajo. Y prepara reforma tributaria con IVA para todo y entierro definitivo del impuesto progresivo.
En seguridad y orden público, el balance nos devuelve a los peores días de la guerra: sólo en el primer mes de este año hubo 14 masacres y 21 líderes asesinados. Y el Gobierno ahí, como complacido en su muelle indolencia, esperando endilgar el incendio al castrochavismo, coco inveterado de sus campañas electorales. Pero es el Gobierno el que incendia. Por omisión. No aumenta el pie de fuerza donde se requiere, ni desmantela los grupos armados; judicializa a los sicarios y no a los autores intelectuales de la matanza.
En manejo de la pandemia, Bloomberg catalogó a Colombia como el tercer peor país, y el director del DANE reveló que, a enero 31, los muertos por covid no eran 50 mil sino 70 mil. En cifras relativas de contagios y muertes, superó a Brasil. Especialistas señalaron que, para evitar el desborde, se debió actuar antes. Las medidas de prevención y control del Gobierno fracasaron. No se controló la circulación del virus tras la primera ola, con identificación y aislamiento de sospechosos, rastreo de contactos, ejecución generalizada de pruebas y entrega rápida de resultados. Pese a la bonhomía del ministro Ruiz, la pandemia puso en evidencia las consecuencias de haber convertido la Salud en negocio privado. Y el arribo de la vacuna parece todavía más ficción que probabilidad.
Para los cargos de mando en el Gobierno, desliza Duque una tropilla de incompetentes –no todos, claro–. Tentáculos de pulpo viscoso, se apoderan aún de los órganos de control del Estado. Y colonizan, insaciables, la gran prensa. Caso de la hora, la designación de Bibiana Taboada como codirectora del Emisor, por la sola gracia de ser hija de Alicia Arango, cuyo mérito es, a su turno, ser parcera de Duque y del Gran Burundú del Ubérrimo. Con Taboada completa el CD su dominio del que no será más el Banco de la República sino el banco de una secta de ultraderecha comandada por un expresidente subjudice con delirio de poder.
¿Estaremos condenados para siempre a gobiernos de este jaez, todo incuria, violencia y privilegio? ¿Es que no existen en Colombia estadistas de la talla de un Humberto de la Calle, dueño de pensamiento universal, de la decencia que a este Gobierno le falta, de probada capacidad para agenciar el cambio indispensable, dentro de los parámetros de la democracia? Pobre es el que carece de lo necesario para llevar una vida digna. Pero lo es también el que no ve la riqueza que tiene al canto. Agucemos el ojo a tiempo.
por Cristina de la Torre | Ene 19, 2021 | Reforma Agraria, Modelo Económico, Política agraria, Impunidad, Corrupción, Clientelismo, Enero 2021
Enferma de codicia, ella sólo puede mirarse en el espejo de su propio ombligo. Cuando las afugias del campesino –agravadas por la pandemia– demandan un vuelco en la política agraria, los poderosos gremios del campo proponen mas bien exacerbar las causas de la crisis: perseverar en las condiciones que la alimentan y agudizan. Velando la nuez del problema con saluditos de cortesía a la pobrecía, en iniciativa de estrategia agraria que lanzaron en diciembre, ninguna consideración les merecen la reforma rural o la restitución de tierras. Encabezadas por la SAC, ventilaron aquellas organizaciones un proyecto a 30 años vista que reafirma su poder ancestral y su ventajismo sobre los productores de economía campesina, que son el 90% de la población rural.
Se trata de consumar la modernización capitalista del campo pero excluyendo de sus beneficios al campesino que responde por la seguridad alimentaria del país. Como si modernización sólo compaginara con gran propiedad. Apunta la agroindustria a trocarlo en peón ruinmente pagado, con salario “diferencial” para el campo y enganchado por días o por horas. Jugosas ventajas favorecen de entrada esta iniciativa mediante “asociación” con pequeños propietarios, en la cual lleva el gran empresario las de ganar. Pues él parte de la informalidad laboral, que alcanza el 82%; de la pobreza, que rebasa el 70%; del boicot al acuerdo de paz que niega la tierra prometida al labriego; de los ejércitos anti restitución y las iniciativas legales del uribismo que apuntan al mismo blanco: a proteger advenedizos en tierra ajena.
Se lucra también de la sangrienta contra-reforma agraria que arrebató sus fundos a cuatro millones de pequeños y medianos propietarios, gracias a la siniestra alianza de muchos empresarios, ganaderos y terratenientes con paramilitares, narcotraficantes, políticos y agentes del Estado. Impúdica en su farsa de hacer patria, la propuesta de estas elites calla a gritos la historia macabra de la guerra que se resolvió en despojo. Saben que cuentan con el poder, con la fuerza y con capacidad de chantaje sobre mares de brazos que lo perdieron todo y tienen hambre.
Ya calculaba la Comisión Colombiana de Juristas en 83% la impunidad en casos de despojo y abandono forzado de tierras. Hace un año, la restitución beneficiaba apenas a 45.460 personas de las cuatro millones afectadas y no comprometía sino 340.704 hectáreas de las 8 millones abandonadas. Mucho, con la reiterada complicidad del Estado en este Gobierno mañoso.
Desplazamiento forzado y acumulación de tierras corren parejas. Colombia es hoy el tercer país de mayor concentración agraria en el mundo. Las cifras abruman: en la base de la pirámide rural, dos millones de minifundistas con predios inferiores a una hectárea poseen 1,3 millones de hectáreas; en la cúspide, 2.200 dueños de predios superiores a 2.000 hectáreas poseen 39 millones de hectáreas. Gran parte de ellas dedicadas a ganadería extensiva o a lotes de engorde, para honrar el modelo aledaño al de la agricultura comercial: tierra sin hombres y hombres sin tierra.
El olímpico mutismo de estas élites ante el exterminio de líderes reclamantes de tierra armoniza con el pérfido desdén que la atrocidad le merece al presidente Duque. Gremios y mandatario se abrazan también en el modelo de gobierno corporativista, de vocación fascista, que ha prevalecido en estos casi tres años de tercer mandato uribista. De allí la naturalidad con que los gremios sellan su proyecto queriendo constituirse en órgano autónomo de Gobierno para trazar las estrategias y políticas del sector. Poder independiente que parecerá mixto por la decorativa presencia de algún ministro de Agricultura salido de sus propias filas. Como se ve, en el campo la derecha va con toda.
