por Cristina de la Torre | Nov 17, 2020 | Neoliberalismo, Derecha, Uribismo, Régimen político, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia, Noviembre 2020
En manos de extremistas como Álvaro Uribe, la democracia directa es un azote. Introducida por la Carta del 91 para ampliar la participación política, el uribismo puso no obstante la democracia directa al servicio del proyecto más reaccionario que floreciera en Colombia después de Laureano Gómez. Forma de participación complementaria de la representación política, lo mismo puede propiciar soluciones de fondo democrático que violentarlas. Por plebiscito se consagró en 1957 el derecho al voto femenino y se clausuró la dictadura; una consulta popular arrojó en 2018 casi 12 millones de votos contra la corrupción. Pero dos años antes, el CD boicoteó en plebiscito con mentiras catedralicias un acuerdo de paz logrado tras medio siglo de guerra y medio millón de muertos y desaparecidos. También ahora marcha el referendo de Uribe sobre embustes y cargas de odio contra la justicia transicional que es modelo para el mundo.
Pescó la derecha en los vacíos del modelo participativo que se ofreció como antídoto a la crisis que alcanzó su clímax en 1989. El enemigo sería ahora el clientelismo, máquina infernal de corrupción en los partidos y en el Estado, depositarios de la democracia representativa. En el reformismo moralizante de tantos que habían forjado entre clientelas su poder, respiraba el esnobismo de que la nuestra era una democracia sin ciudadanos. Dos figuras simbolizaron el antagonismo entre el oro y la escoria: el ciudadano y el cacique clientelista.
La democracia directa, refrendaria, fue corolario político del modelo de mercado que el Consenso de Washington imponía en el subcontinente, como contrapartida a las dictaduras del Cono Sur. Pero repitió la receta autoritaria, ahora en formato de neopopulismo, desde Fujimori en el Perú hasta Uribe en Colombia. Dictadores desembozados y tiranos en ciernes elegidos por el pueblo legitimaron su mano más o menos dura en la corrupción del sistema político. Pero, lejos de erradicarla, la ahondaron.
A Colombia se proyectó el diagnóstico de la crisis que pesaba sobre estos países: dictaduras y dictablandas hacían agua; se decretó agotado el modelo proteccionista; se imponía una transición que armonizara libertad política con libertad económica sin atenuantes. Se trataba de compatibilizar cambio económico y modernización política. Había que transitar de la democracia representativa a la democracia directa del individuo en ejercicio pleno de su libertad; del Estado social, promotor del desarrollo, al Estado adaptado a las necesidades del neoliberalismo, del clientelismo a la ciudadanía. La Carta del 91, diría Rafael Pardo, transformó las reglas del juego político y cambió el modelo de desarrollo.
Entre reformas vitales del 91 (la ampliación de derechos, la tutela), cobró ruidoso protagonismo la ideología que exaltaba la democracia “participativa”. A su vez, la laxitud de la norma que permitía la creación de partidos fracturó el monopolio del bipartidismo tradicional, sí, pero debilitó a las organizaciones políticas y al sistema de partidos. Atomizados los odiados partidos, mistificada la democracia directa, desactivada la sociedad civil, surgió el escenario donde medrara el primer demagogo con ganas de jugar a la tiranía de las mayorías. Al Estado de opinión.
Décadas lleva Uribe practicando la democracia directa que sirve a su proyecto de vocación neofascista: con consejos comunales que descuartizan la institucionalidad, con manipulación oprobiosa del plebiscito por la paz, con su nuevo referendo contra la Justicia. A despecho de la Carta del 91, el uribismo interpretó modernización política como amancebamiento de clientelismo y neopopulismo. Esta versión de democracia directa es espejismo de cepa antidemocrática, a leguas de la genuina participación política.
por Cristina de la Torre | Sep 9, 2020 | Iván Duque, Impunidad, Corrupción, Septiembre 2020
¿Hubo la semana pasada insubordinación de un sector de la Policía contra las autoridades civiles, contra taxativas órdenes de conducta emitidas por la Alcaldesa de Bogotá?, se pregunta el editorialista de El Espectador. En tal caso, agrega, estaríamos hablando de un pequeño golpe de Estado contra las instituciones democráticas. Sí. Golpe hubo contra el gobierno civil de la ciudad y contra la función constitucional de la Policía de velar por la seguridad y la convivencia ciudadanas, a manos de la terrorífica función añadida que la transformó en cuerpo militar de combate contra el crimen organizado y en actor del conflicto armado. A los indignados con el crudelísimo asesinato de Javier Ordóñez les dio la Fuerza Pública trato de criminales y de subversivos en combate. Con alevosía distintiva de dictadura militar, disparó contra la multitud. Resultado: 14 muertos, 75 heridos a bala, y patética exaltación de la “gallardía” y el “honor” de la Policía por el mismísimo Presidente de la República que, en simbólica supeditación del poder civil al militar y dando una patada en plena cara a las víctimas, rodó de CAI en CAI disfrazado de policía.
Esta masacre, legitimada desde arriba, es jactancioso exhibicionismo de la fuerza bruta que escala en violencia contra la vida y la paz pública. Avanza desde el código de policía, que agrede al que compra en la calle una empanada o muele a palos al que orina contra un muro, mientras estrecha lazos con bandas criminales. 1.708 denuncias de abuso policial aterrizan hoy en Medicina Legal de Bogotá y 696 en el Ministerio de Justicia: entre las víctimas por lesiones a civiles en procedimientos policiales se cuentan 53 muertos, 24 por muerte de civil con arma de dotación oficial.
Escribe la columnista Tatiana Acevedo que la Policía no está infiltrada por bandas y ejércitos criminales sino que “se encuentra entrelazada con ellos de manera estructural”. Cita al paramilitar Henry López, alias Misangre, según el cual “la Policía Nacional armó el Frente Capital”. Y refiere alianzas conocidas de este cuerpo con Urabeños, Águilas Negras, Clan del Golfo y Autodefensas Gaitanistas.
Que sólo 25% de los colombianos confíen en la Policía denota la degradación en que sus miembros han caído. No todos, pero sectores enteros de policías y soldados se han empleado a fondo en las crueldades del conflicto armado y en la violencia renacida en estos dos años de Gobierno Duque. En balance abrumador, 500 organizaciones sociales lo catalogan como un “ejercicio devastador de autoritarismo, guerra y exacerbación de las desigualdades”. Para ellas, 2019 fue el año más violento de la década contra defensores de derechos humanos y ferocidad contra la población inerme. Si en 2017 hubo 11 masacres, éstas saltaron a 29 en 2018, a 36 en 2019 y en lo corrido de este año suman 58. A tres años de firmado el Acuerdo de Paz, apenas se ha completado el 4% de lo pactado: se ha suplantado la paz por una nueva ola de violencia, y en ella tienen arte y parte uniformados de la Policía.
La CIDH condenó la brutalidad de la Policía en Bogotá el 9 de septiembre, sublevación contra la vida y el derecho a la protesta. Simultáneamente, condenaba la ONU a la dictadura de Maduro por crímenes de lesa humanidad que bien podría endilgarle al Estado colombiano: por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza y vinculación de los cuerpos de seguridad al narcotráfico. La diferencia con el régimen de Maduro será de grado, no de sustancia. Dígalo, si no, el desembozado llamado de Uribe, jefe del partido de gobierno, a enfrentar manifestantes en las calles con el Ejército. Monstruosidad propia de satrapías como las de Pinochet y Daniel Ortega.
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2020 | Cuarentena, Corrupción, Septiembre 2020
Hace 31 años desapareció la Guerra Fría bajo los adoquines del muro de Berlín. Pero la caverna no abandona en Colombia el señuelo de la lucha de clases, rojo Lucifer dirigido contra la democracia, la propiedad, el mercado, la armonía laboral y la religión. Cuando aquella derecha irredenta es mandacallar en la lucha contra los oprimidos, en el proyecto que les hurta el pan, los humilla, los acorrala a coces o los mata. Y al primer amago de protesta pone el grito en el cielo, cierra filas tras el patriota de turno y vocifera “¡azuzan la lucha de clases!”.
Grito de guerra que parte del notablato antioqueño pone en boca de su estafeta, Federico Gutiérrez, para desconceptuar al alcalde Quintero, acusado de petrista de la odiada Bogotá, usurpador del gobierno corporativo de EPM. Empresa gloria de la comarca encarnada en prohombres que se cuidan celosamente de responder si por incuria o de mala fe avalaron obras en Hidroituango que a la ciudadanía le representarán pérdidas faraónicas. Hueco el señalamiento del exalcalde Gutiérrez, pues no logra tapar la pepa de la crisis en EPM: el ruidoso silencio de la junta renunciada, de los alcaldes y gerentes que la acompañaron en la dirección de la empresa cuando incurrió en pérdidas astronómicas, así en la construcción de la presa como en proyectos anteriores. Sólo en dos de ellos, Porce lll y Bonyic, hubo sobrecostos cercanos a los $4 billones, con los mismos constructores convocados hoy a conciliación por el desastre de Hidroituango. Los pasivos de EPM habrían pasado de $2,6 billones a $33,6 billones.
Grito de guerra, “¡es la lucha de clases!”, que bodegueros del uribismo enrostran a quienes critican la jerarquía de prioridades del Gobierno que entrega a una empresa extranjera y corrupta, Avianca, abultados recursos negados a las mipymes desfallecientes o a los 13.800.000 colombianos que según el DANE llevan meses sin recibir ingresos.
Contrasta violentamente la largueza de este gobierno para proteger (sin garantías cantadas) el monopolio de Avianca con su mezquindad para auxiliar a los millones de desempleados adicionales y de vulnerables que tornaron a la pobreza y llevan meses viviendo del aire. Ni renta básica, ni crédito a quienes más lo necesitan, ni plan de choque para crear empleo, ni préstamo directo del Banco de la República que la oposición ha propuesto desde el comienzo de la pandemia y ahora también la Andi para paliar el hambre y reanimar la economía. Es que el Gobierno cree reactivarla desde la oferta, no desde la demanda: no solventa a los consumidores. ¿Con qué podrán ellos comprar los productos ofrecidos? Acaso sospeche Duque que la pregunta encubra la lucha de clases.
Torva intención del mismo jaez tendrían también los inconformes con “la más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años”, según la CUT, tramposamente publicitada como piso de protección social. El proyecto abre puertas a la precarización del trabajo y cercena derechos irrenunciables del trabajador. Y la consigna coloniza territorios insospechados: Santiago Pérez, abogado de la universidad Sergio Arboleda, acusa a Salomón Kalmanovitz de promover la lucha de clases porque el historiador recuerda la desapacible condición de hacendado esclavista que defendió a bala la institución de la cual derivó su fortuna, y dio nombre a ese centro académico.
Sí, hay lucha de clases en Colombia, opresión organizada desde arriba sobre mayorías atropelladas, maniatadas, embozaladas. De momento, es la élite de derecha en el poder la que despliega múltiples formas de lucha contra las clases populares: desde violencia económica hasta tolerancia con masacres. La inversión del discurso es conocida picardía de propaganda política.
por Cristina de la Torre | Ago 29, 2020 | Paramilitarismo, Tierras, Conflicto armado, Impunidad, Corrupción, Agosto 2020
No es un incapaz; el presidente Duque es eficiente ejemplar de un proyecto de extrema derecha. Con su paciente inacción contra el paramilitarismo y todos sus émulos, logró el regreso de la más espeluznante seguidilla de masacres: 47 en los 8 primeros meses del año. Masacres de antaño reverdecidas hoy, en cuya historia ofreció abundar Mancuso; pero acaso pueda más el laborioso sabotaje de su extradición a Colombia por el propio Gobierno. Se llevaría el homicida para Italia verdades sobre la matanza de El Aro, en la cual habría tenido velas Álvaro Uribe. Por providencia de la Corte Suprema, deberá rendir el exsenador versión libre sobre “conductas que fueron declaradas crímenes de lesa humanidad” en las masacres de San Roque, La Granja y El Aro, y en el homicidio de Jesús María Valle en 1998. Tras la sindicación de soborno a testigos, un delito común, yacería la pulpa de un delito de lesa humanidad: la creación del Bloque Metro, protagonista de los hechos de El Aro, denuncia el exfiscal Montealegre.
Si bien han renacido, no son idénticas las masacres de ayer a las de hoy. Su función era entonces aterrorizar para arrebatarle al campesino su tierra; para imponer una hegemonía de vencedor armado mediante el control del territorio, de la población, de los corredores del narcotráfico. Dos fuerzas nítidamente demarcadas se enfrentaban: la guerrilla, por un lado; y por el otro, el paramilitarismo con ayuda de la Fuerza Pública, de autoridades locales y de particulares con poder. Hoy, la masacre busca aterrorizar para retener las tierras usurpadas; para prevalecer entre una polvareda de grupos armados asociados a negocios ilegales, narcotráfico comprendido; para bloquear los programas de implementación de la paz, sabotear la verdad de la guerra, liquidar el liderazgo social y frustrar todo amago de democracia en la Colombia profunda.
Pero la ferocidad, la sevicia del matar y rematar inocentes perdura y no se sacia. 150 paramilitares se toman el Aro, saquean, violan mujeres, torturan, asesinan a 17 personas en jornada de horror que culmina con el robo del ganado, de las tierras, el desplazamiento de los pobladores y el incendio del poblado. A Elvia Barrera la violan los paras en cuadrilla; la arrastran por las calles, cara al suelo, y la amarran a un árbol para que muera lentamente. También a un palo termina amarrado Jorge Areiza, después de sacarle los ojos y el corazón, cortarle la lengua y los genitales y levantarle la piel.
En Samaniego, el verdugo obliga a la víctima que yace boca abajo en el piso a volverse para mirarlo a los ojos, y descarga el tiro a diez centímetros de su rostro. Once largos días después veremos al presidente desfilar altivo, corazón de piedra, por sus calles, respondiendo con equívoco saludo de reina Isabel al abucheo de sus gentes. El Gobierno atribuye ésta –y todas las masacres– a vendettas entre mafias, llamadas a desaparecer por obra del glifosato. Grosera simplificación que pretende ocultar su criminal omisión, pues sabía de antemano lo que vendría.
Negligencia que raya en lo penal, fallaría el Tribunal de Medellín sobre la omisión del entonces gobernador Uribe, quien también sabía por el alcalde del pueblo lo que corría pierna arriba de El Aro y, sin embargo, lo abandonó a la tragedia que debió evitar. ¿Será que ya desde entonces obraba en Uribe –como parece obrar ahora en sus validos– la fría escuela que justifica “masacres con sentido social”? (“Si la autoridad serena, firme y con autoridad implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”, escribió Él). ¿Será cada víctima de las masacres que vuelven al país “un buen muerto”, que deba pagar por veleidades de terrorista? ¿Lo son también para Duque?
por Cristina de la Torre | Ago 22, 2020 | Corrupción, Agosto 2020
Si no naufragó EPM con el desastre de Hidroituango, menos sufrirá ahora por un reajuste a la vista del modelo corporativo que la gobierna. Incierta la independencia de miembros de la junta renunciada frente a las firmas responsables de una afectación de $9,9 billones, se menoscabó la confianza entre las partes. Y sufrió el control recíproco entre el propietario público –Medellín– y el administrador privado –notables del empresariado antioqueño– Se desbalanceó el juego de pesos y contrapesos entre actores que en el Estado de bienestar se alían en vista del bien común. El caso no es fortuito, es frecuente vicisitud del modelo.
Mas al reiterado anuncio del alcalde Quintero de devolverle a la ciudadanía por vía judicial lo perdido, respondió la junta con espectáculo de pánico moral. Asistimos a la altisonante indignación de parte del empresariado que vive del recuerdo de la industrialización que fue, pero flaquea cuando el bolsillo de los amigos peligra. Así, el intento de recuperar el equilibrio corporativo en EPM y de reacomodar las cargas se resuelve en crisis. Y los que andan en campaña, Federico Gutiérrez, Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo, se declaran preocupados por los sucesos e, indiferentes a la tronera que se abriría en las finanzas de EPM y del municipio si no se recupera la plata, arrojan fósiles de la caverna: que el alcalde es lobo con piel de oveja, amigo de ideologías (¡), castrochavista y azuzador de la lucha de clases. Ni piden explicaciones ni quieren saber (¿no saben?) si en Hidroituango se traspasaron las líneas del decoro por favorecer a contratistas amigos.
Según el alcalde, “algunos miembros [de la junta], lo sabe Medellín entera, tuvieron o tienen relaciones muy cercanas con los consorcios demandados”. En efecto, para mencionar sólo un caso, Andrés Bernal fue directivo de Sura, aseguradora en litigio potencial con EPM, mientras oficiaba como miembro de su junta directiva. Fue también directivo de Argos, gran proveedor de cemento y concreto de Hidroituango. En 2014, la junta de EPM declinó acción judicial contra Integral y Conconcreto por enormes sobrecostos en la presa Bonyic en Panamá, dizque por ser estas firmas “aliadas” de EPM. La Contraloría de Medellín reconvino a EPM por su “compadrazgo con los contratistas”. Paulina Aguinaga, concejal del CD, denunció que cuatro miembros de la junta directiva que acaba de renunciar participaron de aquella decisión.
Sobrecostos de billones hubo, dijo Quintero, en muchos proyectos: en Orbitel, en Antofagasta, en Bonyic, en Pore III, en Hidroituango; y “difícilmente alguien respondía”. Ejemplos de intereses cruzados pululan: tres exgerentes de EPM venían de Conconcreto, Integral y Argos: Juan Felipe Gaviria, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle, respectivamente. “Cómo esperar, se pregunta Vargas Lleras, que una junta directiva con unos vínculos de amistad o de negocio tan fuertes pudiera tomar la decisión de demandar a Conconcreto, a Coninsa, Integral o Sura. Imposible”.
El gobernador Suárez llama al diálogo. Si en el pasado, dice, pudimos superar la violencia más dura provocada por el narcotráfico y el conflicto, hoy se impone el trabajo armónico de todos: academia, sector público y social, empresariado y ciudadanía. También en el pasado conjuraron ellos, todos a una, la fiebre privatizadora que amenazó a EPM. Ha vuelto el imperativo de sellar el boquete privatizador del más preciado bien público de Antioquia, esta vez mediante vasos comunicantes entre algún directivo de la empresa y sus contratistas. La salida, revitalizar el pacto público-privado que en EPM había alcanzado su más refinado grado de depuración y eficacia. Empezando por nombrar una junta directiva de probada independencia.
