por Cristina de la Torre | Mar 22, 2017 | Marzo 2017, Régimen político
Dos vertientes religiosas se disputan el protagonismo en las derechas de Colombia. Y se disponen a marchar guiadas por la divisa Dios-Patria-Familia, símbolo tantas veces convertido por el frenesí del poder en guerra santa. En primer lugar, un nutrido enjambre de pastores evangélicos parece respirar el aire de la dictadura de Calvino en Ginebra, fundador de la corriente protestante que castigó en la hoguera la libertad de conciencia, impuso por el terror una teocracia monocrática y catapultó el enriquecimiento de los elegidos de Dios. Como se enriquece hoy con diezmos de pobres nuestro pastor Arrázola y amenaza de muerte al periodista que libremente cuestiona su iglesia. De otro lado, una derivación ultramontana del catolicismo invoca la Inquisición y el fascismo español de Primo de Rivera, cuyo brazo derecho fue la Iglesia. Y su discípula criolla, la dirigencia conservadora-clerical que se dio aquí a la Violencia, en la mira la patria de Cristo-rey elevada a poder del Estado. Fanatismo reavivado por la secta lefebvrista de Alejandro Ordóñez y ensayado en el uribato del Padre Marianito.
La democracia liberal triunfó del absolutismo hace siglos para asegurar pluralidad de ideas y derechos civiles para todos. Pero los estragos causados por la economía liberal librada a la gula de los más ricos —y el desprecio de un laicismo dogmático por sentimientos religiosos que habitan en multitudes— provocaron la sorpresiva involución: vuelven las derechas a armarse con el atávico expediente de la fuerza y la arbitrariedad como palancas de un gobierno de Dios y para Dios. Calibrado el 2 de octubre su potencial de manipulación contra la paz, contra la libertad sexual y la educación laica, planean reagruparse sin ocultar ahora su más retardataria inspiración.
Fraseología, imágenes y propuestas suyas parecen entresacadas, a la letra, del jefe de la Falange española. Primo de Rivera marcó su fascismo con la impronta católica. Exaltó la violencia y la acción directa, la misma que Laureano llamaría acción intrépida; y enarboló banderas de Dios, patria, familia, propiedad y orden. Todo bajo la égida de un integrismo católico llamado a proteger la tradición contra la modernidad, la democracia y las libertades ciudadanas. Propugnaba en su lugar el regreso al absolutismo y a la Inquisición. Fue su divisa instaurar una república católica y autoritaria.
Lo fue también de Los Leopardos, cepa ideológica de la extrema conservadora que antepuso a las reformas liberales de los años 30 la Violencia. Y las ahogó en sangre. Mientras el episcopado invita a desacatar la Carta del 36 porque “contraría la ley de Dios y la verdad religiosa”, Augusto Ramírez Moreno exclama: “yo quiero una patria justa, grande y moral donde la familia sea respetada […] el concepto de la propiedad intocado [y] la educación inspirada en los principios eternos de Dios”. Y remata: “juramos por la Trinidad inmóvil que dominaremos el temor abyecto de morir en defensa de Dios”. Así honra el llamado de fray Mora Díaz a responder con guerra santa a una Carta que “ataca los derechos espirituales”.
Ya se recordaba aquí que el partido Voto Católico, dilecto seguidor de Ordóñez, difunde consejas contra la “bestia liberal”. Invita, por boca del padre Iraburu, a librar resistencia armada contra los gobiernos que prescinden de Dios. Denosta de la modernidad y de la superstición diabólica de la democracia liberal. Y añora las cruzadas y las órdenes militares. En su tesis de grado como abogado exalta Ordóñez “los alzamientos militares del heroico catolicismo mexicano y español”. Se comprenderá por qué estos amantes de la guerra quieran tumbar el acuerdo de paz que clausuró una conflagración de medio siglo en Colombia.
por Cristina de la Torre | Jul 18, 2016 | Corrupción, La paz, Uribismo
Se cuida el expresidente de poner blanco sobre negro el sustrato verdadero de su cruzada contra el acuerdo de paz: la desaparición de las Farc como grupo armado, y cambios en el campo que lesionarían la contrarreforma agraria protagonizada por la ultraderecha violenta que se reputó uribista. Razones poderosas que cree ocultar propalando barrabasadas para meter miedo en la galería; como la ficción aquella de un pacto secreto entre el presidente Santos y Timochenko dizque para instaurar en Colombia el castro-chavismo. Y es que la conversión de esa guerrilla en partido legal deja a Uribe sin discurso, pues es en la guerra, y solo en la guerra, como valida él su liderazgo. En ella medran sus huestes del viejo y el nuevo poder en el campo, y solo con ella justificaría el retorno al Estado policivo de su seguridad democrática. Si a la aprobación del Congreso y de la Corte Constitucional se sumara la refrendación popular de los acuerdos, no le quedaría al expresidente sino la opción que una democracia remozada para el posconflicto les ofrecerá a todos: disputarse en franca lid, sin armas, el favor de la ciudadanía, depurando propuestas de cambio o de sujeción al pasado. Salto olímpico hacia la cualificación de la política.
Que el uribismo optaría por la segunda alternativa lo sugiere la ruda experiencia vivida. Su más reciente confirmación, la pública defensa de los usurpadores de tierras que en el santuario del paramilitarismo y en presencia de Tuto Castro, comandante del Bloque Norte de las AUC, protagonizaron en abril dos notables del uribismo: Alejandro Ordóñez y José Félix Lafaurie. Y María Fernanda Cabal, congresista del CD, promueve norma para desmontar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, mientras ejércitos antirrestitución asesinan a líderes de sus dueños legítimos. Por su parte, el Acuerdo Rural de La Habana apunta a modernizar el campo, a ordenar el territorio y el uso de la tierra, a impulsar la economía campesina, a formalizar la propiedad de los predios, a actualizar el catastro para cobrar impuestos en justicia y promover así el uso productivo de la tierra. Cambios sustantivos, pero ceñidos a la Constitución y a la ley. Lo que no impedirá que después el partido de las Farc pueda luchar, verbigracia, por la expropiación del latifundio improductivo. Bandera clásica del socialismo -y del progresismo liberal de los dos Lleras en los años 60- que debería poder agitarse si un partido legal la enarbola. Así como el uribismo la suya por perpetuar el estado de cosas rural. Y el santismo la propia, de avasallar con Zidres a la economía campesina.
Mas no se agota en ello la plataforma del uribismo. Derecha redomada, si recupera el poder querrá sin duda rescatar el régimen de fuerza que instauró a su paso por la Casa de Nariño. Para no mencionar los 3.900 falsos positivos, la conversión del DAS en policía política contra la oposición y contra el órgano supremo de Justicia que investigaba a la bancada de parapolíticos del Presidente y cuestionaba la legalidad de su reelección, emparentó a Colombia con las dictaduras. Acaba de pedir la Fiscalía pena máxima para Jorge Noguera, primer director del DAS en el uribato, que puso la entidad al servicio del paramilitarismo. Había sido jefe de campaña del entonces candidato Uribe en el departamento del Magdalena. Hoy paga cárcel por asesinato.
Declaró el senador Uribe hace tres días en España que Colombia había caído en manos del comunismo; que su situación “es peor que la de Venezuela”. Desespera ante la paz esta alma gemela del mismísimo Chávez; y porfía en la estrategia de camuflar con infundios y demagogia el calado autoritario de su proyecto político
por Cristina de la Torre | Jun 13, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, Junio 2016, Proceso de paz, Régimen político, Uribismo
Hasta en sus empresas menos heroicas, como esta de boicotear la paz, adopta Álvaro Uribe aires de dios tronante para diluir en ruido las flaquezas propias. Con firmatón rubrica sus delirios –siempre en tono de guerra– simulando indignación por las penas alternativas que se impondrán a las Farc; y exige cárcel para ellas, entre otros, por el delito de narcotráfico. Pero este estatuto de justicia transicional es pálido reflejo, y él lo sabe, de las concesiones y gabelas que pujó por concederles a los narco-paramilitares en su primer Gobierno. Cuando acaso esperaban ellos reciprocidad por los muchos votos que habían aportado a su elección; y porque la Ley de Justicia y Paz, concebida para regular la desmovilización de las AUC (que albergaban a los capos del narcotráfico) alcanzara en Ralito su primer hervor.
Pero, simulando honor ultrajado, pregona el expresidente que el de La Habana es “un pacto de total impunidad”. Inflama así la instintiva aversión de muchos colombianos hacia esta guerrilla arrogante, y la transforma en odio al enemigo supremo, “la far”. Además, se insubordina por anticipado contra un pronunciamiento de las mayorías por la paz. Y, presa de pánico ante el fin del conflicto armado, se fatiga en prefabricar un clima de catástrofe semejante al de 2002, cuando el fiasco del Caguán le despejó el camino hacia la presidencia de la república. Entonces devolvió a los subversivos selva adentro y se tomó la guerra a pecho como estrategia invariable, eterna de su proyecto político. Presumible que porfíe en ella mientras se asienta el ciclo de la violenta transición que el narcotráfico apareja, y cuyos beneficiarios, ricos y pobres, lo consideran su mentor. Voluntario o involuntario, pero mentor.
La Ley de Justicia y Paz terminó por reducir las culpas de los paramilitares a su mínima expresión. En 2003 debutó el Gobierno con la propuesta de conceder amnistía aún a los responsables de delitos atroces, sin pagar un día de cárcel, mientras aceptaran desmovilizarse. Llovieron críticas. Mas una segunda versión de 2005 contemplaba, entre otras prerrogativas, la de darle al paramilitarismo estatus político. Y podía la Ley favorecer a desmovilizados que vinieran del narcotráfico. La aplanadora uribista del Congreso aprobó la norma, aun violentando el procedimiento legal. Pero las Cortes la modularon después. Ahora quien rindiera versión libre por delitos de guerra y de lesa humanidad pagaría entre cinco y ocho años de prisión; y la Corte Suprema negó la posibilidad de elevar el paramilitarismo a delito político. En diez años de vigencia, sobre 32.000 desmovilizados y 900 judicializados, la Ley arroja míseras 22 condenas. Una vergüenza.
La uribista, entusiasta de esta Ley, no era cualquier bancada. Hasta 2009 se contaron 102 parlamentarios investigados por vínculos con paramilitares y 80% de estos parapolíticos pertenecía a la coalición de Gobierno. No es cosa baladí: la parapolítica es el brazo político de los ejércitos del narcotráfico, autores de masacres sin cuento y de asesinatos espeluznantes a motosierra batiente. ¿A qué tanto moralismo impostado del exmandatario que le pidió a esa bancada aprobarle sus proyectos antes de ir a la cárcel?
La inminencia del fin de la guerra con las Farc demuestra que el país no está condenado a la fatalidad de una violencia sin remedio. Que, por saber del sufrimiento extremo, desconfiarán los colombianos de simulaciones y mentiras que bien pueden costar otros 300.000 muertos. Hago votos por una refrendación masiva de los acuerdos de La Habana. Hago votos porque no prospere la resistencia del expresidente Uribe contra la paz que por vez primera en sesenta años asoma la cabeza.
por Cristina de la Torre | Mar 8, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Marzo 2016, Partidos, Régimen político, Uribismo
Absurdo imaginar que un demócrata como el padre Francisco de Roux quisiera favorecer la causa uribista. Pero su propuesta de marginar a los partidos políticos del poder local en el posconflicto, entregando los recursos de la paz a etnias, líderes, universidades y empresarios podrá ser un salto al vacío que sólo sirva al autoritarismo. Como al autoritarismo sirvió la ficción de democracia directa que la Carta del 91 introdujo, y cuyo único beneficiario fue Álvaro Uribe, en sus ocho años de caudillismo, corrupción, violencia, persecución a las Cortes y al disidente político. Llegado al poder con la bandera de la antipolítica, gobernó él a sus anchas sobre una sociedad desorganizada, aborregada en su debilidad y en el miedo, pasto de demagogia. Y, pese a que ella se expresa ahora con más ímpetu, frágiles son sus organizaciones, cuando no cooptadas por la contraparte. Peor aún, aquello de marginar a los partidos para reconstituir el poder territorial alrededor de intereses gremiales es reminiscencia del corporativismo fascista de Mussolini y Oliveira Salazar.
Claro que De Roux interpreta el hastío de los colombianos con partidos que proceden como salteadores de caminos y vehículo de criminales hacia las posiciones de mando y control de los recursos públicos. Malestar manifiesto en foro sobre construcción de la paz territorial, donde arrancó aplausos el sacerdote. Pero no es suprimiendo los partidos como se camina mejor hacia la democracia, ni negando, de paso, el advenimiento de nuevas asociaciones políticas llamadas a renovar las elites del poder.
Será una reforma política la que les imponga democracia interna y controles; abra el abanico del sistema; limpie de delitos las elecciones; y reglamente un estatuto de oposición que dé carta de ciudadanía a la idea liberal, a la idea conservadora, a la idea socialista, al conservadurismo ultramontano. Al pluralismo. Que les permita a las Farc trocarse en partido, no bien abandonen las armas. Que le permita al Centro Democrático consolidarse como partido no bien rompa su ambigüedad entre la legalidad y su llamado a la rebelión, cuyo destinatario natural sería, entre otros, el paramilitarismo revitalizado y andante. Y será el primer interpelado por Paloma Valencia, pues ya él había canalizado mares de votos, motosierra en mano, para la elección de Álvaro Uribe y de los cien parapolíticos que fueron su bancada en el Congreso y hoy pagan cárcel.
Destaca Humberto de la Calle dos elementos del cambio que se avecina. Primero, la apertura cobijará a todas las fuerzas políticas. Segundo, la comunidad concurrirá al poder local mediante democracia directa que le garantice a la vez participación y capacidad decisoria; singularmente en mesas de concertación de los planes de desarrollo. Se trata de permitir la expresión de los movimientos sociales, no sólo de los partidos políticos. Para Sergio Jaramillo, el modelo de paz territorial dará voz a la gente y fortalecerá las instituciones del gobierno local, incorporando el nuevo ingrediente de la participación, con procesos y reglas del juego formalizados.
Ricas enseñanzas deja este modelo socialdemocrático que concierta políticas y planes entre el mandatario elegido democráticamente por un partido y los grupos de interés y organizaciones de la comunidad. Mas lo primero será fortalecer las organizaciones sociales, protegerlas, rodearlas de garantías; depurar los partidos, democratizarlos, reformar el sistema electoral y lograr el sueño de la paz: que ningún político vuelva a disparar contra su adversario. Riesgo a la vista si al poder torna un Mesías por el camino de una institucionalidad territorial “no política”, como lo pregona el padre de Roux.
por Cristina de la Torre | Ene 18, 2016 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Enero 2016, La paz, Modelo Económico en Colombia, Régimen político, Uribismo
En su búsqueda incesante de pretextos para malograr la paz, va el uribismo saltando matones. El reto de la hora, preservar el barniz moralizante que encubre su predilección por la guerra, en un plebiscito que decidirá si pararla o prolongarla. Si promueve el No o la abstención y gana la partida, quedará en evidencia como adalid de la conflagración armada; si la pierde, será derrota letal para un partido en ciernes. Frente a tal fatalidad, querrá convertir la insensata venta de Isagén en comodín contra el mentor de la paz, como se insinúa ya en redes del Centro Democrático: que Santos, el “traidor”, no sólo entrega el país al terrorismo sino los bienes de la nación al extranjero. Mensaje subliminal: quien así vende la patria y sus bienes, no podrá engendrar sino una paz deforme. Mas este intento de apropiarse el descontento con la operación de marras se estrella contra las ejecutorias del propio Uribe, privatizador estrella entre todos los presidentes desde los años noventa y vendedor frustrado de la propia Isagén.
De tanto vociferar contra el proceso de La Habana, esta derecha montaraz desgastó hasta la inopia su recurso a la mentira, a la tergiversación. Dijo verbigracia que, en tributo al castrochavismo, el acuerdo agrario apuntaba a la colectivización de la propiedad en el campo, con expropiación de tierras y extinción de dominio. Que “ninguna propiedad legal (tendría) seguridad ni garantía jurídica de permanencia”, escribió Alfredo Rangel, con ímpetu propio del recién llegado desde la orilla opuesta. Se demostró al punto la falsedad de tales acusaciones. Nada de lo acordado violaba la Constitución o la ley. En suma, no apuntaban las objeciones a lo firmado sino a la legislación liberal vigente de tiempo atrás.
Pero en punto a justicia y participación política, no miente el uribismo. Auténtico anatema le parece salvar de cárcel a la cúpula de las Farc, abrirle las puertas de la política y juzgar a soldados sindicados de atrocidades con el mismo rasero que a la subversión. Su “paz sin impunidad” equivale a rendición de una guerrilla a la que el mismísimo Uribe no pudo derrotar. Pide a sabiendas lo imposible, pues querer mandarla a prisión y negarle el canje de armas por votos es reventar la negociación. Reactivar la guerra y sus montañas de muertos. Ni siquiera reconoce los sapos de la contraparte. Que las Farc renuncian al alzamiento armado; se acogen a la democracia liberal y a la justicia burguesa, con proceso integral de investigación, juicio, sentencia y sanción.
De otro lado, más le valdrá a Uribe no menear el estropicio de Isagén (que ya él había intentado en 2008), pues vienen a la memoria los bienes públicos que en su gobierno vendió por más de $13 billones. Las2orillas incluye a Bancafé, Telecom, Ecogas, Granahorrar, centrales eléctricas de los Santanderes y Cundinamarca. Liquidó las electrificadoras de toda la Costa Atlántica y la del Chocó. Aparte, vendió el 10% de Ecopetrol. Cerró hospitales públicos y la Caja Nacional de Previsión. Y, montado sobre su Ley 100, convirtió la privatización de la salud en movimiento envolvente que ha cobrado más vidas que la guerra. Impresentable esto de usurpar la indignación general por la venta de Isagén, viniendo él de feriar decenas de bienes públicos.
No tendría Uribe autoridad para trocar el rechazo a este descalabro en bandera personal de sus rencores, contra la paz, que es anhelo y derecho de los colombianos. Como la potestad indelegable de protestar por ello, más allá de la megalomanía de ningún héroe vengador. Menos autoridad aún tendrá Uribe para exigir paz sin impunidad, tras la laxitud de su negociación con los paramilitares. Anda embrollado el uribismo.
