por Cristina de la Torre | Nov 9, 2015 | Conflicto armado, La paz, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Modelo Político, Noviembre 2015, Política agraria, Política económica, Régimen político, Uribismo
No juega apenas la vanidad de disputarle a Santos protagonismo en el desenlace del proceso de La Habana; ni la exigencia de honrar su propio discurso vociferando todos los días contra la paz. La estrategia medular de Uribe es una constituyente que, so pretexto de reconsiderarlos, apunta a demoler los acuerdos de Cuba. A bloquear el tránsito hacia una democracia menos precaria, con su repulsa a concederle a la insurgencia desarmada el derecho de hacer política, paso primero hacia un genuino pluralismo. En contravía del acuerdo rural con las Farc, apunta también Uribe a mantener el estado de cosas en el campo. Y, quizás, a abolir la norma que obstaculiza el retroceso hacia su patria feudal: aquella que desde 1936 consagra la función social de la propiedad. Como tocado por idéntico propósito, el Consejo Gremial Nacional cuestiona ahora la ley de 1994 que desarrolla esa norma.
El descalabro electoral del uribismo –con escaso 10% de los votos en octubre– grita hastío de guerra. Pero el senador del Centro Democrático porfía en lubricar el motor del conflicto, defendiendo el latifundismo rentista y dejándose rodear de usurpadores de tierras, a menudo colinchados con el crimen. Y de los empresarios de marras, eco tardío de las patéticas tergiversaciones del Acuerdo Rural suscrito hace año y medio entre el Gobierno y las Farc. En lo que el texto rezaba explotación productiva del suelo, acceso a la tierra como medio de hacer justicia y economía campesina en convivencia con la agroindustria, el uribismo leyó amenaza a la propiedad privada, “un grave riesgo para la certidumbre jurídica del campo”, inminencia de expropiación y colectivización, pauta diabólica del castro-chavismo. Y aprovechó para cuestionar leyes añejas de expropiación y extinción de dominio sobre tierras inexplotadas o adquiridas ilegalmente. Oso peludo del embrollador Rangel cuando se comprobó, palabra por palabra, que aquel acuerdo se ceñía rigurosamente a la Constitución y a la Ley. Ley de expropiación con indemnización por motivos de interés social y utilidad pública, vigente desde hace décadas y de la que el uribismo abomina. Derecha hostil aun al más tibio intento de reforma.
Como resucitados de sus cenizas, vio el uribismo reencarnarse sus infundios en la misiva de los poderosos gremios. Que los acuerdos de Cuba “podrían” violentar el Estado de derecho, la seguridad jurídica, la propiedad privada y la economía de mercado, dijeron. Y la perla de la involución: si bien la ley contempla expropiación por los motivos dichos, éstos “deberán ser revisados y reglamentados” en un marco de seguridad jurídica. Curiosa reivindicación de garantías en elites todopoderosas que acomodaron siempre la ley a sus intereses y nunca la exigieron para los de ruana. A no ser que quienes redactaron el apartado agrario –tan lejos de los que escribieron otro documento que propone reindustrialización– quieran blindar propiedades usurpadas o habidas ilegalmente. O equiparse contra la actualización del catastro rural, vía segura de reforma agraria.
Vista la concentración de tierras improductivas, asevera el exministro Juan Camilo Restrepo que en Colombia se impone un cambio en las estructuras agrarias, con respeto a la ley, a la propiedad legítimamente adquirida y al debido proceso. Pero diríamos que ésta será bandera, moderada o radical, en manos de fuerzas diversas, libres, si la extrema derecha y las guerrillas deciden, por fin, hacer política sin armas. De momento, se dibuja el camino, imperfecto pero jamás logrado con las Farc, para marchar hacia un país mejor. Si no se ferian los laboriosos acuerdos en una constituyente manipulada por aquella derecha irreductible.
por Cristina de la Torre | Jul 22, 2014 | Régimen político, Uribismo
Si el recién creado partido uribista deriva en organización moderna y ejerce oposición creadora, será una contribución sustantiva a la democracia. Pero poco en su natural lo promete. El que se anuncia como partido de cuadros –de militantes informados y con carnet- probablemente expire antes de ver la luz, bajo la bota del caudillo cuya palabra es la ley. Su destino parece trazado ya por la pasión populista, proclive a la masa crédula que el nuevo partido seguirá cultivando en talleres democráticos como extensión de los eficacísimos consejos comunales del entonces Presidente Uribe y por medio de emisoras locales. Asambleas y arengas por radio que potencian el llamado Estado de opinión, matriz común a Uribe, Chávez y Fujimori. Tal vez por eso publicita el expresidente a su colectividad, no sólo como partido de cuadros, sino de opinión.
Por otra parte, tendrá el uribismo que buscar con lupa autoridad moral y política para librar sus debates como fuerza de oposición. Contra la mermelada, habiendo sido el uribato el experimento político más corrupto en la historia reciente de Colombia. Contra la supuesta impunidad que favorecería a las Farc, desde un uribismo que persiguió con saña a la Corte que juzgaba a su bancada de parapolíticos, favoreció como desmovilizados a miles de narcotraficantes que pasaron por autodefensas, y propició la fuga de dignatarios de su Gobierno reclamados por la justicia. Anuncia el senador uribista Alfredo Rangel la oposición de su partido a una “paz con impunidad… queremos que los responsables de los crímenes de la guerrilla paguen cárcel”. Mas Iván Cepeda, senador del Polo, hará debate “por la responsabilidad que le cabe a Uribe en el tema del paramilitarismo”; y otro, Claudia López, para que se defina cuáles expedientes del ahora senador deben pasar a la Corte Suprema. Cosa distinta podrán ser las iniciativas legislativas del Centro Democrático como gabinete en la sombra, por el rigor y la calidad del debate que cada contrapropuesta de gobierno exige.
Emulando a los partidos comunistas del siglo pasado, la nueva organización impone representación de mandato imperativo y disciplina de voto a su bancada parlamentaria. Pero ni el mandato ni el voto de los congresistas obedecen aquí a programa dictado por las bases del partido sino por un jefe todopoderoso. Sometido a disciplina rigurosa, ningún parlamentario del CD podrá votar por convicción propia, ni dialogar con ministro o agente de organismo de control sin visto bueno del partido-jefe. A la manera de todos los autoritarismos que en el mundo han sido. Será Uribe sol, norte y guante de hierro para ellos. Como lo ha sido desde el nacimiento del CD, en la convención que prefabricó la candidatura de Zuluaga y en la más reciente, donde se apoderó del micrófono y ofició de maestro de ceremonias durante cinco largas horas, en ejercicio redivivo de consejo comunal.
Personalismo obsesivo reorganizado sobre los poderes regionales más violentos y retardatarios que fueron bastión del uribismo. Así desvirtúa este líder carismático al partido y su programa que dijo fundar, lo reduce al humor de sus carnitas y sus huesitos. A su acomodaticio Estado de opinión, que se resuelve en adulación plebiscitaria de una celebridad que aspira a vivir siempre de la democracia del aplauso. Aunque merma en Colombia la audiencia de quienes entregan su libertad al anhelo de obedecer sin mirar a quién, y terminan por rendirse al poder único, tutelar, terrible de un demagogo, de un patriarca, de un tirano. De algún egócrata. Y en el trasfondo, como escribe Michels, “entre las ruinas del viejo mundo moral de las masas queda intacta la columna triunfal de la necesidad religiosa”.
por Cristina de la Torre | Abr 8, 2014 | Abril 2014, Régimen político, Uribismo
Cuando se ve la paz más cerca que nunca en medio siglo, una constituyente de Uribe y las Farc destruiría esta oportunidad irrepetible; peor aún, podría la ultraderecha soñar con trocar esa asamblea en instrumento del golpe de Estado que se estila hoy: el poder por asalto, guardando formas de legalidad. El poder que anhela Uribe para repetirse en él indefinidamente, cada vez más sometidos los poderes públicos a su égida personal y, derrotada toda idea de cambio, dar nuevas alas a la guerra. Y las Farc, ilusas, creyéndose con respaldo suficiente para neutralizar al contendor, se prestarían al juego marchando con los ojos vendados a liquidarlo todo. Primero, los acuerdos sudados en La Habana. La constituyente no sería entonces medio de refrendación de lo firmado sino escenario de nueva deliberación, librada ahora a lobos de la guerra para quienes dialogar y concertar es anatema. Como no sea dialogar y concertar y perdonar sin fórmula de juicio a los paramilitares.
El uribismo es divisa política por antonomasia del nuevo país que emergió a la sombra del narcotráfico y sus ejércitos; de sus aliados en los partidos, en el notablato regional, en la Fuerza Pública. El haber gobernado con ellos ocho años menoscabó la legitimidad que hubiera asistido a la exitosa cruzada del entonces mandatario contra una guerrilla que sacrificaba sus ideales a la guerra sucia. La llamada seguridad democrática terminó al servicio de sórdidos núcleos de criminales. Como el DAS. Siendo política pública, derivó no obstante en aparato armado de la caverna contra la subversión, que lo eran todos: opositores, cortes que juzgaban a parapolíticos, sindicalistas y, claro, guerrilleros. Endosó el Estado su neutralidad al interés particular de fuerzas emergentes que se sintieron representadas en el propio Presidente. Éste recibió sus votos y los dejó cogobernar.
El otro fundamentalista de la hipotética constituyente son las Farc. Ellas nacieron, es verdad, pidiendo la tierra que se le sigue negando al campesino, pidiendo reconocimiento político para los marginados y los perseguidos desde la Violencia y el Frente Nacional. Y hoy se allanan a negociar una salida política al conflicto. Enhorabuena. Mas la salida implica no sólo destapar verdades, orígenes y responsables del conflicto armado. Obliga también a las Farc a reconocer sus crímenes contra el pueblo al que dijeron defender y que las emparejan con el paramilitarismo.
La menguada representación parlamentaria que el uribismo obtuvo el 9 de marzo lo moverá, sin duda, a buscar una constituyente de bolsillo. Y acaso a trocarla en medio para un proyecto autoritario que ya Laureano había intentado, por imitación del corporativismo fascista. Pero hoy el golpe de Estado convencional, sangriento, ha cedido el paso a la estocada que se camufla de legal y, en nombre de la democracia, se propone instaurar un orden nuevo. Neogolpismo llama Juan Gabriel Tokatlián a esta modalidad de golpe “institucional” encabezado por civiles, que se ofrece como solución providencial a una crisis calificada de insufrible. Caos prefabricado por un uso intensivo de propaganda negra contra el régimen establecido. Hasta justificar la convocatoria de una constituyente.
El escenario de ingreso al posconflicto no podrá ser esta constituyente de Uribe cortejada por las Farc. Porque no se convocará para suscribir acuerdos moderando antagonismos sino para prolongar el conflicto entre rivales que querrán dar, cada uno, su propio golpe de mano contra una democracia “tan precaria que bien cabe disolverla”. Pero saben que la norma vigente albergaría hasta el cambio más audaz. Tal vez por eso quisiera Uribe remplazarla por un estatuto de extrema derecha.
por Cristina de la Torre | Jul 9, 2013 | julio 2013, Régimen político, Uribismo
No pertenece Uribe a la dulce medianía. Amañada, sí, su elección como el gran colombiano: en ella mediaron el cálculo político y el dinero, como lo describe Cecilia Orozco en su columna. Pero la reacción de la sociedad resulta reveladora pues, para bien o para mal, se siente interpelada toda por el ex presidente. De un lado, media Colombia resiente la distinción otorgada a quien tuvo por protomacho camandulero, reaccionario y corrupto. Del otro, se enorgullecen aquellos en quienes, a la manera de Chávez, sembró esperanza de redención. Muchedumbres enteras le guardan afecto al hombre que arrinconó a las odiadas Farc y, poncho al hombro, se acercó al común, aunque siempre rodeado de cámaras y reflectores. Otros prosélitos suyos se suman al aplauso: los sectores más virulentos que emergieron al calor del narcotráfico y consideraron a Uribe su mentor. Y no estaban solos, que el negocio irrigaba todas las venas de la economía y la política. En 2008, cuando los asesinatos de paramilitares alcanzaban su cúspide, un tercio de colombianos los apoyaba.
Pero en aquel codearse con el pueblo había doble fondo. En muchos dejó su impronta el gobernante que cada sábado durante ocho años alternaba invocaciones al padre Marianito con injurias a quienes no reverenciaban al caudillo; con algún “proceda mi coronel que yo respondo”, cuando disparar contra el prójimo parecía cosa de niños; y con chequecitos del presupuesto oficial que él presentaba como dádiva personal al desvalido. En la mira, atornillarse indefinidamente al solio de Bolívar. Mientras tanto, las grandes decisiones de gobierno abultaban la chequera de importadores y banqueros y especuladores de tierra y ladrones de tierra (con muertos o sin ellos) y potentados nacionales y extranjeros a quienes se les perdonaron billonadas en impuestos dizque para animarlos a crear empleo. Nunca lo crearon.
La clase política comprometida con paramilitares y narcotraficantes fue su bastión en el Congreso. Tal como Mancuso lo había anunciado, 35 por ciento de los parlamentarios eran parapolíticos. A la fecha, una centena de ellos ha pasado por los tribunales de justicia. “Los paramilitares llegaron a poner dos millones de votos en las elecciones de 2006, y de ellos el 90% se fue para la campaña uribista”, anota Claudia López. Según la investigadora, prueba reina de que el entonces presidente redondeaba mayoría parlamentaria con parapolíticos fue su orden de hundir el proyecto que retiraba del Congreso a políticos impuestos por las armas o el narcotráfico. Les había pedido (¡por la radio!) votar sus proyectos antes de ir a la cárcel.
Y cuando empezaron a caer en manos del los jueces, el presidente se dio a defenderlos y a deslegitimar a la Corte Suprema que los juzgaba. Dice López que guardó silencio o “minimizó las evidencias de complicidad entre paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y políticos (…) Defendió al exgobernador de Sucre, Salvador Arana, y lo nombró embajador en Chile; defendió a Jorge Noguera, exdirector del DAS, y lo nombró cónsul en Milán; defendió al general Rito Alejo del Río y lo homenajeó públicamente; defendió al exfiscal Luis Camilo Osorio y lo nombró embajador en México…”
La distinción a Uribe halaga, pues, a unos, y a otros los cubre de vergüenza ajena. Habrá quienes sigan considerándolo “una inteligencia superior” comparable a Napoleón Bonaparte. Otros, como Guillermo Aníbal Gärtner, promueven por las redes sociales la revocatoria del título concedido: por tratarse de “un personaje sub-judice sobre el cual pesan fundadas sospechas de su compromiso por acción y por omisión en el fenómeno paramilitar y la parapolítica en (este) país”. Colombia no es Uribe. Sólo una parte.
por Cristina de la Torre | Ene 15, 2013 | Educación, Enero 2012, Enero 2013, Iglesias, Mujer, Régimen político, Salud
No hay en la Iglesia unidad de doctrina moral sobre el aborto. En grosera simplificación del pensamiento católico, el procurador Ordóñez se arroga la vocería de todos los fieles y presenta como única su particular visión del problema: la invocación ultraconservadora de los Papas Pío XI y Pío XII, contraria a la de millones de bautizadas que, como “Católicas por el derecho a decidir” sobre el aborto, se ven hostilizadas por la corriente más reaccionaria que se ha impuesto a baculazos en la iglesia de Roma. Más atormentados por la vida de los no nacidos que por las legiones de nacidos que mueren todos los días de abandono, de hambre o de guerra santa, mentores suyos terminan en su dogmatismo por degradar a manipulación electoral este debate de filosofía moral.
La doctrina de la Iglesia prohíbe eliminar el feto, por ser –según ella- un humano inocente e indefenso, persona desde su concepción cuya vida le viene de Dios. Abortar es, pues, asesinar. Al extremo, la madre deberá sacrificar su derecho a la vida al derecho a la vida del feto. Aún en casos de violación, malformación del feto y peligro de muerte para la mujer. Como se observa en el sistemático boicot del aborto terapéutico que los extremistas ejercen en Colombia. Pero otra versión de la teología católica justifica el aborto en legítima defensa de la vida de la madre. Y comparte la teoría de que el feto sólo deviene persona cuando su sistema neurocerebral se ha desarrollado, no al momento de la concepción. Si la bellota no es todavía roble, tampoco el cigoto es persona. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de estipular que al embrión no le asisten aquellos derechos, pues ellos se concibieron para personas nacidas. Y el derecho a la vida se adquiere con el desarrollo del feto, cuando éste pasa de simple organismo vivo a persona humana y autónoma.
Decisión trascendental que remarca el choque de posiciones en el seno de la Iglesia. Por un lado, Pio XI no justifica el “asesinato directo del inocente” aunque comprometa la vida de la madre (Encíclica sobre el matrimonio cristino). Y en Carta a la Sociedad Católica de Comadronas, escribe Pío XII: El feto “recibe el derecho a la vida directamente de Dios. Por consiguiente, no existe hombre, ni autoridad humana, ni ciencia, ni indicación médica, eugenética, social, económica o moral que (permita disponer de la vida) de un inocente”. Por otro lado, el Catecismo Católico prohíbe matar a un inocente, pues la vida humana es sagrada, creación divina. Pero admite excepciones como la de la legítima defensa. Ya en este espacio citábamos el Artículo 2264 que consagra el amor a sí mismo como principio esencial de la moralidad, de donde se desprende el legítimo derecho de hacer respetar la vida propia. No es homicida el que por defender su vida se ve obligado a eliminar a su agresor. El Código de Derecho Canónico señala atenuantes para la persona que así actúa, si movida por el miedo o por necesidad o para evitar un perjuicio grave. No es la vida un absoluto que peda resolverse en blanco o negro. Para el caso del aborto, sólo cuenta la conciencia de la mujer.
La moral privada del aborto cobra dimensión social y de salud pública. De allí la importancia de la controversia ideológica. Manifestaciones al canto, el irresponsable recurso al aborto como medio de control natal. O, en el extremo opuesto, el sabotaje al aborto terapéutico que se resuelve en práctica clandestina y es causa de muerte de miles de mujeres acorraladas por la pobreza y la violencia. En el trasfondo, el pugilato entre posiciones encontradas a las cuales no escapa la Iglesia. Bien haría ella en reconocerlo, si aspira a sobrevivir como institución espiritual para un mundo de carne y hueso.
