por Cristina de la Torre | Jun 10, 2018 | Acuerdos de paz, Clientelismo, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Educación, Elecciones 2018, Iglesias, Impunidad, Junio 2018, Justicia, La paz, Modelo Político, Mujer, Paramilitarismo, Política económica, Proceso de paz, Régimen político, Salud, Tierras, Uribismo
Si regresara Uribe a la silla de Bolívar en la persona de Duque, no necesitaría convocar constituyente. Para reeditar, ahondado, su modelo de gobierno autoritario y violento, le bastará con ejecutar la sustancia inocultable de las reformas que su pupilo barniza: suprimir la independencia de los poderes públicos, revivir la guerra y abrir nuevas puertas al abuso del poder. A ello conducen, por un lado, la disolución de las Cortes y su integración en una sola, sacada del cubilete del Presidente; y el achatamiento del Congreso a cien miembros, para lo cual tendría primero que revocarlo. De otro lado, los anunciados “ajustes” al acuerdo de paz apuntan a destruirlo; de donde no podrá resultar sino el regreso de la guerrillerada a las armas y el sabotaje a la reforma rural. Audacias que el mórbido Duque acometería, rodeado como estará por las fuerzas vivas de la patria: el clientelismo en pleno, los gremios económicos, el latifundismo, el cuerpo de notables sub judice o prófugos de la justicia, la parentela de la parapolítica, iglesias adictas a la teocracia, verdugos de la diversidad sexual y el popeyismo.
Al nuevo tribunal supremo erigido sobre el cadáver de las cortes que investigan al expresidente y familia, podrá el Primer Mandatario, es decir Uribe, enviar magistrados de su círculo personal. La reforma le entrega al presidente el nombramiento del fiscal, al Gobierno la estructuración de la investigación criminal, y a la Policía, funciones judiciales. En modo viejo DAS, anuncia Duque la creación de un aparato de control político envolvente sobre la población: Un sofisticado sistema de denuncias y seguimiento, con monitoreo electrónico que lo coloca por encima de la Stasi en la Alemania Oriental, de la KGB, de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana y sus vástagos del madurismo.
Providencial, esta reforma de las Cortes borraría de un plumazo las 280 indagaciones que se le siguen al senador Uribe, más de una de carácter penal. Como la recién reabierta por presunta responsabilidad por omisión del entonces gobernador de Antioquia en las masacres perpetradas por paramilitares y Fuerza Pública en La granja y El Aro en los 90. Y en relación con el asesinato del líder de Derechos Humanos en ese departamento, Jesús María Valle, tras suplicar sin éxito al mandatario seccional protección para la población de esas localidades. Según Semana, la Corte Suprema investiga la formación del grupo paramilitar autor de tales masacres, “que habría usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe Vélez”. El senador pidió celeridad en la investigación.
Por otra parte, Duque le pone dinamita al Acuerdo de Paz. ¿O es que impedir el debut de los desmovilizados en política para arrojarlos a la cárcel no redunda de inmediato en el regreso de 10.000 guerrilleros hacia la disidencia de las Farc o hacia las bacrim? ¿No es eso reactivar la guerra? ¿No es revictimizar a las víctimas que se quedarán, así, sin verdad, sin reparación y blanco de una nueva guerra? De una guerra donde son los campesinos los que ponen los muertos de todos los ejércitos, pues nunca van los hijos del poder al frente de batalla.
He aquí los hilos de la constituyente uribista que Duque lanzaría, no tanto por blandura como por convicción. Chavismo puro y duro. Como lo prueban sus debates de ocho años en el Congreso. Ni Duque es “el James de la política” –despropósito de su jefe de campaña–, ni es Uribe el Cid Campeador de todos los colombianos en todos los tiempos. Media Colombia acaba de apartarse en las urnas de quien encarna, más bien, al procaz perdonavidas, seductor de reprimidos por las hipocresías eclesiales: las religiosas y las políticas. Se ha rebelado ya contra la horrible noche que se le ofrece.
por Cristina de la Torre | Sep 26, 2017 | Iglesias, Régimen político, Septiembre 2017
Claro que la religión incursiona en los problemas de la sociedad y estos tocan, a menudo, la política. Pero una cosa es proyectar un criterio ético sobre asuntos públicos de acción social, de beneficencia y salud, de intermediación por la paz o, aún, del compromiso con los pobres que el Vaticano II trazó. Otra cosa es imponer una religión oficial que ejerza como poder del Estado. Tomar partido en las disputas y guerras entre colectividades políticas; animarlas desde el púlpito y colonizar, como ejército de ocupación, esferas enteras del poder público, y pretender absorberlo por completo. Como ha sido el caso de la Iglesia Católica a lo largo de la historia de Colombia. Y el de Iglesias evangélicas que, por imitación de la jerarquía católica, se ofrecen ahora como la otra opción de Estado confesional.
Si en el origen de nuestra política hecha violencia obra la privatización de la justicia y de la seguridad con ejércitos particulares para hacerse con la tierra, la competencia entre partidos no podía liarse sino a bala. Y en ello metió mano, con rabia, la jerarquía de la Iglesia, para darle carácter sagrado al bando conservador en la contienda. Fue su bandera la “guerra justa” por la fe, en el país que fungía como meca continental del debate sobre el Estado secular: la nación más católica de América, bañada en sangre. Entreverada en las luchas partidistas desde el siglo XIX, la jerarquía católica extremó el conservadurismo del partido azul, hasta depurarlo en ideal de Estado teocrático. Y la Iglesia suscribió a su turno la intransigencia del aliado.
La separación entre Iglesia y Estado, conquista de las revoluciones democráticas en Occidente de 300 años para acá, fue hazmerreír del “régimen de cristiandad” que la Regeneración instauró en 1886. Fue afrenta para Laureano Gómez y monseñor Builes, adalides de la sangrienta reacción contra los intentos de López Pumarejo por rescatar el Estado laico. Letra muerta fue para los purpurados Herrera, Perdomo y Luque que durante décadas designaron a dedo candidatos y presidentes conservadores. También lo fue para las iglesias evangélicas, que siguieron el añoso ejemplo de la jerarquía católica en su divisa de privilegiar el poder espiritual sobre el poder temporal. Pese a la provocadora riqueza que las iglesias Católica y Evangélicas ostentan.
Burlada por enésima vez se vio la separación de Iglesia y Estado cuando Rodrigo Rivera asumió la cartera de las armas en 2011 proclamando a Dios “como jefe máximo de este Gobierno y quien vaya delante de las Fuerzas Armadas de Colombia, (país) de Cristo y para Cristo”. Miembro fidelísimo del Centro Mundial de Avivamiento, este evangélico fue ungido por Dios mediante rito medieval al uso para consagrar el derecho divino de los reyes. Paso inicial, entroncar en su credo el poder coercitivo del Estado. Así descendía el dios de los ejércitos en la patria de Cristo Rey.
En idéntica dirección camina la senadora Viviane Morales, puesta la mira en un Estado patriarcal, heterosexual, de confesión protestante. Así parece ella entender el pluralismo religioso que la Carta del 91 entronizó, con el que se rompió el monopolio del poder católico. Aunque más locuaz en la vena política de los cristianos, Édgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, declara: “en Colombia somos siete millones de cristianos… si nos organizamos podemos elegir presidente”. Para allá van. Pisando el terreno largamente abonado por la Iglesia Católica, actor político sin par en un país donde las guerras partidistas azuzadas por ella misma sabotearon la consolidación de un Estado unitario y secular. Ahora todos cosechan en la debilidad del Estado, padre ausente, con la madre omnipresente, la religión.
por Cristina de la Torre | Ago 15, 2017 | Agosto 2017, Clientelismo, Personajes, Régimen político, Uribismo
Chávez acudió al Estado comunitario acaso para potenciar la dictadura comunista que se abre paso en Venezuela. Uribe, para alardear de benefactor del pueblo mientras atornillaba el retorno al modelo de capitalismo que agudizaba la desigualdad y la pobreza. Si antagónicos en economía, se avinieron en el recurso al populismo atávico de estos trópicos. Instrumentaron ambos la democracia directa para fabricarse aureola de caudillo. Y Maduro, llegado el declive, para burlar la democracia representativa que le propinaría en las urnas una derrota colosal. Ante un 70% de venezolanos que vetaba su Constituyente, impuso un Estado comunitario asimilado al minoritario partido de gobierno.
Ataviado de poncho y carriel, suplantaba Uribe cada semana en consejos comunales de 12 horas, transmitidos por televisión, a partidos, organizaciones sociales, órganos de representación popular y a las autoridades del municipio. Brincándose jerarquías y competencias, volvía añicos las instituciones de la democracia. Repartía, como dádiva suya, chequecitos de chequera oficial: pero eran partidas ya asignadas en el presupuesto y negociadas palmo a palmo con todos los Ñoños que en Colombia han sido. Media Colombia lo adoraba. Chávez protagonizaba, a su turno, alocuciones de 12 horas, transmitidas por televisión: vendía, entre gracejos, injurias y arengas, su revolución bolivariana, guitarra en mano, transpirando petrodólares bajo su espesa sudadera tricolor. Y ganaba todas las elecciones.
Inspiración del coronel, los soviets; sus koljoz y sovjoz, cooperativas de jornaleros y campesinos medios, en la Rusia revolucionaria. La de Uribe, más próxima al comunitarismo de Oliveira Salazar, denunciaba impronta feudal. Se veía al presidente colombiano exultante en ejercicio de la autoridad vertical de tiempos idos, ahora a caballo entre la demagogia y el pragmatismo. Entre autoritarismo y nostalgias localistas. Mas aquel poder vertical debió ceder, siglos ha, al poder horizontal, republicano, de los municipios. La ancestral rivalidad entre comunas y municipios marca con Mussolini un hito dramático, cuando el dictador elimina el autogobierno de los municipios. Le seguiría la prohibición de los partidos y la instauración del Estado totalitario, corporativo, de raigambre comunal.
También la Venezuela revolucionaria acabará el municipio. En 2010 se depuró allí el perfil del Estado comunal, con leyes que desairaban la propia Constitución y dibujaban otra visión de país: la del socialismo a la cubana. La Ley Orgánica de Comunas consagra el autogobierno del pueblo mediante la democracia directa. Elimina este estatuto la división político-territorial vigente y suprime el municipio. Es decir, el poder descentralizado, para reemplazarlo por el de una jerarquía central inapelable que coopta a todas las corporaciones, mata su autonomía y su capacidad decisoria: el Ministerio de las Comunas.
Se precipita Venezuela en una dictadura mal disimulada por esta imagen de la voluntad general convertida en fetiche, del bien común reducido al interés de la nomenklatura. Es la antítesis del pluralismo democrático moderno. Y éste incorpora también a las comunidades organizadas, con capacidad deliberativa, electiva y decisoria, cuyos mentores ostentan representatividad política. No son simples voceros de necesidades en una masa amorfa, presa del primer caudillito de cartón que quiera devorársela para hacerse con el poder. No lo serán, verbigracia, nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes legalmente constituidas para defender derechos ancestrales y acceder al poder político. Es hora de vencer la premodernidad y de contrarrestar esta vuelta inusitada a dictaduras revaluadas por la historia: ¡no más uribe-chavismo!
por Cristina de la Torre | Ago 8, 2017 | Agosto 2017, Clientelismo, Corrupción, Posconflicto, Régimen político, Tierras
Como luchando contra el tiempo y el olvido, en Colombia parecería reinventarse a cada paso la figura del señor del siglo XIX. Por lo general un hacendado-militar que disponía de la peonada para librar sus guerras, como fuerza de trabajo y cauda electoral, rasgos suyos perviven en “el Patrón” que hoy prevalece como autoridad política: a veces dirigente de partido; otras, capo de mafia o socio de paramilitar y, no pocas, todo ello a la vez. No es gemelo de su antecesor, pero sí pariente en un sistema de poder que el más acendrado conservadurismo preservó, ahogando en sangre las reformas liberales que rompían con el pasado y se extendían por doquier. No hubo aquí ruptura sino solución de continuidad entre el siglo XIX y el XXI. A Rafael Núñez, a Laureano Gómez, a monseñor Builes, a Nacho Vives, a Salvatore Mancuso, a Álvaro Uribe y Viviane Morales les debemos el humillante honor de fungir como el país más conservador del continente.
Pero el paradigma de hacienda decimonónica, paternalista y despótica no se contentó con mangonear a la clientela. Se proyectó como estructura del Estado, y éste fue patrimonio privado de la dirigencia que se hacía con el poder. Poco ha cambiado. También hoy se ganan elecciones para saquear el erario. Ayer, como derecho natural de una casta cargada de privilegios; hoy, como derecho natural de la misma casta que deglute la pulpa de la contratación pública, y de élites emergentes que reclaman su parte. Una y otras sobreenriquecidas, por añadidura, en la economía del narcotráfico. Y todas ellas (la clase gobernante) catapultadas por la misma red de caciques que siglo y medio atrás cultivaba los feudos electorales que persisten como cimiento y nervio del poder político en Colombia. Mañana debate el Congreso una reforma que quisiéramos capaz de cambiar la manera de hacer política. Que a lo menos disuelva el matrimonio entre políticos y contratistas del Estado, factor que ha trocado la corrupción en ADN del sistema.
En busca de nuestra idiosincrasia política, se remonta Fernando Guillén a la hacienda del siglo XIX, edificada sobre la adhesión servil y hereditaria de peones y arrendatarios a un patrón. El cacique que se rindió al encomendero y después al hacendado obró como intermediario que aseguraba la lealtad del grupo. Salvo en Antioquia y Santander, encomienda y hacienda funcionaron consecutivamente como sistema de adhesión autoritaria y sumisión paternalista al patrón. Términos de Guillén que definirían con exactitud el clientelismo que así campeó, hasta cuando el narcotráfico, la crisis de los partidos y su atomización minaron la obediencia en la base de la clientela electoral. Entonces se concedió ésta la autonomía necesaria para empezar a negociar su propio ascenso en política, sus mordidas y contratos con el Estado. Sin alterar la estructura del vetusto modelo de poder ni desafiar el espíritu de casta, se democratiza por los laditos la corrupción. El sistema político. Aunque sólo para quienes profesan las ideas más conservadoras y lealtad al viejo-nuevo patrón.
Turbios atavismos se divulgan ahora por Tweeter. Otra paradoja en un país de leyes con 95% de impunidad; en la democracia admirable de América que ingresa apenas en la extravagancia de respetar la vida del adversario y vive en régimen agrario colonial. Donde la caverna se disputa el poder para instaurar un régimen de fuerza bajo la égida de Dios. Pero es también el país de hombres sin par, como Sergio Jaramillo, estratega del proceso que clausuró una guerra de medio siglo y trazó las líneas del cambio que traerá la paz. Y ese cambio principiará por enterrar herencias que nos encadenan al atraso y la violencia. La primera, esta saga exasperante del Patrón.
por Cristina de la Torre | Jul 10, 2017 | Internacional, Julio 2017, Régimen político
Camisas pardas en la Alemania de Hitler, camisas negras en la Italia de Mussolini, camisas rojas en la Venezuela de Maduro. Comandos de acción intrépida y atentado personal aterrorizaron allá y acá, como SS, como fascios, como colectivos chavistas. Dictaduras semejantes en política a las de Stalin y Fidel, se hicieron todas ellas con el poder desde la idea socialista, para ahogarla en sangre conforme mutaban sus mentores en verdugos del propio pueblo. Son regímenes de partido único, de monolito. De piedra abrazada en hierro, indivisa, impenetrable, con vocación de eternidad, erigida sobre la corrupción de una camarilla en funciones de gobierno (la nomenklatura), sobre la violencia y el miedo. En eso derivó la revolución bolivariana: en fascio-estalinismo como ciencia de gobierno.
91 muertos en cien días de protesta callejera se cargaban la Guardia Nacional y los paramilitares de Maduro cuando irrumpieron éstos a rugidos en el recinto de la Asamblea Nacional. De su brutalidad contra los diputados resultaron siete hospitalizados. Y repudio mundial por el asalto a mano envarillada al órgano supremo de representación popular. Minutos antes del asalto había azuzado el Vicepresidente Tareck El Aissami a los energúmenos para tomarse “las instalaciones de un poder del Estado secuestrado por la misma oligarquía que traicionó a Bolívar”. Los invitó a invadir el salón y, en ánimo golpista, “a tomar juramento de nuevo”. Mas no se contrae la ofensiva al Legislativo; se extiende al poder Judicial. El Tribunal Supremo de Justicia, órgano de bolsillo del Gobierno, prepara juicio y destitución de la Fiscal General, por reivindicar el Estado de derecho, la separación de poderes y objetar la convocatoria de una constituyente que dará poderes sin límite al Presidente y a su partido. Que prensará, aún más, el monolito.
La que se prepara es, en recuerdo de Oliveira Salazar, una constituyente corporativista. Invocando el Estado comunitario –manoseado también por Uribe y Fujimori–, organizará el poder local en consejos comunales con representación desproporcionada en la Constituyente. Pero serán organismos controlados por el Gobierno. Adminículos del partido único en el poder, obrarían más como fachada legitimadora del régimen que como poder con autonomía y capacidad decisoria. Quedará la soberanía popular encasillada en órganos de representación estamental adscritos al poder del partido de gobierno. En suma, ni voluntad general, ni pluralidad política. Dijo el vocero de los obispos en Venezuela que esta constituyente será la formalización coercitiva de una dictadura militar.
No en vano declaró Maduro que haría con las armas lo que no se pudo con los votos. Si no con las armas oficiales de la república, (en previsión de deslizamientos intestinos en el Ejército) con su anunciado medio millón de milicianos. Brazo armado del autócrata, cuyo primer contingente de 100.000 hombres obra hace años a sus anchas y en completa impunidad. Rasgo prominente en los regímenes de fuerza, ya fascistas, ya comunistas, otros lazos unen a los dos modelos. Como la concentración del poder y su carácter absoluto. O el ejercicio de la autoridad desde arriba y por encima de la ley.
Mas, como todo dictador, se cuida Maduro de aparecer como representante del pueblo. Lo que le da licencia para halagar a sus prosélitos, si condescienden; o para destruirlos, si se le oponen. Pero no es infinita su fuerza. Un pueblo volcado a las calles con la bandera en alto de la no-violencia conquista lo impensable: empieza por lograr casa por cárcel para el líder de la oposición. Si persevera y se organiza, si mantiene la simpatía del mundo, podrá perforar el monolito. Y hasta disolverlo.
