por Cristina de la Torre | Jun 10, 2018 | Elecciones 2018, Derecha, Paramilitarismo, Tierras, Modelo Político, Uribismo, Conflicto interno, La paz, Política económica, Iglesias, Mujer, Salud, Educación, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Régimen político, Proceso de paz, Corrupción, Clientelismo, Junio 2018
Si regresara Uribe a la silla de Bolívar en la persona de Duque, no necesitaría convocar constituyente. Para reeditar, ahondado, su modelo de gobierno autoritario y violento, le bastará con ejecutar la sustancia inocultable de las reformas que su pupilo barniza: suprimir la independencia de los poderes públicos, revivir la guerra y abrir nuevas puertas al abuso del poder. A ello conducen, por un lado, la disolución de las Cortes y su integración en una sola, sacada del cubilete del Presidente; y el achatamiento del Congreso a cien miembros, para lo cual tendría primero que revocarlo. De otro lado, los anunciados “ajustes” al acuerdo de paz apuntan a destruirlo; de donde no podrá resultar sino el regreso de la guerrillerada a las armas y el sabotaje a la reforma rural. Audacias que el mórbido Duque acometería, rodeado como estará por las fuerzas vivas de la patria: el clientelismo en pleno, los gremios económicos, el latifundismo, el cuerpo de notables sub judice o prófugos de la justicia, la parentela de la parapolítica, iglesias adictas a la teocracia, verdugos de la diversidad sexual y el popeyismo.
Al nuevo tribunal supremo erigido sobre el cadáver de las cortes que investigan al expresidente y familia, podrá el Primer Mandatario, es decir Uribe, enviar magistrados de su círculo personal. La reforma le entrega al presidente el nombramiento del fiscal, al Gobierno la estructuración de la investigación criminal, y a la Policía, funciones judiciales. En modo viejo DAS, anuncia Duque la creación de un aparato de control político envolvente sobre la población: Un sofisticado sistema de denuncias y seguimiento, con monitoreo electrónico que lo coloca por encima de la Stasi en la Alemania Oriental, de la KGB, de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana y sus vástagos del madurismo.
Providencial, esta reforma de las Cortes borraría de un plumazo las 280 indagaciones que se le siguen al senador Uribe, más de una de carácter penal. Como la recién reabierta por presunta responsabilidad por omisión del entonces gobernador de Antioquia en las masacres perpetradas por paramilitares y Fuerza Pública en La granja y El Aro en los 90. Y en relación con el asesinato del líder de Derechos Humanos en ese departamento, Jesús María Valle, tras suplicar sin éxito al mandatario seccional protección para la población de esas localidades. Según Semana, la Corte Suprema investiga la formación del grupo paramilitar autor de tales masacres, “que habría usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe Vélez”. El senador pidió celeridad en la investigación.
Por otra parte, Duque le pone dinamita al Acuerdo de Paz. ¿O es que impedir el debut de los desmovilizados en política para arrojarlos a la cárcel no redunda de inmediato en el regreso de 10.000 guerrilleros hacia la disidencia de las Farc o hacia las bacrim? ¿No es eso reactivar la guerra? ¿No es revictimizar a las víctimas que se quedarán, así, sin verdad, sin reparación y blanco de una nueva guerra? De una guerra donde son los campesinos los que ponen los muertos de todos los ejércitos, pues nunca van los hijos del poder al frente de batalla.
He aquí los hilos de la constituyente uribista que Duque lanzaría, no tanto por blandura como por convicción. Chavismo puro y duro. Como lo prueban sus debates de ocho años en el Congreso. Ni Duque es “el James de la política” –despropósito de su jefe de campaña–, ni es Uribe el Cid Campeador de todos los colombianos en todos los tiempos. Media Colombia acaba de apartarse en las urnas de quien encarna, más bien, al procaz perdonavidas, seductor de reprimidos por las hipocresías eclesiales: las religiosas y las políticas. Se ha rebelado ya contra la horrible noche que se le ofrece.
por Cristina de la Torre | Nov 28, 2016 | POR TEMA, Acuerdos de paz, POR FECHA, Noviembre 2016
No bien debilitó la ultraderecha las reformas que el Acuerdo de La Habana contemplaba, cuando volvió aquella a sus andadas. Tras 40 días de papelón dialogante, se caló el uribismo dos preseas: cambió lo que quiso en el Acuerdo; y lo que no pudo, le quedó como bandera desempolvada para seguir buscando votos contra la paz. Peló el cobre: no era su objetivo la paz, sino la campaña electoral que –confiesa Paloma Valencia– le devuelva a Uribe la Presidencia. Conejo descomunal para quienes creyeron que esta vez sí se jugaba el expresidente por causa noble. Moñona, dirán. Mas, sólo si el hastío de los colombianos con la guerra y la esperanza de un país mejor no convierten esta dudosa victoria en bumerán. Pero el Centro Democrático recibió como maná del cielo la negativa de las Farc a cambiar sus armas por cárcel y ostracismo político. Línea roja de toda guerrilla que se desmoviliza, a ella apuntó el uribismo, precisamente por no ser negociable. Y respiró aliviado con el previsible rechazo a su propuesta de rendición por una guerrilla a la que tampoco él pudo derrotar en el campo de batalla. Necesitaba Uribe mantenerla en armas y recuperar, así, su razón de ser política: sin Farc no hay paraíso.
Pese a que el nuevo acuerdo cooptaba casi todas las modificaciones y precisiones que el No formuló, inesperadamente la derecha sólo vio en ello maquillaje y la misma impunidad que le adjudicara al pacto original. Nada le sirve a Uribe. Ni siquiera los logros adicionales que pudiera apuntarse en los debates que signarán la implementación de los acuerdos. Su intransigencia reabre camino a la guerra, a la que nunca renunció. Y a la reconquista del poder, desde donde podrá desmontar un pacto de paz jamás soñado; y limpiarle el prontuario a su gente: a familiares y amigos, a civiles y uniformados responsables de atrocidades, al compadrazgo comprometido en desplazamiento y usurpación de tierras. No alcanzó la ultraderecha a estirar la renegociación hasta reventar la delgada cuerda de cese el fuego en nuevos estallidos de guerra. Y miró para otro lado cuando una campaña de exterminio político renacía con el asesinato de 70 líderes populares este año, 7 de ellos en la última semana. Salvo para apoyar a Humberto Sánchez, Alcalde de San Vicente del Cagúan por el CD, señalado de ambientar el asesinato del líder agrario Monroy la semana pasada.
La renegociación golpeó la pepa de las reformas que podían rescatar de la premodernidad a este país. Menguadas quedaron. Se debilitaron los mecanismos de participación política en las regiones. Se limitó la sindicación de civiles y militares responsables de delitos atroces. Se multiplicaron concesiones a terratenientes y protagonistas de la contrarreforma agraria. Hoy se sienten ellos más equipados para torpedear la restitución de tierras. Y, gravísimo, no habrá nuevo catastro: seguirá la ambigüedad en la propiedad agraria, la impunidad en la apropiación de baldíos, el escamoteo al impuesto predial de los ricos del campo.
En la sala contigua a este escenario se dibuja, sin embargo, su contrapartida. La del país que registra maravillado la concentración de guerrilleros por miles listos a entregar las armas; los otros 300.000 muertos y 60.630 desaparecidos que ya no serán, la transformación del campo. Acontecimientos sin precedentes en largo periplo de nuestra historia, que otra concentración multitudinaria de síes y noes y abstencionistas saluda hoy desde la Plaza de Bolívar. Jubilosa premonición de la lucha que la sociedad civil prepara en democracia contra los amigos agazapados o confesos de la guerra. Sí, la paz está andando y nadie podrá detenerla, escribió Enrique Santos Molano. Ni siquiera el conejazo del uribismo.
