Entrañable conmilitón del uribismo, el magistrado Jorge Pretelt evoca, desde la cumbre del poder, la negra marcha de la corrupción en Colombia; y permite adivinar la senda de venalidad que su partido seguirá en adelante. De allí la trascendencia del juicio político que el Senado podrá seguirle, el primero desde cuando declarara indigno al general Rojas Pinilla y lo privara de sus derechos políticos. Es primera vez también que la Comisión de Acusaciones acepta sindicar a un togado por supuesto soborno de $500 millones para fallar en favor de un particular. La plenaria de esta corporación lo halló responsable –pese a la oposición de los 19 representantes del Centro Democrático– y envió el caso al Senado. Con la derrota de los senadores uribistas José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Alfredo Ramos que pretendieron declarar nulo el proceso, recibe el acusado un golpe letal.
Postulado al cargo por el entonces presidente Uribe, Pretelt simboliza el poderío de elites agrarias que se impusieron por la fuerza sobre el campesinado, a menudo en alianza con el paramilitarismo. Más especuladores que empresarios, hombres de media vaca por hectárea de las mejores tierras, lunar feudal del continente, manipulan ellos la ejecución de inversión pública que valoriza sus dominios. O decretan desde el Gobierno subsidios de Agro Ingreso Seguro, para colmar las ya rebosantes alforjas de los privilegiados. Y no tributan; o pagan impuestos irrisorios. Costumbre inveterada del notablato que así acapara los recursos del Estado. Entre sus beneficiarios, el mismísimo expresidente quien, según Salomón Kalmanovitz, se habría lucrado en su segundo mandato con inversión pública en el Ubérrimo, hacienda de su propiedad (El Espectador, 6,10,13).
A Pretelt no sólo se lo acusa de cobrar comisión por una tutela. Se lo investiga además por presuntos nexos con sujetos de oscuro pedigrí –diríamos aquí–, por supuesta complicidad en despojo de tierras y desplazamiento. Habría adquirido él fincas de campesinos acosados por subalternos del paramilitar Monoleche, en operaciones protocolizadas ante el Notario Segundo de Montería, Lázaro de León, apresado por asociarse con paramilitares. Según la Fiscalía, este habría formalizado centenares de fincas obtenidas a la brava. Y tendría vínculos con el investigado Fondo Ganadero de Córdoba, por compra de casi todos aquellos predios, que empresarios, ganaderos y paramilitares habían adquirido a precio de remate.
Es ya clásica la sentencia del magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla, que reconstruye la historia de la guerra contra la población civil en Córdoba, acicateada por el abigeato, el secuestro y la extorsión de las guerrillas. Con el control final del territorio todo por los ejércitos de la mafia, Córdoba derivó en “eje de la expansión paramilitar en Colombia”. Corredor estratégico del narcotráfico entre Antioquia y la Costa Caribe, fue allí donde mejor cristalizó la alianza del paramilitarismo con la clase política y empresarial. La guerra resultó providencial para masacrar, desalojar, desplazar y acaparar tierras, muchas de las cuales podrán terminar en manos de felices compradores “de buena fe”, como Pretelt.
Prueba de fuego enfrenta el Senado: o claudica, o encabeza la brega contra la corrupción que postra al país tanto como la guerra. Si da el timonazo necesario para abrir puertas hacia la edificación de la patria que todos anhelan: sin señores de la guerra y sin corruptos que succionan el 30% del presupuesto nacional. Una sanción contra el bochornoso Pretelt sería símbolo potente de redignificación del Congreso; y notificación de que no podrá en adelante medrar a sus anchas la villanía.