TEMAS / Columnas sobre POLÍTICA AGRARIA
SAL EN LA HERIDA
Ardida andará la ultraderecha que ve menoscabarse su poder, edificado con fruición en los años de la seguridad democrática. Y no sólo porque desespere de salvar el pellejo cuando se la sorprende en el saqueo de entidades públicas que había recibido como coto de caza del gobierno anterior; a veces de consuno con la mafia, caso de la Dirección de Estupefacientes. O porque resienta la pérdida de su poder burocrático, como lo lloraba el senador conservador Eduardo Enríquez. Será sobre todo porque, con su política agraria, Santos irrespeta emblemas sagrados de las fuerzas que consolidaban el mayor despojo de tierras en Occidente durante el último siglo, mientras sufragaban por el mandatario que nunca rechazó sus votos.
TIERRA Y PAZ
igio de política que les quedara antes de convertirse en banda de forajidos.
Todo comenzó en la posesión del Presidente, cuando ofreció mantener a mano la llave de la paz. Luego se comprometió a devolver cuatro millones de hectáreas usurpadas a sus dueños, “así en ello me fuera la vida”. En diciembre declaraba ‘Cano’ que la ley de víctimas “contribuiría a la solución del conflicto”; y habló de “una ley de Tierras moderna, con visión estratégica, sembradora de paz”. Sobre su propuesta de crear empresas asociativas en el campo, explicó Santos: “luchar contra la guerrilla no se opone a tener una agenda de izquierda”. En desarrollo del plan de devolución de tierras, el Gobierno ha entregado a la fecha unas 200 mil hectáreas y espera titular 500 mil este año.
LA TIERRA, A SUS DUEÑOS
En los años 60 y 70, recuperar tierras era actividad tolerada como parte de la democratización que la Violencia había ahogado en sangre. En la academia, entre funcionarios oficiales, en los partidos el problema agrario ocupaba lugar de privilegio. Liberales y conservadores de avanzada cortejaban la ocupación de tierras, recuerda Gonzalo Sánchez, Director de Memoria Histórica en la Comisión Nacional de Reparación. Hoy no se habla, como entonces, de ocupar predios o redistribuirlos sino de devolvérselos a sus dueños. Y, sin embargo, hay quienes le atribuyen a la ley de Víctimas, instrumento de la restitución, la malévola intención de “revivir” una guerra civil imaginaria
¿Y LOS CAMPESINOS, QUÉ?
Sorpresa, don Berna y el Alacrán ofrecen devolver 45 mil hectáreas. El Ministro Restrepo adivina en algún enemigo de la restitución de tierras una “vaga amenaza para debilitar la voluntad del Gobierno en defensa de las víctimas del despojo organizado por los señores de la guerra, que se volvieron los señores de la tierra”. Ablandamiento de unos. Férrea determinación del Gobierno. Sí, pero aquí falta un elemento crucial: el apoyo organizado del campesinado. Destinatarios de las reformas en ciernes, los campesinos serían su aliado natural y fuerza de presión incontrastable para acometerlas. Como lo fueron en tiempos de la ANUC. Hasta cuando el gigantesco movimiento agrario de los años 70 fue derrotado por los terratenientes, la Fuerza Pública y el gobierno de Misael Pastrana.
METIENDO MIEDO
Como si no hubiera sido precisamente el latifundismo el más cruel entre los protagonistas de la Violencia con que se respondió a la reforma agraria de López Pumarejo; como si los terratenientes del Valle y de la Sabana de Bogotá no hubieran amenazado con armarle a Carlos Lleras una guerra civil cuando éste les meneó el Incora en los 60; como si el agreste notablato rural de la Costa no hubiera asestado el golpe de gracia que terminó por enterrar la reforma en Chicoral; como si la motosierra no fuera prolongación de aquella máquina infernal, Fernando Londoño tritura la realidad para acomodarla a su verdad (El Tiempo, 10-21). Ahora resulta que las leyes de Víctimas y de Tierras se proponen “volver atrás y cobrar cuentas viejas… (Son) el mandato legal del odio, de la revancha”. Si de aquel pasado se tratara, flaco favor le haría a su argumento. Por otra parte, a leguas del odio y la revancha, estas iniciativas buscan paliar las consecuencias del conflicto armado, según el Ministro Restrepo.
REFORMA AGRARIA, TERCER INTENTO
En iniciativa que marca el mayor contraste con el conservadurismo atrabiliario del pasado Gobierno, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anuncia una reforma agraria que apunta a la tenencia de la tierra, corazón del conflicto armado. Restitución de tierras arrebatadas a sus dueños, redistribución y formalización de la propiedad rural, y una estrategia de desarrollo productivo del campo cimentada en el campesinado menor constituyen la nuez de un proyecto que sorprende y enciende una luz al final del túnel. La propuesta del Gobierno guarda proporción con una historia de horror tejida en torno a la propiedad rural, que ensanchó sin medida los fundos de siempre, incorporó nuevos contingentes de terratenientes forjados al calor del narcotráfico y sus ejércitos y expulsó a cuatro millones de campesinos en los últimos ocho años. Sin contar los muertos.
REFORMA AGRARIA… Y ALGO MÁS
La escandalosa concentración de la tierra no desaparece, sin embargo, repartiendo la gran propiedad agraria. Absalón Machado clama por actuar sobre los factores que conducen a esa concentración y al despojo violento de predios: la fragmentación antieconómica de la tierra en grandes latifundios de ganadería extensiva y una polvareda de minifundios cuya talla no da para alimentar una familia, mientras se deteriora la mediana propiedad; la exclusión de los que no tienen dónde producir; las políticas del gobierno que propician el uso especulativo de la tierra; su indiferencia frente al poder armado de los terratenientes y su maridaje con la clase política, frente a la contrarreforma agraria del narcotráfico que sumió a Colombia en las tinieblas del Medioevo. Todo lo cual mantiene y estimula la desigualdad, la pobreza y la exclusión, y le cierra al campo todo horizonte de desarrollo.
AGRO: EL ZURRIAGO IMPLACABLE
En política agraria, descuella Uribe como discípulo aventajado de la escuela que en 1990 adoptó César Gaviria y cuyo último vástago es AIS. El artífice de Carimagua aprendió la lección y superó al maestro. A instancias de la apertura económica y dizque para fomentar cultivos de exportación como la palma africana, el abismo entre grandes propietarios y la miseria rural ha alcanzado proporciones que casi ningún país registra. Y tal inequidad apareja una violencia que hasta Stiglitz considera irreductible si no se crea empleo y se elimina el sistema de monopolios que avasalla al campo.
Cristina de la Torre