Dicen los que saben que una cosa es crecimiento y, otra, desarrollo. Escoger lo uno o lo otro no es problema técnico sino político. Porque trata del poder, de la capacidad para tomar decisiones que nos afectan a todos, de la distribución de la riqueza y el ingreso. En 2007 creció la economía colombiana, pero en la misma medida aumentaron el desempleo y la pobreza. De la bonanza se beneficiaron los menos, mientras las capas inferiores vieron treparse sus índices de miseria. Pero no actúa aquí una fuerza misteriosa. Ni el destino. Ni la mano de Dios. Es el modelo que el gobierno escogió, para contento de los elegidos de siempre. Y de la mafia.
Hoy hace agua este modelo de crecimiento en el campo. Si de desarrollo se trata, habría que empezar por remover su primera talanquera, la estructura de propiedad de la tierra. Y proteger el empleo rural, integrar el campesinado a las decisiones de política agropecuaria, ofrecerle una vida decorosa y ver por la seguridad alimentaria del país.
La escandalosa concentración de la tierra no desaparece, sin embargo, repartiendo la gran propiedad agraria. Absalón Machado clama por actuar sobre los factores que conducen a esa concentración y al despojo violento de predios: la fragmentación antieconómica de la tierra en grandes latifundios de ganadería extensiva y una polvareda de minifundios cuya talla no da para alimentar una familia, mientras se deteriora la mediana propiedad; la exclusión de los que no tienen dónde producir; las políticas del gobierno que propician el uso especulativo de la tierra; su indiferencia frente al poder armado de los terratenientes y su maridaje con la clase política, frente a la contrarreforma agraria del narcotráfico que sumió a Colombia en las tinieblas del Medioevo. Todo lo cual mantiene y estimula la desigualdad, la pobreza y la exclusión, y le cierra al campo todo horizonte de desarrollo.
Machado propone remontar la dualidad minifundio-gran propiedad hacia un esquema “multimodal” que no elimine la gran propiedad eficiente y bien explotada y reestructure la pequeña y la mediana propiedad. La almendra del problema no estaría tanto en la propiedad como en el uso eficiente de la tierra. Podrán multiplicarse los títulos de propiedad, pero casi nunca es rentable atomizar la explotación.
Nuestro analista propone una política de desarrollo y ordenamiento rural que contemple no sólo la propiedad de la tierra sino su uso eficiente. El camino, concertar y planificar acciones públicas y privadas por regiones, según su particular vocación de desarrollo, al tenor de estrategias de largo aliento promovidas por el Estado. Esta estrategia de reforma rural, que no apenas agraria, redistributiva, deberá edificarse sobre un consenso nacional contra la miseria y la inseguridad alimentaria para resolver el conflicto social y político en una perspectiva de largo plazo. Ha de ser un consenso nacional porque los problemas del campo comprometen al país todo. Y por la urgencia de revertir la violencia, la tiranía y la injusticia que se han enseñoreado del campo y devolverle al país cuando menos el resquicio de democracia que le quedaba.
¿Encontrará eco en el gobierno esta propuesta? ¿En los candidatos a la Presidencia? ¿En los aspirantes al Congreso? ¿En los gremios y organizaciones campesinas? ¿Persistirá el gobierno en sus requiebros de amor eterno a los potentados del campo que tanto se lucran de sus políticas de crecimiento mientras estafa a los campesinos con migajas en los consejos comunales? ¿No será hora de atar una alternativa de desarrollo rural al principio de la función social de la propiedad que introdujo en Colombia López Pumarejo?