por Cristina de la Torre | Oct 15, 2024 | Octubre 2024
Para la historia, esta imagen de Aída Avella. Sentada a solas en el escenario dispuesto para el acto oficial que no fue, aparece la corajuda dirigente de Unión Patriótica, inclinada la cabeza, como agobiada bajo el peso de los 6.900 compañeros asesinados, mientras ahoga un grito de protesta por la ofensa del presidente que no llegó. No llegó Petro al acto solemne de reparación a las víctimas del partido liquidado por genocidio, que ordenaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dejó plantados a 2.000 familiares y sobrevivientes que venían del país entero y del extranjero tras 30 años de esperar el día en que el Estado reconociera su responsabilidad en el exterminio de ese movimiento y pidiera perdón. Entre lágrimas y reclamos se echaron bajo el brazo las maquetas que recordaban al padre, a la madre, al hermano, al amigo sacrificados, y se marcharon. No llegó el presidente porque tenía gripa. ¡Como si dejáramos los colombianos de cumplir nuestro deber porque tengamos gripa! Menos, cuando media un deber sagrado que no puede reemplazarse con un mensajito en X.
El exterminio de la UP marcó un hito en la historia de la violencia política en Colombia, reza informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de 2018, que me permito glosar. Su origen, desarrollo y desenlace fatal llevan la impronta del conflicto armado, pues la UP fue movimiento político resultado de negociaciones de paz entre el Gobierno de Betancur y las Farc en 1985, para convertirse en víctima de violencia sistemática y generalizada cuyo objeto fue la desaparición del grupo: se cometió un genocidio político.
Surgió la UP como medio de transición de las armas a la política y abarcó otros sectores de la izquierda legal, como el Partido Comunista, organizaciones agrarias y sindicales. Hacia adentro, debió lidiar con el deslinde con las Farc para afirmar su autonomía como fuerza civilista. Hacia afuera, debió enfrentar la oposición de políticos, paramilitares y uniformados que no le reconocían legitimidad, repulsa que terminó en exterminio. Éste se resolvió en violencia visible cuando de matar líderes se trataba y en masacres de alto impacto para aleccionar comunidades. En particular, para amedrentar una fuerza que sorprendió en las urnas de varias regiones.
Un factor vital incidió en el ejercicio de esa violencia: la doctrina de seguridad nacional y su estrategia contrainsurgente; no diferenciaba ésta combatientes de civiles e involucró en su guerra a sectores de la sociedad. Procedió mediante alianzas o redes de victimarios integradas por paramilitares, miembros de la Fuerza Pública, notables de la sociedad y aliados del poder público como jueces, que garantizaron su impunidad. El daño causado es individual y colectivo, material y moral, sicológico y político. La reparación tenía que ser individual y colectiva.
El exterminio de la UP es una tragedia nacional, postula el informe, e hirió a la democracia porque creó la idea de que debían negarse, aún con la muerte, expresiones políticas distintas de las tradicionales. Negó el pluralismo político. No menos grave fue el daño social: el exterminio fue de dominio público, pero su impunidad rampante impuso bozal a la sociedad. Y este silencio se tradujo en ausencia de un relato público que reivindicara a las víctimas.
Podrá uno preguntarse ahora cuánto contribuye a ese silencio ominoso la inexcusable ausencia del presidente Petro al acto de reparación de la UP: ¿se sentirán más aliviados los que dispararon contra ella y los que idearon su extinción? ¿Seguirán sin sanción social o política? ¿Presidirá un día el primer mandatario el acto de reparación que las víctimas esperan todavía? ¿Dará lustre diferente a su discurso de paz, vida, reconciliación y justicia? ¿Le pedirá perdón, a título personal, a Aída Avella, por la inmerecida humillación?
por Cristina de la Torre | Oct 7, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Desplazados, Desplazamientos, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Lavado de activos, Narcotráfico, Neoliberalismo, Octubre 2024, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Es un tic. Un tic de siglos. A la primera insinuación de dar parcelas a campesinos se activa en la derecha la máquina de lamentos y veladas amenazas contra la expropiación de tierras, que sólo existe en su cabeza. Y en todas las leyes agrarias desde 1936, que este Gobierno elude. Un borrador de decreto que agiliza la compra de fundos para reforma agraria reduce el proceso de siete a dos meses y, lejos de expropiar, simplifica procedimientos de compra en vigor. Pero la oposición asocia el decreto con la ley ordinaria de jurisdicción agraria que el Gobierno radica ahora en el Congreso. Coco del latifundismo porque entrega a jueces especializados la solución de los conflictos de tierra, donde se cuece la violencia que encubre a menudo abusos por ambigüedad o por dolo en el estatuto legal de la propiedad. Dos pájaros de un tiro. Mientras tanto, para mayor zozobra de la reacción, devuelve la ministra Carvajalino 8.430 hectáreas a campesinos despojados de Córdoba y anuncia para este mes entregas hasta de 50.000 hectáreas en el país. Semejante cantidad, de una tacada, no tiene antecedentes.
Parte de esas tierras había sido entregada hace años al Estado; la otra, incautada a exjefes del paramilitarismo en Justicia y Paz. Fueron propiedad de quienes dirigieron las masacres más escabrosas, en Mapiripán, en El Aro, en El Salado, en Cabrera. A todos sorprendió la idea del presidente de reabrir el proceso de justicia y paz con el paramilitarismo, cuyo fin último sería “devolver todas las tierras (de paramilitares) que hoy tengan testaferros, políticos y otros grupos”. Anunció que, de materializarse, abarcaría regiones enteras. Y ha de preocupar a más de un propietario que lo fuera en gracia de alianza poco católica. Aunque cabe preguntarse si estará el Estado preparado para garantizar seguridad a los beneficiados con esa restitución.
La usurpación paramilitar de tierras viene a consolidar el modelo inexpugnable de propiedad agraria en Colombia, el tercero más desigual del planeta. Su gran usufructuario ha sumado al privilegio ancestral la religión neoliberal, que también santifica la propiedad sin función social. Escribirá Absalón Machado en su más reciente obra, “Relatos sobre Reforma Agraria en Colombia, 1960-2000”, que en nuestras elites primó el apego a la propiedad marcado por la codicia de riqueza y de poder. Tras brillante recorrido sobre avatares y debates de la reforma agraria que no fue, lamenta la incapacidad de esta sociedad y de sus dirigentes para acometer el desarrollo desde la transformación de las estructuras agrarias. Se atizaron la violencia, el despojo, el desarraigo, el sufrimiento de amplios sectores de la población, señala, bajo la égida de una clase de propietarios más rentista que productiva.
El proceso registra el paso del reformismo agrario al desarrollismo como transición hacia el modelo neoliberal que prevaleció. Se transitó del desarrollo concebido como crecimiento con distribución al crecimiento económico por sí y para sí; de la planificación a la dinámica del mercado librado a las querencias de los menos. El reformismo agrario, concluye nuestro autor, fue un fracaso institucional y político. No dieron nuestras élites la talla para liderar el desarrollo que la historia les confió. Fueron inferiores a su destino.
Y es en este huracán donde se bracea a contracorriente, contra atavismos irreductibles, contra intereses particulares edificados sobre el sojuzgamiento de los más; contra arrebatos que denuestan la compra de tierras para repartir, la solución de conflictos en el campo por medio de la ley y un horizonte soñado de restitución en grande de predios arrebatados a sangre, fuego y notaría. Buen viento, buena mar.
por Cristina de la Torre | Oct 1, 2024 | Actores del conflicto armado, Álvaro Uribe Vélez, Comisión de la Verdad, Conflicto interno, Corrupción, Corrupción Electoral, Crímen organizado, ELN, Farc, Impunidad, Iván Duque, Justicia, Octubre 2024, Paramilitarismo, Parapolítica, Privatización, Reforma Fiscal, Sistema de salud
Como una bofetada en pleno rostro acusó el país la exoneración de culpa a la exministra Abudinen por la desaparición de $70.000 millones de su cartera, graciosa concesión de su amiga y copartidaria, la procuradora Margarita Cabello. El impúdico archivo de ese expediente desafía la esperanza de sitiar la corrupción que borbotea en el poder público, justo cuando vuelve a ventilarse una reforma política que deposita en el Estado la financiación de las campañas electorales. Y es por la transacción que media entre los agentes del negocio: el financiador privado de campaña será retribuido por el elegido con puestos, contratos y ventajas; su meca, la usurpación compartida del erario y del mando. La sociedad de financiador de campaña, elegido y contratista obra como mafia que se adueña del poder público y como ejército de ocupación. Tan lucrativo el negocio de la corrupción política, que se ha vuelto profesión.
Gustavo Duncan dirá que son empresarios especializados en contratación pública, en lavado de dinero y contrabando quienes financian las campañas, colonizan el Estado y minan la democracia. Hoy “da más la política que el narcotráfico”, declaró un congresista en prisión: abundan narcotraficantes financiadores de políticos. Del humilde clientelismo que canjea el voto por una teja de zinc, por un cupo de escuela, por un tamal, se ha saltado a torrentes de candidatos apadrinados por capitales a menudo malolientes, cuyo norte es la toma del poder. Envidia de guerrillas que no lo lograron por las armas.
El punto nodal de la corrupción es la contratación pública, sentencia Transparencia por Colombia. La mueven mallas abigarradas de contratistas que acaparan las inversiones del Estado: sólo una de ellas llegó a concentrar adjudicaciones por $60 billones, revelaría el excontralor Felipe Córdoba. Exhibe la saga más reciente los escándalos de Reficar y sus $17 billones en sobrecostos, el robo de $1.4 billones de dineros de la salud por Saludcoop, y el carrusel de la contratación en Bogotá que a jefes del Polo sólo les mereció mutismo, dizque a la espera del pronunciamiento de los jueces; como si no existieran sanción política y social. Tampoco dijeron mu los expresidentes Uribe, Santos y Duque, supuestamente salpicados por Odebrecht. Ni musitó palabra el jefe de la bancada uribista que terminó presa por parapolítica, ni Iván Duque porque la justicia buscara en su campaña platas de un narco llamado cariñosamente el Ñeñe. Y reinó el silencio a la voz de alianza en la sombra entre señorones de negocios y el ELN para robarle a Ecopetrol crudo por valor de ochenta millones de dólares al año. El adalid, Hernando Silva Bickenbach, primo de la esposa del expresidente Andrés Pastrana.
Las elecciones son ahora feria en mercado libre de inversión y de lucro, de lavado de activos y asalto a los recursos del Estado, gracias también al timonazo del neoliberalismo: en la conveniente creencia de que la gente de bien es más confiable que el Estado, se privatizaron empresas y funciones públicas. Desmantelado aquel, suprimidas sus funciones de regulación de la economía, se tomó la corrupción el Estado y la sociedad. Amancebados negocio privado y función pública -que no la sana alianza público-privada- se disparó la corrupción.
Bienvenida la ley que prohíba, por fin, la financiación de campañas por particulares que han demostrado no ser confiables. Será medida eficaz contra la vergonzosa profesión de corrupción política que se disemina desde la cima del poder. No más Abudinen protegidas por el mismísimo ministerio público. Ni más hijos del Ejecutivo, llámense Uribe o Petro, enriquecidos bajo el ala de su privilegio. Aunque el papá de este último lo mandó de entrada a la justicia.
