por Cristina de la Torre | Sep 24, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Clan del Golfo, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, Curules de Paz, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Septiembre 2024, Tierras, Violencia
La crueldad del ataque a la guarnición militar de Arauca desnuda por enésima vez la índole terrorista del ELN, antípoda del humanismo y de la paz. Pero resulta también de la largueza del Gobierno que, en vez de trazar líneas rojas desde el día uno de la negociación, derrochó concesiones. Viejo zorro en este platanal de oro y sangre, abusó esa guerrilla de la bonhomía del presidente Petro, primer hombre de izquierda en llegar al poder. Volver a la mesa sin reformularse antes los términos de la negociación, será claudicación que entierre toda posibilidad de paz con el ELN y desbroce el camino al guerrerismo soñado de la ultraderecha. Diálogo pero, ahora sí, con condiciones. Y, en todo caso, extensión a otros grupos y frentes el modelo de paz territorial que Comuneros del Sur inauguró. Es decir, trabajar sobre la realidad geográfica y militar de grupos armados que incursionan en zonas definidas del territorio y sojuzgan a sus gentes, y que no siempre responden a mando centralizado, como al Coce del ELN. La paz total como propuesta política fue derrotada. Pero tampoco se impone la cerrada disyuntiva entre guerra total o diálogo alegrón.
Sea que cristalice en este Gobierno o en uno próximo, habría que disponer condiciones que fueron siempre garantía de buen éxito en procesos de paz. Como el de 2016 con las Farc, para no ir lejos. Lo primero, respeto al Derecho Internacional Humanitario: ni secuestro ni reclutamiento de menores ni atentado contra civiles. Segundo, diálogo mientras discurre la confrontación armada. Es error garrafal precipitar un cese el fuego que, sin los necesarios requisitos de control, violó el ELN 45 veces y usó para fortalecerse mientras la Fuerza Pública bajaba la guardia y la población urgía protección del Estado. Tercero, manifestación expresa de que el fin último de la negociación será desmovilizarse y abandonar las armas. Contrapartida para los armados no será la revolución en la mesa que en 60 años de trasiego fueron incapaces de lograr, sino garantía plena de que podrán librar lucha política en la legalidad, y de justicia transicional.
Brilla la experiencia de Comuneros del Sur como modelo de paz regionalizada que responde al clamor de la población y a la atomización de grupos armados que más parecen confederación de frentes autónomos que organización cohesionada por mando central. Tres ejes dibujan el norte de Comuneros: desescalamiento de la violencia, transformación de la región y compromiso de migrar de las armas a organización política o social en la legalidad. El desminado empezó ya, y en octubre, la entrega de armas.
Por lo pronto, escribe el editorialista de El Espectador, imposible adelantar negociaciones con una contraparte que recurre al horror cuando siente que sus caprichos no se cumplen. La tragedia es que se siguen sacrificando vidas y al Gobierno sólo le queda aplicar la fuerza del Estado para acorralarla, perseguirla y judicializarla. La puerta de la paz sigue abierta, pero si la contraparte la cierra, impone el desastre de la guerra. Al extremo, dirá Yesid Arteta, el hartazgo podría dar licencia a una ultraderecha recargada que decapite al movimiento social mientras libera toda su potencia bélica contra los alzados.
Opción honorable para el ELN sería adherir al programa de cambio del Gobierno que interpreta los anhelos del pueblo, y a la implementación de la paz. Si los desprecian y si, además, desdeñan la oferta de garantías para mutar a fuerza legal que enarbole sus propias banderas, es porque no eran grupo político sino simples criminales.
Coda. Se va llevando la muerte a nuestros mejores hombres. Carlos José Reyes deja en la cultura un vacío difícil de llenar. Sentida condolencia a su esposa y a sus hijos.
por Cristina de la Torre | Sep 17, 2024 | Actores del conflicto armado, Agencia Nacional de Tierras, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Derecho fundamental, Desplazados, Desplazamientos, Estado de Derecho, Farc, Fascismo, Imperialismo, Internacional, Iván Duque, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Paramilitarismo, Parapolítica, Partidos, Política de Estado, Racismo, Sanción Política, Sanción Social, Septiembre 2024, Tierras, Violencia
Carros de fuego extraídos del Libro Sagrado, los bombardeos del atávico sionismo supremacista de Israel contra Gaza habrán cobrado en sólo un año, este 7 de octubre, 41.630 muertos y más de 13.000 desaparecidos. En el exterminio de un pueblo, recobra su fuerza macabra el mandato de la Escritura por boca del rabino Eliahou Mali: “no dejar vivos, ni hombre, ni mujer, ni anciano, ni niño”. Con parecidos arreboles de guerra santa azuzada desde púlpitos y directorios políticos en tiempos de la conflagración liberal-conservadora, ésta arrojó en Colombia un estimado de 250.000 muertos. Si a ellos se suman los 450.664 del conflicto armado que siguió a la Violencia, los desaparecidos, la aniquilación de un partido (la Unión Patriótica), los miles de falsos positivos y los centenares de líderes sociales asesinados, la cifra subiría peligrosamente hacia el millón en este dolorido país.
“Soy judío y no puedo defender a Israel”, escribió Salomón Kalmanovitz. Su postura descalifica la revancha que cobra en inocentes el holocausto sufrido y honra la protesta de millones de judíos en el mundo contra esta carnicería. Meta de Netanyahu, afirma el académico, es preservar la exclusividad del pueblo elegido; exterminar a la población civil de Gaza, aunque sea ajena al extremismo islámico de Hamas. Se duele Eva Jablonka en Israel: amo y odio este país; es mi lengua y mi paisaje, pero sólo puedo esperar una caída en picada hacia el fascismo.
Y aquí revela el coronel (R) del Ejército Luis Fernando Borja, excomandante de la Fuerza de Tarea de Sucre, que los falsos positivos no serían los 6.402 habidos en el gobierno de Uribe, sino más de 10.000. Este crimen abominable del conflicto armado obraba ya desde 1986, bajo el nombre de legalizaciones. “Yo mismo di cuenta ante la Fiscalía de haberlo cometido desde entonces”, afirmó ante sus víctimas y al lado de Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc. Entonces lo emplazó Álvaro Uribe a no ocultar sus delitos en supuestas presiones y Londoño encaró a su turno al expresidente: “la verdad, por dura que sea, hay que reconstruirla (…) La verdad histórica y judicial es innegable: los falsos positivos fueron política de Estado en su Gobierno”.
El Frente Nacional no fue apenas repartija del poder entre conservadores y liberales; fue también un pacto de impunidad cobijado por el mutismo sobre la responsabilidad intelectual y política de elites que promovieron la Violencia desde el poder. Ninguno de sus autores pisó los estrados judiciales ni pagó cárcel ni sufrió descrédito. Ante el baño de sangre, un temor reverencial pareció anidar en el pueblo defenestrado, y se allanó el camino hacia este pacto de silencio, de impunidad y olvido. El pacto nunca se rompió. Fustigó Antonio Caballero la “unanimidad hipócrita” que lamentó la muerte del líder conservador en 1998, y escribió: “de necrologías corteses está hecha en buena parte la falsificación de nuestra historia, que nos impide comprenderla”.
Llueve sangre en Gaza, llueve sangre en Colombia. Pero entre las muchas diferencias de historia, tiempo y lugar, una salta a la vista en esta hora: el genocida de Gaza da la cara, Netanyahu se llama, emite órdenes de exterminio frente a todos y en ello se solaza. Aquí no. Los responsables supremos de la Violencia, del paramilitarismo, de los falsos positivos se escabullen entre los recovecos de su hegemonía. La justicia transicional abre puertas a la verdad y procesa por sus crímenes a jefes guerrilleros, militares y paramilitares. Pero los hacedores últimos de las violencias han transformado nichos del poder en escondrijos vigilados por sus ejércitos.
Coda. Cómo duele la muerte de Francisco Leal, maestro de maestros y enseña de humanidad.
por Cristina de la Torre | Sep 11, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Guerrillas, Gustavo Petro, Iván Duque, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Polarización social, Política agraria, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Septiembre 2024, Sustitución de cultivos, Tierras, Uribismo, Violencia
No fue Iván Duque el único en boicotear la implementación de la paz. También la saboteó Gustavo Petro, por inacción y por haber desmontado los órganos creados para alcanzarla. Y es causa protuberante de la violencia que vuelve a enseñorearse del país. La paz total no tendrá éxito, declaró en su franqueza el ministro Cristo en foro sobre el acuerdo nacional organizado por la revista Cambio; el logrado en 2016 fue la oportunidad perdida, pues los grupos armados no valoraron esta vez la mano tendida del presidente. Hoy debemos retomarla, puesta la mira en circunstancias nuevas, como la degradación del debate público en un país donde al insulto puede seguirle la bala; la simbiosis de legalidad e ilegalidad en todos los grupos armados y su atomización: la de hoy es una violencia de grupos criminales sin ideología, apuntó el ministro.
Para el Comisionado de Paz, Otty Patiño, la paz total es un desafío y una necesidad. Grande esperanza le siembra la experiencia de Comuneros del Sur porque toca con la paz territorial, donde la gente está. Y sí, la violencia no responde hoy a un ideal insurreccional sino a rentas ilegales, en armonía con el modelo económico que combina legalidad e ilegalidad. Difícil hallar la línea divisoria entre organización delincuencial y grupo político. Dígalo, si no, -señala Patiño- el hecho bochornoso de que el cartel de Medellín gobernara en esa ciudad y el de Cali en la capital del Valle. Un acuerdo de paz con armados supone avanzar en negociación territorial: la paz se materializa en el territorio.
El acuerdo que se teje no será para proclamar la suerte final de la nación, ni para reducir a mecánica de mercado político la discusión de las reformas en el Congreso, dice Cristo. Será para divorciar la violencia de la política, concentrándose en la reforma integral del campo, cuyo punto nodal son los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los más atormentados por el conflicto armado: son el 36% del territorio que acoge a la cuarta parte de la población rural. Sin los PDET, acción mancomunada de Estado y sociedad, no habrá paz, pues ella pasa por la transformación de aquellos territorios. Tal como lo señalan la norma constitucional y la legal que les da sustento.
Los PDET son un medio de planificación y gestión para el cambio regional, que acelera la reforma rural integral allí donde más se han sufrido la guerra, las economías ilícitas y la ausencia de Estado. Principiando por encarar el obstáculo de tenencia de la tierra, diagnostica problemas, planifica soluciones y las ejecuta a dos manos con el poder público, bajo la mirada vigilante de las instituciones y de la comunidad. No busca este instrumento “llevar” el Estado a la región sino construirlo desde la región que, olvidada, es pasto de feroces ejércitos de ocupación. Los PDET son la médula de la implementación de paz.
Recuerda la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino que, si ha sido la tierra causa del conflicto, por la tierra pasa la búsqueda de la paz; y por la reforma agraria, el acuerdo nacional. Invita ella a consolidar los Comités de Reforma Agraria, instancia vital de concertación porque materializa el diálogo plural en los territorios.
Plural y diverso fue también el diálogo en este Foro de Cambio, que arroja cuatro divisas a la reflexión: un acuerdo nacional deberá invalidar la violencia y acatar en los hechos la reforma agraria: tierra y paz. La paz total no podrá ser objetivo de un gobierno sino propósito nacional y política de Estado. El diálogo de paz es irrenunciable. El acuerdo nacional no es punto de partida sino punto de llegada. Trabajar por el acuerdo es trabajar por el país. ¡Manos a la obra!
por Cristina de la Torre | Sep 2, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Desarrollo agrícola, Desarrollo sostenible, Desplazados, Economía productiva, Industria agrícola, Jurisdicción Agraria, Justicia, La paz, Polarización social, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Seguridad Alimentaria, Septiembre 2024, Tercer mundo, Tierras, Violencia
El ataque a la Jurisdicción Agraria parece responder menos a un infundado temor de expropiación que al de perder las ventajas del conflicto por la tierra. Caldo de cultivo de la violencia, ésta dinamizó la hiperconcentración de la tenencia y convirtió a Colombia en el tercer país más desigual del mundo en propiedad agraria. Entre las franjas más oscuras del poder, mucho sugiere que la supuesta expropiación es el pretexto; el objetivo, invalidar la ley que resuelve los conflictos de tierras y, de paso, tributa a la reforma agraria que nunca fue. Para el latifundismo, nada tan útil como mantener el estado de cosas inalterado: en particular, si media adquisición dolosa o restitución de tierra.
Y es que la Jurisdicción Agraria suplanta el recurso a las armas -llámense fusil o motosierra- por la acción institucional de la Justicia en cabeza de jueces especializados. Fija los procedimientos que a éstos les permitirán recuperar baldíos tomados por asalto, enfrentar el acaparamiento ilegal de tierras y salvaguardar la propiedad privada. Tal como lo consagra el sistema nacional de reforma agraria creado por la Ley 160 de 1994; y como lo reiteran la reforma constitucional y la ley estatutaria, ya aprobadas, sustento de este proyecto que las reglamenta. Pero el coro del latifundismo improductivo juega al boicot de la reforma que empezaría por zanjar la expresión más ominosa de la injusticia: el hambre. En el tercer país más biodiverso del orbe, siete de cada diez hogares no alcanzan a hacer sus tres comidas diarias: en tierra fértil, mesa vacía, reza informe de la Universidad Nacional.
Para conjurar el hambre, escribe Darío Fajardo, urge fortalecer los sistemas de producción y comercialización de alimentos, apoyados en la asignación de tierras y en una eficiente infraestructura. Porque la distribución y uso de la tierra privilegian a grandes propietarios que subutilizan el suelo y lo convierten en praderas. Más de 36 millones de hectáreas ocupa la ganadería extensiva, cuando le bastarían 7. Y, sin embargo, los pequeños y medianos propietarios del campo responden por el 83.5% de la producción de alimentos para el país; pese a las lánguidas infraestructura y asistencia técnica.
Además, tras haber alcanzado el autoabastecimiento alimentario, explica nuestro analista, hoy importamos casi el 40% de los alimentos que consumimos. Con costos de producción disparados y en condiciones de desigualdad impuestas por la apertura económica, no pudo la agricultura campesina competir con el producto extranjero. Así golpeada la producción nacional, se redujo el área sembrada, crecieron el desempleo, la pobreza y la inseguridad alimentaria. Peor aún, marginadas comunidades y regiones, con tierra y mano de obra barata, prosperó el narcotráfico.
Solución, la reforma agraria que la ley 160 propone, recogida por el Acuerdo de Paz, por el Plan Nacional de Desarrollo y asociada a la ley de Jurisdicción Agraria. En palabras suyas, se trata de elevar el ingreso del campesino, de impulsar su producción ampliando el acceso a la tierra y de democratizar la propiedad.
Lleva un siglo diciéndolo cada demócrata con sentido común y dolor de su país convertido en finca particular de rentistas holgazanes que dan coces al labriego, se ríen del empresario que crea riqueza y empleo, y atacan todo esfuerzo contra el hambre y el atraso. Nada les dice la posibilidad a la mano de convertir a Colombia en despensa del mundo. En las petacas se echan para contemplar el espectáculo de su gesta enana: el modelo de tierra sin hombres y hombres sin tierra. Mas, el coco podrá sorprender a este latifundismo: un cambio de protagonista en el conflicto, del fusil al juez agrario.
