por Cristina de la Torre | Jul 23, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Desplazados, Desplazamientos, Educación, Guerrillas, Industrialización, Julio 2024, Justicia, La paz, Pacto Histórico, Pacto Social, Proceso de paz, Progresismo, Reforma Agraria, Salud, Seguridad social, Tierras, Transición energética, Violencia
Ni señalamientos a la oligarquía esclavista, ni llamados al empoderamiento del constituyente primario, que algunos temían. En sorpresivo retorno a la idea del acuerdo nacional, le preguntó Petro al Congreso: ¿por qué no nos sentamos a hablar de un pacto político para cambiar normas que nos permitan reactivar la economía, hacer una reforma agraria seria e implementar la paz? ¿Por qué no logramos que este Congreso con este Gobierno pasen a la historia (cumpliendo) el Acuerdo de Paz? Y, como si se alinearan los astros, una docena de personalidades clamaba en El Espectador del mismo 20 de julio, desde pensares y sentires diversos, por el esquivo acuerdo nacional. Invitaba Fidel Cano, el director, a salir de la radicalización y disponernos a trabajar por un mejor país en el que quepamos todos. Colombia, afirmaba, no se puede dar el lujo de que su futuro se filtre por entre nuestras diferencias.
Sobre tres ejes de su discurso gira la propuesta del presidente: reforma agraria, transformación del territorio y eliminación de la guerra de las economías ilícitas. (El conflicto de hoy sería tercera fase de otras que pasaron a la historia: la violencia liberal-conservadora y la guerra contrainsurgente). Para conjurarla, la reforma agraria aprobada en el Acuerdo de La Habana, ley que prescribe la entrega de tres millones de hectáreas a los campesinos y la titulación de otros siete millones. Caramba, pasa un siglo y no sólo se impide a bala la redistribución de la tierra sino que ésta se concentra sin pausa, en un proceso veloz e infame que ha cobrado en las últimas décadas cientos de miles de vidas inocentes. Acaso menos radical que López Pumarejo y Carlos Lleras, agita ahora Petro la reforma agraria, pese a que no cuenta sino con el recurso de comprarla. Pero se congratula de que en apenas un año de su gobierno creciera 9% la economía campesina.
Por otros logros sacó pecho también en un discurso depurado, afirmativo. Dijo que en Colombia, el país más desigual del mundo según la OCDE, su Gobierno redujo 10% el número de pobres en un año. Y atribuyó el fenómeno al ajuste del salario mínimo y al control de la inflación en alimentos. Entonces insistió en un acuerdo pensado para vencer la pobreza y la exclusión, presupuestos de la paz y de la integración de los territorios excluidos. Entre las medidas que propondría a la discusión en mesas partidistas de concertación figura una de inversión forzosa del sistema bancario en proyectos a dos manos con el Estado en agricultura, vivienda, industria, turismo y economía popular. Alianza público-privada para proyectar estrategias de desarrollo, ya paladeada con el grupo Aval en la Guajira.
Mas, si de agenda para un pacto nacional se trata, ahí están también las líneas del Plan Nacional de Desarrollo -resultado de amplio consenso- escribe su autor, el excelso exdirector de Planeación Jorge Iván González. Brújula que ya es ley, apunta al ordenamiento del territorio alrededor del agua. Al derecho humano a la alimentación, que concreta los acuerdos de 2016: es la modernización del campo que, con su catastro multipropósito, ofrece los mecanismos del plan de choque para implementar la paz. A la transición energética, a la reindustrialización, a la convergencia regional y al mejoramiento de la calidad de vida con más recursos para salud, educación, servicios y asistencia social.
No le faltan al presidente, pues, insumos para una propuesta inicial de diálogo. Y da confianza, como respeto inspira su dignidad al pedir perdón y declararse responsable político por la podredumbre de Olmedo López en la UNGRD. Es el mismo mandatario que, a la primera sospecha sobre su propio hijo, lo endosó a la justicia. Que se oiga la recíproca: si, hablemos.
por Cristina de la Torre | Jul 16, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Constitución de Colombia, Desplazados, Desplazamientos, Gustavo Petro, Impunidad, Iván Duque, Izquierda, JEP, Julio 2024, Jurisdicción Agraria, Justicia, Narcotráfico, Paramilitarismo, Política agraria, Política de Estado, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
ONPara desconcierto de nuestra derecha sombría, sorprende Petro en la ONU con un plan de choque capaz de enrutarnos por fin hacia la paz. Capaz de recuperar territorios que violentos de todo jaez se disputan para prevalecer en narcotráfico, minería ilegal y extorsión, sojuzgar a las comunidades e imponerles su régimen de terror. Iniciativa capaz de lanzar el modelo de desarrollo trazado en el Acuerdo de 2016, reforma agraria comprendida, mediante compra administrativa expres de tierras y sustitución de cultivos ilícitos por proyectos de agroindustria. Estrategia enderezada a repotenciar los Planes de Desarrollo Territorial (PDET) en las zonas más atormentadas por la guerra. Apunta, en suma, a la incorporación de regiones a medias integradas al Estado nacional en 200 años de República, hoy bajo asedio de guerrilleros y paramilitares. Es empresa de trascendencia histórica que podrá acometerse en virtud de un gran acuerdo nacional. Implementación de la paz y acuerdo nacional son divisas de Juan Fernando Cristo, ministro del Interior cuyas batallas por la reconciliación y por las víctimas comportan cambios que sólo los más obcecados reaccionarios, amigos de la guerra, querrán obstaculizar. Sí, con Cristo renace la esperanza.
El presidente activa ahora su estrategia bifronte de seguridad: ofensiva militar contra todo reacio a dialogar -como ocurre hoy en el Cañón del Mikay contra la disidencia de Mordisco- e intervención social y económica sobre el territorio y su población. La reforma agraria será en ella protagonista con adquisición de tierras no ya por la morosa decisión de un juez sino por acción administrativa del Estado.
Aunque todas las normas habidas en un siglo le permitirían expropiar, no acudirá Petro a la Ley 74 de 1926, ni al Acto Legislativo 1 de 1936 para expropiar con indemnización por razones de utilidad pública o interés social, ni al Artículo 58 de la actual Constitución que autoriza la expropiación por vía judicial y, aun, por la administrativa; ni al Artículo 34 que contempla extinción de dominio sobre bienes habidos mediante enriquecimiento ilícito. Si de comprar se trata, Alejandro Reyes propone aclarar la propiedad antes de mover ese mercado, con un barrido que identifique predios con irregularidades, abrirles un proceso y tasarlos, entonces, en su valor real: sólo así podrá distribuirse tierra “sin que la compra sea una transferencia gigantesca de dineros públicos para pagar las rentas de la tierra a los ganaderos de Fedegán”.
Propone también inversiones forzosas para sustituir economías ilegales por proyectos productivos y agroindustrialización. Para integrar regiones al desarrollo, cambiar normas que rigen las vigencias futuras y el plan fiscal. Y, mediante reforma al sistema general de participaciones, favorecer las regiones PDET. Se revierten así la sórdida aventura de Duque para hacer trizas la paz y la pifia de Petro al suprimir la Consejería del Posconflicto, órgano que coordinaba la relación del Estado central con los entes territoriales, es decir, la acción integral del Estado en esas zonas: se estancó la implementación. En buena hora la destraba Cristo.
Si la ausencia del Estado disparó en los territorios la violencia, es hora de activar la estrategia paralela al diálogo: volcar en ellos la Fuerza Pública pero, sobre todo, emprender su transformación económica y social. La tal constituyente es un señuelo electorero: lo usa el Gobierno para exacerbar entre sus bases el apetito de cambio; lo usa la oposición para agudizar entre las suyas el miedo al cambio. Pero éste bien puede pactarse, sin normas dramáticas, desde los ocho caminos que Petro abre hacia la reconquista del territorio. Esos son. Manos a la obra.
por Cristina de la Torre | Jul 9, 2024 | Actores del conflicto armado, Capitalismo, Conflicto armado, Conflicto interno, ELN, Guerrillas, Impunidad, Industrialización, Julio 2024, Justicia, Neoliberalismo, Nueva Izquierda, Polarización social, Progresismo, Protesta social, Régimen político, Socialdemocracia, Violencia
A sesenta años de recorrido, más fértil en crueldades que en aciertos, se consagra el Eln como fenómeno protuberante de irrelevancia histórica. Lejos de renunciar al secuestro y allanarse a la meta de deponer las armas que la paz demanda, se ratifica esa guerrilla en su principio de origen y sella una declaración con el desafiante “¡ni un paso atrás, liberación o muerte!”. En agudo, sugerente ensayo titulado “La revuelta post neoliberal, el horizonte intelectual de la nueva izquierda progresista”, señala Iván Garzón que con la caída del socialismo real en 1989 las propuestas de revolución armada periclitaron: anacronismo que, de toda Iberoamérica, solo subsiste en Colombia con el Eln, el EMC y la Segunda Marquetalia.
Esa revolución -escribe- quedó en el pasado como figura retórica, como metáfora al uso de panfletos. Mientras rompe el progresismo con la mitología del fusil, los nuevos movimientos contra el capitalismo son antiautoritarios, igualitarios. El proyecto intelectual de la izquierda progresista busca hoy, de un lado, limar desigualdades y darle al Estado un rol activo frente al mercado: es la revuelta anti neoliberal, de reformismo socialista y democrático, ecológica, mestiza y feminista. Y, del otro, el fin de las utopías del siglo XX trajo una convicción rotunda: cualquier nuevo mundo imaginado no será ya alumbrado con una revolución violenta. Desde estos dos flancos enfrenta la izquierda el duro trance de reinventarse y darse una teoría unificadora.
El siglo XX concluyó con el desplazamiento del Estado de bienestar por el neoliberalismo, y el proceso de igualación económica que había despuntado en la posguerra se revirtió abruptamente. Este capitalismo agresivo, de avanzada financiera, es el nuevo paradigma. Tan desafiantes sus excesos – diría uno- que la nueva izquierda, liberada de la fantasía insurreccional, echa mano en su perplejidad de la divisa socialdemócrata. Que tiene en nuestros países su historia como Estado promotor del desarrollo, primeros intentos redistributivos y hoy ampliado al abigarrado cuadro del movimiento social. Fresco de industrialización precaria o frustrada, donde la tensión burguesía-clase trabajadora y su revolución proletaria apenas se insinúa. Otro símbolo prestado a nuestra vieja izquierda, diluido en sueños.
Señala nuestro autor que el capitalismo mutó de modelo económico a un tipo de sociedad: el ethos de la sociedad neoliberal. La nueva izquierda sazona su alternativa desde las barricadas de su revuelta: justicia fiscal, Estado emprendedor, ecología, no violencia y un buen vivir. Paradoja: es revuelta, no revolución.
Inquietudes. Uno: afirma Garzón que nuestra izquierda no está en sintonía con su pasado. Es que no fue unívoca esta fuerza. Franjas de la izquierda democrática habían ya librado batallas ideológicas con guerrillas que quisieron imponer su discurso al espectro entero de la oposición contestataria. Y el establecimiento cabalgó encantado sobre la impostura que graduaba de insurgente a todo adversario. La infló para endurecer, aún más, el sistema de privilegio. No podía esta izquierda triunfar en aquel lance, acorralada como se vio entre los fusiles de la izquierda armada y los del régimen.
Dos: Instala el autor al presidente Petro en la corriente de izquierda popular que enfrenta a la plebe con la elite, y desdeña la democracia liberal. En la otra orilla estaría el reformismo socialdemócrata que busca el consenso. Pero Petro acude lo mismo al populismo que a los rigores del Estado de derecho. Mientras agita el poder constituyente (del pueblo) convoca un acuerdo republicano sobre reformas democrático-liberales. Apunta contra el neoliberalismo y contra la violencia, desde el Congreso y con la turbamulta.
por Cristina de la Torre | Jul 3, 2024 | Álvaro Uribe Vélez, Corrupción, Fascismo, Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, Impunidad, Iván Duque, Julio 2024, Justicia, Neoliberalismo, Nueva Izquierda, Pacto Histórico, Pacto Social, Paramilitarismo, Parapolítica, Paro Nacional, Partidos, Personajes, Polarización social, Policía Nacional, Política de Estado, Régimen político, Seguridad democrática, Seguridad Humana, Uribismo, Violencia
No sorprende que a la voz de chuzadas se enciendan en Colombia todas las alarmas: el solo recuerdo de las andanzas del DAS en el régimen de Seguridad Democrática pone los pelos de punta. El órgano de inteligencia del Ejecutivo espió, persiguió, chuzó y perfiló a la Corte Suprema de Justicia que procesaba a decenas de parapolíticos y, en su religión anticomunista, chuzó a opositores asimilados a enemigo interno, llegó a propiciar torturas y hasta asesinatos. Quienes obraron entonces desde los meandros de la Guerra Fría procederían ahora con idéntico estandarte contra el Gobierno del cambio. Dijo el presidente que antiguos chuzadores expulsados del Gobierno vuelven por sus fueros para destruirlo: hoy enfrentamos, precisó, una campaña orquestada por grupos de oscuro origen para desprestigiar al Gobierno, a las inteligencias y a algunas estructuras militares. Y para enemistarlo con otras ramas del poder público. Se habría configurado así la más audaz intentona desestabilizadora contra este Gobierno. Con todo, tendrá el presidente que pedir investigación sobre la DNI en estos dos años y exigir sanciones si resultan responsables.
En ejercicio de su “libertad de dudar”, recuerda Cecilia Orozco que los organismos de inteligencia del Ejército y la Policía son los más potentes, se manejan solos y no responden necesariamente a sus superiores civiles. Sobre todo si estos discrepan de la formación castrense apoyada en la doctrina gringa de seguridad nacional. El fantasma del comunismo recorre todavía los cuarteles que en el Gobierno Uribe frecuentó y regresó con bríos a los órganos de espionaje en la Administración Duque. Se pregunta ella a quién obedecen los jefes de aquella inteligencia que sobreviven hoy: “¿a Petro, el ´comunista guerrillero´, o a sus patrones Duque-Uribe y a sus generales Zapateiro y Vargas que parecen seguir actuando a través de sus ex oficiales?”
Si no fuera por el sufrimiento causado, el mentís de Uribe movería a risa: “dijeron que yo le estaba haciendo seguimiento a la Corte Suprema. Nunca (…) Yo he sido un combatiente de frente”. Por el escándalo del DAS, su círculo más estrecho terminó en la cárcel: el director de la entidad, Jorge Noguera, entre otros cargos, por haber ordenado el asesinato del profesor Correa De Andreis; la directora Maria del pilar Hurtado; el exdirector de Inteligencia, Fernando Tabares, quien declaró en juicio que el más alto nivel de la Presidencia estaba al tanto de cuanto sucedía con los seguimientos y las interceptaciones ilegales. Revela Verdad Abierta que varias veces se fraguaron complots con exparamilitares contra la Corte: en particular contra los magistrados auxiliares Iván Velásquez (hoy ministro de Defensa) y Luz Adriana Camargo (hoy Fiscal General).
Todo revivió ahora con la denuncia del magistrado Jorge Ibáñez de que sus comunicaciones estarían intervenidas, y con las sospechas del senador David Luna sobre abuso igual. Las Altas Cortes rechazaron estos hechos, por atentar contra la democracia y contra la seguridad de los jueces. El director de la ANI, Carlos Ramón González, informó que su entidad no hace seguimiento de personas (confiado éste al Ejército y a la Policía) sino inteligencia estratégica contra grandes organizaciones delincuenciales: por eso no dispone siquiera de esa tecnología. La ANI, aclara, es una entidad civil y desarmada. No reconoce enemigo interno ni persigue a la oposición.
Mientras da su veredicto la Fiscalía, las circunstancias sugieren que, si hay chuzadas, estas vendrían principalmente de la derecha radical. Si con ellas selló hace 15 años un régimen de fuerza, hoy pretende llenar el vacío de una oposición incapaz de contrapropuestas plausibles a los problemas del país.
