por Cristina de la Torre | Oct 31, 2016 | Acuerdos de paz, La paz, Octubre 2016, POR FECHA, POR TEMA
Se resquebraja en la renegociación del Acuerdo el pretendido liderazgo de Uribe entre los promotores del No; pero el senador cuenta con ellos para una propuesta de largo aliento. Conforme se difunden las reformas de calado liberal y democrático que aquel incorpora, afina él su programa de sabor feudal, en torno al cual aspira a reagrupar las derechas para disputarse el poder en 2018. (No serán de gran calado las coincidencias registradas en sesión con el Gobierno el pasado sábado). Celosos de su propio protagonismo en la hora, Martha Lucía Ramírez, Pastrana, los evangélicos, Ordóñez han marcado en sus encuentros con el Ejecutivo distancia frente a Uribe. Acaso teman, por contera, terminar mimetizados con el extremista que, por salvar el pellejo, pueda reavivar la guerra. Y no sabrían estos cómo responder después ante la historia. Pero una cosa es la clavija, más apretada o más blanda, que calibre sanciones y condiciones de participación política para las Farc, y muy otra, el modelo de país interpelado por la propuesta de La Habana.
Así respetara el nuevo acuerdo los pilares de las reformas rural y política, no cejará el uribismo en batirse por la contrarreforma agraria y los privilegios del estamento terrateniente, hoy engrosado con paramilitares y su brazo político y empresarial en el Congreso y el poder local. Para todos ellos reclama impunidad. Títulos en regla para las tierras arrebatadas al campesino o usurpadas al Estado. Condescendencia de la justicia con uniformados sindicados de atrocidades, antes que puedan cantar. Que le teme Uribe a la verdad como a su propia sombra; por eso quiere eliminar el capítulo de justicia, corazón del acuerdo de La Habana.
Este propone formalizar la propiedad, expropiar los predios robados o adquiridos bajo presión violenta y devolverlos a sus dueños, declararles a narcos extinción de dominio y rescatar los baldíos tomados por asalto. Pero Uribe va por titulárselos a “ocupantes de buena fe” y legalizar a segundos “ocupantes de buena fe” en tierras adquiridas con sangre. Más aún, apunta contra la legislación vigente, que rige desde mucho antes del acuerdo con las Farc. Quiere tumbar la ley de baldíos; revertir la de restitución de tierras; desconceptuar la extinción de dominio por burla a la ecología, y la expropiación administrativa por razones de utilidad pública o interés social. Sus proyectos de recuperación de baldíos y antirrestitución denuncian nostalgias de algún señorío de zurriago y motosierra.
Punto aparte merece la actualización del catastro rural, al que conjuró Uribe siempre con un vade retro Satanás. Y dice ahora que el catastro sólo serviría para violar la propiedad privada. La verdad es que establecería quién es propietario de cuál predio, sea particular o del Estado, y para qué lo usa. Y, horror, pondría por vez primera a tributar al latifundismo.
Ni hablar de la reforma política, enderezada a ampliar la democracia y la participación. Pues Uribe se opone a cobijar al partido de las Farc con el estatuto de oposición. A reducir el umbral a los partidos pequeños o nuevos, es decir, que sólo puedan hacer política los que la hacen hoy. Que acaparen, también ellos, las curules transitorias de paz. Y repudia la participación ciudadana. Ya lo veremos descalificar los cabildos abiertos que despiertan en defensa de la paz. Sólo le sirven los consejos comunitarios que se copió de Fujimori.
Consenso nacional de paz no habrá. Porque Uribe apunta al modelo policivo y cavernario que ya Colombia le padeció y sólo puede exacerbar la guerra. Lo que no obstruye una eventual confluencia de las derechas alrededor de esa propuesta. Si es que todas la suscriben, reconstruída, como parece, sobre el veto a la paz.
por Cristina de la Torre | Jun 13, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, Junio 2016, Proceso de paz, Régimen político, Uribismo
Hasta en sus empresas menos heroicas, como esta de boicotear la paz, adopta Álvaro Uribe aires de dios tronante para diluir en ruido las flaquezas propias. Con firmatón rubrica sus delirios –siempre en tono de guerra– simulando indignación por las penas alternativas que se impondrán a las Farc; y exige cárcel para ellas, entre otros, por el delito de narcotráfico. Pero este estatuto de justicia transicional es pálido reflejo, y él lo sabe, de las concesiones y gabelas que pujó por concederles a los narco-paramilitares en su primer Gobierno. Cuando acaso esperaban ellos reciprocidad por los muchos votos que habían aportado a su elección; y porque la Ley de Justicia y Paz, concebida para regular la desmovilización de las AUC (que albergaban a los capos del narcotráfico) alcanzara en Ralito su primer hervor.
Pero, simulando honor ultrajado, pregona el expresidente que el de La Habana es “un pacto de total impunidad”. Inflama así la instintiva aversión de muchos colombianos hacia esta guerrilla arrogante, y la transforma en odio al enemigo supremo, “la far”. Además, se insubordina por anticipado contra un pronunciamiento de las mayorías por la paz. Y, presa de pánico ante el fin del conflicto armado, se fatiga en prefabricar un clima de catástrofe semejante al de 2002, cuando el fiasco del Caguán le despejó el camino hacia la presidencia de la república. Entonces devolvió a los subversivos selva adentro y se tomó la guerra a pecho como estrategia invariable, eterna de su proyecto político. Presumible que porfíe en ella mientras se asienta el ciclo de la violenta transición que el narcotráfico apareja, y cuyos beneficiarios, ricos y pobres, lo consideran su mentor. Voluntario o involuntario, pero mentor.
La Ley de Justicia y Paz terminó por reducir las culpas de los paramilitares a su mínima expresión. En 2003 debutó el Gobierno con la propuesta de conceder amnistía aún a los responsables de delitos atroces, sin pagar un día de cárcel, mientras aceptaran desmovilizarse. Llovieron críticas. Mas una segunda versión de 2005 contemplaba, entre otras prerrogativas, la de darle al paramilitarismo estatus político. Y podía la Ley favorecer a desmovilizados que vinieran del narcotráfico. La aplanadora uribista del Congreso aprobó la norma, aun violentando el procedimiento legal. Pero las Cortes la modularon después. Ahora quien rindiera versión libre por delitos de guerra y de lesa humanidad pagaría entre cinco y ocho años de prisión; y la Corte Suprema negó la posibilidad de elevar el paramilitarismo a delito político. En diez años de vigencia, sobre 32.000 desmovilizados y 900 judicializados, la Ley arroja míseras 22 condenas. Una vergüenza.
La uribista, entusiasta de esta Ley, no era cualquier bancada. Hasta 2009 se contaron 102 parlamentarios investigados por vínculos con paramilitares y 80% de estos parapolíticos pertenecía a la coalición de Gobierno. No es cosa baladí: la parapolítica es el brazo político de los ejércitos del narcotráfico, autores de masacres sin cuento y de asesinatos espeluznantes a motosierra batiente. ¿A qué tanto moralismo impostado del exmandatario que le pidió a esa bancada aprobarle sus proyectos antes de ir a la cárcel?
La inminencia del fin de la guerra con las Farc demuestra que el país no está condenado a la fatalidad de una violencia sin remedio. Que, por saber del sufrimiento extremo, desconfiarán los colombianos de simulaciones y mentiras que bien pueden costar otros 300.000 muertos. Hago votos por una refrendación masiva de los acuerdos de La Habana. Hago votos porque no prospere la resistencia del expresidente Uribe contra la paz que por vez primera en sesenta años asoma la cabeza.
por Cristina de la Torre | May 16, 2016 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, La paz, Mayo 2016, Proceso de paz, Uribismo
A la inminente finalización del conflicto armado opone Álvaro Uribe una resistencia que, librada a su suerte, podría derivar en baño de sangre. En tan extrema reacción contra la paz menos imperfecta negociada en 20 años en el mundo, parecen presionar, sobre todo, tres factores no cantados. Primero, sin guerra se marchita el poder del notablato más beligerante en las regiones, autoproclamado uribista. Segundo, la reforma rural pactada daría tierra y apoyos al campesinado, restitución comprendida. Anatema para especuladores con tierras, despojadores de predios, latifundistas y ganaderos improductivos, impetuosa avanzada de la extrema derecha. Tercero, el Acuerdo Especial que brinda seguridad y estabilidad a la agenda pactada en La Habana descarta la convocatoria de una constituyente y, con ello, la posibilidad de revivir la reelección del expresidente. Golpe cruel al delirio de poder.
El llamado del uribismo a resistencia civil ―primera en la historia concebida contra un anhelo mayoritario de paz después de 300 mil muertos y 30 mil desaparecidos en la guerra más prolongada de Occidente― interpela a una gama variada de colombianos. A una porción sustantiva de la sociedad que sigue con fervor las tesis ultraconservadoras del senador y su versión infantilizada -manes de la propaganda- del proceso de paz: éste sería la entrega de la patria a la guerrilla. Convoca a las víctimas de las Farc que cabalgan todavía en el odio legítimo del caudillo hacia ese grupo armado. Mas, si no circunscribe con celo sus acciones a la legalidad, podría esa resistencia interpelar también al neoparamilitarismo, brazo armado de las mafias de narcotraficantes, ganaderos, empresarios, funcionarios y políticos que medran en la guerra, no en la paz. Aguerridos conmilitones de la ultraderecha, extienden ahora su apoyo a los ejércitos antirrestitución de tierras.
El alegato contra el margen de impunidad que la justicia transicional concede pinta más como pretexto movilizador del que siendo presidente se excedió en larguezas con los miles de paramilitares “desmovilizados”. Si extraditó a sus jefes fue porque empezaban éstos a comprometer en sus confesiones a prestantes autores intelectuales y responsables políticos de sus crímenes. Tampoco convence su coartada de fungir como enemigo de la negociación de paz, mas no de la paz: querer imponerle rendición a una guerrilla con la que se negocia justamente porque no fue derrotada es dinamitar la mesa de diálogo; y lograr, por esta vía, que vuelvan todos a las andadas de la guerra.
Empotrado en el infundio de la entrega del país a las Farc, escribe el ganadero y dirigente uribista Lafaurie: “La reforma Rural Integral de La Habana deja ver las expectativas de control territorial político de las Farc en el posconflicto, que dé continuidad al control territorial armado que hoy ostentan. La restitución ha sido permeada por esas expectativas” (El Tiempo, 4, 25). Pero sabe, como lo recuerda el exministro Juan Camilo Restrepo, que el acuerdo rural busca profundizar el desarrollo agrario y los mecanismos de acceso a la tierra; que “no entraña peligro para la propiedad privada, el Estado de derecho o las tierras bien habidas”. ¿Habrá también resistencia contra un cambio mínimo en el campo? ¿Será cívica, desarmada?
Uribe está en su derecho de oponerse a la paz. Pero también en el deber de preservar su resistencia civil de cualquier incursión en ella de la derecha armada, chispa que podrá encender la pradera. Y ojalá entienda que la mayoría de colombianos reivindica el derecho a la paz que la Constitución consagra y ya reclama a voz en cuello: ¡no más secuestrados, no más desplazados, no más desaparecidos, no más muertos, no más guerra!
por Cristina de la Torre | Ene 13, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Enero 2015, La paz, Narcotráfico
Terrible disyuntiva. Si el expresidente pierde el tren de la paz, quedará condenado a fungir como referente perpetuo de la caverna, de su incesante levantamiento contra el Estado de derecho y contra el campesinado inerme. Fatalidad trágica para el hombre que acorraló a las Farc hasta forzar el desenlace que acaso no esperaba, pero marcó un hito en nuestra historia: obligarlas a negociar el fin del conflicto. Si en cambio reconoce Uribe la paz como probabilidad cercana y trueca su saboteo por una participación activa en el proceso, sin sacrificar reparos, ganará la gratitud de la mayoría aplastante de colombianos, hartos de la guerra. Aunque guarde todavía las formas meneando el distractor del castrochavismo, aumentan los signos de que él se inclinaría por la segunda opción.
Entre otras sorpresas, ha pasado Uribe de descalificar los diálogos a proponer zona de concentración guerrillera para verificar el cese el fuego. Dos cosas sugiere el cambio de tono: primero, Uribe reconocería que el proceso de paz es irreversible; segundo, se conformaría con que no fuera él su artífice, pese a autoestimarse como único destinatario imaginable de laureles. Tal vez acordada con el propio Uribe, la carta del excomisionado Restrepo en que invita al Centro Democrático a sumarse al proceso de paz para no quedar al margen de la historia ni lamentarse después de cambios que bien pudo ese partido modular, abrió el camino para rendirse a la evidencia: un acuerdo final no se vislumbra a la vuelta de la esquina, pero sí parece inexorable.
Lo dicen acontecimientos que marcan el punto de no retorno del proceso. Como la insólita liberación del general Alzate a poco de caer en manos del enemigo. Alto el fuego unilateral e indefinido de las Farc, su deriva natural en desescalamiento de la guerra y antesala del convenio final. Garantía de acuerdo en el terreno de las armas entre el general Flórez, excomandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y Joaquín Gómez, jefe de la línea militar de las Farc, cuya presencia en La Habana remarca la unidad de esa guerrilla. Y la expresa voluntad de paz de la insurgencia, también fruto de los golpes recibidos: según César Restrepo, del Ministerio de Defensa, en estos dos años de negociación han perdido las Farc 8.530 hombres (2.549 desmovilizados, 5.314 capturados y 667 muertos en combate).
A la carta de Restrepo respondió Uribe sin ahorrar objeciones, pero lanzando propuestas. Entre otras, la de convocar un congresito –versión remozada de su constituyente como alternativa al referendo– para volver a barajar los acuerdos de La Habana. El adalid de la democracia directa cabalga ahora en la democracia indirecta. Si inviable esta propuesta, más fecundas sus advertencias sobre la necesidad de juzgar, condenar y castigar crímenes de lesa humanidad en cabeza de las Farc. Extensivas, diríamos, a los autores de falsos positivos, al paramilitarismo y sus aliados políticos. En materia programática, lejos de desconocer, verbigracia, el acuerdo agrario, deberán las minorías exigir un estatuto de oposición y garantías políticas para que el Gobierno no prevalezca en elecciones a punta de mermelada. Así, todos los partidos debatirían reformas y contrarreformas en igualdad de condiciones y derivarían su fuerza limpiamente de las urnas.
El recurso a la fe ciega, al odio, la iracundia y el miedo van pasando a mejor vida. Ya no es dable sacrificar la paz a la ambición del poder personal. Colombia no quiere otros seis millones de víctimas ni otro medio millón de muertos. Que Uribe se rinda ante la paz, que vierta en ella toda su energía y su poder crítico, no podrá interpretarse como claudicación sino como acto de grandeza.
por Cristina de la Torre | Nov 24, 2014 | Conflicto armado, La paz, Noviembre 2014
El júbilo que la captura del general Alzate desencadenó en filas del uribismo volvió a desnudar la inveterada vocación de guerra de esta derecha extrema. Montaje, o error militar, la gravedad del incidente prometía destruir de un solo golpe el proceso de paz. Abundaron en el Centro Democrático imprecaciones que relanzaban la divisa inicial de Óscar Iván Zuluaga de levantar la mesa de diálogo, no bien ganara él la presidencia. Álvaro Uribe llegó a responsabilizar a las Farc del asesinato de los 43 estudiantes mexicanos. Pero, lejos de volar en átomos la paz, el desenlace se precipitó en sorpresas. Una crecida ola de opinión censuró la que consideró alevosa reincidencia de esa guerrilla en el secuestro, ahora contra un general que ostentaba la majestad del Estado. Pero también alertó sobre la catástrofe que significaría otro medio siglo de guerra. Entonces las Farc ordenaron liberar al oficial en el acto y sin contraprestación.
A tan inesperada decisión le siguieron declaraciones de Pablo Catatumbo en RCN Radio para aludir a la caducidad de la lucha armada, reafirmar su compromiso con la paz y el propósito de firmarla en 2015. En cosa de días, cambiaban las Farc de medio a medio. Un abismo separaba estos pronunciamientos del temible juicio revolucionario que el bloque Iván Ríos insinuó de entrada contra el oficial; y de la tentación de forzar un cese bilateral del fuego. Cese improbable, porque sólo beneficiaría a la guerrilla, cuando la mesa contempla ya el desescalamiento del conflicto: desminar, parar la voladura de torres, devolver los niños de la guerra, medir bombardeos.
Mas la metamorfosis no se contrajo a las Farc. Matizando exigencias que reventarían el proceso porque implican rendición del grupo armado, el pasado jueves contemporizó Uribe con la idea de propiciar un cese el fuego unilateral concentrando a la guerrilla en una zona protegida por la Fuerza Pública. Viable, o no, importa aquí el cambio de actitud. Suceso notable que sugiere preguntas: ¿Es ésta una táctica para reconquistar simpatías sacrificadas a su cruzada contra la paz que casi todos anhelan? ¿Empieza Uribe a abandonar su referente en las Farc, que durante años le ha permitido definir su identidad política por antagonismo con la del enemigo? La invitación al diálogo del grupo armado al senador ¿será huera cortesía con el hombre que le dio nombre de Patria a la venganza contra aquellos a quienes responsabilizaba por la muerte de su padre?
También las Farc acoplaron su razón de ser al desafío bélico del entonces presidente, y del paramilitarismo que sumó sus motosierras a la contienda. Uribe y Farc se retroalimentaron. Y, librando guerra sucia, unos y otros pescaron entre el río revuelto del pueblo que ponía la mayor cota de muertos y abandonaba la tierra al usufructo de los beligerantes. Ambos fracasaron: ni las Farc pudieron tomarse el poder, ni consiguió Uribe derrotarlas. Y esta derrota recíproca rubrica el sinsentido de la guerra. Una guerra que sólo favorece a minorías selectas, experimentadas en técnicas de sabotaje a la paz.
Se ha dicho que el caso Alzate terminará por fortalecer el proceso de paz. Pues hacia allá marchan cambios impensables no hace mucho en los actores que deciden de la guerra y la paz. Si planificado el incidente del Chocó para dinamitar el proceso de La Habana, a sus autores les salió el tiro por la culata. Pero también a las Farc se les volverá bumerang si no multiplican hechos de paz, si en vez de medidas de fuerza no se ganan el beneplácito de la opinión. Si no transitan del militarismo a la política. Como parece intentarlo, por su parte, el expresidente Uribe, con sus amagos de participación en el proceso de marras.
