por Cristina de la Torre | Mar 16, 2021 | Marzo 2021, Modelo Político
Que la ultraderecha de este país justifique tanto cadáver, mal menor si de la patria se trata, sugiere preguntas que pueden ofender su prestada dignidad: ¿se está guisando en Colombia un autoritarismo, estadio débil de la dictadura, o habrá quien apunte aun a su extremo de régimen de fuerza declarado? ¿Qué dice la desafiante naturalidad que la Seguridad Democrática adopta frente al bombardeo de niños-“máquina de guerra”; frente al asesinato a bala de trece manifestantes por la policía en Bogotá; frente al exterminio de líderes sociales, frente a los 6.402 falsos positivos que ninguna dictadura registra en su haber? ¿Se sumará Colombia a la nueva ola reformista que en América Latina suplanta al modelo de Cuba y Venezuela, o caerá en satrapías como las de Ortega y Bolsonaro? Versión a la mano del dictador renacido que bañó en sangre al subcontinente. Dómine coronado de bayonetas, concentra en su persona y su camarilla el poder absoluto, para mandar sin control, sin ley, sin límite de tiempo y con puño de hierro sobre un pueblo aborregado en el miedo, despojado de su humanidad.
ADN del dictador es el personalismo político, recuerda Blas Zubiría Mutis, como expresión de una voluntad de dominio en bruto, sin arbitrio distinto del propio, que florece en la debilidad de las instituciones. O en su manipulación, se diría, cuando el golpe quiere ahorrarse el espectáculo de tanques y bombas; como se estila hoy, desde el pedestal de la voluntad general vuelta ficción. No suscriben ya los dictadores la idea desnuda del gendarme necesario que Vallenilla Lanz propuso. Pero todos pertenecen a la estirpe del tirano rodeado de aduladores fermentados en el miedo, acomplejados hasta el ridículo, arribistas hasta el deshonor.
De caudillos y dictadores está empedrada la historia latinoamericana. Hacendado o valentón en las guerras civiles del siglo XIX o, después, el que responde lo mismo a costumbres y valores de parroquia, premodernos, que a las prácticas más agresivas del liberalismo económico. Trocado en dictador, ocupa el viejo caudillo el vértice de la moderna pirámide clientelista. Conectó él la modernidad política con el mundo rural de provincia, todavía dominado por jerarquías tradicionales y relaciones de dependencia personal que el dictador trueca en mecanismo de manipulación de masas. El más reciente tipo de dictador es el adiestrado en guerra contrainsurgente, que tuerce la ley a su antojo, se rodea de paramilitares y potentados y pasa por patriota modernizador.
Ningún cincel tan afilado como la literatura para penetrar en el carácter moral del dictador. Para entresacar el esqueleto que da estructura al símbolo del tirano en sus muchas variantes y colores. Ya marioneta, ya bufón, ya el esperpento de Valle-Inclán, cuyo Tirano Banderas fue la novela madre de cuantas se escribieron en Hispanoamérica sobre el dictador. No le ahorra puñaladas a su pluma el español, para pintarlo como calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo, o como el negro garabato de un lechuzo. Es éste el dictador de pistola y fusta, tirano ilustrado y austero de largas astucias que encubren una crueldad esencial. “Ante aquel temor tenebroso, invisible y en vela –escribe– la plebe cobriza revivía en terror teológico una fatalidad religiosa poblada de espantos”. Y al final, en la hora de la derrota, “para que no te gocen los enemigos de tu padre, sacó del pecho un puñal, tomó a la hija de los cabellos y cerró los ojos… la cosió con quince puñaladas”.
La prolija gama de los regímenes de fuerza y el contexto que los rodea no aconsejan analogías mecánicas. Pero entre una dictadura que asesina a 10.000 haitianos y una democracia que ejecuta 6.402 falsos positivos se crea un lazo de parentesco político difícil de ocultar. Sabrán los colombianos qué nombre dar al régimen que su extrema derecha cultiva.
por Cristina de la Torre | Feb 23, 2021 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Febrero 2021, Impunidad, Posconflicto
Ya no cabe duda. El encarnizamiento de Álvaro Uribe contra la JEP denuncia pánico en el expresidente. Terror de ver imputado su Gobierno por la comisión del 78% de falsos positivos, una atrocidad sin paralelo en el Continente. Juego de niños parecerán los crímenes de las dictaduras latinoamericanas frente a estos 6.402 asesinatos certificados de civiles inocentes por soldados que ejecutaron una política de exterminio torpemente aupada desde la cima del poder entre 2002 y 2008. Que a ello condujo la Directiva No. 25 del entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, sobre pago de recompensas por captura o muerte de insurgentes. Ponerle precio a la muerte fue prefabricar éxitos militares con falsas bajas guerrilleras y hacer la vista gorda ante comandantes que exigían a la soldadesca “ríos de sangre”. Antioquia concentró la cuarta parte de los falsos positivos, y su Cuarta Brigada, el 73% de las víctimas habidas en el departamento.
A 10.000 podrían llegar estas ejecuciones extrajudiciales, como lo indican el creciente acopio de denuncias documentadas y testimonios de uniformados ante la JEP. Pese a las presiones que sobre ellos ejercen superiores suyos para que corrijan testimonios que comprometen a quienes dieron órdenes o a responsables últimos por cadena de mando. Por cadena de mando resultó sindicada la cúpula de las Farc en el auto del caso 01 sobre secuestro, a menudo con tortura y asesinato incorporados, y cuya responsabilidad acaban de reconocer los sindicados.
Estremecido en el horror, habla medio país por boca de Jacqueline Castillo, directora del colectivo Madres de Falsos Positivos. Las revelaciones de la JEP, afirma, “prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal […] Son evidencia contundente de que estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados, bajo el ala criminal de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros…”. A las primeras denuncias del crimen había declarado el expresidente que los desaparecidos de Soacha y reaparecidos muertos llevaban “propósitos delincuenciales… no iban a coger café”. La historia, la monstruosidad del genocidio se encargaría de sancionar la necedad de su cruel ironía.
La ojeriza de Uribe contra el tribunal de justicia transicional estalló desde el día mismo de su creación. Ni adictos a su persona ni bedeles del Ubérrimo, sabedor del peligro que la independencia de estos jueces acarreaba, los bautizó como izquierdistas sesgados, instrumentos de impunidad. Bloqueó cuanto pudo la expedición de la Ley estatutaria que daba vía libre al tribunal y le ordenó al presidente Duque interponer objeciones, en desapacible cruzada que Congreso y Corte Constitucional neutralizaron desnudando la ruindad de aquella aventura. A medias para renacer de las cenizas tras su detención y remontar el modestísimo 30% de popularidad, a medias para abrir campaña electoral, promueve Uribe referendo para derogar la JEP. Repite ahora que el pronunciamiento del tribunal es sesgado, hechura de oenegés enemigas de su gobierno: un atropello para desacreditarlo, a Él, ícono de transparencia y respeto a la justicia. Otra cosa dicen los hechos.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, exaltó la labor de la JEP en Colombia, modelo para el mundo de probidad y eficiencia en justicia transicional. Así lo demuestran sus autos contra crímenes horrendos del conflicto armado: el secuestro y los falsos positivos. La rendición de cuentas –declaró– y la protección de los derechos de las víctimas son esenciales para la consolidación de la paz y del Estado de derecho en Colombia. Sí. Sus autos sobre las violencias más lacerantes que descuajan a la sociedad traen una buena nueva: en este país sí puede haber justicia.
por Cristina de la Torre | Oct 4, 2020 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Octubre 2020, Posconflicto
Pocos testimonios habrán conmocionado el alma de los colombianos como el de Íngrid Betancur sobre su secuestro de casi siete años por las Farc. Y pocas revelaciones habrán sacudido tanto al país como esta de que la cúpula de aquella exguerrilla se asume responsable de los asesinatos de Álvaro Gómez, el excomisionado de paz Jesús Antonio Bejarano y el General Landazábal. Si la mentira –había dicho Ingrid– es el escudo de los poderosos y de los violentos para escribir la historia oficial, la verdad es el camino de la paz. No bien concluyó su exposición ante la Comisión de la Verdad, cuando el secretariado del nuevo partido reconoció su crimen y le pidió perdón. Tres días después, se comprometió aquel con la JEP a ofrecer verdad, esclarecer los hechos y asumir de antemano su responsabilidad en el homicidio del dirigente conservador. Si así fuere, estarían las Farc provocando un huracán en el país que parecía precipitarse al abismo del autoritarismo y la violencia: un paso de gigante hacia la conquista de la verdad y de la paz.
Las víctimas merecen la verdad. Y también cantan la suya, hasta generar resultados inesperados. Para Íngrid, el secuestro es un asesinato, una muerte lenta sin fecha de vencimiento. No termina con la liberación, pues expropia la identidad, descuartiza la dignidad, anula al ser humano y cambia la genética del que fue para trocarlo en otro. El peso del secuestro en el secuestrado es invencible: lo arroja al vacío donde él se pierde, olvida quién es y después luchará toda la vida por recomponer su ser. El daño es irreparable. El secuestro es el peor de los crímenes porque los incluye a todos y para siempre.
Y un sufrimiento se erige por encima de todos los demás: la mentira. La mentira para maquillar los hechos y la mentira por omisión. La que oculta el nombre de los homicidas y condena a miles de familias a la desesperación en su estéril búsqueda de responsables.
En su emplazamiento a las Farc, señalaba Ingrid que la aproximación a la conciencia de lo hecho, de lo injustificable, pasaba por la negación. Mas todos los abusos legitimados en la ficción de la lucha por el pueblo se derrumbaban ante la incapacidad para reconocer siquiera la propia verdad. Y el miedo, ay, el miedo de las Farc a bajarse de un pedestal confeccionado de falsos heroísmos, pues esa guerrilla llevaba décadas controlando su mundo, imponiendo su ley, contando la historia como ella la quería contar. Ahora podía también mostrarse como el héroe generoso que concede la paz.
Enhorabuena, agregaría, si también ellos hacen el recorrido que a todos se nos impone: escoger quiénes quieren ser en el espacio de país que se ha creado con la paz. Si tienen el coraje para mirarse de frente, sin darse justificaciones, para mirar con asco lo hecho y no querer repetirlo. Arrepentirse. Acercarse con humildad, con dulzura de corazón a los colombianos. Sólo cuando ellos puedan llorar con nosotros se derrumbarán todos los muros que se les interponen. Y se abrirá un verdadero horizonte de paz.
Su admonición pareció precipitar una decisión largamente madurada que sorprendió al país: reconocerse autores de los homicidios señalados. Escribieron en su misiva a la JEP: “Honrando nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado”. Colombia espera que honren su palabra.
Que honren la verdad todos los actores de la guerra: el ELN, la verdad de sus secuestros; los paras, la verdad de sus masacres; comandantes de brigada del Ejército, la verdad sobre los “falsos positivos”. Y los empresarios que financiaron a paramilitares para lucrarse de la guerra, ¿qué dirán?
por Cristina de la Torre | May 11, 2020 | Mayo 2020, Sin categoría
No peligra la democracia por acción de alguna mano díscola en el Ejército, como en su evasiva locuacidad lo quisiera el ministro Trujillo. Peligra, y mucho, por efecto de la politización de esta Fuerza que durante años ha efectuado el uribismo para sumar a los militares, depositarios de las armas de la República, a la causa de un partido reaccionario, corrupto y violento, de vuelta en la Casa de Nariño. De allí deriva, entre otros desmanes, el espionaje consuetudinario sobre civiles inermes. Sabe el uribismo, como lo supo Ospina Pérez cuando se coronó dictador, que destruir la neutralidad del Ejército –por menguada que esté– compromete el Estado de derecho y da pábulo a la violencia.
A más de los falsos positivos que el general Martínez pareció reprogramar, ahora se repite como un mantra de la Seguridad Democrática el espionaje contra opositores, periodistas y demócratas que no se postran de hinojos ante Él, ni ante sus palafreneros en el alto Gobierno. Y este espionaje alarma porque puede pasar a mayores: a la eliminación del perfilado. Como ocurrió con el asesinato del profesor Correa Dandreis, fruto natural del régimen que convertía el DAS en policía política e instrumento del paramilitarismo. Como podrá ocurrir con la Inteligencia militar, que recoge el ominoso expediente de los fascismos de izquierda y de derecha. No contento con colgarles lápida a los opositores calificándolos de terroristas, espió el uribato y persiguió a los magistrados de las Cortes que cuestionaron las pretensiones reeleccionistas del jefe; y a los que investigaban a parapolíticos que resultaron ser bancada del partido en el poder. Y después, en abierto sabotaje, chuzó aquella caverna a los negociadores de paz.
No se innova mucho. En los prolegómenos de la Violencia, cooptó Ospina al Ejército como fuerza del partido de gobierno y activo enemigo de la oposición. Destruyó la imparcialidad de la única fuerza que podía garantizar la tranquilidad pública, y activó un poderoso detonante del horror que vendría. Horror multiplicado por la asimilación del cuerpo entero de Policía al poder presidencial, la ferocidad de los chulavitas a la cabeza.
Conjuradas Violencia y dictadura, sentaría Alberto Lleras la doctrina que funge todavía como el referente deseable en democracia: sustraer a los militares de la contienda entre partidos. Así como los uniformados no deben intervenir en política, tampoco los políticos podrán incursionar en los cuarteles. La fuerza pública ha de subordinarse al poder civil del Estado, no al de los partidos. Los militares reciben tanto las armas de la nación, como la obligación de defender los intereses comunes. Se les confieren derechos especiales, a condición de no descargar su poder letal sobre los ciudadanos inocentes.
Ideal mancillado por una franja de la oficialidad que, envalentonada por la ultraderecha que la adula y encubre sus delitos, traiciona el deber; menoscaba la confianza que los colombianos depositaban en el Ejército, y desdeña la entrega del soldado raso. De las investigaciones exhaustivas nada resultará porque recaerán en la propia Inspección del Ejército o en el fiscal Barbosa. Serán ejercicio de yo-con-yo, deliberadamente orientado a ocultar lo buscado: quién da las órdenes, a quién llega la información, y para qué.
Para El Espectador, estos episodios de espionaje configuran traición de alto nivel contra los colombianos, orquestada desde las Fuerzas Armadas; traición a la democracia, al acuerdo entre sociedad y Fuerza Pública. Se diría que es la sociedad la llamada a exigir cuentas a los responsables últimos en la cadena de mando: al presidente Duque y al Ministro Trujillo. Si sabían, que respondan por encubrimiento; si no sabían, por ineptos. No merecen el cargo.
por Cristina de la Torre | Mar 3, 2020 | Conflicto interno, Impunidad, Justicia, Marzo 2020, Posconflicto, Proceso de paz
Si no mediaran tantos muertos, sería pintoresca paradoja. El general Montoya y dirigentes de la Farc, jefes que fueron de ejércitos rivales durante medio siglo, confluyen ahora sin pestañear en el mismo atajo: callan la verdad o la dicen a medias –forma menos honrosa todavía de callar– sobre secuestro y falsos positivos, ignominias de la guerra. Manes de la historia. Hace ya casi un siglo autoritarismos de signo político contrario entre Alemania y Rusia acudieron a idénticos métodos de fuerza bruta. Métodos comunes a Ortega y Bolsonaro.
Se presenta Montoya ante la JEP, tribunal creado para ventilar la verdad, pero decide enmudecer y evadir señalamientos de once militares en esos estrados, antes que esclarecer responsabilidades si las tuviere. En pequeñez que ultraja a las víctimas, deposita la culpa de los falsos positivos en soldados que le resultan ignorantes, pobres, sin maneras en la mesa. ¿Serían por eso proclives a actos horripilantes que repugnan a la serenísima alta oficialidad? Pero ¿no ejecutaban órdenes? ¿De quién? ¿Nada sabe Montoya, su comandante en jefe entre 2006 y 2008, cuando se registró la mayoría de los 5.000 asesinatos de inocentes para presentarlos como bajas en combate?
Según informe de este diario, la JEP exhumó hace dos semanas 54 cadáveres en el cementerio de Dabeiba que serían víctimas de falsos positivos, pues a ellos se llegó por confesión de uniformados. Ese pueblo sería “un tapete de muertos”, dijo un defensor de víctimas, y varios militares le confesaron a la JEP haber convertido su cementerio en una fosa común. Miles de víctimas se encontrarían en cementerios regados por todo el país. Para la Fiscalía, en el de Valledupar habría más de 500 víctimas, muchas de ellas falsos positivos del Batallón La Popa.
Por su parte, miembros del antiguo secretariado de las Farc ofrecen un pronunciamiento exculpatorio del secuestro. Reconocen su “equivocación” al “retener” civiles por el grave daño que pudieron causarles; pero esta declaración naufraga como un desliz en la mar de justificaciones que convierte a esa comandancia en víctima del destino que le impuso medios heterodoxos para financiar su guerra, su guerra heroica, y la redujo a la impotencia para controlar abusos de la guerrillerada. Otra vez el soldado raso. De los 27.023 secuestros asociados al conflicto entre 1970 y 2010, las guerrillas perpetraron 24.482, el 90%. Inhumanidad extrema de un crimen que los exfarc edulcoran trivializando la crueldad, naturalizando la humillación y la sempiterna amenaza de muerte contra sus plagiados. Para El Espectador, las Farc embolatan con “retazos de verdad”.
A esta versión responde Ingrid Betancur con un primer reclamo: no deberían las Farc hablar de “errores”, “equivocaciones” y “retenciones” para referirse al crimen del secuestro. Dice que el suyo fue un acto de venganza contra un ser humano. Que buscan justificar castigos como su encadenamiento de años, no para protegerla sino para castigarla. “El mayor peligro que yo corría (eran) ellos, su violencia, su decisión de matarme […] Su ensañamiento fue producto de un sadismo personal combinado con fanatismo ideológico en un espacio humano donde la arbitrariedad de los fusiles hacía oficio de ley […] El secretariado (encubría) sistemáticamente los desmanes de su tropa, así como lo hace hoy…”.
La justicia transicional exige verdad plena y a nadie exime. Los de Montoya y la Farc son silencios que matan porque revictimizan a las víctimas. Así el senador Uribe, excomandante Supremo de las FF MM durante el periplo más negro de los falsos positivos, eleve a Montoya a héroe de la patria. También elevó a Rito Alejo del Río, y éste se desplomó a la cárcel.
