por Cristina de la Torre | Jul 3, 2019 | Acuerdos de paz, Impunidad, Julio 2019, Justicia, Movimiento social, Posconflicto, Uribismo
Pese a la insustancialidad de Iván Duque, el presidente y su partido van pintando el cuadro de un gobierno que emula los regímenes de fuerza. Son sus trazos de brocha gorda: la criminal pereza de las autoridades para apresar y juzgar a los autores intelectuales del exterminio de líderes sociales; y la persecución (¿purga?, ¿tal vez eliminación?) de uniformados que señalan responsabilidad de superiores suyos en la comisión de falsos positivos. Tan amenazante este destape, que el uribismo precipita una propuesta de referendo para eliminar las Cortes (donde se ventilan las verdades de la guerra) y cercenar el Congreso.
Para sacar otros poderes públicos del sombrero de un líder venido a menos, reducido al afán de sobrevivir a la acción de la justicia. ¿Nostalgia de tiranías que convirtieron la voluntad general en fortín particular de algún egócrata, llámese Mussolini, Leonidas Trujillo, Maduro? ¿Purga en las fuerzas armadas, como la de Hitler contra sus tropas de asalto (SA) en la Noche de los Cuchillos Largos? ¿Cómo la de Stalin en el Ejército Rojo? ¿Cómo la de Maduro hoy contra uniformados que discrepan de la acción militar contra el pueblo desarmado? Hacia el desmonte del Estado de derecho conduciría el referendo en ciernes, si no fuera porque el prestigio del líder que lo mueve se desploma conforme se satura Colombia de la corrupción y de la violencia en las que nuestra ultraderecha es reina.
Si la ofensiva contra la JEP no ha dado tregua es porque miles de militares están declarando ante sus jueces; desde soldados rasos hasta oficiales de alto rango, en tren de identificar a los máximos responsables de atrocidades como los falsos positivos. Mientras diez generales preparan declaración, el soldado Yeris Gómez, verbigracia, sostuvo que en el Cesar hubo “un baño de sangre”, y alianzas de militares con los jefes paramilitares Jorge 40 y Alias 39. Según Semana, miembros del Ejército que han rendido testimonio son acosados por la inteligencia militar, reciben sufragios y amenazas de muerte.
De otro lado, el llanto de un niño ante el cuerpo de su madre asesinada, María del Pilar Hurtado, conmocionó al país. Era ella la víctima número 702 en dos años y medio de masacre de líderes sociales. Quince días antes, había alertado la Defensoría del Pueblo, pero la Policía desestimó en sendos consejos de seguridad la amenaza. A poco, caerían asesinados tres de los acosados. La cuarta del mismo panfleto del Clan del Golfo sería María del Pilar. Por descalificar la amenaza en vez de actuar, 70% de las alertas tempranas han resultado en el homicidio que se rogaba evitar.
En entrevista concedida a Cecilia Orozco, señala el presidente de Indepaz, Camilo González, que tras los sicarios “hay empresarios del enriquecimiento ilícito, políticos y agentes del Estado corruptos”. Que, sin la complicidad o el entronque con agentes del Estado, no podrían los narcoparamilitares crecer o reproducirse. Relaciona la airada oposición al Acuerdo de Paz con la violencia que se ejerce contra las comunidades y sus líderes. Y afirma: al Gobierno, al Centro Democrático y a la ultraderecha les cabe responsabilidad política en el recrudecimiento de la violencia.
Exterminio de dirigentes comunitarios; persecución a soldados que reivindican el honor del Ejército; creación de una red de informantes civiles que configura virtual policía política; embestida contra la libertad sexual y de pensamiento en la escuela y en la prensa son menjurjes que emiten aromas de fascismo. Otra cosa es que puedan invadir una sociedad diestra en mecanismos de supervivencia y con potencial electoral para hacer respetar la democracia y la paz. Acierta Claudia López cuando antepone al poder de la corrupción y la violencia el poder de la cédula, capaz de cambiar en las urnas la historia de este país.
por Cristina de la Torre | Jun 4, 2019 | Iván Duque, Junio 2019, Paramilitarismo
De vuelta al régimen de Seguridad Democrática, alarma la involución operada en la doctrina militar: de los derechos humanos a la tropelía. La nueva cúpula de las Fuerzas Armadas desestima la enseña de su antecesora, a saber, la paz es la victoria, para reabrir el camino de los falsos positivos, ariete de la guerra sucia. Marca de cobardía en la frente del Gobierno Uribe, el asesinato de 5.000 civiles inermes ajenos al conflicto deshonró, por contera, al soldado que entregó hasta la vida en el asedio a las Farc; (ofensiva sin la cual no hubiera podido Santos negociar después la paz). El abrupto timonazo de hoy denuncia sed de sangre en los instigadores de la guerra que ya fue, una barbaridad para un país en posconflicto.
Nuevas grietas se abren entre uniformados. Diga usted entre el general Alberto Mejía en una orilla y, en la otra, el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez. En la vertiente del primero, oficiales de alto rango denuncian la orden de duplicar bajas “como sea”, aun ampliando el riesgo de matar civiles y sellando alianza con paramilitares. La nueva instrucción emula la que el entonces ministro de defensa, Ospina, expidió en 2005 para dar lugar al genocidio de marras. Mientras la Procuraduría le abre investigación al jefe del Ejército, el general Colón dice en foro de El Espectador: “hay que preguntarles a los gobernadores y alcaldes por qué parte de sus presupuestos iban a las AUC; y a los ganaderos, por qué llegaban [estas] a sus fincas […] Hay que contar las verdades como son… contar la verdad de los falsos positivos, para deshacernos de esa cruz”.
Sí. Es ancho el horizonte de las circunstancias políticas que gestaron semejante atrocidad: la vileza de un Gobierno que exigía resultados como agregado indiscriminado de cadáveres. La alianza de militares con las fuerzas más oscuras y violentas que fungían, a su turno, como fervientes seguidoras del partido en el poder. Y contra su enemiga mortal, la guerrilla, dizque rodeada de “auxiliadores” que devenían candidatos a falso positivo. La campaña de Uribe contra las Farc floreció al costo de generalizar la guerra sucia, codo a codo con el paramilitarismo, con su brazo político en el Congreso y con los empresarios que lo financiaron.
El asesinato del desmovilizado Dílmer Torres, a quien se quiso hacer pasar por guerrillero del ELN, simboliza el retorno a los falsos positivos. En los cuales habría tenido responsabilidad por cadena de mando el general Martínez, si damos crédito al debate del parlamentario Alirio Uribe del 14 de octubre de 2014. Cruza él información de Fiscalía, Procuraduría y Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) para concluir que el entonces brigadier general Nicasio Martínez comandaba entre 2004 y 2006 la Quinta División, con jurisdicción en Cesar y la Guajira, a la que se le imputaban cien presuntas ejecuciones extrajudiciales. Imputación semejante afectó a otros ocho generales. 88% de los 6.600 falsos positivos reportados entre 1998 y 2014 tuvieron lugar en el Gobierno de Álvaro Uribe.
En su informe de febrero dice Human Rights Watch: “el Gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales”. Ya Vivanco había escrito que el general Montoya “estuvo al frente del Ejército colombiano cuando se cometieron algunas de las atrocidades masivas más graves que hayan ocurrido en el Hemisferio Occidental en los últimos años”. ¿Creerá Duque que semejante horror se conjura designando lectores de órdenes militares mientras mantiene en el mando a quienes las expiden y ascienden en la impunidad?
Coda. Lamentable la suspensión, con sabor a censura, de la columna de Daniel Coronell en Semana.
por Cristina de la Torre | May 31, 2019 | Derecha, Iván Duque, Mayo 2019, Modelo Político, Posconflicto, Uribismo
No son las instituciones las que están en crisis, es el Gobierno de Iván Duque. Y no por falta de norte, que lo tiene, de derechas, aunque no termine el presidente de asumir en propiedad. Por convicción o por temor reverencial a Uribe (o por ambas razones), le entrega Duque el timón al impenitente que puja en vano por precipitar el país al abismo. Que quisiera elevar a conmoción interior el caso de un posible traqueto para derogar la JEP, hundir la paz, golpear a las Cortes y clausurar el Congreso. Anhelada conmoción que, sacada del cubilete y ya sin esperanza, promovería algún orate, si la convocatoria a los partidos fracasa. Pero el acuerdo de yo-con-yo, concebido para trocar las derrotadas objeciones a la JEP en actos legislativos mediante el Congreso que las negó, nació muerto. Y produjo exactamente el efecto contrario: compactó a la oposición, selló su alianza por la paz con los partidos independientes, alertó al despabilado movimiento social y dehilachó aun más el prestigio del conspirador. Maltrecha imagen del mentor que pone en aprietos a su rendido servidor.
El pacto “nacional” empezó por excluir a la mitad de los colombianos, que votó por la oposición. Dirigido contra el Acuerdo de La Habana, no podía sino recibir el portazo de los partidos independientes que lo habían suscrito: el Liberal, la U, Cambio Radical. Y contraerse a sus aliados, con bancada parlamentaria insuficiente para gobernar sin tropiezo. En respuesta, la Alianza Verde convocó a los partidos independientes, de oposición y a las organizaciones sociales a un consenso por la paz y para encarar los grandes problemas del país: desempleo, desarrollo económico, violencia desbordada en campos y ciudades. Efecto inmediato, congresistas de todas esas colectividades propondrán una nueva política de drogas, con enfoque de salud pública y regulación del consumo.
El destape de estrategias emparentadas con el crimen profundiza la crisis del Gobierno y la proyecta al extranjero. Como en tiempos aciagos de la Seguridad Democrática, ciego al destaponamiento social y político que la paz trajo, revive este Mandato los falsos positivos como política oficial. Sello y vergüenza de la administración Uribe, tras cobrar 5.000 víctimas mal contadas, haría ahora sus segundas armas. Primer efecto venenoso de un mando militar hoy infestado de generales señalados por Human Rights Watch de haber cohonestado falsos positivos en aquel entonces, la amenaza de reanudación del horror corrió por cuenta del New York Times.
Quién dijo miedo. Presidente, canciller y comandante del Ejército se rasgan las vestiduras, protestan indignados y terminan suprimiendo la directiva que obraba como prueba de lo dicho por el diario estadounidense. A poco, el editorial de ese periódico acusa al presidente Duque “y sus aliados en la derecha de [sabotear] el desarrollo pacífico del pacto de paz”. A renglón seguido, 79 congresistas de ese país piden a su gobierno presionar a Duque para que respete el Acuerdo de La Habana y frene el genocidio de líderes sociales. Según Indepaz, la matanza alcanza 702 líderes y 135 excombatientes asesinados en dos años. Mas ¡no da el Gobierno con sus autores intelectuales! A falta de conmoción interior, tragedias de esta laya sí conmocionan la opinión allende nuestras fronteras.
La crisis del Gobierno estriba, sobre todo, en que el presidente Duque es prisionero (¿involuntario?) de Álvaro Uribe. Su avanzada hacia la fabricación de un caos artificial capaz de justificar un golpe de mano no prospera, pero pone a patinar al Gobierno y le quita el aire. Para Humberto de la Calle, “no hay motivo para una crisis (institucional). Lo que ha ocurrido es un nuevo episodio de patria boba”.
Coda. Diferencias de ideas aparte, le deseo al senador José Obdulio Gaviria pronta recuperación de su salud.
por Cristina de la Torre | Oct 28, 2018 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Octubre 2018, Proceso de paz
Por vez primera en la historia de nuestros conflictos peligra el pacto de silencio que salvó de responsabilidad a los grandes promotores del horror. Y no por un alarde de honradez sacado del sombrero sino, en particular, porque las víctimas pueden ahora denunciar y reclamar ante instancias creadas para develar la verdad: la Justicia Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad. Casos al canto, los políticos secuestrados por las Farc cuyo testimonio sacudió al país esta semana; y los dolientes de los miles de “falsos positivos” que se cobró el Ejército. Pese a la ristra de trampas y emboscadas que en su frenesí por salvar el pellejo le ha tendido el uribismo a la paz, el alud de ataques no consigue frenar la afluencia de informes, testimonios y comparecientes ante la JEP. Aunque el partido de Gobierno apadrine proyecto de ley que le niega a la Comisión de la Verdad acceso a información reservada del Estado —vital como insumo para su trabajo— desde todas las orillas fluye ésta y ayudará a documentar responsabilidades en el alto mundo político, militar, empresarial y de la dirigencia guerrillera.
El mío, empezó Betancur ante la JEP, no es el relato de una detención ilegal sino el relato de mi descenso al infierno. Y agregó: “yo acuso a las Farc de tortura sicológica contra mí y contra mi familia”. Todos los miembros del Secretariado son culpables de la crueldad, el sufrimiento y los vejámenes a los que nos sometieron sus hombres, declaró. Por su parte, informes de la Fiscalía y de oficiales del Ejército señalan a miles de uniformados como incursos en la dantesca escalada de “falsos positivos”, por los cuales comparece ante la JEP el mismísimo excomandante de esa arma, general Montoya. Para Human Rights Watch, esas ejecuciones, “cometidas en gran escala (entre 2002 y 2008) constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas”.
Betancur afirma haber sufrido en carne propia la misoginia de las Farc, que cobró en ella su condición de mujer, de política y “enemiga de clase”. Tras una fuga, revela entre lágrimas, la tuvieron varios días encadenada a la intemperie. Para dormir, en las caletas, la obligaban a tender el plástico sobre nidos de congas, de garrapatas o sobre la letrina colectiva. Nos mantuvieron encadenados a un árbol durante años, dice. Enfermarse era una tortura: tenían los medicamentos pero no nos los daban. Me recuerdo “suplicando inútilmente de rodillas al enfermero que me facilitara las pastillas contra la malaria antes de cada ataque de convulsiones”. Le negaron a Luis Eladio Pérez una ampolla de insulina, estando a punto de un coma diabético. Ni alias Gafas lo socorrió cuando sufrió un infarto; antes bien, lo molió a patadas. Tras varios días de marcha en muletas, el general Mendieta no pudo ya levantarse y tuvo que arrastrarse en codos y manos. “Estoy convencida de que el Secretariado sabía de todo esto”.
Otros victimarios no son menos desalmados. Según el fiscal Jaime Camacho, se investiga si 2.429 casos de muerte en combate con el Ejército entre 2006 y 2008 eran falsos positivos, cuando comandaba el general Montoya, y estaba en su apogeo la valoración de resultados por número de cadáveres. 180 batallones en 41 brigadas resultaron involucrados en la práctica siniestra. El diario inglés The Guardian habló de 10.000 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2010, con base en investigación realizada por los excoroneles de la Policía Omar Rojas y Eduardo Benavídez.
Jesús Abad, soberbio retratista del conflicto, afirma: “aquí hay demasiados culpables que sólo ven el mal en el prójimo, y se lavan las manos en jabón Poncio Pilatos para evadir responsabilidades [Pero] no hay tinieblas que la luz no venza”.
por Cristina de la Torre | Abr 28, 2009 | Abril 2009, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción
“Se amarraba al campesino, se le vestía de camuflado y le disparábamos de lejos, porque si era a quemarropa venía la investigación”. Así parecía haber muerto en combate, relata el exparamilitar Pantera en El Espectador (IV, 24). Siendo infante de Marina, terminó cooptado por don Mario y sirviendo a dos señores. De los 30 falsos positivos en que participó, 2 fueron pastores protestantes tras una escaramuza con el ELN en El Carmen . –“Mínimo son guerrilleros y se pusieron de civil- me dijo el teniente Rivera. Hagámosles la vuelta”. Entonces Pantera los mató y luego les vistió el uniforme militar. Cuenta que por instrucciones del General Quiñónez y del Coronel Diazgranados, en compañía de 25 hombres del Batallón de Contraguerrilla 33, y al mando del jefe paramilitar Cadena, participó en la masacre de El Salado en 1999. Y que eran hombres de la Primera Brigada de ese cuerpo quienes confeccionaban las listas de los condenados que Cadena eliminaba después.
Pantera sería apenas un eslabón en la cadena de falsos positivos que, según las autoridades, puede llegar a 2 mil en la última década. Se elevó la semana pasada en Soacha el reclamo de nuevas madres cuyos hijos se sumaban a aquel número macabro. El General Padilla declaró, conmovido, que los falsos positivos eran una “monstruosidad”. Para el senador Juan Manuel Galán, tan abultada cifra prueba que “no estamos hablando de ejecuciones aisladas o manzanas podridas”.
Si el caso de Colombia escandaliza al mundo, es porque ella parece sembrarse en el estadio de la barbarie que otros, olvidadizos, transitaron también. Más de un ejército (inglés, francés, portugués, israelí) acudió a fuerzas irregulares para combatir a la guerrilla. Pero ahora el Tercer Mundo se ha propuesto conciliar seguridad con derechos humanos y construcción de paz. Pasa de la justicia militar a la civil; supedita el poder militar al civil; afina los procesos de selección, formación y control del personal militar, crea mecanismo expeditos para combatir la impunidad.
El Gobierno de Colombia decidió crear una Escuela de Derechos Humanos para sus hombres y situar en cada brigada un inspector de aquellos derechos. Espera promover así el respeto a la vida y combatir la impunidad que se ha generalizado entre uniformados. Mas el estudio formal debe corresponderse con la evaluación de resultados operativos: no pueden ofrecerse recompensas ni incentivos a la vista del primer cadáver sin saber de dónde salió… o callando por saberlo. Un abismo media todavía entre la limpia intención del papel y el margen de independencia de que goza cada comandante en su terreno. Esta circunstancia y una larga tradición de permisividad y laxitud convirtieron a amplios sectores de las Fuerzas Armadas en aliados del crimen, cuando no lo protagonizaron ellos mismos. Insuficientes resultan esas medidas, además, si el Salto Estratégico que el Gobierno anuncia se propone “consolidar” el territorio subordinando toda acción civil del Estado a la arrogante batuta militar.
Mil dificultades ha encontrado el Fiscal Iguarán para investigar a los militares acusados de falsos positivos. Dice que les aplican a sus fiscales “una especie de sicariato moral (para delegitimarlos)”. Buenas intenciones animan, sin duda, al gobierno, pero resultan tímidas. Poco se logra con cursos de derechos humanos, o con intendentes para protegerlos en brigadas a donde las víctimas no arrimarían jamás, si no se enmienda antes el error monumental de premiar con una embajada al presunto responsable de los falsos positivos: el General Montoya.
