‘ROMAÑA’ Y ‘KARINA’

“La orden era matarlo sin hacer ruido. Le corté la yugular. No más”. Después el comandante le entregó una pala para que ella misma hiciera el hueco y lo enterrara. “Lo hice para demostrar que era capaz de matar”. Eran amigos. Ella, guerrillera iniciática de las Farc, tenía 17 años; él, 24. Era Karina. (Tomado de Maria Paula Ortiz, revista Don Juan). Terror de Caldas y Antioquia como comandante del Frente 47, la sola evocación de su paso por la guerra sobrecoge. Y muchos se indignan todavía de que el entonces presidente Uribe la nombrara gestora de paz en 2009. Como tantos otros repelen hoy la presencia del desalmado ‘Romaña’ en La Habana. Fue él artífice de los secuestros en masa que nutrieron la cifra escandalosa de los 24.482 perpetrados por las guerrillas en 40 años. Para el uribismo el hecho es bofetada a la sociedad y a su Ejército. Pero acaso lo que resiente es que la presencia de los comandantes militares de las Farc en la mesa prueba su unidad por la paz y acusa el abordaje decisivo del proceso. Si bien Uribe y Santos comparten disposición a conversar con actores de esta guerra degradada, no son simétricas las circunstancias. El proceso de hoy se da todas las formalidades y avanza con escrutinio de la comunidad internacional. La cooptación de Karina, en cambio, parece acto antojadizo, al azar, sólo para inducir deserciones en las Farc, pues no cuajaba el proceso formal de paz que Uribe perseguía. Y, mientras tanto, se estrechaba la vieja alianza del Estado con el paramilitarismo.

Los prontuarios de ‘Romaña’ y ‘Karina’ ofenden. Contra el sucesor de ‘Jojoy’ obran 70 expedientes por asesinato, secuestro, terrorismo, narcotráfico y presunta conexión con el cartel de Sinaloa. En 2002 ordenó ejecutar a los ancianos secuestrados Carmenza y Gerardo Angulo, porque la pareja no podía ya caminar por el monte. Por su parte, entre asesinatos, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados, ‘Karina’ reconoció 218 delitos. Se le acusa de asesinar por mano propia a camioneros en la vía Bogotá-Medellín; de ejecutar masacres en La Chinita, Churidó, Los Cunas y Carepa. Ordenó fusilar por la espalda al agrónomo Fidel Jaramillo cuando el joven supervisaba créditos del Banco Agrario entre campesinos. Era el hijo de Jaime Jaramillo Panesso, Comisionado Nacional de Reparación. En incursión de su guerrilla a Caldas, hizo quemar viva a una mujer, sólo por ser la esposa de un policía. Un juez la condenó a 33 años de prisión, pero gracias a la ley de Justicia y Paz, la pena se redujo a 8.

Tampoco exhibe Uribe suficiente rigor hacia otros actores del conflicto. El General Rito Alejo del Rio, brazo auxiliar del jefe paramilitar Carlos Castaño en Urabá, recibió todo su amparo y sus afectos. Aunque en informe de 1988 el Departamento de Estado de EEUU informó que generales como Del Río “tienen vínculos con paramilitares”.  Pero Uribe le rindió homenaje que hizo historia, con asistencia de 1.500 prohombres de la política y los negocios. Exaltó al “pacificador de Urabá (…) ejemplo para los policías y soldados de Colombia”.

Ya los esfuerzos de Uribe por dialogar con Farc y Eln contradicen su publicitada repugnancia a tratar con “terroristas”. Ahora, el tenebroso rasero que hermana a ‘Karina’ –favorecida de Uribe– con ‘Romaña’ –negociador en el proceso que Santos apadrina, cuestiona los escrúpulos del senador hacia esta iniciativa de paz. Entonces, ¿a qué precipitar negros vaticinios sobre asuntos no tratados aún, o mentir sobre lo acordado? ¿Teme Uribe una reforma liberal del campo? ¿Teme que un horizonte de conflicto sin armas cambie la ecuación de la política en detrimento de la extrema derecha y del sector militar que ha deshonrado el uniforme tanto como ‘Romaña’ y ‘Karina’?

NEOGOLPISMO

Cuando se ve la paz más cerca que nunca en medio siglo, una constituyente de Uribe y las Farc destruiría esta oportunidad irrepetible; peor aún, podría la ultraderecha soñar con trocar esa asamblea en instrumento del golpe de Estado que se estila hoy: el poder por asalto, guardando formas de legalidad. El poder que anhela Uribe para repetirse en él indefinidamente, cada vez más sometidos los poderes públicos a su égida personal y, derrotada toda idea de cambio, dar nuevas alas a la guerra. Y las Farc, ilusas, creyéndose con respaldo suficiente para neutralizar al contendor, se prestarían al juego marchando con los ojos vendados a liquidarlo todo. Primero, los acuerdos sudados en La Habana. La constituyente no sería entonces medio de refrendación de lo firmado sino escenario de nueva deliberación, librada ahora a lobos de la guerra para quienes dialogar y concertar es anatema. Como no sea dialogar y concertar y perdonar sin fórmula de juicio a los paramilitares.

 El uribismo es divisa política por antonomasia del nuevo país que emergió a la sombra del narcotráfico y sus ejércitos; de sus aliados en los partidos, en el notablato regional, en la Fuerza Pública. El haber gobernado con ellos ocho años menoscabó la legitimidad que hubiera asistido a la exitosa cruzada del entonces mandatario contra una guerrilla que sacrificaba sus ideales a la guerra sucia. La llamada seguridad democrática terminó al servicio de sórdidos núcleos de criminales. Como el DAS. Siendo política pública, derivó no obstante en aparato armado de la caverna contra la subversión, que lo eran todos: opositores, cortes que juzgaban a parapolíticos, sindicalistas y, claro, guerrilleros. Endosó el Estado su neutralidad al interés particular de fuerzas emergentes que se sintieron representadas en el propio Presidente. Éste recibió sus votos y los dejó cogobernar.

 El otro fundamentalista de la hipotética constituyente son las Farc. Ellas nacieron, es verdad, pidiendo la tierra que se le sigue negando al campesino, pidiendo reconocimiento político para los marginados y los perseguidos desde la Violencia y el Frente Nacional. Y hoy se allanan a negociar una salida política al conflicto. Enhorabuena. Mas la salida implica no sólo destapar verdades, orígenes y responsables del conflicto armado. Obliga también a las Farc a reconocer sus crímenes contra el pueblo al que dijeron defender y que las emparejan con el paramilitarismo.

 La menguada representación parlamentaria que el uribismo obtuvo el 9 de marzo lo moverá, sin duda, a buscar una constituyente de bolsillo. Y acaso a trocarla en medio para un proyecto autoritario que ya Laureano había intentado, por imitación del corporativismo fascista. Pero hoy el golpe de Estado convencional, sangriento, ha cedido el paso a la estocada que se camufla de legal y, en nombre de la democracia, se propone  instaurar un orden nuevo. Neogolpismo llama Juan Gabriel Tokatlián a esta modalidad de golpe “institucional” encabezado por civiles, que se ofrece como solución providencial a una crisis calificada de insufrible. Caos prefabricado por un uso intensivo de propaganda negra contra el régimen establecido. Hasta justificar la convocatoria de una constituyente.

 El escenario de ingreso al posconflicto no podrá ser esta constituyente de Uribe cortejada por las Farc. Porque no se convocará para suscribir acuerdos moderando antagonismos sino para prolongar el conflicto entre rivales que querrán dar, cada uno, su propio golpe de mano contra una democracia “tan precaria que bien cabe disolverla”. Pero saben que la norma vigente albergaría hasta el cambio más audaz. Tal vez por eso quisiera Uribe remplazarla por un estatuto de extrema derecha.

ORDÓÑEZ O LA CONCUPISCENCIA DEL PODER

No es el único, pero sí uno de los más crudos ejemplares de la especie que convirtió a Colombia en el país archiconservador del hemisferio. Retrato en mano, Alejandro Ordóñez pide a gritos un espacio en la galería rococó de los hombres que manosearon el sentimiento religioso hasta convertirlo en fórmula de gobierno inquisitorial. En su nostalgia de Cruzadas y órdenes militares del Medioevo, apenas disimula el toque neonazi que la adapta a los tiempos. Desde Rafael Núñez, pasando por san Ezequiel de Pasto y monseñor Builes y Alvaro Uribe – santo de cabecera del beato Marianito- y algún pastor cristiano enredado en parapolítica, larga es la lista de nuestros teócratas que vuelven siempre sobre los pasos de la historia para petrificarla. Para sumarle nuevas telarañas a la caverna, mientras el mundo rebasa las modestas fronteras del liberalismo que aquí nos resulta todavía esquivo. Pero, más que iluminado, Ordóñez es un concupiscente del poder que, apuntando al solio de Bolívar, mueve la fibra goda de los indoctrinados en el miedo a la paz, a la pluralidad, a la preeminencia de la ley civil sobre la divina que vino con la modernidad.

 La galería abruma. Núñez negoció el Estado laico contra la bendición pontificia a sus pecadillos de alcoba. Ezequiel fue heraldo de la sentencia que trocó el liberalismo en pecado y cobró miles y miles de vidas en la guerra de los Mil Días. La continuó monseñor Builes, pulpiteador de aquella sentencia de muerte contra el pueblo desafecto al partido católico, cuando Laureano, luz de Ordóñez, se declaraba seguidor del nazi-fascismo y promovía la acción intrépida y el atentado personal. Gobernaron los tonsurados por interpuesto presidente. Monseñor Perdomo, el Cardenal Crisanto Luque y Monseñor Muñoz Duque ungieron para el gobierno civil a los mandatarios Concha,  Suárez,  Abadía Méndez,  Ospina, Gómez y Betancur. Debieron desfilar todos por el Palacio Cardenalicio para acceder a la casa de Gobierno. Y devolvieron con creces a la poderosa Iglesia sus galanterías. Los pastores cristianos siguen el ejemplo. De la sana libertad de cultos que la Carta del 91 consagró, saltaron a la divisa “un fiel un voto”. Son los suyos feudos electorales de incautos que pagan diezmos y sufragan a menudo por quienes ofrecen resignación en la tierra por la gloria de Dios. Sin preguntar antes si ofician también de parapolíticos o si su paz es la de los sepulcros. Como el pastor Jaime Fonseca, quien se permitió predicar energúmeno su fórmula divina para alcanzar la paz: “oración de cristianos y plomo ventiado”.

 Ordóñez milita en una secta ultramontana del catolicismo que bebió, entre otras, en el pontificado de Benedicto. Instaba éste a la organización de políticos dispuestos a batirse por Cristo y contra el príncipe diabólico. El padre Iraburu extremó el llamado contra la “bestial liberal” y para alzarse en armas contra ella. En su tesis de Derecho, exalta Ordóñez  “los alzamientos militares del heroico catolicismo mexicano y español” y aboga por un Estado confesional  edificado sobre el cadáver de la democracia. Homicidio perpetrado a dos manos: por el integrismo católico y por el ejemplo nazi. Fiel a sus fuentes, ya en 1978, fungiendo como cruzado medieval, repitió Ordóñez la incineración de libros que aprendiera de Hitler, de  Videla y Pinochet. El procurador es resultado y síntesis de esta historia. Fingiéndose elegido de Dios para salvar la religión católica, no oculta, sin embargo, su pasión por el poder mundano. Hacia éste apunta el ejercicio selectivo de sus condenas “judiciales” ejecutadas a golpes de Biblia y de clientela. Contra blancos legítimos del dios de sus ejércitos.

LA NUEVA PATRIA EN ACCION

Apareció el fresco entero, con todos sus trazos y colores. La recuperación de 41 mil hectáreas en Urabá destapó la red de alianzas entre paramilitares y fuerzas legales que sustenta por doquier el poder de la patria refundada. Y que se apresta a afianzar su toma del Estado ganando más alcaldías y gobernaciones este 30 de octubre. Pocos episodios tan elocuentes como éste, con el que el Gobierno desentraña en Montes de María los patrones de usurpación de tierras. Veamos.

El Presidente denuncia robo masivo de tierras en Urabá, a manos de empresarios y paramilitares. El Fondo Ganadero de Córdoba las había comprado, casi todas, a menos precio. Según el director de Notariado y Registro, en la mitad de esas compras hubo presión y, en la otra mitad, estafa. El negocio fructificó por concierto con funcionarios del ICA, Incoder y el viejo Incora; con alcaldes, y notarios a granel. Para adquirir a huevo esas tierras, los ganaderos se valieron de Sor Teresa Gómez, parienta de los Castaño y condenada por el asesinato de la líder agraria Yolanda Izquierdo. Algunos de los predios terminaron en manos del paramilitar Pedro Bonito. Y Benito Osorio, hoy preso por parapolítica, fue durante siete años gerente de aquel Fondo. Informa El Espectador (agosto 27) que Osorio pareció jugar papel preponderante en la captura del poder público por el paramilitarismo; que el entonces presidente Uribe lo había nombrado gobernador encargado de Córdoba.

Que la manguala descrita treparía hasta el poder central se infiere del debate parlamentario del pasado 31 de agosto. Se reveló allí que el ex ministro de Agricultura, Andrés Fernández, violando las medidas de protección que cobijaban fincas susceptibles de despojo, habría incitado a campesinos de María la Baja a feriar sus tierras. Dijo el ministro Restrepo que inversionistas, comisionistas, notarios y registradores habían violado “de diez mil maneras” esa figura de protección de predios. Elocuente botón de muestra que pone en evidencia los alcances de la nueva patria, que avanzó en ocho años cuanto no hubiera logrado en treinta: políticos, paramilitares, narcotraficantes, lavadores de activos y funcionarios públicos formaron un bloque inexpugnable para hacerse con la tierra ajena. Y con el poder local y sus recursos.

Estas elecciones serán plato suculento para los poderes de la motosierra y sus amigos, que hoy practican modalidades de violencia menos ruidosas pero no menos pavorosas. Hace cuatro años, a la Embajada de Estados Unidos le preocupaban “los comprobados nexos de los políticos con las autodefensas” en departamentos como Sucre y Córdoba. El entonces candidato a la alcaldía de San Onofre, José Meléndez, temía el triunfo electoral de grupos criminales gracias al cual podrían “controlar  dos departamentos que eran una gran ruta para el narcotráfico” (Wikileaks, 9.25.07). El mismo cable registra el caso de la actual gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, quien publicó a la sazón aviso de prensa donde anunciaba alianza con parapolíticos encarcelados. La saga sigue intacta. Diana Mancilla, candidata a la alcaldía de María la Baja y hermana de ex jefe paramilitar, figura en informe de inteligencia militar como cómplice de paramilitares. Arco Iris demuestra que casi todos los parapolíticos están hoy apoyando candidatos. Algunos, desde la cárcel.

No contentos con los exorbitantes réditos del narcotráfico, los nuevos poderes van en octubre por todas las regalías regionales y las platas de la salud y las rentas de los municipios. Se pelearán cada centímetro cuadrado de la tierra “conquistada”. Con los ganaderos o con otros aliados. Es hora de que los flamantes candidatos de la Unidad Nacional  digan esta boca es mía frente a la restitución de tierras. Es  que este programa, o se ejecuta ahora, o se pierde para siempre.

¿Y LA LEY DE TIERRAS?

Desplomado ‘Uribito’, el entonces sucesor de Uribe al trono, queda también en entredicho su modelo agrario. No se conformó Arias con reverenciar a los ricos para que éstos lo elevaran al solio de Bolívar. Es que además le bullía por las venas el arquetipo Carimagua: aquel que desde tiempos inmemoriales dispensa a los privilegiados todos los privilegios del desarrollo en el campo y convierte al campesinado en sus peones de brega. Pero, aunque no cobra forma todavía su anunciada transformación integral del agro, Santos debutó con un lance inesperado que tiene vociferando a la Mano Negra: titular cuatro millones de hectáreas, la mitad de ellas a despojados de sus fundos por la fuerza. A la fecha, ha devuelto 350 mil hectáreas. Mas, se echó de menos en su discurso del 20 de julio la prometida ley de Tierras y Desarrollo Rural, con sus apoyos en crédito, tecnología, sistemas modernos de comercialización y obras publicas de beneficio común. Complemento indispensable de la formalización en curso de la propiedad, sin ella quedaría el trabajo a medio andar. Y más incierto aún, si no se rompe el espinazo de las talanqueras que hunden al sector rural en el subdesarrollo y, en la pobreza, al 68% de sus habitantes: concentración escandalosa de la tierra, ahora extremada por el narcotráfico; ganadería extensiva, con media vaca por hectárea de las mejores tierras; burla impune de los terratenientes al impuesto predial, aunque se sabe que la eficiencia en el agro se logra pagando por la tierra ociosa; menosprecio del campesinado, que produce la mitad de la riqueza y podría garantizar la seguridad alimentaria del país. De seguir ignorando tales rémoras, nuevas frustraciones pesarían sobre una deuda que las revoluciones liberales saldaron por doquier, menos aquí: la reforma agraria.

Verdad es que este gobierno rescató las 17 mil hectáreas de Carimagua de las garras de cuatro palmeros agalludos, a quienes el ex ministro Arias  quiso regalárselas, no obstante pertenecer la hacienda a desplazados. Como abrebocas de la restitución de tierras – primero en Montes de María, santuario del paramilitarismo, y luego en el predio de marras- Santos entregó Carimagua a sus legítimos destinatarios. Bajo la figura de empresa mixta y asociativa, el Estado abrió allí un horizonte cierto de desarrollo. Plan piloto para la región y para el país, el experimento se construye sobre una alianza entre campesinos y empresarios. Quinientas familias de desplazados se incorporan a procesos productivos integrados a escala comercial. Ya el ministro Restrepo había dicho que las nuevas políticas no amenazan la agricultura empresarial de vocación exportadora; que la agricultura campesina, modernizada y competitiva, bien puede convivir con aquella. Carimagua es hoy elocuente contracara del modelo que el ex ministro sub judice  quiso perpetuar a carcajada batiente. Pero restitución de tierras, empleo, producción de alimentos, agroindustria y modernización de la ganadería podrían naufragar si no se ablandan los diques del poder en el campo. Y si no se promueve la organización de los campesinos. Perspectiva insoslayable si, como lo expresó por estos días, el Presidente quiere poner la mira no sólo en las víctimas de la violencia sino en las de la pobreza.

De paz volvió a hablar esta semana el Jefe de Estado. De paz hablan de nuevo las FARC, un movimiento de lucha por la tierra desde cuando Tirofijo empuñó su primer fusil. Ya ‘Cano’ había declarado que la ley de Víctimas abría caminos en esa dirección. Un reformismo consistente para el campo en Colombia traería la paz, pues tocaría el corazón mismo del conflicto. Devuelta la esperanza, ‘Uribito’ vería desde el ostracismo desvanecerse su sueño retardatario de Carimagua. Y sus delirios de guerra.