por Cristina de la Torre | Dic 2, 2008 | Conflicto interno, Corrupción, Diciembre 2008, Impunidad, Narcotráfico, Política exterior
El levantamiento del Putumayo señala el fracaso del Plan Colombia. Abonada la incierta derrota de las Farc, éste no logró erradicar los cultivos ilícitos, ni acabó con el paramilitarismo, ni ofreció un desarrollo alternativo al de la economía de la droga. Antes bien, en la cadena del negocio, se avanzó del cultivo de la coca al estadio de la especulación financiera que DMG ofreció. Cuando Mucia sentó sus reales en el Putumayo, la pobreza rural alcanzaba el 79%, y las plantaciones de coca, 80 mil hectáreas en el Departamento; hoy son 2 mil. La reducción sólo es mérito de la rentabilidad que DMG ofrecía. Pero bastó un toque de diana para devolver a la gente del común a su cruda realidad: el enriquecimiento, lícito o ilícito, le será siempre esquivo, prerrogativa de los más astutos en toda la escala social. Uribe querrá apagar el incendio abriéndoles los bancos a menesterosos que nada tendrán para depositar en ellos y reforzando Familias en Acción para no tener que idear soluciones de fondo. Y por ver si así recupera la popularidad perdida. Veintiun puntos hoy. Se teme que la gente torne al viejo cultivo en tierra de nadie. Menguada la ayuda militar norteamericana, narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros volverían a pasearse por esos territorios como Job por la Casa de Nariño.
Acaso por entender la dimensión del fiasco, el gobierno norteamericano reformula el financiamiento del Plan Colombia reduciendo montos e invirtiendo énfasis: debilitar la inversión militar, en favor de los programas de desarrollo alternativo que se habían propuesto como complemento a la erradicación de cultivos ilícitos y a la guerra contra los grupos armados. En informe de 2008 a Joe Biden, entonces director del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, la GAO (Govermente Accountability Office) reconoce que con el Plan Colombia el gobierno de nuestro país “mejoró la seguridad”, pero no logró las metas de reducción de cultivos ilícitos. En consecuencia, propone mermar la ayuda militar e iniciar el proceso de “nacionalización” del Plan. Vale decir, que Colombia termine por asumir la responsabilidad operativa, administrativa y financiera del mismo.
Aportes como los seis billones de dólares de Estados Unidos para estos fines serán cosa del pasado. Con más veras si, como lo dice el informe, el gobierno colombiano decidió negar la ejecución de todo proyecto de desarrollo alternativo allí donde se encontrara algún cultivo de coca o de amapola. O sea que no hubo iniciativa económica y social precisamente donde más se requería, y sí, en cambio, señuelos electoreros como Familias en Acción. Por añadidura, el propio Departamento de Estado notificaba el mismo cambio de prioridades en la ayuda: reducir programas de erradicación de cultivos, interdicción y ayuda militar en favor de programas de desarrollo económico y social y preservación de los Derechos Humanos.
No hay que hacerse ilusiones. Primero, porque en esta guerra el desarrollo alternativo del Plan Colombia funge apenas como acólito de la acción militar. Lejos de una Alianza para el Progreso, que incluía reforma agraria, democratización y estrategias de industrialización nacional. Segundo, porque la ruina del Sur desnuda la estolidez milagrera de un mandatario que insiste en reemplazar su nula concepción del desarrollo con los fuegos artificiales del gobierno “de opinión”. Aunque sufra la rebelión de sus más ardorosos prosélitos.
por Cristina de la Torre | Ene 14, 2008 | Actores del conflicto armado, Febrero 2008, Modelo Político
Se veía venir. Los inquisidores de la derecha quieren reducir la pluralidad política del país a una contienda moral entre buenos y malos. A la diestra del Padre, los elegidos antifarc, la patria toda; a la siniestra, los condenados, un lunar de prosélitos camuflados de la subversión que afean el paisaje. Su escenario, una sociedad apolítica, incontaminada, sin divisiones entre izquierda y derecha, sin conflicto. La Colombia idílica que marcha en pos de una inteligencia sobrenatural hacia la tierra prometida. Otra vez el oro y la escoria de la Violencia contra el ateísmo, la masonería y el liberalismo, hoy en clave de guerra santa contra el demonio del terrorismo. La espada y la cruz remozadas a la Bush, y en el verbo incendiario de los Leopardos.
La pretensión no es gratuita ni es nueva. Germina en un país de partidos moribundos o en embrión, que denigra de la política. Y no le falta razón. Venimos de 30 años de gobiernos compartidos por colectividades sin ideas, sin oposición, marchitadas por la corrupción, parte de las cuales terminó arrastrada por el narcotráfico y el crimen. En la otra orilla, una izquierda democrática se sacude como puede la coyunda del conservadurimo que triunfó en su hora sobre la tendencia de la historia y ahogó en sangre el viraje liberal que se intentó en los años 30. Y la coyunda de la guerrilla, que se creyó dueña única del cambio.
Pero al descrédito de la política contribuyó también una cruzada de 20 años contra el Estado, contra los partidos, los gremios y los sindicatos. Esta ideología se coló en la Constitución del 91, tan enamorada de la democracia directa, “participativa”, ejercida por individuos autónomos, inteligentes y cultos, liberados de maquinarias, dueños, por fin, de su destino. La divisa era saltar del clientelismo a la ciudadanía. De Dinamarca a Cundinamarca, en la supuesta superioridad moral de la ciudadanía sobre aquella forma depravada de la política. Pero la intención profiláctica, como suele suceder, degeneró en misión sagrada: había que extirpar toda purulencia, cuanta organización política quedara todavía en la sociedad. Y en eso andamos. Somos una comunidad debilitada que apenas si conserva el cascarón de sus canales de expresión colectiva por antonomasia, los partidos.
Eso no demerita, sin embargo, el despertar de la sociedad civil, ni su proyección política. La fuerza arrolladora de la masa variopinta provocó lo impensable: una propuesta de acuerdo sobre lo fundamental, salvar la vida, por encima de todo interés de grupo o de persona; iniciativa que la dirigencia del país no podrá darse el lujo de mirar por encima del hombro. Hasta ahí, la capacidad política de la sociedad como agregado de individuos desorganizados: explosión fugaz que se disuelve en átomos a la vuelta de la esquina, emoción que cualquier habilidoso puede tornar en su favor, amparado en la candorosa “apoliticidad” de los organizadores de la marcha de febrero. Cosa distinta es la perspectiva política de partido o de movimiento, más estable, abarcadora y eficaz, por su vocación de poder. Y diversa, si en democracia estamos.
Nuestros Torquemadas de ocasión, remedo del siniestro mentor de la Inquisición española, quieren deformar la realidad y revolver todo con todo. Según ellos, nadie que marche contra las FARC podrá marchar también contra los asesinos de la motosierra y sus cómplices en el Estado. Traicionan a la Patria y a la moral. Además, nadie puede transgredir las fronteras de una definición primaria, monolítica: quien no esté conmigo, está contra mí. Así como se proscribe toda diferencia y matiz en un espacio copado por enemigos de muerte, se niega toda diferencia de bandería partidista. Si el gobierno ofrece protocolizar el despojo de campesinos entregándoles su tierra a sus victimarios, otros proponen devolver a los desplazados los 7 millones de hectáreas que el paramiliatarismo les arrebató. Abrebocas de una reforma agraria siempre archivada y corazón del conflicto. En suma, matar la culebra por la cabeza, y no echarles tierra a las causas últimas de la violencia. Como ocurrió con la de hace 50 años, cuyos autores intelectuales jamás fueron juzgados y siguen pontificando. Otra diferencia: muchos colombianos vemos en la despolitización inducida de la sociedad un peligro para la democracia. El gobierno, en cambio, se ha graduado con honores en la ciencia de usar el señuelo de la antipolítica como arma de la peor politiquería.
por Cristina de la Torre | Ago 12, 2007 | Agosto 2007, Uribismo
Al quinto año de gobierno, la ilusión de una opinión unánime favorable al presidente Uribe acusa sus primeras grietas. Entonces el Primer Mandatario se arrebata, más que nunca, en estridencias vociferantes y amenaza acudir a las masas para rebelarse contra el poder judicial y brincarse el Estado de derecho. Clásico expediente del liderazgo montado sobre una propaganda envolvente financiada con fondos públicos; sobre la adulación plebiscitaria de las masas; sobre la censura de toda crítica al poder, que él asimila a terrorismo. La escena de la Plaza de Bolívar en la que el Presidente humilla a un hombre humilde desde lo alto de su poder, denuncia la despótica rigidez de las verdades oficiales, únicas, inconmovibles, casi divinas. Y evoca la imagen de los caudillos que ensombrecieron la historia de nuestras banana republics.
Lo nuevo, sin embargo, es que otras voces se atreven ya a dejarse oír, a romper el proclamado consenso en torno a la figura presidencial. Aunque mil plumas sigan fieles al poder. Como la de Saúl Hernández, quien objeta la “perorata efectista (del profesor Moncayo) sobre la pobreza, (la) misma monserga retórica, confusa y amañada que utiliza la subversión para justificar la violencia. (El) ha transformado el discurso humanitario en arenga política para poner en tela de juicio el modelo económico del país”. Es decir: quien hable de pobreza sería un subversivo; el modelo económico no admitiría reparo, aunque obedezca a un mandatario que, disfrazado de pobre, gobierna para los ricos; los derechos humanos, hoy también económicos y sociales, serían ajenos a lo político, si bien el alma de toda constitución democrática, de toda lucha social, son los derechos humanos. ¿Qué es, si no política, la gesta de un hombre que camina mil kilómetros para exigir la libertad de su hijo; qué, el fervor multitudinario que su causa suscita a cada paso? ¿O es que la política es prerrogativa exclusiva del presidente Uribe?
Grosera mordaza que se le pone al pensamiento libre. Si en Venezuela cierra canales de televisión, aquí desconceptúa a quien disiente, así se trate de los ríos humanos que condenan el secuestro y les piden a los bandos enfrentados matizar el discurso monocorde de la guerra.
No contento el gobierno con querer silenciar a más y más colombianos, se insubordina contra la justicia, en el momento mismo en que ésta empieza a meter en cintura la parapolítica. El Presidente desprecia la división de poderes propia de las democracias y se convierte en el primer sedicioso. Acaso para salvar pactos secretos con personajes non-sanctos, puja por que las instituciones se acomoden a su personal interés y voluntad, en vez de someterse él a la legalidad. Con Uribe los principios jurídicos resultan ad hoc: cambian según las necesidades del mandatario y los altibajos de su temperamento.
Para completar, en gracia de su vocación populista, el Presidente anuncia que buscará el respaldo del pueblo a su iniciativa de convertir en delincuentes políticos a criminales confesos, dizque para salvar la paz. Como si no existieran otros recursos jurídicos y políticos. José Obdulio Gaviria insulta a los críticos del gobierno y declara que “el pueblo, que es sabio, (apoya) al Presidente”. “En la lucha contra el terrorismo, escribe, a Uribe sólo lo acompañará incondicionalmente el pueblo raso (…) Ese pueblo tiene un líder que lo conduce a la libertad y la seguridad”. Uribe sería el líder de la nación.
Nada nuevo bajo el sol. Todos los autoritarismos de la modernidad cabalgan sobre el mito de la Patria, de la Nación sagrada. Agitan la bandera del pueblo-uno, correlativa a la imagen del poder-uno concentrado en un gobernante que encarna la unidad y la voluntad populares, así en su intimidad subestime a la plebe. Herido el mito de su popularidad, ojalá el Presidente no sucumba a la abierta tiranía de las mayorías que ha engendrado al príncipe que no coincide sino consigo mismo. El “egócrata” de Solzhenitsyn.
por Cristina de la Torre | May 20, 2007 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2007, Narcotráfico
El alegre compadrazgo de políticos con ejércitos de criminales apenas encubre el mar de fondo del narcotráfico, negocio multinacional acaso tan pujante como el del petróleo. El impacto del genocidio y sus horrores parece distraer las miradas del fenómeno que ha signado la desgracia del país. Los paramilitares y no pocos de sus aliados –que durante años alternaron la ilegalidad con la cheveridad en casa de familias prestantes- no son sino la punta del iceberg de una cadena económica que arranca en el narcocultivo y culmina en operaciones de alto vuelo en el mercado financiero internacional. Mercado protegido por paraísos fiscales de países que fungen como templo de la civilización y se escandalizan con la barbarie de nuestras banana republic.
También los paramilitares incursionaron en el narcotráfico, claro. Pero, no obstante la parcial desmovilización de las AUC, los carteles de la droga siguen intactos y vaya uno a saber qué círculos poderosos de nuestra sociedad andan en ello. O qué porcentaje de la población vive directa o indirectamente del negocio, con frescura que desafía a la ley y a las buenas costumbres. Mares de insatisfechos dirán que la droga les ofreció la salida en un país que hostiliza a su gente y ha expulsado a cinco millones de compatriotas por falta de empleo y de oportunidades.
Se sabe que en el origen está la alianza de narcotraficantes (para hacerse con la propiedad de la tierra) y autodefensas (para facilitarles la operación y protegerlos). Hace diez años, los narcotraficantes habían comprado más de cuatro millones de hectáreas en 409 de los 1.023 municipios de Colombia. Y no se sabe a cuántos se extiende hoy su dominio. Inversión rentable que permitía lavar activos y aprestigiaba a los nuevos contingentes sociales, la compra de tierra garantizaba, sobre todo, el control estratégico de los corredores de comercialización y exportación de la droga. El control económico, militar y territorial también daba cobijo seguro a laboratorios para producirla y dominio dictatorial sobre la menguada población que en ella quedaba.
Se desencadenó un proceso de hiperconcentración de la propiedad rural que para muchos significó venta obligada de sus fundos o desalojo violento. Se echó mano de la fuerza armada para operar toda una contrarreforma agraria en el breve término de 10 o 15 años. Máxime cuando no tardaron las guerrillas en agredir a los nuevos propietarios, bien por disputarles el control del territorio que también a ellas servía para contrabandear armas y sacar droga, bien por esquilmarlos mediante secuestro y extorsión.
Debido al asedio de la guerrilla, muchos propietarios vendieron sus fincas a precios irrisorios. Pero, según el investigador Alejandro Reyes, otros tantos latifundistas tradicionales se unieron al narcotráfico para refinanciar sus haciendas. En adelante, en el departamento del Magdalena, combinarían labores agropecuarias legales con el negocio de la droga.
Los paramilitares evolucionaron de simples peones dotados de armas cortas para defender fincas, a mercenarios profesionales de acción ofensiva para recuperar territorios con armamento de guerra. Al filo de su desmovilización, las AUC constituían verdaderos ejércitos financiados por narcotraficantes, empresarios y terratenientes tradicionales, que parecían controlar medio país, cada uno con su monopolio de la fuerza, de la justicia y de las finanzas públicas.
Por su parte, el llamado de las Fuerzas Armadas a formar autodefensas y su apoyo ocasional a los paramilitares legitimó la participación de estos últimos en una alianza antisubversiva que les mereció la simpatía del latifundismo tradicional, que además conservaba el poder político de las regiones.
La parapolítica no es, pues, sino el brazo político y militar de una purulencia descomunal que sólo desaparecerá con la legalización de la droga y una reforma agraria que haga justicia y modernice el campo.
