El levantamiento del Putumayo señala el fracaso del Plan Colombia. Abonada la incierta derrota de las Farc, éste no logró erradicar los cultivos ilícitos, ni acabó con el paramilitarismo, ni ofreció un desarrollo alternativo al de la economía de la droga. Antes bien, en la cadena del negocio, se avanzó del cultivo de la coca al estadio de la especulación financiera que DMG ofreció. Cuando Mucia sentó sus reales en el Putumayo, la pobreza rural alcanzaba el 79%, y las plantaciones de coca, 80 mil hectáreas en el Departamento; hoy son 2 mil. La reducción sólo es mérito de la rentabilidad que DMG ofrecía. Pero bastó un toque de diana para devolver a la gente del común a su cruda realidad: el enriquecimiento, lícito o ilícito, le será siempre esquivo, prerrogativa de los más astutos en toda la escala social. Uribe querrá apagar el incendio abriéndoles los bancos a menesterosos que nada tendrán para depositar en ellos y reforzando Familias en Acción para no tener que idear soluciones de fondo. Y por ver si así recupera la popularidad perdida. Veintiun puntos hoy. Se teme que la gente torne al viejo cultivo en tierra de nadie. Menguada la ayuda militar norteamericana, narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros volverían a pasearse por esos territorios como Job por la Casa de Nariño.
Acaso por entender la dimensión del fiasco, el gobierno norteamericano reformula el financiamiento del Plan Colombia reduciendo montos e invirtiendo énfasis: debilitar la inversión militar, en favor de los programas de desarrollo alternativo que se habían propuesto como complemento a la erradicación de cultivos ilícitos y a la guerra contra los grupos armados. En informe de 2008 a Joe Biden, entonces director del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, la GAO (Govermente Accountability Office) reconoce que con el Plan Colombia el gobierno de nuestro país “mejoró la seguridad”, pero no logró las metas de reducción de cultivos ilícitos. En consecuencia, propone mermar la ayuda militar e iniciar el proceso de “nacionalización” del Plan. Vale decir, que Colombia termine por asumir la responsabilidad operativa, administrativa y financiera del mismo.
Aportes como los seis billones de dólares de Estados Unidos para estos fines serán cosa del pasado. Con más veras si, como lo dice el informe, el gobierno colombiano decidió negar la ejecución de todo proyecto de desarrollo alternativo allí donde se encontrara algún cultivo de coca o de amapola. O sea que no hubo iniciativa económica y social precisamente donde más se requería, y sí, en cambio, señuelos electoreros como Familias en Acción. Por añadidura, el propio Departamento de Estado notificaba el mismo cambio de prioridades en la ayuda: reducir programas de erradicación de cultivos, interdicción y ayuda militar en favor de programas de desarrollo económico y social y preservación de los Derechos Humanos.
No hay que hacerse ilusiones. Primero, porque en esta guerra el desarrollo alternativo del Plan Colombia funge apenas como acólito de la acción militar. Lejos de una Alianza para el Progreso, que incluía reforma agraria, democratización y estrategias de industrialización nacional. Segundo, porque la ruina del Sur desnuda la estolidez milagrera de un mandatario que insiste en reemplazar su nula concepción del desarrollo con los fuegos artificiales del gobierno “de opinión”. Aunque sufra la rebelión de sus más ardorosos prosélitos.