por Cristina de la Torre | Nov 22, 2017 | Actores del conflicto armado, Derecha, La paz, Noviembre 2017, Paramilitarismo, Posconflicto, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo
Primer acto: tras una campaña difamatoria de años que vendía el Acuerdo Agrario de La Habana como arremetida colectivizadora del campo, uribismo y varguismo cooptan al Consejo Gremial e intimidan al Gobierno para trocar la Ley de Tierras en la más agresiva contrarreforma agraria que el país conozca. Segundo acto: Corte Constitucional y Congreso saltan de la relativa impunidad concedida a las Farc a impunidad total para dos actores cruciales de la guerra: para civiles responsables de atrocidades y para mandos militares que las cohonestaron. Ni castigo para estos, ni verdad para las víctimas. Tercer acto: en las tinieblas de la noche, desenfunda el Senado su daga siciliana para tajar el cuello de medio Tribunal de Paz. Y de la Constitución. Lejos de catalogar como ventaja precisamente su solvencia en derechos humanos y delitos de guerra, ésta le parece, vea usted, una amenaza. Ya el senador Uribe había sindicado de terrorista al reconocido historiador Mauricio Archila, creyéndolo miembro de ese órgano. Epílogo: como no se discutía ya si la Farc podía o no hacer política, sino cuándo, los tres actos de la que pareciera comedia de equivocaciones podrán derivar en drama triunfal de la derecha. O en tragedia, si algún gatillero toma a pecho la acusación contra Archila.
Podrá vaticinarse que ninguno de los 15.000 civiles incursos en delitos graves del conflicto con prontuario en la Fiscalía, sea de izquierda o de derecha, abandonará ese cálido nido para presentarse voluntariamente ante la JEP. Por más que muchos de ellos emulen la conducta de un Jaime Alberto Angulo, o de un Gordo García. Terrateniente el primero, no fue paramilitar, pero participó en la masacre de El Aro en 1997, cuando 200 paramilitares incendiaron el poblado, asesinaron a 16 personas y desplazaron a otras 250. Angulo se sumó a la orgía de sangre y terminó acusado de crímenes de lesa humanidad. García, el segundo, gran elector de Sucre y parlamentario 24 años, tampoco fue paramilitar, pero participó en la masacre de Macayepo que las AUC perpetraron a machete y garrote contra campesinos indefensos. Detalla la sentencia de la Corte Suprema contra él sus reuniones con otros políticos, ganaderos, empresarios y el entonces gobernador del departamento para pactar negocios y “hasta asesinatos” con jefes paramilitares. ¿Cuántos entre los 15.000 habrá que menearan en encuentros de tal laya negocios de narcotráfico y de tierras?
El despojo de predios ha sido masivo, violento y asegurado por ejércitos anti restitución; y la usurpación de baldíos no cesa. Virtual contrarreforma agraria que deja al Estado sin tierra disponible para entregar a los labriegos que la necesitan, dar vitalidad a la economía campesina y eliminar la causa mayor del conflicto. A remediarla con tierras públicas apuntaba La Ley de Tierras. Pero entonces tronó unánime la voz de quienes llevan dos siglos apoderándose de todo en el campo. El proyecto de ley evolucionó de caricatura a afrenta: a instancias de los gremios, de los ricos y de la ultraderecha, terminará por legalizar el despojo y la acumulación ilegal de baldíos.
El Uribe-varguismo soñará con haber hecho moñona contra los dos pilares del Acuerdo de paz: la Reforma Rural y la JEP. Más se equivoca si no percibe a tiempo la oleada de rabia que crece día a día contra la clase parlamentaria que le reporta a esa derecha sus triunfos de ocasión. Contra la inequidad agudizada del campo que podrá estallar, de nuevo, en guerra. Contra la saga de la Violencia que pretendió cerrar ese conflicto mediante un pacto de silencio entre las élites responsables, y que hoy querría repetir el espejismo exonerando de la verdad a los Angulo y a los Guerra.
por Cristina de la Torre | Ago 29, 2017 | Actores del conflicto armado, Agosto 2017, Corrupción, Paramilitarismo, Uribismo
Como si tantos latifundistas y ganaderos no tuvieran velas en el entierro; dizque en defensa de la legitimidad del Estado, la SAC y Fedegán suscriben ataque del Consejo Gremial contra la prohibición constitucional del paramilitarismo. Les parece que sobra. Pero a la ambigüedad de la ley que lo condena en el papel se suma la inocultable realidad: entre los Gobiernos de Uribe y Santos suman 616 líderes sociales asesinados por paramilitares. Mas tampoco el uribismo se muestra conforme con la medida. Pese al poder que esa fuerza homicida ostentó en la bancada de la Seguridad Democrática. Pese a que en 1996, siendo Uribe Gobernador de Antioquia, se convirtieron las Convivir en paraguas legal del crimen que se organizaba en AUC. Su coartada política, declararse contrainsurgentes, alivió a muchos que pedían protección contra el secuestro de las Farc. Pero fue maná del cielo para los incontables que se sumaron al negocio de la droga y financiaron sus ejércitos.
Han sido precisamente estas élites del campo usufructuarias privilegiadas de una política, setentona ya, en cuya virtud pierde el Estado el monopolio de la fuerza, que es garantía de seguridad para todos en un Estado de derecho. Ceder soberanía en ello a civiles armados, sean socios o amigos, sea un gremio o un partido, o el pueblo raso arrojado contra sus hermanos (como aconteció en las dictaduras conservadoras de mediados del siglo pasado). No se ha curado Colombia de este sino, desde cuando destruyó Ospina Pérez la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Con sus chulavitas, bandas armadas por el Gobierno conservador para cercenar, por exterminio, el contingente de sufragantes liberales, redujo Ospina la Fuerza Pública del Estado a organización sicarial de un gobierno de minoría. En 1947 se masacraron en Ceilán 150 personas en un mismo día.
Evolución de los chulavitas fueron los pájaros en el Gobierno de Rojas Pinilla. Hombre despiadado, de misa diaria, fue El Cóndor su jefe en el Valle. Mereció un reconocimiento del General que destapó la trama de una alianza siniestra prologada hasta hoy: El Cóndor, dijo Rojas, “ayudó al Ejército de la Tercera Brigada a sostener el gobierno legítimo del doctor Ospina Pérez”. 30 años después, Héctor Abad Gómez, preclaro defensor de los derechos humanos, acusaba “a los interrogadores militares de ser despiadados torturadores… criminales a sueldo oficial”. Lo asesinaron. Y no los militares, sino sus aliados: los paras.
En 1958 separó Alberto Lleras cobijas entre militares y políticos. Pero su sucesor, Guillermo León Valencia, volvió a privatizar esta función medular del Estado. Con altibajos, ilegalizado o no, pero de manera sostenida, prevalece desde entonces el modelo que alcanzó su apogeo con las audaces incursiones de aquella fuerza en el Gobierno de Uribe. Fue ella actor de primera línea en la toma sangrienta de la Comuna 13 en Medellín, al lado de las autoridades municipales. Con guiño del alto Gobierno, convirtió al DAS en su servidor y consueta. Cuando Juan Camilo Restrepo asumió la cartera de Agricultura en 2010, declaró que en el Incoder no se podía tomar ninguna decisión sin la venia tácita del paramilitarismo.
Si tanto poderoso exaltado se serenara, menos alas tendría el paramilitarismo, que sueña con un triunfo electoral de quienes prometieron volver trizas la paz. Entonces podría aquel prolongar su fiesta indefinidamente. Escribió hace medio siglo Monseñor Guzmán, coautor de La Violencia en Colombia: “Si los bandidos hablaran, saltarían en átomos muchos prestigios políticos de quienes condenan el delito pero apelan a sus autores”. ¿No es hora de aislar a los bandidos, para salvar el honor y la patria?
por Cristina de la Torre | Feb 7, 2017 | Corrupción, Febrero 2017, POR FECHA, Uribismo
El espectáculo de casi 7.000 guerrilleros y guerrilleras —algunas de bebé en brazos— que arriban sonrientes a sus sitios de concentración para entregar las armas tras medio siglo de guerra, deshilacha la bandera contra la paz que el uribismo quería izar en campaña electoral. Y el estandarte anticorrupción, catapultado por el escándalo Odebrecht, llena el vacío de la propuesta bélica que ya no será. Además, promete ríos de votos. En acto de contrición que enaltece a Álvaro Uribe —aunque dice también de su sentido de oportunidad— le pide este al Centro Democrático investigar la conducta de su precandidato insignia, Óscar Iván Zuluaga, por contratar para la campaña de 2014 a un publicista pagado por la purulenta firma. E invita a su partido a encabezar la campaña contra la corrupción. No sea que ella les dé el triunfo a fuerzas independientes que no lucen rabo de paja: ni con la empresa de marras, ni con la clase empresarial y política que ensanchó sus arcas con el erario y su poder bajo la égida del paramilitarismo.
Dos retos de vida o muerte enfrenta hoy el uribismo. El primero, sobrevivir a la voluminosa visita del elefante en casa, capaz de sepultar a Zuluaga y de dejar en capilla a Duque, el otro precandidato comprometido en el lance con Odebrecht. Segundo reto, ganarse el derecho moral de alistarse en la cruzada contra la corrupción. Para lo cual deberá responder por el contrato de la Ruta del Sol suscrito por el Gobierno de la Seguridad Democrática, en cabeza del viceministro García Morales. Para comenzar. Y, luego, abstenerse de boicotear los procesos judiciales contra bananeros y ganaderos de sus afectos que, según estableció la Fiscalía el 2 de febrero, resulten incursos en delitos de lesa humanidad por haber financiado voluntariamente al paramilitarismo en Urabá, a través de las Convivir; ejército autor de mil crímenes y del robo de los recursos públicos, a dos manos con sus benefactores. Tan responsables como los financiadores de guerrillas que cometieron las mismas tropelías. Por supuesto, la guerrilla también tendrá que responder ante los jueces.
De arroparse ahora con la túnica de la ética, no podría el uribismo tornar al expediente del Gobierno que, por defender a su bancada de parapolíticos y al círculo íntimo del poder, persiguió sin clemencia a la corte que los juzgaba. Entonces alcanzaba la corrupción cotas sin precedentes, pues los políticos que ganaron curul con dinero del narcotráfico retribuyeron sin medida con leyes y contratos y posiciones de poder. Entre 2002 y 2010, ocho de cada diez parapolíticos fueron bancada del Gobierno. En 2007 declaró el fiscal Iguarán que fueron las élites regionales las que buscaron a los grupos armados: para defenderse del secuestro, expandir sus propiedades y eliminar a sus rivales políticos. Escribió Claudia López que del clientelismo, el cohecho y el soborno de las mafias armadas se pasó a la captura masiva de negocios y recursos públicos mediante cambios legales, exenciones tributarias, concesiones, contratos de estabilidad, zonas francas y carteles de contratación pública. Brilló como nunca la corrupción como modelo de doble vía: de tráfico entre un Estado que concede contratos a dedo, y criminales o delincuentes que financian a la clase política-intermediaria hasta colonizar el Estado y esquilmarlo. Mas, si por esas calendas llovía, no escampa todavía.
Nada más deseable que el expresidente Uribe se sumara a la cruzada contra la corrupción. Deber y derecho que habrá de ganarse en franca lid —como el resto de la dirigencia política— principiando por depurar las filas de su propio partido, y respetando los procesos y fallos de la justicia. Única manera de lograr legitimidad moral en cualquier colectividad política que se respete. ¿Será capaz Uribe?
por Cristina de la Torre | Mar 14, 2016 | Marzo 2016, Mujer, Posconflicto
¡Tremenda fuerza moral la de nuestras mujeres! Si bien paramilitares, guerrilleros y hombres de la Fuerza Pública convirtieron sus cuerpos en territorio de guerra, se dieron ellas a reconstruir la vida en comunidad, con el horror planeando todavía sobre sus cabezas. Mucho antes de que asomara el posconflicto. En cientos de localidades devastadas por el terror se replica la hazaña de Montes de María, donde son las mujeres quienes restauran lazos de vecindad, idean medios de trabajo, llenan como pueden el vacío del Estado y dan afecto para paliar el dolor. Saben que la brutalidad sexual que se descargó sobre ellas para humillar, de paso, al enemigo, es extensión natural de la costumbre. De maneras de pensar, de sentir y de actuar que, pese a la ley, autorizan la violencia contra la mujer en el hogar; en la calle; en el trabajo; en la inspección de Policía, donde uniforme y arma repotencian el machismo congénito de los agentes. Si avanza a tropezones la lucha de las mujeres en estos escenarios, más complejo es el desafío allí donde ellas reconstruyen el tejido social. Y abrumador será, con el renacer del paramilitarismo de motosierra al cinto como alternativa político-militar de la extrema derecha contra los acuerdos de La Habana. ¿Qué espera el Gobierno para neutralizar esta amenaza sangrienta?
Hilo conductor de nuestra guerra fue el ataque a la población civil. Y en él, como se ha visto, la violencia sexual centrada en la mujer, como prolongación patológica del sexismo que desemboca a menudo en feminicidio y cuya cota rodea los 1.200 casos al año. Cultura y sociedad, de raíz católica, y que la obra de García Márquez traduce fielmente, legitiman la agresión contra la mujer. Cuando no la alientan, desde la orilla del patriarcalismo bíblico, donde no faltan mujeres. Como la parlamentaria Rendón al aplaudir exultante la paliza que un primate del fútbol le propinara a su compañera de ocasión: “si le cascó, por algo será”, sentenció la miserable. Orilla nefanda desde donde se incita lo mismo a la violencia contra la mujer anónima que contra la aprisionada entre los bandos en guerra.
Sostiene el Centro de Memoria Histórica en su obra (de consulta obligada), Basta ya, que la violencia sexual contra las mujeres se practicó en el conflicto armado como estrategia de guerra. Entre otros fines, para atacar a las mujeres por su condición de liderazgo. Por ser “voceras de reclamos colectivos, o por desempeñar papel central en la reproducción de la vida social y cultural de una comunidad”. Mediante el ataque violento y el asesinato de mujeres “se mancha también su cuerpo como territorio, y el territorio se desacraliza”. La Corte Constitucional calificó esta práctica como alarmante: 90% de tales ataques se perpetró contra mujeres desprotegidas de las autoridades, y sin castigo de la justicia.
El mismo principio sicológico, el mismo abandono, obran en los casos “apolíticos”. En Soacha se presenta siete veces a la impasible comisaría de familia una mujer cada vez más alarmada porque su compañero quiere matarla. No hubo octava vez. Fue el entierro. Tras 25 años de golpizas, a María Clara Rivas la mató el marido. Un juez consideró después que ella, “con su intolerancia”, no había hecho lo suficiente para salvar el matrimonio.
En acto emocionante de convocatoria a Un millón de mujeres de paz dijo Ángela María Robledo: el primer territorio por recuperar es el cuerpo de la mujer, porque éste ha sido territorio de guerra. De guerra en el hogar, se diría, y de guerra donde la insania del conflicto se ensañó en ella. Lo pacífico no quita lo valiente; al contrario, más temple exige hacer la paz que hacer la guerra.
por Cristina de la Torre | Ene 13, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Enero 2015, La paz, Narcotráfico
Terrible disyuntiva. Si el expresidente pierde el tren de la paz, quedará condenado a fungir como referente perpetuo de la caverna, de su incesante levantamiento contra el Estado de derecho y contra el campesinado inerme. Fatalidad trágica para el hombre que acorraló a las Farc hasta forzar el desenlace que acaso no esperaba, pero marcó un hito en nuestra historia: obligarlas a negociar el fin del conflicto. Si en cambio reconoce Uribe la paz como probabilidad cercana y trueca su saboteo por una participación activa en el proceso, sin sacrificar reparos, ganará la gratitud de la mayoría aplastante de colombianos, hartos de la guerra. Aunque guarde todavía las formas meneando el distractor del castrochavismo, aumentan los signos de que él se inclinaría por la segunda opción.
Entre otras sorpresas, ha pasado Uribe de descalificar los diálogos a proponer zona de concentración guerrillera para verificar el cese el fuego. Dos cosas sugiere el cambio de tono: primero, Uribe reconocería que el proceso de paz es irreversible; segundo, se conformaría con que no fuera él su artífice, pese a autoestimarse como único destinatario imaginable de laureles. Tal vez acordada con el propio Uribe, la carta del excomisionado Restrepo en que invita al Centro Democrático a sumarse al proceso de paz para no quedar al margen de la historia ni lamentarse después de cambios que bien pudo ese partido modular, abrió el camino para rendirse a la evidencia: un acuerdo final no se vislumbra a la vuelta de la esquina, pero sí parece inexorable.
Lo dicen acontecimientos que marcan el punto de no retorno del proceso. Como la insólita liberación del general Alzate a poco de caer en manos del enemigo. Alto el fuego unilateral e indefinido de las Farc, su deriva natural en desescalamiento de la guerra y antesala del convenio final. Garantía de acuerdo en el terreno de las armas entre el general Flórez, excomandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y Joaquín Gómez, jefe de la línea militar de las Farc, cuya presencia en La Habana remarca la unidad de esa guerrilla. Y la expresa voluntad de paz de la insurgencia, también fruto de los golpes recibidos: según César Restrepo, del Ministerio de Defensa, en estos dos años de negociación han perdido las Farc 8.530 hombres (2.549 desmovilizados, 5.314 capturados y 667 muertos en combate).
A la carta de Restrepo respondió Uribe sin ahorrar objeciones, pero lanzando propuestas. Entre otras, la de convocar un congresito –versión remozada de su constituyente como alternativa al referendo– para volver a barajar los acuerdos de La Habana. El adalid de la democracia directa cabalga ahora en la democracia indirecta. Si inviable esta propuesta, más fecundas sus advertencias sobre la necesidad de juzgar, condenar y castigar crímenes de lesa humanidad en cabeza de las Farc. Extensivas, diríamos, a los autores de falsos positivos, al paramilitarismo y sus aliados políticos. En materia programática, lejos de desconocer, verbigracia, el acuerdo agrario, deberán las minorías exigir un estatuto de oposición y garantías políticas para que el Gobierno no prevalezca en elecciones a punta de mermelada. Así, todos los partidos debatirían reformas y contrarreformas en igualdad de condiciones y derivarían su fuerza limpiamente de las urnas.
El recurso a la fe ciega, al odio, la iracundia y el miedo van pasando a mejor vida. Ya no es dable sacrificar la paz a la ambición del poder personal. Colombia no quiere otros seis millones de víctimas ni otro medio millón de muertos. Que Uribe se rinda ante la paz, que vierta en ella toda su energía y su poder crítico, no podrá interpretarse como claudicación sino como acto de grandeza.
