por Cristina de la Torre | Ene 29, 2019 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Derecha, Enero 2019, Iván Duque, La paz, Paramilitarismo, Proceso de paz
Gracias al eje Duque-ELN, vuelve la guerra a mostrar sus fauces a la vuelta de la esquina. Siniestro coqueteo de la Peluda tras el desmonte de la mesa de negociación con esa guerrilla. Mas, como a la espera del primer pretexto, se envalentonan acezantes los viudos de la violencia en la izquierda y en la derecha para resucitar la guerra sucia; la que prevaleció siempre en Colombia y cuya apoteosis se registró en el Gobierno de la seguridad democrática, hoy de regreso al poder. Guerra de sevicia y brutalidades que repugna a la humanidad, viola todos los principios de la ética y del derecho y sacrifica diez veces más civiles inocentes que combatientes. Guerra que se salta la frontera entre la mano dura y la Mano Negra. Entre la aplicación de la fuerza toda del Estado contra el terrorismo, como ha de ser, y la transmutación de un conflicto armado en tierra arrasada y degradación patológica de la contienda.
A la monstruosidad del ataque eleno contra la escuela de Policía se suman otras señales de alarma. Como el decreto que flexibiliza la entrega de armas a civiles y la repetida invocación oficial a las redes de cooperantes creadas por la Administración Uribe. De donde podrán reactivarse las Convivir, germen de paramilitarismo, y nuestra copia de los comités de defensa de la revolución (cubana y bolivariana) o los de defensa del Estado fascista en la Alemania de Hitler. Lo que allá y acá sirvió para matar, sembrar miedo y forzar adhesión al régimen. En Colombia, para ejecutar crímenes que rayan en exterminio, como los falsos positivos; y asesinatos selectivos como el del catedrático Correa de Andreis en Barranquilla, 2004. En ambos casos jugaron papel preponderante las redes de cooperantes, que señalaban arbitrariamente o por conveniencias de poder a sus víctimas, y luego actuaba la Fuerza Pública o los paramilitares. El Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación por la detención arbitraria de Correa D’Andreis, que desembocó en su asesinato mediante alianza del DAS con paramilitares.
El senador Uribe instaba no ha mucho a la ciudadanía a vincularse a las redes cívicas de cooperantes. Y el presidente Duque las mencionó en su segunda intervención televisada tras el ataque del ELN, como fórmula de trabajo mancomunado entre la ciudadanía y la Fuerza Pública para vencer el terrorismo. Lo que no se sabía es que ya en septiembre del año pasado se habían reestructurado estas redes en nueve departamentos. Sólo en Medellín reunían 40.000 miembros. Tampoco se han recordado revelaciones de wikileaks y la embajada estadounidense en 2007 según las cuales los jefes paramilitares Macaco, el Alemán y Jorge 40 confirmaban que “había un acuerdo con el Gobierno para que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de cooperantes del Ejército” (El Espectador, 4,3,11).
“Con terroristas no se negocia”, declaró lapidariamente el comisionado Ceballos. Así recogía el guante que providencialmente le brindaba el ELN, para taponar cualquier solución negociada. Se sentirá el Gobierno en su salsa con sus redes de informantes. Pero haría bien en percatarse de que la de hoy no es la Colombia de la seguridad democrática. No, después de desarmar a la mayor guerrilla del Continente. No, tras el despertar de fuerzas alternativas que hace unos meses arañaron la presidencia. No, con casi 12 millones de colombianos que votaron contra la corrupción. No, cuando cientos de comunidades se reconstruyen, piedra a piedra, sanando heridas que supuran todavía tras la guerra y dispuestas a defender la paz contra viento y marea. Allá el ELN y la ultraderecha si deciden compartir todavía su gusto por la muerte en contienda signada por los mismos métodos fascistas: los de la Mano Negra. La gente no se dejará ya arrebatar el nicho de paz que está construyendo.
por Cristina de la Torre | Jun 18, 2018 | Conflicto armado, Corrupción, Derecha, Elecciones 2018, Impunidad, Izquierda, Junio 2018, Justicia, Modelo Económico, Modelo Político, Narcotráfico, Paramilitarismo, Partidos, Política agraria, Política económica, Posconflicto, Reforma Agraria, Régimen político, Seguridad social, Tierras, Uribismo
La pluralidad de fuerzas que, coligadas, arañaron el poder este domingo con 8 millones de votos augura una oposición tan vigorosa como abominable podrá ser un tercer mandato de Álvaro Uribe. Libertaria, reformista, pacifista, antípoda de la caverna que lo abriga, no le faltará a la oposición energía para hacerse respetar. Pero su eficacia dependerá de la disposición a converger en tareas comunes, ya en el Congreso; ya en las urnas; ya en las calles, arena primigenia de la democracia. Dependerá de su lealtad a la democracia liberal y a su corolario contemporáneo, el Estado social. Se fincará en la defensa de las libertades individuales y políticas cuando el DAS –órgano de seguridad del Estado– resurja como policía política del “presidente eterno” compartida con criminales para perseguir a las Cortes que lo juzgan, a la prensa libre y a sus contradictores. Dependerá, en fin, del ardor con que defienda al Estado que vuelve a respirar, tras décadas de asfixia bajo la tenaza neoliberal.
En campaña de ideas, esa sí política, menearon el centro-izquierda y la derecha concepciones divergentes del Estado y su relación con la economía y la sociedad. Dibujó cada uno la matriz de economía política que sustenta su propuesta de país. La reacción, Estado mínimo al servicio de latifundistas y banqueros. La Colombia contestataria que se despabila, Estado promotor del desarrollo y protector de los derechos sociales con recurso al impuesto progresivo sobre el ingreso.
Eje del capitalismo democrático que prevaleció en Europa y Estados Unidos entre 1930 y 1980 (en Colombia como intento malogrado del reformismo liberal), el Estado social busca redistribuir el ingreso en función del bien común, prestar servicios públicos y garantizar los derechos ciudadanos: derecho a educación, a pensión, a salud (ahora convertida en negocio de mercaderes). Derechos de la mujer, de la población LGBTI, de las comunidades étnicas. Derecho de propiedad, violado aquí mediante despojo masivo de tierras por el narcoparamilitarismo y su brazo político seguidor del uribismo. Una nueva oleada de expropiaciones a campesinos se avecina con el relanzamiento de las tenebrosas Convivir.
Correligionario del neoconservadurismo que hace agua por haber esquilmado a los más en provecho de los menos, Duque representa el anverso del Estado social que grava comparativamente más a los pudientes, para financiar la política social de beneficio común. El nuevo presidente rompe el cordón umbilical que une al Estado contemporáneo con el impuesto progresivo, siempre defenestrado por las élites colombianas. Y ahonda las desigualdades: multiplica beneficios a los acaparadores de la riqueza, en un país donde el 1% de los más ricos concentra el 20% de los ingresos.
Como si apoyo les faltara para llenar alforjas: con su ley, contra la ley o a bala, como es ya historia patria en Colombia. En el campo, donde el feudalismo de zurriago y sus ejércitos de matones guerrea sin pausa por preservar las tierras usurpadas y sus privilegios de casta. Duque los exime del impuesto predial y archivará la actualización del catastro. Y al empresariado todo, baluarte de su campaña, le concederá decenas de billones en exenciones tributarias.
No consiste la redistribución moderna en expropiar a los ricos para enriquecer a los pobres. Consiste en desarrollar la función social del Estado por referencia a un principio decoroso de igualdad. Y esto, que en otras latitudes es pan comido, a la oposición le plantea un reto colosal: entre las reformas por la paz, hacer de nuestro Estado social de derecho una realidad. Empresa descomunal, pero proporcional a la revolución operada el domingo: 46% del electorado gritó “no más” al grosero pavoneo de estas castas sin patria y con prontuario.
por Cristina de la Torre | Jun 10, 2018 | Acuerdos de paz, Clientelismo, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Educación, Elecciones 2018, Iglesias, Impunidad, Junio 2018, Justicia, La paz, Modelo Político, Mujer, Paramilitarismo, Política económica, Proceso de paz, Régimen político, Salud, Tierras, Uribismo
Si regresara Uribe a la silla de Bolívar en la persona de Duque, no necesitaría convocar constituyente. Para reeditar, ahondado, su modelo de gobierno autoritario y violento, le bastará con ejecutar la sustancia inocultable de las reformas que su pupilo barniza: suprimir la independencia de los poderes públicos, revivir la guerra y abrir nuevas puertas al abuso del poder. A ello conducen, por un lado, la disolución de las Cortes y su integración en una sola, sacada del cubilete del Presidente; y el achatamiento del Congreso a cien miembros, para lo cual tendría primero que revocarlo. De otro lado, los anunciados “ajustes” al acuerdo de paz apuntan a destruirlo; de donde no podrá resultar sino el regreso de la guerrillerada a las armas y el sabotaje a la reforma rural. Audacias que el mórbido Duque acometería, rodeado como estará por las fuerzas vivas de la patria: el clientelismo en pleno, los gremios económicos, el latifundismo, el cuerpo de notables sub judice o prófugos de la justicia, la parentela de la parapolítica, iglesias adictas a la teocracia, verdugos de la diversidad sexual y el popeyismo.
Al nuevo tribunal supremo erigido sobre el cadáver de las cortes que investigan al expresidente y familia, podrá el Primer Mandatario, es decir Uribe, enviar magistrados de su círculo personal. La reforma le entrega al presidente el nombramiento del fiscal, al Gobierno la estructuración de la investigación criminal, y a la Policía, funciones judiciales. En modo viejo DAS, anuncia Duque la creación de un aparato de control político envolvente sobre la población: Un sofisticado sistema de denuncias y seguimiento, con monitoreo electrónico que lo coloca por encima de la Stasi en la Alemania Oriental, de la KGB, de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana y sus vástagos del madurismo.
Providencial, esta reforma de las Cortes borraría de un plumazo las 280 indagaciones que se le siguen al senador Uribe, más de una de carácter penal. Como la recién reabierta por presunta responsabilidad por omisión del entonces gobernador de Antioquia en las masacres perpetradas por paramilitares y Fuerza Pública en La granja y El Aro en los 90. Y en relación con el asesinato del líder de Derechos Humanos en ese departamento, Jesús María Valle, tras suplicar sin éxito al mandatario seccional protección para la población de esas localidades. Según Semana, la Corte Suprema investiga la formación del grupo paramilitar autor de tales masacres, “que habría usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe Vélez”. El senador pidió celeridad en la investigación.
Por otra parte, Duque le pone dinamita al Acuerdo de Paz. ¿O es que impedir el debut de los desmovilizados en política para arrojarlos a la cárcel no redunda de inmediato en el regreso de 10.000 guerrilleros hacia la disidencia de las Farc o hacia las bacrim? ¿No es eso reactivar la guerra? ¿No es revictimizar a las víctimas que se quedarán, así, sin verdad, sin reparación y blanco de una nueva guerra? De una guerra donde son los campesinos los que ponen los muertos de todos los ejércitos, pues nunca van los hijos del poder al frente de batalla.
He aquí los hilos de la constituyente uribista que Duque lanzaría, no tanto por blandura como por convicción. Chavismo puro y duro. Como lo prueban sus debates de ocho años en el Congreso. Ni Duque es “el James de la política” –despropósito de su jefe de campaña–, ni es Uribe el Cid Campeador de todos los colombianos en todos los tiempos. Media Colombia acaba de apartarse en las urnas de quien encarna, más bien, al procaz perdonavidas, seductor de reprimidos por las hipocresías eclesiales: las religiosas y las políticas. Se ha rebelado ya contra la horrible noche que se le ofrece.
por Cristina de la Torre | May 15, 2018 | Derecha, Mayo 2018, Narcotráfico, Paramilitarismo, Racismo, Uribismo
Amable como su clima y su paisaje, el trato de los medellinenses desarma hasta al más hostil. Al orgullo de patria chica se suma aquí el coraje de quienes se empeñan en recoger las cenizas de una ciudad tiranizada por el narcotráfico. Pero a poco se va revelando doblegada por el que Carlos Patiño llama ethos antioqueño, amasado en discriminación, racismo e integrismo católico. Activadores de la agresión contra los excluidos y caldo de cultivo para las bandas criminales que pueblan las comunas de los “otros”, mientras el espíritu de parroquia aletea invencible sobre una metrópoli de cuatro millones de habitantes.
Más melodrama paternalista que genuina rebelión contra el medio que permite discriminar a don José Lopera en un restaurante de El Poblado, la protesta paisa parecía dar por exótico el incidente: una rareza en Medellín, meca de la igualdad, donde somos todos tan queridos. No. Luis Bernardo Vélez, Secretario de Inclusión Social, declaró que el caso de don José se repite todos los días: en el trabajo, en la escuela, en el espacio público; por motivos sociales, raciales o sexuales. Agua fría a la ficción de sociedad igualitaria.
En entrevista concedida a Natalia Arbeláez (La Silla Vacía, 6, 11, 17) el profesor Patiño describe el modelo social “totalitario” que rige en Medellín, afirmado en el conservadurismo más acendrado, en el racismo, en la vieja moral católica, en la ética al servicio del dinero, en una sociedad endogámica hostil a todo el que viene de afuera, y al de adentro que no responde a ese ideal: negros, mestizos, mulatos, zambos, librepensadores y ateos, vagos, prostitutas, mendigos, los que viven en unión libre, los hijos ilegítimos y las zonas que todos ellos ocupan, las laderas, han sido siempre excluidos en esta ciudad que se modernizó pero se negó la modernidad.
Cara ha salido la exclusión. Herederas de Pablo Escobar y de Don Berna, las bandas de las comunas se disputan el control del territorio, de la extorsión y el microtráfico, ahora fortalecidas con el Clan del Golfo. En la guerra de este año entre sus 2000 miembros, van 200 muertos. Contrapoderes ilegales que desafían al Gobierno de la ciudad y fuerzan pactos de donbernabilidad, son –según Patiño– la opción que la desindustrialización dejó. Alternativa al todovale con bendición divina que rigió los negocios en más de un grupo de poder en Antioquia, insensible a la diferencia entre economías lícitas e ilícitas, tocadas o no de grupo armado. Diríase que la revolución del narcotráfico lo fue también estética y moral. Y sin fronteras de clase. En ella, el lenguaje traqueto naturalizó el discurso del horror, personificado en el sicario de los 300 muertos que funge como propagandista del Centro Democrático.
Pero habrá siempre quien se atreva contra la dictadura del miedo. “La violencia no nos vence” fue consigna de resistencia que acompañó este 5 de mayo el soberbio concierto que diez grupos de la Comuna 13 interpretaron en defensa de la paz y en recuerdo de las 197 víctimas (entre muertos y desaparecidos) habidos en la toma de la zona por 1000 soldados y 3.000 paramilitares hace 15 años. Otra vez militarizada la comuna, se prometieron los pobladores en pleno no permitir un muerto más.
Entre tanto, en el teatro Metropolitano dirigía Andrés Orozco el Requiem de Brahms, ante un público que contenía el aliento. Al director de música sinfónica, criado en el barrio obrero de Manrique y respetado en el mundo, lo llaman “el milagro de Viena”. Esta ejecución de Brahms en Medellín se alternó con fotografías de Jesús Abad sobre la guerra. Fue una oda a los que se van, pero también a los que se quedan, declaró Orozco. Y rompió en llanto. Dulce resistencia del arte a las crueldades de la inequidad.
por Cristina de la Torre | Dic 8, 2017 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Diciembre 2017, Izquierda, Justicia, La paz, Narcotráfico, Paramilitarismo, Proceso de paz, Uribismo
A tono con el amparo que los poderosos brindan a delincuentes de cuello blanco, con su exaltación de criminales o su indulgencia hacia ellos, proliferan en este país sepelios apoteósicos de jefes paramilitares. Como marchando en la misma dirección, 5.000 lugareños acompañan entre vítores el féretro de alias Inglaterra; y el Congreso exonera virtualmente de culpa a empresarios y funcionarios que fueron sus aliados en atrocidades de la guerra. Reserva el juicio sólo para las Farc, el otro responsable del horror.
Con flores, bombas, narcocorridos, aguardiente, pólvora, lágrimas, disparos al aire, desfile de carros y motos e invitaciones a la venganza se honra en Carepa al homicida y violador de niñas, mando del Clan del Golfo. La mayoría parlamentaria, por su parte, celebra a carcajadas el estropicio que salva el pellejo a los señorones de la guerra: no a quienes debieron pagar para protegerse del secuestro de las Farc, sino a 57 empresas sindicadas por Tribunales de Justicia y Paz de coligarse con frentes de las AUC. Deja a las víctimas sin verdad ni representación política. Descuellan en este parlamento taimado Rodrigo Lara y Carlos Galán, hijos indignos de quienes se inmolaron por enfrentar al narcoparamilitarismo, cuyos socios ayudaron estos sinvergüenzas a salvar.
Coincidencia terrible que mueve a preguntarse si la desfachatez de las elites no estará proyectándose como mandato ético desde arriba hacia comunidades marginadas, que no se reconocen en su historia y su cultura; pasto seco para el primer incendiario que meta miedo y pase por benefactor de pobres. Mas el mensaje no es nuevo. A la voz que asimila librepensador con terrorista, levitando en la laxitud de las derechas frente al historial de la mafia, se sintió Popeye autorizado a fungir como estrella en manifestación uribista de abril. Cómo no, si el expresidente Pastrana, el exvicepresidente Francisco Santos y la exministra Martha Lucía Ramírez disculpaban blandamente la exhibición en el evento del sicario que se reclama autor de 300 asesinatos y auspiciador de otros 3.000. Fue Samuel Hoyos, congresista del Centro Democrático, el único de ese partido en rechazar la participación del matón, a quien calificó de sicario y criminal.
En la saga de condescendencia con los violentos, cuyo impacto deberá calibrarse en un país donde el protomacho es rey y la política procede a bala, viene a la memoria una célebre columna publicada en 2006 por el ideólogo del uribismo, Fernando Londoño. Argumenta él, con algo de razón, que las autodefensas nacieron como respuesta a la guerrilla. Y que Carlos Castaño, “intelectual hecho a pulso” cuyo ideario debería resucitar, hubo de plegarse al narcotráfico como fuente de financiación de las AUC; pero sin perder “su naturaleza política antisubversiva y anticomunista”. Dos omisiones graves: primera, el carácter “político” de las AUC pronto se reveló como fachada funcional del negocio maldito del narcotráfico. Segunda: ya desde 1988 y hasta 2002 a Castaño se le sindicaba de decenas de masacres y asesinatos individuales. Lo que no impedía que señoras “divinamente” suspiraran en sus clubes por el sujeto de marras. Pobres por necesidad, ricos por interés en el negocio compartido, simpatizaron (y simpatizan) con el paramilitarismo. Y acuden a los sepelios de sus jefes.
Escribe el editorialista de El Colombiano: no pueden ser los pabloescobares, carloscastaños, inglaterras y otrora timochenkos quienes nos sirvan de ejemplo. Pero Rafael Nieto anuncia que “estamos listos a asumir los costos de la continuación de la guerra con las Farc”. Quiénes: ¿sus hijos? ¿O seguirán las víctimas como carne de cañón de nuestros héroes de barro y sangre, y de sus socios?
