por Cristina de la Torre | Jul 21, 2019 | Impunidad, Julio 2019, Paramilitarismo, Política agraria, Tierras
No cabe duda: se despliega en Colombia una campaña de terror calculada para exterminar a los líderes naturales del pueblo, savia de la democracia, y volver al régimen de fuerza que a cada víctima pide pista. Son reclamantes de tierras usurpadas, promotores de la sustitución de cultivos, líderes de Acción Comunal, aspirantes a cargos de representación política y portavoces de comunidades étnicas. Contra ellos disparan guerrilleros del ELN, disidentes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y, por abrumadora mayoría, el narcoparamilitarismo y sus aliados en política y negocios. Fuerzas vivas del poder local en los territorios.
Los que apuestan a que nada cambie, porque es en el abuso de poder, en la tradición de inequidad y violencia como medran ellos y se enriquecen. El 72% de estos asesinatos tiene lugar allí donde despuntan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Y el Gobierno apenas si actúa. No le alcanza el faraónico poder militar y jurisdiccional para neutralizar a los paramilitares, a sus brazos político y económico. No se atreve contra los incitadores, inspirados arquitectos de la matanza, conocidos de autos cuyo señalamiento le costaría la vida al ciudadano inerme. Y desdén a la valiente Defensoría del Pueblo, cuando no grosera desnaturalización de sus alertas tempranas. ¿A qué tanta cobardía del poder público frente a estos matones? ¿A qué el irresponsable diagnóstico del Gobierno que revictimiza a los sacrificados mezclándolos en el caldo del narcotráfico? ¿Ineptitud? ¿Secreta complacencia entre entusiastas del partido de Gobierno?
Partidos, organizaciones sociales, gremios, iglesias, sindicatos, académicos, la más diversa convergencia reunida en Defendamos la Paz (DLP) invita a protestar este viernes en calles y veredas contra esta carnicería. Contra el asesinato de “cientos de personas que defienden los derechos de las comunidades rurales a la vida digna, a la preservación de sus territorios, a la protección de los ecosistemas y del agua, al cumplimiento del Acuerdo de Paz y a la restitución de tierras. Este baño de sangre debe terminar”. La CUT y Fecode suscriben el llamado y abogan, además, por la restitución de tierras, la sustitución de cultivos y la participación política de las víctimas. Emplazan al Gobierno a proteger a los líderes, a frenar el régimen de terror que se instaura nuevamente.
Y es que, al parecer, no ve el Gobierno lo que no quiere ver. O lo ve al revés. El Consejero para el Posconflicto insiste en atribuir la masacre de líderes a enfrentamiento entre sujetos dedicados al delito. Y el Comisionado de Paz los asocia a cultivos ilícitos. A un pronunciamiento de Ceballos en esa dirección el 11 de julio en Córdoba respondió José Daniel Ortega, vocero de la Asociación Campesina de ese departamento, adjudicando la matanza a la incapacidad de la Fuerza Pública para controlar a las organizaciones ilegales, no a la existencia de cultivos ilícitos. “El territorio se lo están peleando porque es un corredor estratégico (para el narcotráfico) que el Gobierno no ha podido controlar”, precisó. Andrés Chica, líder social en Tierralta, explica que tras los asesinatos se juntan paramilitarismo, conflictos por la tierra y poder político.
El ministro Botero, en quien lo desangelado no quita lo siniestro, niega el regreso del paramilitarismo, y matiza su versión, a la Pambelé: “(Yo) diría que hay gente mala matando gente buena”. En todo caso, parar la matanza pasa por soluciones integrales acordadas con organizaciones sociales como la Acción Comunal. Y por identificar a sus autores intelectuales. Mauricio Cabrera escribe: “La cuestión relevante no es quién está matando a los líderes sociales sino quién los manda matar”. Pregunta consorte del grito que resonará este viernes 26 de julio: “¡Ni uno más!”
por Cristina de la Torre | Jun 4, 2019 | Iván Duque, Junio 2019, Paramilitarismo
De vuelta al régimen de Seguridad Democrática, alarma la involución operada en la doctrina militar: de los derechos humanos a la tropelía. La nueva cúpula de las Fuerzas Armadas desestima la enseña de su antecesora, a saber, la paz es la victoria, para reabrir el camino de los falsos positivos, ariete de la guerra sucia. Marca de cobardía en la frente del Gobierno Uribe, el asesinato de 5.000 civiles inermes ajenos al conflicto deshonró, por contera, al soldado que entregó hasta la vida en el asedio a las Farc; (ofensiva sin la cual no hubiera podido Santos negociar después la paz). El abrupto timonazo de hoy denuncia sed de sangre en los instigadores de la guerra que ya fue, una barbaridad para un país en posconflicto.
Nuevas grietas se abren entre uniformados. Diga usted entre el general Alberto Mejía en una orilla y, en la otra, el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez. En la vertiente del primero, oficiales de alto rango denuncian la orden de duplicar bajas “como sea”, aun ampliando el riesgo de matar civiles y sellando alianza con paramilitares. La nueva instrucción emula la que el entonces ministro de defensa, Ospina, expidió en 2005 para dar lugar al genocidio de marras. Mientras la Procuraduría le abre investigación al jefe del Ejército, el general Colón dice en foro de El Espectador: “hay que preguntarles a los gobernadores y alcaldes por qué parte de sus presupuestos iban a las AUC; y a los ganaderos, por qué llegaban [estas] a sus fincas […] Hay que contar las verdades como son… contar la verdad de los falsos positivos, para deshacernos de esa cruz”.
Sí. Es ancho el horizonte de las circunstancias políticas que gestaron semejante atrocidad: la vileza de un Gobierno que exigía resultados como agregado indiscriminado de cadáveres. La alianza de militares con las fuerzas más oscuras y violentas que fungían, a su turno, como fervientes seguidoras del partido en el poder. Y contra su enemiga mortal, la guerrilla, dizque rodeada de “auxiliadores” que devenían candidatos a falso positivo. La campaña de Uribe contra las Farc floreció al costo de generalizar la guerra sucia, codo a codo con el paramilitarismo, con su brazo político en el Congreso y con los empresarios que lo financiaron.
El asesinato del desmovilizado Dílmer Torres, a quien se quiso hacer pasar por guerrillero del ELN, simboliza el retorno a los falsos positivos. En los cuales habría tenido responsabilidad por cadena de mando el general Martínez, si damos crédito al debate del parlamentario Alirio Uribe del 14 de octubre de 2014. Cruza él información de Fiscalía, Procuraduría y Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) para concluir que el entonces brigadier general Nicasio Martínez comandaba entre 2004 y 2006 la Quinta División, con jurisdicción en Cesar y la Guajira, a la que se le imputaban cien presuntas ejecuciones extrajudiciales. Imputación semejante afectó a otros ocho generales. 88% de los 6.600 falsos positivos reportados entre 1998 y 2014 tuvieron lugar en el Gobierno de Álvaro Uribe.
En su informe de febrero dice Human Rights Watch: “el Gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales”. Ya Vivanco había escrito que el general Montoya “estuvo al frente del Ejército colombiano cuando se cometieron algunas de las atrocidades masivas más graves que hayan ocurrido en el Hemisferio Occidental en los últimos años”. ¿Creerá Duque que semejante horror se conjura designando lectores de órdenes militares mientras mantiene en el mando a quienes las expiden y ascienden en la impunidad?
Coda. Lamentable la suspensión, con sabor a censura, de la columna de Daniel Coronell en Semana.
por Cristina de la Torre | Abr 29, 2019 | Abril 2019, Corrupción, Derecha, Impunidad, Izquierda, La paz, Paramilitarismo, Política agraria, Posconflicto, Uribismo
Sí, la conjetura es plausible: Porque tiene miedo la derecha, insulta, miente, manipula, persigue, atropella e incita a la violencia. No controvierte, patea. Y a cada coz destapa una nueva arista de la catadura que la emparenta con Bolsonaro, Maduro y el inefable Ortega de Nicaragua. Sorprendida por una oposición que se acercó a la presidencia el año pasado, que integra por vez primera una bancada que decide y saca inopinadamente casi doce millones de votos contra la corrupción, patalea la derecha. Acostumbrada a prevalecer por perrero, percibe el ascenso de la oposición y del movimiento social como amenaza de muerte. Afrentoso le resulta lo que en cualquier democracia es regla; y, desafiante, la depuración ideológica que rescata a los partidos del pantano donde todo se revuelve para mejor pesca de la suertuda derecha. Entonces echa mano de su recurso proverbial: el poder en bruto. Si no para segar la vida de un Leonardo Posada o un Carlos Pizarro en cruzada de exterminio de partidos enteros desafectos al sistema, para ponerles ahora bozal, hurtarles el derecho de representación política y, al pueblo, el suyo de elegir.
Retornando a la senda de acoso y conculcación de derechos, cercena esta derecha la representación parlamentaria de sus adversarios. Tras despojar a Mockus de su curul mediante fallo contradictorio del Consejo de Estado y a resultas de demanda de personajes cercanos al partido PIN cuya cúpula resultó procesada por parapolítica, quiere alargar la uña hacia otras cinco del Partido Verde. La senadora Angélica Lozano revela que viene en camino la anulación de las curules indígenas del partido Mais, no bien le quitaron la suya a Ángela María Robledo, estrella de las fuerzas alternativas, con curul por derecho constitucional de oposición que ocho millones de votantes refrendaron. Se preguntan por qué juzga el tribunal con rasero distinto casos iguales como los de Robledo y Marta Lucía Ramírez. O por qué no sanciona la doble militancia que en su momento ostentaron Viviane Morales y Germán Vargas.
Tan artero ataque contra la oposición, defensora de la paz, denuncia el miedo que ésta suscita en el uribismo. Ya el partido de Gobierno lanza puñales contra la JEP, ya Álvaro Uribe quisiera que sus contradictores saltaran del debate público al fusil; de modo que pudiera él volver a regodearse en la guerra, a esconder tras el humo de los cañones la temida verdad y a velar porque nada cambie en el campo. Ejes de su programa, que se depura sin pausa. Con la desmovilización de las Farc vino el destape: perdió el uribismo el último centímetro de hoja de parra que mal disimulaba su predilección por la violencia y el gobierno arbitrario. A su vez, despertó la Colombia contestataria del prolongado letargo impuesto por alguna oligarquía cruel, provinciana y abusiva que, tal vez asustada, vuelve a dar palos, y no precisamente de ciego. Es tradición: al primer amago de pluralismo y participación social, sale del closet la caverna.
Dígalo, si no, el hundimiento de las 16 curules de paz para las víctimas, a manos del conservadurismo en pleno. O el exterminio de la UP: miles de cuadros asesinados allí donde ese partido vencía en las urnas. O la masacre de Segovia en 1988 que rubricó el horror con un aviso: “no vuelvan a votar por la UP; eso les causa la muerte”. O la brutal decapitación de la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc) en los 70. Con la terrible excepción de los líderes sociales en el campo, el asesinato físico de dirigentes se ve ahora desplazado por una estrategia que apunta a la abierta negación del pluralismo, del debate, del derecho de oposición y de la democracia. Ofensiva temeraria que no puede emanar sino del miedo.
por Cristina de la Torre | Mar 18, 2019 | Acuerdos de paz, Iván Duque, Justicia, La paz, Marzo 2019, Modelo Político, Paramilitarismo, Proceso de paz
No, no son iguales. Uribe llegó al poder para afianzar la economía de mercado y, Chávez, para desmontarla. Pero en política, guardadas diferencias de grado, cogieron ambos por la vertiente autoritaria del populismo latinoamericano. En Venezuela desemboca el chavismo en la dictadura de Maduro, agente ejecutor de la divisa del coronel; en Colombia regresa la de Uribe sobre los hombros de Iván Duque. Hace 14 años aventuraba yo en un librito (“Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia”) que aquellos líderes suscribían elementos medulares del mismo modelo político: el del neopopulismo con carga de arbitrariedad y mano dura. La prueba del tiempo parece darme la razón y ratificarlo hoy, cuando, la mirada en su mentor, desafía Duque la legalidad: desacata fallo de la Corte Constitucional (una barbaridad, dirá Sergio Jaramillo), pone en riesgo la división de poderes, induce el retorno a la guerra y reanuda campaña electoral con la jauría aulladora que ha vuelto invivible la república.
Mucho en Chávez y en Uribe conspira contra la democracia: la búsqueda ciega del unanimismo; la determinación de absorber o cooptar el fuero de jueces y legisladores, por convertir la democracia constitucional en Estado de opinión manipulada; la militarización de la sociedad, el anclaje de la seguridad en una policía política, la búsqueda del poder para quedarse en él. Y, en Uribe, la idolatría de la guerra. Manes de los regímenes de fuerza que proliferaron en la región y cuyos signos restablece Duque, solícito exhumador del uribechavismo. Sus objeciones a la JEP calculan el golpe en dos planos. Primero, para resucitar el proyecto subversivo de la ultraderecha contra la democracia y la paz; con su efecto colateral de asegurarles impunidad a prestantes promotores de atrocidades en el conflicto. Segundo, convertir la campaña electoral en borrasca de odios y mentiras, siempre pródigas en votos.
Llegado al poder, creó Chávez el instrumental para perpetuarse en él, para neutralizar al Congreso y a las Cortes. En parecida dirección obró Uribe. Su propuesta originaria de referendo apuntaba a revocar el Congreso, pero la Corte Constitucional estimó que, a guisa de reforma constitucional, sólo buscaba atacar a un grupo de gobernantes. Calificó el proyecto de “contrario a la idea más elemental de Estado de derecho y de constitucionalismo”. Y lo tumbó.
Uribe reformó un “articulito” de la Carta para hacerse reelegir en 2006. “Ya que le dieron 40 años a don Manuel (Marulanda), ¿por qué no le dan un tiempito más largo a la seguridad democrática?”, dijo. Y, a son de democracia plebiscitaria, su ministro Pretelt defendió la opción de reelegirlo por veredicto popular, no por regla constitucional. A la segunda reelección y tras escándalo de soborno a parlamentarios, se opuso la Corte en 2010 porque atentaba contra la separación de poderes. Con una segunda reelección, hubiera Uribe terminado por controlar las Cortes; la Suprema incluida, a la cual persiguió con saña cuando ésta investigaba a su bancada por parapolítica.
Maduro corona el modelo: atrapa presidencia indefinida, altas cortes, poder electoral y una constituyente de bolsillo en remplazo de la Asamblea Legislativa. Duque le sigue el paso. Ya desde su campaña proponía disolver las Cortes para fundirlas en una y reducir el Congreso a la mitad. De prosperar sus reparos a la JEP, le habrá arrebatado a la Constitucional su poder de órgano de cierre, en favor del Ejecutivo. Y va por la cooptación de los congresistas entregándoles 20% del presupuesto de inversión. Mas, si hace unos años desfallecían la oposición y el movimiento social bajo la fusta de Uribe, no podrá Duque ignorarlas ahora: media Colombia prepara la defensa de la democracia y de la paz. Si precarias, resultan ellas infinitamente más deseables que el ominoso uribechavismo.
por Cristina de la Torre | Feb 10, 2019 | Febrero 2019, Paramilitarismo
No sorprende, pero verlo confirmado en hechos, dispara las alarmas; o al menos suscita preguntas nacidas del miedo a lo conocido: ¿volverán los horrores de la seguridad democrática? Con sus redes de cooperantes y el estamento ganadero en armas, místicos todos de la fe que niega el conflicto armado y lo reduce a amenaza terrorista, ¿se inicia otra escalada de la guerra? También la nueva norma de seguridad crea su red de informantes para alertar sobre “situaciones que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas”. En el Gobierno de Uribe resultaba peligroso, por definición, quien no hincaba la rodilla ante el caudillo o reclamaba algún derecho o, si togado, juzgaba en derecho. Entonces convergieron los sectores más reaccionarios del campo para perseguir y aún apretar el gatillo contra ellos; o para mandarlo apretar desde las Convivir, refugio que fueron de paramilitares a cuyo amparo acaecieron el despojo y el desplazamiento en masa. ¿Hoy se recompone aquel modelo de seguridad?
Saca sus uñas la guerra, mientras el Gobierno y su partido van liquidando los instrumentos de paz. Como la JEP, en capilla mientras el presidente decide si objeta la ley que la reglamenta o la cercena hasta dejarla manca. Por su parte, Rafael Guarín asegura que el Gobierno no quiere armar a nadie sino, al contrario, desarmar. Será retórica, pues el copresidente Uribe viene de avivar la presión de los ganaderos del Cesar para rearmarse. Y su palabra es la ley. Bloque de acero interpuesto además al primer amago de controlar las dinámicas perversas de la Red –si lo hubiera–. O de justipreciar el peligro de entregar tareas de inteligencia y seguridad a particulares. O de medir el riego de repetir “errores” del pasado. Casos al canto, las detenciones masivas y sin pruebas de ciudadanos inermes; y la abominación de los falsos positivos. Todo lo cual apunta a sabotear las reformas que la paz conlleva.
Dos innovaciones trae la nueva política: primero, eleva la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente a problema de seguridad nacional, por tratarse de preciados bienes estratégicos. Enhorabuena. Segundo, monta una inmensa plataforma tecnológica al servicio de la Red de informantes. Para bien o para mal, esta será infinitamente más eficaz que la de Uribe. Establecerán ellos contacto anónimo con el Ejército y en el primer año serán un millón, prestos a señalar ciudadanos “potencialmente peligrosos”.
Espectro tan amplio e indeterminado dará para cualquier cosa: para prevenir un asalto a la Caja Agraria o el linchamiento de un atracador; pero también para señalar a líderes sociales como potencialmente peligrosos, terroristas, e inducir su asesinato. O la ejecución de miles de jóvenes potencialmente peligrosos porque no andarán cogiendo café, y estirar con ellos la lista de los 10.000 falsos positivos. Es que el anonimato podrá amparar desde abusos y cobardías y venganzas, hasta el linchamiento político originado en sospechas de algún ardoroso vengador que quiere hacer justicia por mano propia. Especulo, sí, pero desde un referente poderoso: es ésta una experiencia ya vivida cuyo mentor recompone ahora con los trazos inconfundibles de su mano de hierro y corazón de hielo. Ojalá me equivoque.
Mas, así formulada, esta política de seguridad desafía al Estado de derecho y al país que busca la paz por medio de la democracia. Desarmando a la sociedad civil, no armándola. Ni cooptando a la ciudadanía en un ciclópeo aparato de espionaje, copia fiel de los comités de defensa de la revolución cubana. La gobernabilidad del presidente no depende sólo de la mermelada que derrame sobre la manzanilla. Ahora depende, sobre todo, del respeto que le profese al movimiento social, activo inconforme contra un modelo de seguridad que no podrá pelechar sino en la guerra.
