por Cristina de la Torre | Dic 13, 2009 | Conflicto interno, Diciembre 2009, Personajes, Uribismo
A la catarata de provocaciones del Jefe de Estado, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, ha respondido con la misma medicina que Uribe le suministra a Hugo Chávez: el silencio. Silencio exasperante que en sentir de algunos conspira contra los apremios del Primer Mandatario por sentar en la Fiscalía a un hombre suyo en misión de torpedear procesos que cuestionan la legitimidad de la reelección y comprometen al alto Gobierno. Tras la exaltación del Presidente Uribe se entrevé un acumulado de abusos y delitos de sus funcionarios que interpelan ya a las cortes internacionales: cohecho de una vía, que manda a la cárcel a Yidis Medina y exonera a los ministros del caso; más de un tercio de los parlamentarios, casi todos afectos al Gobierno, implicado en delitos de lesa humanidad; transformación del DAS en policía política y aparato de persecución contra la Corte; falsos positivos que pasan de dos mil y espectáculos de corrupción oficial como el de AIS, sumen al país en la peor de sus crisis, y demandarían el ejercicio pleno y autónomo de la justicia. He aquí, se dice, el mar de fondo de una cruzada de tres años contra la Corte, reducto final del Estado de derecho que no ha sucumbido al abrazo de Alvaro Uribe.
Piensan otros que la Corte actúa con criterio político. Que ha derivado en partido de oposición capaz incluso de colocarse en el bando del terrorismo (pues no toca a la farcpolítica) y de quebrantar la institucionalidad. A la voz de que Colombia se había comprometido con Naciones Unidas a preservar la independencia del fiscal, Uribe advirtió que por ese camino jugaba la Corte al golpe de Estado. No faltan quienes ven en esta admonición la secreta intención de anticiparse a poner en otro la viga del ojo propio, cuando sería una segunda reelección la causa de la temida ruptura institucional. Pero habría ligerezas que hieren la imagen de decoro de la Corte entera. Como las deferencias y larguezas de un personaje non-sancto como Giorgio Sale con algún magistrado de la corporación.
Mientras la frivolidad interesada de algunos medios trivializa la inminencia de una ruptura institucional presentándola como “choque de trenes” o de vanidades, en el encono de la disputa hacen su agosto las imágenes. Augusto Ibáñez, este tunjano de 50 años, pausado, de ademanes lentos y fino humor, bien podría simbolizar al capitalino “de coctel” que Uribe ha dado en desdeñar. Acaso para atizar regionalismos que Antioquia y la Costa, dominios predilectos de la patria refundada, agitan contra el estereotipo de un altiplano flemático y distante. Ibáñez controvierte sin gritar ni remangarse la camisa. Catedrático, analista y escritor, no va a cocteles. Le duelen las tres horas que el sueño le roba cada día a un compromiso que pareció marcarlo de por vida: a los 26 años, como profesor auxiliar de Alfonso Reyes Echandía en el Externado, lloró impotente el sacrificio de éste su maestro y entonces Presidente de la Corte, en el Palacio de Justicia, y se impuso el deber de no transigir frente a ningún poder en la defensa de la Constitución. Tal vez mientras contemplaba los destellos de la conflagración aquella noche de horror no columbró que el destino y su rigor profesional lo elevarían hasta la cumbre de la justicia, cuando ser Presidente de la Corte no representaba ya una distinción honorífica sino el más abrumador desafío de rodear el republicanismo que la nación construye con dificultad desde 1810.
Más inclinado a los libros que a los votos, Ibáñez no alcanzó los tres mil sufragios cuando quiso llegar al Congreso por Cambio Radical. Hizo el oso. En cambio, retomó la senda del jurista que había inaugurado con tesis aclamada sobre Administración Pública. El Presidente de la Corte no improvisa cuando exige a los aspirantes a Fiscal no sólo requisitos de ley sino idoneidad e independencia. Ya desde entonces valoraba la calidad del funcionario público en términos de servicio a la sociedad, no en reciprocidades con quien lo nombra. Se trata de hallar al mejor funcionario, no meramente a aquel a quien la ley no descalifique.
Su intervención como Ministro Plenipotenciario en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional en 1999 lo catapultó al mundo de los tribunales internacionales, que parecen acercarse más y más a la crisis colombiana. El propio Ibáñez se ha propuesto proyectar hacia ellos la responsabilidad de los gestores de la parapolítica. Qué relación tendría esta circunstancia con el asalto a su casa, de donde sustrajeron dos computadores con información vital sobre aquellos procesos, tal vez nunca se sepa. En todo caso, Ibáñez sabe que si se intimida a la justicia colombiana, ésta podrá acudir a la internacional. En punto a la terna para fiscal, verbigracia, los tratados internacionales suscritos por Colombia le permiten al juez español Baltasar Garzón reclamar idoneidad e imparcialidad en este funcionario, so pena de afectar la democracia.
Gorda ampolla levantó el planteamiento de Ibáñez según el cual, si el siglo XIX fue el de los parlamentos y el XX el del ejecutivo, el XXI será el siglo de los jueces, de la norma, de los derechos fundamentales. “¡Será la tiranía de los jueces!”, espetaron. “No, replicó Ibáñez. La protección de esos derechos no vulnera las prerrogativas del ejecutivo ni compromete la independencia de poderes”. Y fue más allá: en materia de derechos humanos, la jurisdicción es universal. Hoy rige una esfera de responsabilidad penal individual a escala internacional. En Colombia, la protección de estos derechos forma parte del “bloque de constitucionalidad”. Es decir que nuestra Constitución armoniza con los tratados ratificados por el Estado que reconocen los derechos humanos y prohíben limitarlos con estados de excepción.
La Corte de Roma no se limita a juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. También interviene cuando la justicia de un país no opera –por ineptitud, por venalidad o por obstrucción externa-. Y esta daga apunta a la yugular de los regimenes que toleran la impunidad. A la par, OEA y Naciones Unidas son las primeras en reclamarle independencia a nuestra Corte Suprema. De modo que a ella le está vedado negociar sus competencias y allanarse a la elección de un fiscal amigo de la parte investigada.
Ibáñez lo sabe y lo declara. Como sabe que el referendo es inconstitucional, pues se propone sustituir la Carta y acabar de concentrar todo el poder en el ejecutivo. Amenaza mayúscula que terminaría rubricada por una “pequeña constituyente” en reemplazo de la Corte Suprema. Organo ad hoc justificado en un “bloqueo institucional” que el Gobierno provoca y agiganta todos los días, pues en ello va también la justificación de un tercer mandato del Presidente Uribe. No obstante, crear una corte ad hoc atentaría contra disposiciones de la ONU suscritas por Colombia en 1985 que prohiben cambiar o cooptar por ese medio las funciones de la justicia.
Siente Ibáñez, sin embargo, que la Corte se encuentra hoy tan asediada como en aquel día aciago de 1985, cuando la fuerza bruta aniquiló a los dignatarios supremos de la justicia. Pero él no sabe de briosos corceles, no presume de caudillo ni de héroe, ni blande fierros a grandes voces para impresionar al pueblo. Libra su batalla sin estridencias, casi solo, contra un adversario formidable que teniéndolo ya todo quiere más. Arma del togado, una voluntad indoblegable, porque ese “mas” puede ser el último bastión de la democracia.
por Cristina de la Torre | Oct 6, 2009 | Izquierda, Octubre 2009, Personajes
Un doble desafío enfrenta Petro: remontar la indigencia programática de la izquierda y, de pasada, llenar el vacío de propuestas económicas del gobierno. En sintonía con los tiempos y con el país, éste lanza iniciativas de desarrollo que dejan en paños menores a las extremas: revitalizar el Pacto Andino y emprender una reforma agraria que principie por expropiar las 6 millones de hectáreas malhabidas para devolvérselas a los campesinos que deambulan por el campo o se hacinan, desplazados, en las ciudades. Petro libera a la izquierda moderna del purismo de otros que, sin embargo, enmudecen ante la corrupción de la Alcaldía de Bogotá. Sabe, por otra parte, que Uribe carece de programa económico. Su Plan de Desarrollo, el Estado Comunitario, ni es plan ni es de desarrollo. Se limita a repartir el presupuesto cada sábado en obritas y chequecitos que le reportan, sin falta, nuevos votos. Pantalla y campaña electoral permanente. Mas por debajo van los apoyos y subsidios y regalos y canonjías a los viejos y los nuevos ricos. Entre tanto, lo que queda todavía de industria desfallece en la apreciación del peso y en el deterioro de las exportaciones a Venezuela y Ecuador. Y el Presidente, en vez de cojurar esta amenaza que compromete el desarrollo de la región, sueña con su TLC a la Bush y soporta con pasivo alborozo las andanadas de Chávez que aseguran su reelección.
Petro se proyecta hacia el futuro. Apunta a acuerdos entre fuerzas varias capaces de ganar el gobierno y compartir mínimos enderezados a preservar la democracia y garantizar los derechos económicos y sociales de todos. A la concentración centenaria de la tierra, extremada hasta la tragedia por la contrarreforma de las mafias y los mimos del gobierno a los potentados del campo, Petro contrapone una reforma agraria integral que democratice la propiedad de la tierra y garantice la seguridad alimentaria del país. Propone que el Estado compre los latifundios improductivos y expropie los predios habidos ilícitamente, para darles uso intensivo a los 12 millones de hectáreas cultivables que hoy se destinan a ganadería extensiva. El Estado garantizaría la distribución de alimentos comprando parte de las cosechas, construyendo vías para comercializarlas, abasteciendo de alimentos costeables a los barrios populares. Habría banca de fomento para el sector, crédito accesible y protección arancelaria de nuestros productos hasta cuando los países ricos eliminaran los subsidios a sus agricultores.
En política industrial propone Petro desarrollar sectores de punta con abundante inversión e innovación tecnológica, en la perspectiva de un mercado regional ampliado. Insiste en una planeación permanente para revitalizar la industria y devolverle al Estado su función reguladora y su iniciativa como empresario, sin alienar la libertad de empresa.
Si ideas como estas desnudan por contraste la pobreza y el elitismo de los programas del gobierno, no es seguro que la ortodoxia del Polo las acoja. Inútil será buscar unidad monolítica en una opción de izquierda que nació como coalición de fuerzas distintas, no como partido –y menos como cápsula estalinista. Tal vez pueda preservarse la unidad del Polo si se le aplica el criterio que regiría en una convergencia entre partidos: alianza de fuerzas afines pero no idénticas.
Una incógnita enturbia el brillo de este cuadro, y tiene que ver con el alcance de la convergencia que Petro propone. ¿Su voto por el oscuro Procurador Ordóñez obedeció a convicción de principios, o fue un desliz? La respuesta diría si su ruptura con los tradicionalismos (de izquierda y de derecha) pudiera configurar una verdadera petrostroika.
por Cristina de la Torre | May 12, 2009 | Corrupción, Mayo 2009, Narcotráfico, Partidos, Personajes
“Reducir la corrupción a sus justas proporciones” fue precepto del Presidente Turbay en ejercicio del cargo. Aquel mal preside hoy el podio de la debacle que agobia al país. En su espectro variopinto, abarca desde el crimen hasta el terreno viscoso del enriquecimiento súbito del que se lucran, con naturalidad escandalosa, los propios hijos del Presidente.
En tiempos de Turbay, el contrabando y las esmeraldas ofrecieron la estructura comercial al mercado negro de las drogas ilícitas y éste terminaría acomodándose en la sociedad y en el poder público. La frase de marras hizo estragos. Por venir de la más excelsa dignidad del Estado, legitimó una ética de gelatina y obró como detonante del sálvese quien pueda y como pueda en un país donde sobrevivir es, para tantos, una proeza. En la informalidad del rebusque prosperó el torcido. Y éste ganó prestigio en clubes y cantinas, como rasgo de inteligencia y osadía.
Además, llevamos dos siglos practicando la política del despojo. O acaparamiento de todos los recursos, puestos, presupuestos y contratos del Estado por los políticos que ganan en las urnas mientras los derrotados languidecen en el asfalto. Privatización del patrimonio público por avanzadas de una fuerza que actúa como ejército de ocupación para hacerse con el botín de guerra. Y sin control: durante el Frente Nacional no hubo quien pusiera el tatequieto a la corrupción, pues oposición no había. Si hoy la hay, el gobierno la persigue desde el DAS, en acción que Caballero Argáez tipifica como terrorismo de Estado. La feria de los vivos, si se considera que en este país el Estado es el primer empleador.
Y el narcotráfico, ¡ay!, agregó el crimen a las formas consagradas de la corrupción (mordida, robo, peculado, abuso de información privilegiada, tráfico de influencias). La Fiscalía formaliza cargos contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera, “un buen muchacho” de la entraña del Presidente, por poner la entidad al servicio de los paras, recibir comisiones por los contratos que les daba y ser coautor de cinco asesinatos.
Marcela Anzola y Francisco Thoumi examinan un fenómeno de bulto que ellos consideran la raíz de nuestros males: el de una ética acomodaticia que confunde el espíritu del empresario con el del negociante. Hacer empresa, dicen, es acometer una acción productiva de largo alcance, que crea riqueza y empleo. El negocio, en cambio, es un acto de oportunidad que se agota en sí mismo y busca el beneficio inmediato de uno solo. En el modelo ideal, el empresario suda la riqueza; el negociante se la topa de golpe. Y se la topa por sagaz o por suertudo o por contar, como los niños Uribe, con todas las palancas del poder. Entonces el negociante corona: lo que hoy vale 300, mañana valdrá 33 mil.
Así amasada la riqueza, a golpes de suerte o de poder, premia a unos y a otros les arrebata el pan. Las “inversiones” del narcotráfico en el campo convirtieron a desclasados en terratenientes y a 4 millones de campesinos en desarraigados sin esperanza. Tampoco se diga que toda empresa, sólo por serlo, busca la función social de la riqueza. Muchas de ellas, amparadas en el mercado libre, o bien, consentidas del Estado, hacen más negocio que patria.
Empresarios de esa laya, negociantes, timadores, burócratas venales y bandidos no lo son todos en Colombia. Pero la riqueza que deriva del privilegio, del timo y la violencia ha malogrado las costumbres y abierto el espíritu al consejo paterno que emula con el de Turbay: “Consiga plata mijito, consígala honradamente; pero si no puede con honra… ¡consiga plata, mijito!”.
por Cristina de la Torre | Mar 24, 2009 | Marzo 2009, Modelo Político, Partidos, Personajes
Lucho Garzón, candidato de izquierda, se declara de “extremo centro”. Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la refundación del uribismo, anuncia que buscará “elementos de centro izquierda”. Gustavo Petro, el más arrojado adversario de la ultraderecha, justifica su apoyo a un procurador idem en virtud de su alianza con Alvaro Gómez –conspicuo promotor de la Violencia-, en la constituyente de 1991. Cuánta paradoja, cuánta confusión.
Como en el populismo, en el saco del centro todos caben. Los más disímiles ingredientes se mezclan en un caldo de sabor indefinible donde termina por prevalecer el más astuto y poderoso. En equívoco alarde de liberalidad, izquierdas y derechas engavetan sus ideas para plegarse a la insulsa medianía. Cierran el abanico de opciones, y desaparecen. Las diferencias entre partidos, savia de la política, termina sacrificada a un consenso que homogeniza, paraliza y abona el terreno del caudillismo. Manes del pragmatismo que a menudo acompaña el espíritu de alianzas abortadas por los imperativos del instante. Más descaminados todavía quienes niegan las alianzas, fetichizan sus decálogos y, asustados ante los desafíos de la política moderna, se vuelven ellos mismos dogma, intransigencia, pequeñez. Entre el pragmatismo sin principios y el purismo, mucho enseñan las convergencias de largo aliento que abundan hoy en el mundo. Si liberales y socialistas se asocian en pos de equidad y democracia, no se dejan mimetizar en una fuerza asexuada que suprime las identidades políticas.
Ni caen en la ingenuidad de casarse con las fuerzas más oscuras de la historia patria. La alianza que Petro reivindica con el alvarismo (de Gómez), más que incidental, parece postura de principio. Su repulsa al “fascismo a la colombiana” que siguió al asesinato de Gaitán, no le impide añorar el trabajo a dos manos del M-19 y el dirigente conservador al cocinar la Constitución del 91. Petro atribuye la captura del Estado por las mafias a un “error” histórico del M-19. Este habría roto un pacto con Gómez enderezado a derrotar “el régimen”, suma de clientelismo y crimen que el líder conservador atribuía en exclusiva al liberalismo. Dizque abandonó a Gómez y se fue con López Michelsen. Al fin se logró desmontar el acuerdo habido entre la izquierda y el hijo de Laureano. Pacto que Antonio Navarro llamó “eje contra el clientelismo”. En la práctica, éste conducía a declarar la Constituyente como poder de facto, de duración indefinida. De no cuajar la fórmula, tan socorrida de las dictaduras, los constituyentes (cuya mayoría hacían el alvarismo y el M-19), quedarían habilitados para lanzarse a nuevas elecciones de Congreso. A instancias del pacto con López, se duele Petro, habría naufragado la nueva constitución, pues no se logró “una verdadera revocatoria de la clase política tradicional”. ¡Como si los conservadores no pertenecieran a ella!
Convergencia de extremos, acaso propiciada por una concepción del “centro” que convierte la política en río revuelto donde pescan con ventaja los más vivos. Ni chicha ni limonada. Aquelarre del inmediatismo electoral sin perspectiva para buscar, con quienes se compartan valores principales, objetivos precisos que beneficien a toda la sociedad. Sin sacrificar la personalidad política de los socios. El Polo y la izquierda liberal bien pudieran intentar una alianza de amplio vuelo. Empezando por tomar nota de la última encuesta: según Datexco, la intención de voto por Uribe en una segunda reelección, bajó de 56.8% en febrero a 35.2% en marzo.
por Cristina de la Torre | Ene 27, 2009 | Enero 2009, Modelo Económico en Colombia, Personajes
Más allá de la rivalidad personal entre Uribe y Chávez, comprensible en mandatarios que comparten el estilo de gobernar y una misma ambición de poder, otras razones explican el desencuentro permanente entre Colombia y Venezuela. Por ejemplo, el choque de modelos económicos, de ideologías que se repelen y se resuelven en visiones opuestas de política internacional y alineamientos distintos en el concierto mundial. Imaginativos para repotenciar el viejo populismo a través de la radio y la televisión, estos hombres llegaron a encarnar, no obstante, dos anacronismos que todo lo veían en blanco y negro: la ortodoxia capitalista y la ortodoxia socialista. Mientras Chávez desmontaba el modelo neoliberal en Venezuela, Uribe lo consolidaba en Colombia. Quizás imaginaron ambos a sus países como teatro posible de una nueva guerra fría. Colombia, como aliado solitario de Estados Unidos en un continente que recelaba del agresivo conservadurismo de Bush; Venezuela, como cabeza de playa de la no menos agresiva troica conformada por Rusia China e Irán.
Así las cosas, la simpatía declarada del caribeño hacia las FARC, su pereza para impedir que esta guerrilla cruzara libremente la frontera y montara campamentos en territorio venezolano, fueron más que un símbolo. En su búsqueda del liderazgo en el continente, agitando chequera de petrodólares por ver de extender su socialismo hacia el vecindario, acaso se le ocurrió al coronel aliarse con una fuerza armada legendaria ya y apadrinada en su hora por Moscú. Del coqueteo con una insurgencia que feriaba la revolución por la guerra sucia y el secuestro se contagió el Presidente Correa de Ecuador. Papaya formidable le brindó Uribe con su incursión militar en tierra ajena para liquidar al segundo de las FARC, violando los más elementales principios del derecho internacional. Ahora se pincha Correa y exige y bloquea y vocifera que Colombia no controla la frontera.
Nuestras fronteras son “porosas”. Se cuelan por ellas narcos y guerrillos hacia Ecuador y Venezuela, porque estuvieron siempre abandonadas. Tierra de nadie donde la ilegalidad impera y les da a los gobiernos vecinos argumentos contra el nuestro, mientras ellos hacen la vista gorda. Uribe ha querido arrancar del olvido a las fronteras. Si no con políticas integrales de desarrollo que asocien economía y población a ambos lados de la línea, al menos como solución de seguridad y defensa con la fuerza armada. El Ministro Santos anuncia el refuerzo de la frontera con Ecuador con 27 mil militares, 7 elementos de combate fluvial y una nave nodriza. Se descarga toda la política de seguridad y defensa sobre los hombros de los uniformados. Golpeada a fondo la guerrilla, la consolidación del territorio recuperado ha de ser ya menos militar y más social y económica. En la integración fronteriza, el militarismo debe ceder el paso a estrategias de desarrollo y poblamiento.
Enhorabuena, la crisis económica trae vientos de cambio. Para paliar su impacto, Uribe y Chávez se dieron la mano en Cartagena. Decidieron normalizar el comercio bilateral, fortalecer la integración fronteriza y aplicarse a la reanudación de relaciones diplomáticas. Pueda ser que a la voz de recesión se ablanden los modelos y los espíritus. Que desaparezca la vieja clasificación que hacía de Quito el convento, de Caracas el cuartel y de Bogotá la escuela de leyes, pues los tres centros tienen hoy mucho de convento y de cuartel y casi nada de ley.
